jueves, 28 de julio de 2011

¿QUÉ PAZ PARA COLOMBIA?: RESPUESTA DE LAS FARC A LA "CARTA" QUE EL HISTORIADOR MEDÓFILO MEDINA ENVIÓ AL COMANDANTE ALFONSO CANO INVITÁNDOLO A "OBSERVAR SEÑALES DE PAZ".

Apreciaciones críticas sobre la Carta Abierta a Alfonso Cano escrita por Medófilo Medina

NO TIENE DESPERDICIO
Si con la otra carta les invité a expresar sus opiniones, ahora vuelvo a hacerlo

Recientemente el académico Medófilo Medina, ha dirigido una carta abierta al comandante Alfonso Cano, líder máximo de las FARC-EP[1], con la esperanza de abrir un debate sobre las cuestiones relativas al conflicto social y armado que afecta a Colombia. Esta misiva es, a la vez, una invitación a reflexionar al conjunto de la sociedad, o a quienes quieran hacerlo.

Saludamos como un acierto la idea de este intercambio epistolar, más aún cuando el intercambio iniciado por Colombianos y Colombianas por la Paz, rápidamente, como el profesor Medina lo reconoce, terminó centrado exclusivamente en la cuestión del acuerdo humanitario, que aún siendo muy importante, no es central en el conflicto. Agregaríamos, también, que la agenda de este intercambio epistolar estuvo plenamente acorde a las particulares prioridades del gobierno de turno, ignorándose cuestiones políticas centrales que no hacían parte de esa agenda, tales como la reforma agraria, por citar tan sólo un ejemplo.

Saludamos, por tanto, esta iniciativa. Sin embargo, tenemos serias reservas con muchos de los contenidos planteados que, en nuestra opinión, reproducen una serie de juicios delicados, erróneos y algunos aún peligrosos. Por ello, hemos considerado pertinente intervenir en el debate con nuestras propias reflexiones, no con el ánimo de agotar el tema, sino de presentar elementos desde otra perspectiva que alimenten el casi inexistente debate político sobre estos asuntos.

Las diferencias en la evaluación del contexto político

Creemos que es imposible abordar las diferencias puntuales que tenemos con la carta del profesor Medina, sino entablamos, primero, una discusión sobre algunos de los presupuestos políticos que la permean, principalmente en lo que respecta a su apreciación del actual escenario político nacional e internacional.

El panorama nacional: La primera de las diferencias es el implícito, aunque evidente, entusiasmo del profesor Medina con el gobierno de Juan Manuel Santos. La carta está salpicada de guiños a la política del actual gobierno, como si significara una superación de la política impulsada por su predecesor Álvaro Uribe.

Particularmente esperanzadora es, en opinión de Medina, la Ley de Víctimas, la cual debe ser buena, a su parecer, ya que ha estimulado una violenta ofensiva contra quienes pidan restitución de sus predios. Sin embargo, creemos que un análisis más detallado sobre la misma, el cual es obligatorio para hablar de la paz, pues el conflicto tiene como uno de sus puntos angulares la cuestión de la tierra, nos haría más cautelosos sobre el alcance y el carácter de la misma.

Primero que nada, porque la ley en cuestión desvía el problema de fondo que sigue siendo la reforma agraria, particularmente en momentos en que la concentración de la tierra ha alcanzado niveles escandalosos, en que 3.000 propietarios controlan el 53% de la tierra cultivable. Acá estamos ante la mera restitución de alrededor de 2 millones de hectáreas de un total de 6,5 millones que el paramilitarismo robó en su campaña contra el campesinado pobre durante las últimas dos décadas; y de ellas, es importante entender que, por razones prácticas, ni una décima parte sería devuelta a sus verdaderos propietarios. En parte, porque la violencia paramilitar lo evitará (la cual le recordamos, no son actores externos al Estado colombiano, sino que son parte estructural de sus aparatos represivos); esto es lo que estamos viendo con el asesinato de líderes desplazados. En parte, porque la misma ley da prioridad a la agroindustria, estipulando que si los terrenos han sido ocupados de “buena fe”, categoría asaz elástica, en proyectos productivos, el dueño por derecho se verá forzado a negociar un acuerdo con quien ocupe el predio de hecho. Y por último, porque esta ley de restitución de tierras se promulga cuando el país aún está en guerra y vastos territorios son controlados por caciques paramilitares, y con toda seguridad, la mayoría de las víctimas no ofrecerán su cuello al verdugo, por más penurias que soporten hacinados como están en los cascos urbanos. Los más afortunados, tendrán la posibilidad de cobrar una indemnización, pagada por los contribuyentes y no por quienes se beneficiaron de la guerra sucia, a cambio de sus tierras… ¿y quién se quedará con sus tierras?

