POSICIONAMIENTO DE LA FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE CC.OO ANTE EL PLAN DE AJUSTE ANUNCIADO POR EL GOBIERNO
1) Los trabajadores y trabajadoras no hemos provocado esta crisis y no podemos ser los que paguemos los platos rotos. Desde el principio hemos manifestado que el origen de la crisis está en aquellos que nos han venido imponiendo un mercado financiero sin reglas, un liberalismo basado en que “menos estado = mayor prosperidad”, una política basada en la transferencia directa de recursos desde lo público a lo privado, y un modelo productivo basado en la especulación:
1) Los trabajadores y trabajadoras no hemos provocado esta crisis y no podemos ser los que paguemos los platos rotos. Desde el principio hemos manifestado que el origen de la crisis está en aquellos que nos han venido imponiendo un mercado financiero sin reglas, un liberalismo basado en que “menos estado = mayor prosperidad”, una política basada en la transferencia directa de recursos desde lo público a lo privado, y un modelo productivo basado en la especulación:
a. Al principio de la crisis sus verdaderos responsables se batían en retirada: podíamos oír a destacados liberales (y a todo el sistema financiero) acudir a las arcas del estado para salvarse, o al presidente de la patronal solicitar la “suspensión” de la economía de mercado.
b. Cuando los estados (esto es, toda la ciudadanía) hemos aportado ingentes recursos en salvarlos de sus errores, los que nos llevaron a la crisis vuelven a tomar las riendas e imponen un ajuste a quién ya ha pagado y está pagando de manera brutal los efectos de dicha crisis.
c. Dicho ajuste, además, se produce sin que se hayan puesto en marcha ninguna de las medidas anunciadas para regular y “embridar” a los mercados financieros. O posiblemente para eso se ponen en marcha, para evitar que de la crisis se saquen las conclusiones adecuadas que limiten y regulen la capacidad de actuación de aquellos que nos llevaron a la crisis.
2) Contra lo que han venido reiterando, e incluso lo que nos intentarán vender a partir de ahora, supone una agresión a las políticas sociales y al gasto social, ese que reiteradamente han comprometido no tocar. Baste recordar que entre las medidas, además de la que afecta a las retribuciones del sector público, hay otras como la congelación de las pensiones, las que afectan a la ley de dependencia, las que afectan a la cooperación internacional, etc.
3) Solo se actúa sobre el gasto y se ignora cualquier actuación sobre los ingresos. En este sentido conviene recordar que desde el año 2004 venimos criticando duramente la política de “regalos” fiscales, que ha mermado los ingresos del estado en unas cuantías muy superiores al recorte de gastos que ahora se anuncia:
a. Decisiones como la desaparición del impuesto de patrimonio, las continuas rebajas (inequitativas además) del IRPF, medidas como el “cheque bebé” u otras que se hacen al margen de la renta del perceptor, o la desfiscalización y rebaja de las rentas del capital han privado al estado de recursos que ahora, como veníamos anunciando, serían determinantes.
b. Además, tampoco se han adoptado medidas decididas relativas a la persecución del fraude fiscal o el afloramiento de la economía sumergida, que también está privando de importantes ingresos al estado.
c. Todo lo anterior ahonda el que seamos unos pocos (las rentas del trabajo) las que soportamos los ingresos del estado y a las que, además, ahora se nos imponen los recortes.
4) Las medidas anunciadas suponen un ataque frontal al sector público y al papel que los servicios públicos deben jugar en nuestra economía y en nuestro modelo social. Al recorte en las retribuciones del sector público mucho nos tememos que le siga un intenso y rápido “adelgazamiento” aún mayor de su estructura por diversas vías (externalizaciones, privatizaciones, etc.).
a. Supone una renuncia expresa al papel que, en nuestra opinión, deben jugar los servicios públicos y el conjunto del sector público en la recuperación económica y en un cambio de modelo productivo.
b. Supone además que el gobierno se alinee expresamente con los sectores más reaccionarios y liberales, criminalizando a lo público (y a los empleados públicos con ello) como responsables, aunque sea indirectamente, de la crisis.
c. Ocultan sin embargo que, detrás de esas posturas, entre otras están los deseos de importantes sectores privados de “repartirse” el pastel de los servicios públicos.
5) Las medidas anunciadas suponen la ruptura radical y unilateral, por parte del Gobierno, del Acuerdo Gobierno Sindicatos. Eso resulta absolutamente injustificado e injustificable por varias razones:
a. El Acuerdo 2010 – 2012 ya contemplaba medidas de contención salarial suficientes para el escenario de crisis, de hecho, la situación de la economía y de las finanzas actual no difiere sustancialmente de la conocida en el momento de firma del Acuerdo y, por tanto, nada posterior justifica su incumplimiento.
b. Además, ni siquiera se ha tratado de “renegociar” (si es que ello fuera posible) el citado Acuerdo con las partes firmantes: se ha optado por una ruptura definitiva y unilateral por el gobierno.
c. Con dicha decisión, además, se pone en cuestión de manera grave la validez y eficacia de los procesos de negociación colectiva en el ámbito de los empleados públicos, tratando de enterrar con ello el avance que, en esta materia, supuso la aprobación del EBEP.
d. A las medidas hoy anunciadas se unen otras que ya venían cuestionando el Acuerdo, como las referidas al empleo público, a la paralización de la negociación de otros temas sustanciales como la jubilación parcial o la Ley de Función Pública AGE, etc.
6) Para finalizar, las medidas anunciadas suponen un torpedo en la línea de flotación del diálogo social abierto sobre el mercado de trabajo, sobre las pensiones, etc.
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