La tan mentada restitución, no sería más que una cuestión puramente demagógica. Tenemos la certeza de que esta ley, anunciada con bombos y platillos, como una de las primeras medidas legales para allanar el camino a la paz, terminará siendo una ley para legalizar y normalizar el despojo y para fortalecer al gran capital transnacional, al cual están aliados los capitalistas y terratenientes locales, que ahora nuevamente necesitan de la tierra para producir agrocombustibles o cultivos de exportación, como palma aceitera, y para construir megaproyectos o asegurarse la explotación de recursos minerales. Aún si, por ventura, se devolviera el total de predios al total de víctimas, volveríamos a la situación agraria de 1991, que como el profesor Medina ha de recordar, estaba lejos de ser una situación paradisíaca.

Casi al terminar su carta, menciona las “señales aún débiles pero ciertas de paz que se originan en el gobierno”. Nos gustaría que aclarara cuáles son esas señales… ¿la movilización de miles de tropas al Tolima tras la caza de Cano? ¿El bombardeo con toneladas de bombas sobre la cabeza del Mono Jojoy? ¿El llamado “Plan Burbuja” del ejército, que busca la eliminación de los mandos medios con fin de descentralizar y “bandolerizar” a la insurgencia? Las únicas señales de paz lanzadas por Santos se han limitado a afirmar, por una parte, que las llaves de la negociación no han sido arrojados al mar, a la vez que pide condiciones imposibles como prerrequisito (cese de las acciones de guerra, en momentos en que las fuerzas represivas del Estado colombiano profundizan la guerra) y a la vez que afirma que cualquier negociación debe ser solamente en términos de desmovilización de la insurgencia, lo cual a la luz de los problemas estructurales que se encuentran en la raíz del conflicto, no solamente hacen este panorama poco probable, sino que además, es contrario al interés nacional; por otra, también Santos ha reconocido la existencia del conflicto armado. Aparte que esto es como descubrir que el agua moja, tampoco ha sido hecho con miras a la solución política del conflicto. El propio presidente, ante las quejas del ex mandatario Uribe, se apresuró a decir que esto no equivalía a un reconocimiento político de “la guerrilla”. Y más aún, sostuvo que la motivación real de esta afirmación era evitar ser juzgado por crímenes contra la población civil, debido a las acciones militares del Estado colombiano. Si no se reconoce la existencia de la insurgencia como una fuerza rebelde que participa en un conflicto interno, todos esos bombardeos y actos de guerra perpetrados por el Estado, serían vistos, según el derecho internacional, como acciones bélicas contra la población civil.

Por último, permítasenos mencionar que más fuerte que las palabras cuidadosamente elegidas de Santos, hablan sus actos. El panorama de sus primeros 300 días de gobierno, según un informe de OIDHACO, es francamente desolador: 24 sindicalistas, 34 defensores de derechos humanos y 15 líderes de campesinos desplazados reclamantes de tierra han sido asesinados (la cifra de sindicalistas asesinados en 2011 ya es de 20); mientras tanto, el paramilitarismo se expande por todo el territorio y según la ONU las masacres aumentaron en un 40%. En lo que va del año, tan sólo en Medellín se han registrado 407 desapariciones. Si a esto sumamos que el año 2010 terminó con 280.000 nuevos desplazados, el panorama no puede ser más sombrío y nos cuesta trabajo saber con precisión cuál puede ser la fuente de ese súbito discurso esperanzador ante el nuevo gobierno de parte de un cierto sector de la izquierda.

El gobierno de Santos no solamente ha decidido, en lo fundamental, proseguir con las políticas de su predecesor Álvaro Uribe, política en todo caso convergente con los intereses presentes en el Plan Colombia, sino que la ha profundizado. El conflicto arrecia en el campo, mientras el gobierno presiona el desarrollo de sus iniciativas minero-extractivistas, plasmadas en las mal llamadas locomotoras del Plan Nacional de Desarrollo, que otorgan concesiones a empresas transnacionales que redundarán con toda seguridad en más desplazamiento y violencia contra las comunidades, mientras profundiza la impunidad con la Ley 1424 que beneficiará al paramilitarismo “desmovilizado” librándole de cárcel, y criminaliza la legítima protesta de la sociedad con su Ley de seguridad pública, según la cual una persona puede ser condenada a entre 4 y 8 años de prisión si obstaculiza las vías de transporte de tal forma que “afecte al orden público”.

El panorama internacional: Por otra parte, en la carta se describe un panorama regional en términos excesivamente optimistas, rayanos en lo fantasioso. Si bien es cierto que Latinoamérica ha transcurrido poco más de una década de movilizaciones sociales que han destruido en gran medida el consenso neoliberal de buena parte de los ’90, esto no quiere decir que se haya avanzado demasiado en cambios estructurales o que las transformaciones sean profundas. Se ha avanzado, es cierto, en cuotas de mayor soberanía, particularmente en lo que respecta a temas como los recursos naturales, lo cual no es poco, pero tampoco debe ser visto bajo la luz de un cambio de mayores alcances de los que en realidad tiene. También es cierto que se ha avanzado en ciertas medidas muy humildes de mejor redistribución del ingreso, lo que ha redundado en mejores servicios sociales, pero tampoco hay mucho más que eso. Eso es cierto para los regímenes nacional-desarrollistas (Venezuela, Bolivia, Ecuador). Para los regímenes de la llamada centro-izquierda (Uruguay, Argentina, Brasil), esto casi es imperceptible, porque en general se mantienen políticas económicas objetivamente derechistas y favorables al capitalismo y al imperialismo.

Pero en general, el modelo económico de la región, en lo fundamental, sigue inalterado, así como la estructura de clases marcada por las profundas desigualdades sociales, lo cual es tan cierto en el caso de los nacional-desarrollistas como en el de los centro-izquierdistas. Tampoco es exacto decir que en todos estos países se ensayan “caminos de participación nueva de la gente”. En el caso de Venezuela, Bolivia, y Ecuador, se han intentado algunas fórmulas de participación limitadas, fundamentalmente a través de las Asambleas Constituyentes. En Brasil tenemos las experiencias participativas acotadas a Porto Alegre y no hay mucho más. En Argentina y Uruguay no hay casi nada en realidad. Pero lo que sí se mantiene intacta, es una cultura caudillista y clientelista, que no se ha alterado y que tiene más en común con la vieja política que con las fórmulas ensayadas por las masas efervecientes que gritaban “que se vayan todos” en Argentina a fines de 2001.

Tampoco considera el análisis del profesor Medina que la realidad latinoamericana no se reduce a los cambios políticos experimentados en América del Sur: ahí están los golpes de Haití y de Honduras que demuestra que el gorilismo está vivo y puede ponerse en práctica sin mayores consecuencias a largo plazo. Ahí está el recrudecimiento de la presencia militar de Estados Unidos mediante la reactivación de la Cuarta Flota, las nuevas bases militares en el Caribe, Panamá, presencia militar en Haití y Costa Rica, creciente penetración de sus aparatos de inteligencia en México, el intervencionismo vía la “guerra contra las drogas” y la Iniciativa Mérida, sin contar la presencia en Colombia que el profesor Medina menciona en su epístola. Todos estos factores deben ser tomados en cuenta a la hora de hacer un balance de la región, el cual en nuestra opinión demuestra que lo que define el nuevo ciclo político latinoamericano es el intento, exitoso hasta ahora, de los Estados Unidos por recomponer su hegemonía erosionada en la última década.

Pero volviendo al tema de las izquierdas del continente, si hay un factor común a la “izquierda” latinoamericana en el poder, es el proceso de derechización que experimentó desde fines de los ’80 y que no se detuvo con el ascenso de las luchas de masas en el último decenio, los cuales, cuando mucho sirvieron para sentar bases de apoyo electoral sin alterar significativamente políticas que son más bien moderadas y poco radicales. El horizonte emancipatorio está ausente de una “izquierda” cuya imaginación parece agotada. Es en esta luz que deba entenderse como un exguerrillero como Pepe Mujica en Uruguay, o Dilma Rouseff en Brasil, puedan llegar a la presidencia y ser aceptables para el establecimiento, pese a las controversias, y para los Estados Unidos. En estos casos no interesa tanto lo que esos personajes fueron en el pasado, sino lo que son en el presente y a quién representan (al capitalismo local en cada país) y a quien le sirven en el escenario internacional (de manera directa o indirecta a la dominación imperialista).

Diferencias a la hora de definir una ruta hacia la paz

La Sudamérica del postconflicto y extrapolaciones inexactas a Colombia:Es efectivo lo que plantea el profesor Medina de que todos los países mencionados pasaron por experiencias insurgentes que encontraron término. De ahí, se desprende el argumento de que si la insurgencia colombiana depusiera las armas, tal vez cabría la posibilidad de que, a mediano o aún corto plazo, la izquierda pudiese convertirse en una alternativa de gobierno en Colombia. Tal apreciación, en nuestra opinión, ignora las condiciones reales de la lucha en Colombia. Primero, porque aún cuando todos estos países han tenido experiencias guerrilleras, éstas han sido cualitativamente diferentes al caso colombiano: han sido experiencias foquistas, y no han surgido como la insurgencia colombiana de autodefensas campesinas. Los conflictos armados en esos países fueron relativamente marginales, no afectaron de la misma manera la estructura social del país ni los conflictos tuvieron raíces tan profundas como en Colombia. Las consecuencias de esto son casi obvias, porque un verdadero proceso de paz en Colombia requiere de cambios sociales de tipo estructural, mucho más profundos que en los otros países.

Colombia no es, y no será jamás, Porto Alegre. La comparación del futuro de Colombia tras un proceso de negociaciones que no fuera mucho más que la desmovilización de la insurgencia, no es válida con otros países sudamericanos, sino más bien con la situación de Guatemala o del Salvador, ejemplos poco alentadores en los que, paradójicamente, la violencia es hoy peor, en época de paz, que en tiempos de guerra civil.

¿Es la paz equivalente a la mera desmovilización?: Cierto es que el profesor Medina no plantea en su carta que un eventual proceso de negociaciones sea poco menos que una desmovilización como ocurrió en Centroamérica en el período 1992-1996. Dice claramente que, debido al innegable apoyo que la insurgencia tiene en ciertos sectores del país, no es realista que el movimiento guerrillero “acepte poner fin al conflicto interno mediante el trámite de una simple reinserción” (subrayado nuestro). Sin embargo, pareciera que estas afirmaciones son sólo retóricas, puesto que la evaluación que hace de las “señales de paz” del gobierno como suficientes para que sea la insurgencia la que acepte poner fin al conflicto (ie., desmovilizarse), nos deja con la sensación de que la paz a la que él se refiere, no requiere de transformaciones en realidad estructurales –las cuales son postergadas ad infinitum: “la salida negociada del conflicto no significará el cumplimiento automático de los cambios, pero sin duda contribuirá a crear las condiciones para que la gente luche por ellos de manera políticamente más efectiva y humanamente más constructiva”. Por ninguna parte se menciona el desmonte de la estructura paramilitar del Estado, ni la reforma agraria, ni el modelo de desarrollo económico intrínsecamente antisocial y violento patrocinado por el bloque en el poder, temas que, entre otros, deberían ser puestos en el centro de un debate que no involucre solamente a los sectores en armas, sino que, entendiendo que estamos ante un conflictosocial y armado, deberían incluir al conjunto de la población, en un verdadero diálogo nacional sobre qué tipo de país se quiere construir. El hecho de que la presión del profesor Medina se aplique solamente a la insurgencia, como si de ella fuera la única que dependiera poner fin al conflicto, demuestra hasta qué punto la jerga de solución política en este caso equivale a mera desmovilización.

Incluso, la carta está planteada en clave de “nosotros los que apostamos a la solución política”, como si eso supusiera que la FARC-EP no está por la negociación política. De hecho, ha sido una constante de la insurgencia estar dispuesta al diálogo, y aún cuando cometió más de un error en la época de las negociaciones de San Vicente del Caguán, no cabe duda que negoció de mucha más buena fe que el Estado, que mientras negociaba, alimentaba a la peor maquinaria de muerte de toda la historia colombiana (las AUC) y preparaba la profundización del conflicto al reforzar la presencia de los Estados Unidos, mediante el Plan Colombia.

No creemos que la oligarquía y sus representantes en el Estado, vayan a cambiar de corazón de la noche a la mañana. De esto se desprende que la presión fundamental por una solución política a un conflicto que no tiene solución real en términos militares, deba ser primordialmente ejercida hacia el Estado, y que la ruta hacia la paz sea una ruta en realidad de lucha popular, en la cual se requerirá la clarificación de esas transformaciones estructurales necesarias para lograr una paz distinta a la de los cementerios. Eso exigirá niveles importantes de movilización por parte de la sociedad y las organizaciones populares, y más aún, requerirá de un nivel de articulación de propuestas y proyectos que desde ya permitan delinear una visión alternativa de país. Tarea nada fácil, porque tendrá necesariamente que realizarse mientras se resisten los embates de la guerra sucia.

El conflicto social y armado… ¿es la excusa?

Según el profesor Medina, la persistencia del conflicto social y armado es la “excusa” que utiliza el bloque en el poder para saquear, abusar y mantenerse en el poder: “Es evidente que los señores de la guerra, los paramilitares amparados por sectores de las Fuerzas Armadas y otros actores legales o ilegales opuestos al interés de los trabajadores y de las fuerzas democráticas se benefician de maneras muy distintas de la existencia y la prolongación del conflicto interno en contravía de los cambios que las FARC se propusieron desde su creación. Hay en especial razones para pensar que el fenómeno Uribe se gestó en el contexto del con razón llamado ‘síndrome del Caguán’, un fenómeno político – emocional que arrastró a la mayoría de la opinión y la puso en manos de la extrema derecha.”

Es cierto que el bloque en el poder, esa alianza de narco-paramilitares, gamonales y empresariado urbano, se ha enriquecido enormemente con la guerra, la cual ha utilizado como un mecanismo de acumulación de Capital. No es difícil comprobar que en los momentos de profundización de la guerra, como el actual, aumenta la concentración de la riqueza y de la tierra, se incrementan las desigualdades, y crecen los indicadores macroeconómicos, como expresión de un modelo capitalista mafioso sui generis.

Pero plantear la cuestión en los términos en que Medina lo hace, es poner la historia colombiana de cabeza. Porque la guerra no la inició la insurgencia, ni las FARC-EP, ni el ELN, ni otros movimientos que han existido. La guerra la inició la oligarquía colombiana con el temprano uso de bandas de pájaros y sicarios, para amedrentar al incipiente movimiento sindical y campesino desde los años ’20 del siglo pasado, cuando el movimiento insurgente ni siquiera era un proyecto en mente de nadie. Eso se hizo en diversos lugares del país, donde campesinos, colonos, aparceros y los nacientes trabajadores asalariados empezaron a luchar por mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, y las clases dominantes enarbolando un anticomunismo visceral, que nunca han abandonado, masacraron a los sectores populares en diversas ocasiones, siendo el caso más tristemente célebre el que sucedió en las bananeras en 1928. Y esta guerra contra el pueblo se profundizó después de 1946, ante la presión por tierras en el Eje Cafetero y otras zonas del país. En respuesta a ello, nace el movimiento guerrillero campesino, como una forma de defensa ante las atrocidades cometidas por los lacayos del conservadurismo. De ahí en adelante la historia es conocida y no es necesario ahondar mayormente en ella.

Por tanto, suponer que si desapareciera la insurgencia, desaparecería la “excusa” de la oligarquía para desplazar y asesinar, no es solamente una ingenuidad, sino que es una falta de sentido histórico. El bloque en el poder no necesitó la “excusa” insurgente para regar de sangre el campo colombiano en 1946. Los tiempos son otros, es verdad, pero la impunidad y la frialdad para masacrar por parte de los sectores en el poder, se mantienen como una constante.

Lo que es importante señalar es que la existencia del movimiento insurgente no deja de representar un cierto freno a los designios de ese bloque en el poder. La presencia de la insurgencia es la amenaza más importante a la “confianza inversionista”. Una de las razones por las cuales el gobierno de Santos está buscando por todos los medios terminar con el conflicto armado, es para dar vía libre, sin contrapesos ni frenos de ninguna clase, a la locomotora del Plan Nacional de Desarrollo, que entrega buena parte del territorio nacional al sector agroindustrial y minero-extractivista. No es exagerado decir que si el día de mañana desaparece la insurgencia, sea por derrota militar o por desmovilización, quedarán servidas todas las condiciones para el completo arrasamiento del campesinado de la faz de Colombia. Este es el principal objetivo que busca la oligarquía colombiana, como se observa desde hace tiempo y se reafirma con la expropiación de tierras y la expulsión de millones de campesinos de sus territorios ancestrales, en donde se fortalecen los viejos y nuevos terratenientes, con la activa participación del Estado y de los militares: esta es la contra-reforma agraria que se impuso a sangre, fuego y motosierra en los últimos quince años. Olvidar este aspecto tan fundamental de la guerra en Colombia es creer, de manera ingenua u optimista, que la guerra que se libra no tiene ninguna base objetiva y no estaría relacionada con una política de tierra arrasada, no sólo con respecto a la insurgencia, sino con relación a los campesinos, vistos como incómodos obstáculos en el proyecto de “modernizar” el agro por la vía de la transnacionalización. No por casualidad el paramilitarismo ha operado en la forma como lo ha hecho, recurriendo al crimen y a la persecución de todos los que han sido considerados como enemigos de la oligarquía, pero con especial sevicia contra los campesinos e indígenas.

Insistimos: aún cuando la oligarquía ha sabido enriquecerse también mediante el conflicto, no nos cabe ninguna duda que ella preferiría deshacerse de cualquier forma de resistencia, sea civil o armada… lo cual no significa que estaría dispuesta a renunciar a la violencia[2]. Esto lo planteó de manera meridianamente clara el comandante del ELN Pablo Beltrán cuando dijo en una entrevista: “El debate no es si la guerrilla sigue o no sigue, sino, si la élite va a dejar de hacer la guerra sucia y de poner todo su aparato de Estado para eliminar a la oposición”. Como ejemplo de lo que espera a Colombia en el caso de una derrota militar o desmovilización, tenemos las Zonas de Consolidación Territorial, de las que proviene, según el último informe del CODHES, el 32,7% de desplazados (91.499 personas) en el año 2010, una cantidad desproporcionadamente alta, pese a que son zonas donde la insurgencia tiene una presencia nula o muy baja. Junto a los batallones de contraguerrilla y las bandas paramilitares, llegó en masa la agroindustria (palma aceitera, caucho) y la gran minería, un claro anticipo de lo que viene en camino, junto a la tan manida “seguridad inversionista” y apertura al capital transnacional.

Para entender el proyecto de clase que está detrás de la guerra por parte del bloque en el poder, es bueno constatar lo que ha sucedido en otras experiencias similares a la colombiana. Ahí está el ejemplo de Guatemala, que es extraordinariamente aleccionador. Tras la desmovilización de 1996 la oligarquía guatemalteca no ha tenido ninguna clase de contrapeso para construir el tipo de país que ha querido. ¿El resultado? En 2010 fueron asesinadas 6.500 personas, mientras que el promedio durante el período de conflicto fue de 5.500. También continúa el desplazamiento de campesinos mayas, esta vez de la mano de proyectos minero-extractivistas. Guatemala ocupa el segundo lugar del mundo, después de Colombia, en violencia contra sindicalistas. Y la oligarquía guatemalteca no ha necesitado de la excusa de la URNG para mantener este triste récord. Pero no solamente la violencia ha recrudecido, sino que también las desigualdades sociales; el país se ha convertido en lo que llaman un “Narco-Estado”, donde reina esa clase política mafiosa, sicarial, que es copia y calco de los parapolíticos locales. ¿Ese es el futuro que queremos para Colombia?

Algunos de los momentos del conflicto No es este el lugar adecuado para emprender un debate historiográfico de tipo político sobre las interpretaciones que en su carta hace el profesor Medina. Simplemente, señalamos algunos aspectos que es necesario matizar. Miremos algunos detalles al respecto. Dice Medina en la mencionada misiva, refiriéndose, a la autodefensa campesina original, de fines de los años ‘40 y comienzos de los ‘50:

“Sin duda en 1949 y en algunas regiones donde venían consolidándose los movimientos de colonos y campesinos, resultó inevitable organizar la autodefensa armada, no ya en defensa de la tierra sino de la vida misma. Pero ya en la primera pausa de “La Violencia” en 1953, había motivos para plantearse la reorganización de un movimiento agrario que, por ejemplo en el Sur del Tolima, venía trabajado con vigor desde mediados de los años treinta. No sobra recordar que en Chaparral, el Partido Socialista Democrático (denominación temporal del Partido Comunista) había tenido ya dos concejales campesinos, uno de ellos el legendario Isauro Yossa.

Pero la reorganización del movimiento campesino no ocurrió. Al contrario cundió el desconcierto y se prolongó la confrontación con antiguos combatientes liberales que respondieron de manera aún más enconada y en efecto agravaron la violencia”.

En este caso, se achaca la responsabilidad a la dirigencia agraria, sin mencionar de ninguna manera que la amnistía de Gustavo Rojas Pinilla en 1953, que condujo a la desmovilización de importantes reductos de tropas campesinas, se complementó con dos mecanismos trágicos que gravitan hasta el día de hoy, y que no pueden ser olvidados: uno, el vil asesinato de gran parte de los principales líderes guerrilleros que se desmovilizaron en los años siguientes, dejando un reguero de muertos del que se perdió la cuenta, y entre los que se destaca, para sólo mencionar dos casos emblemáticos, los de Guadalupe Salcedo y Dumar Aljure; dos, que a los sectores que no se plegaron al proyecto militar, luego les llovió plomo desde el aire y una persecución inclemente, de la cual el principal ejemplo es el de Villarica. E incluso, el personaje que nombra el profesor Medina, Isauro Yossa, fue sometido a torturas por parte del Estado durante el régimen militar, luego de proclamada la amnistia, como muestra del rabioso anticomunismo que enarboló la dictadura y que fue respaldada por el conjunto de las clases dominantes. Estos aspectos no son mencionados en la carta.

Un segundo aspecto a considerar tiene que ver con la interpretación que el profesor Medina hace del paro cívico de 1977 que, como él lo dice, fue “una protesta formidable, un capítulo de la historia de la muchedumbre política en Colombia”. Para él este hecho fue leído en clave de insurrección, militarmente hablando, y esta lectura llevó a que el movimiento guerrillero privilegiara la vía armada, no teniendo en cuenta que “era necesario ajustar la política a la primacía de los escenarios urbanos y adecuarla a la cultura política que había reflejado aquella protesta multitudinaria contra el alto costo de la vida. El camino escogido fue insistir en las mismas estrategias de antes y darles la espalda a las nuevas realidades”. Esta interesante sugerencia, sin embargo, no tiene en cuenta a fondo, aunque la menciona, la manera como después de septiembre de 1977 se acentuó la represión contra los movimientos populares en el campo y la ciudad, la persecución a los opositores políticos y la radicalización de la fase más brutal de la actual guerra sucia, con la desaparición forzosa de militantes políticos y sociales, todo lo cual será rubricado en 1978 con la aprobación del nefasto Estatuto de Seguridad, y con la entronización de la tortura como práctica del Estado colombiano, que se convertirá en pan de cada día en el nefasto 1979. Este hecho no puede subvalorarse a la hora de apreciar el panorama en el cual se radicalizaron las posturas del movimiento insurgente.

Dice el profesor Medina que este recuento histórico lo hace con el fin de poner énfasis en las alternativas escogidas por la insurgencia, agregando que “las cosas que comienzan por voluntad de las personas también pueden acabarse por voluntad de las personas”. Sin embargo, es necesario precisar que no hubo un abanico de alternativas impuestas al pueblo pobre en Colombia, de cuyo seno nació la insurgencia, y que estas alternativas debieron ser tomadas en un contexto de innumerables presiones, a la sombra de los cañones en una guerra que no comenzó por voluntad de los campesinos, como engañosamente insinúa Medina.

La negociación con el M-19… ¿modelo a seguir? Una última referencia a la historia reciente es necesaria. El profesor Medina se refiere a la paz firmada con el M-19, con la cual se “adoptaron compromisos que luego fueron parte del proyecto de reforma constitucional que debatía el Congreso en 1989”, en una coyuntura en la cual “confluyeron una organización guerrillera en proceso de paz y el vigoroso movimiento ciudadano por una nueva Constitución -la que sería adoptada en el 91”.

Es importante matizar estas apreciaciones, aún cuando Medina esté en lo correcto al señalar también el despilfarro del capital político que innegablemente tenía el M-19, porque el problema con este proceso fue más de fondo. Para comenzar, lo del “vigoroso movimiento ciudadano” ya se ha convertido en un lugar común, que poca base empírica tiene, complementada con aquella otra afirmación sin sustento alguno de que fueron los estudiantes universitarios los que estuvieron detrás de la llamada “séptima papeleta” que propició, en las elecciones de 1990, que luego se diera paso a la Constituyente. Tal “vigoroso movimiento” estuvo formado por estudiantes de universidades tan poco populares como el externado de Colombia, muchos de los cuales formaron después, en los últimos 20 años, los cuadros de recambio de las clases dominantes, furibundos neoliberales e incluso uribistas. No hubo un proceso de movilización realmente de los sectores urbanos más empobrecidos, y mucho menos, de los sectores rurales. En segundo lugar, tampoco se señala que esa paz con el M-19 (así como con otras guerrillas que decidieron desmovilizarse al mismo tiempo, entre ellas el MAQL y un sector mayoritario del EPL), se hizo con un enorme costo político que eventualmente llevaría a la radicalización de la guerra en las dos últimas décadas: se hizo a expensas del quiebre de la coordinación incipiente alcanzada por el movimiento insurgente en la Coordinadora Simón Bolívar. Como resultado, de ese proceso constituyente fueron excluidas las FARC-EP y el ELN, así como las bases de apoyo campesinas de éstas, sector que no se vio en absoluto representado en este proceso, siendo que está en la génesis misma del conflicto que fue y sigue siendo fundamentalmente agrario. Mientras se hablaba de paz con el M-19 y los demás, se atacaba con bombas y helicópteros, como un anuncio de lo que vendría después, el campamento central de las FARC-EP en Casa Verde, con la esperanza, por parte del Estado –encabezado por Cesar Gaviria Trujillo en ese momento- y de las clases dominantes de asesinar a Manuel Marulanda Vélez y los principales comandantes de ese movimiento insurgente.

Esto, para no hablar de la manera en que la cúpula del M-19 negoció la paz (cuando ya habían sido militarmente derrotados) para su propio beneficio, por unas cuantas migajas, mientras dejaban en la cárcel o en la calle abandonados a militantes de base, que habían puesto el cuerpo durante años en enfrentamientos con el Estado.

Preguntas aún más inquietantes Medina hace las siguientes preguntas de manera completamente retórica: “¿Cuáles son los beneficios que esta lucha abnegada de tres generaciones de hombres y mujeres guerrilleros le han traído a Colombia? ¿Cuáles grupos de trabajadores rurales o urbanos han logrado conquistas sociales duraderas por obra de las FARC durante este medio siglo?”

Preguntas retóricas, porque él mismo responde, en un párrafo posterior, que la insurgencia: “En regiones enteras han sido el único Estado para la población excluida del acceso a bienes y servicios”. Pero agrega el término “duradera” para dificultar la respuesta, porque obviamente los beneficios o conquistas sociales que han logrado sectores fundamentalmente rurales han estado sometidos a los avatares de la guerra. Y sin embargo, la insurgencia ha podido contener en ciertas regiones, como hemos dicho, el avance de la concentración obscena de tierra que hemos visto en las áreas donde el conflicto se inclinó de manera favorable al binomio paramilitarismo-Estado. Más aún, es un obstáculo para la expansión de la agroindustria y los megaproyectos.

Ahora bien, hay otras preguntas aún más inquietantes que el profesor Medina no osaría hacerse pero que no son menos relevantes para el debate que nos hemos planteado al abordar la cuestión de la guerra y la paz en Colombia. ¿Cuáles son los beneficios conquistados por la izquierda que se ufana de “democrática” en las últimas tres décadas? Pues no se diga que la situación calamitosa de la clase trabajadora es mera responsabilidad de los que combaten en el monte ¿Cuáles son los logros duraderos de la desmovilización del M19, EPL, MAQL, PRT, CRS, CER, Milicias de Medellín, MIR-COAR y del Frente Franciso Garnica, solamente para hablar de los desmovilizados en las últimas dos décadas? Se dirá que su sacrificio, porque recordemos que por lo menos un tercio de los desmovilizados han sido asesinados en medio de la noche y niebla, es lo que nos entregó la Constitución de 1991, que se ha convertido en la verdadera Tabla de Moisés y en la camisa de fuerza a la creatividad política de la izquierda “democrática”.

A la luz de lo sucedido en las dos últimas décadas, desde la aprobación de la Constitución de 1991, existen suficientes elementos para dudar de las grandes transformaciones que con ésta se anunciaron, y de las que hoy tanto se ufanan políticos, abogados e importantes sectores de los que a sí mismos se denominan como “izquierda democrática”. Esa constitución, hay que decirlo claramente, ha sido la legalización del neoliberalismo puro y duro que se ha fortalecido en Colombia en los últimos años y que ha servido para expropiar los bienes públicos y colectivos de la nación, concentrar aún más la riqueza en pocas manos (hasta el punto que en la actualidad con un coeficiente Gini de 0.59 Colombia sea uno de los países más desiguales del mundo). Esta Constitución tan alabada ha dado pie a la flexibilización laboral, a la privatización de la salud, a la conversión de la educación en un bien mercantil, al fortalecimiento del capital financiero, a la dependencia estricta de las autoridades monetarias con respecto a las instituciones imperialistas (como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial). No es casualidad tampoco que el capitalismo mafioso se haya consolidado en la misma época de vigencia de la Constitución y que un importante sector de la izquierda legal haya abandonado cualquier sentimiento anticapitalista y antiimperialista, asumiendo posturas claramente neoliberales, y con los mismos niveles de clientelismo y de corrupción, propios de los partidos tradicionales en Colombia, como lo demuestra, por si hubiesen dudas, la experiencia nefasta de los gobiernos del Polo Democrático en Bogotá, y el vergonzoso travestismo político de personajes como los Garzón, que hoy son uribistas o santistas de primera línea.

Asesinato de opositores: el problema de la Unión Patriótica La parte que nos pareció francamente inaceptable de la carta del profesor Medina, son sus juicios relativos al genocidio de la UP, los cuales nos parecen no solamente una perversión de la historia sino que se constituyen en una afrenta a las víctimas de este crimen de Estado. Con la manifiesta intención de “abrir fórmulas cerradas”, se hacen juicios que representan un ejercicio de revisionismo histórico sobre una tragedia aún abierta.

Primero que nada, porque Medina tiende un velo sobre el responsable último del genocidio de la UP (y también el del Frente Popular y A Luchar): “La Unión Patriótica fue víctima de una alianza conformada por sectores de las Fuerzas Armadas, mafias del narcotráfico, gamonales políticos y paramilitares.” La omisión de que acá estamos ante un crímen de Estado (reconocido como tal incluso por la CIDH) es inadmisible. Esto reproduce la tésis de un Estado más allá del bien y el mal, neutral ante la tragedia colombiana, “asediado por violentos” (la mención a las Fuerzas Armadas se hace casi como si fuera el “hijo pródigo” del Estado). Tampoco se encuentra una mención, más allá del difuso concepto de “gamonales políticos” de la responsabilidad que cabe a la a los gamonales de la tierra, a sectores empresariales, en una palabra a la clase dominante (frecuentemente llamada oligarquía) en este crímen. En este sentido, la masacre de la UP fue un crímen de clase, pero al parecer las menciones a esos elementos, relacionados con la lucha de clases, son mal vistas en comunicaciones epistolares sobre el conflicto social y armado que se vive en Colombia, como si éste no guardara relación directa con los problemas centrales de la sociedad colombiana, entre ellos la profunda desigualdad y el monopolio terrateniente del suelo.

Pero la parte más delicada, es cuando explica (y casi justifica) el genocidio, diciendo que la “alianza” ya mencionada, pudo aplicar una política sistemática de exterminio porque “la UP, surgida por convocatoria de las FARC, es decir por un movimiento guerrillero que hacía parte de un proceso de paz, tuvo que cargar con el fardo de sostener la política de combinación de todas las formas de lucha.

Me parece que en la encrucijada de 1984 se planteaba la disyuntiva: o bien se profundizaba el proceso de paz y la guerrilla se transformaba en una fuerza política sin apoyaturas militares, o bien se continuaba con la acción insurgente renunciando a la creación de una organización política legal.”

Es sorprendente que su interpretación de ese momento clave en la historia reciente, sea perfectamente coincidente con la del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, que decía frecuentemente que el genocidio había ocurrido por “andar combinando las formas de lucha” –que, dicho sea de paso, es precisamente lo que viene haciendo la oligarquía colombiana hace por lo menos seis décadas.

Pero esta evaluación, que es propia del establecimiento y sus intelectuales orgánicos, no resiste el menor análisis. La Unión Patriótica nació según reglas trazadas por un proceso de negociación con el Estado colombiano y los términos en que ésta se dio estaban claros para ambas partes; que el mismo Estado se haya dedicado a desconocerlos y proceder al exterminio, es injustificable. Pero no sólo eso: la UP comenzó un proceso de paulatino distanciamiento de la insurgencia hacia 1987, el cual se concretó ya hacia 1989 –esto no evitó que el exterminio prosiguiera como si nada, sin que se materializaran esos “amplios sectores políticos y corporativos del país se hubieran constituido en dique de contención frente a esa alianza siniestra”. Por otra parte, en todo proceso de negociación, hay un momento de transición en que las fuerzas confrontadas, efectivamente, se sientan “a dos sillas”. Por ejemplo, en el caso del proceso de paz de Irlanda del Norte hubiera sido impensable para el Estado Británico, haber procedido a la eliminación sistemática de los militantes y dirigentes de Sinn Féin, partido con un muchísimo más claro vínculo con la insurgencia de esa región, el Ejército Republicano Irlandés, IRA. Esto era impensable porque el Estado Británico estaba, efectivamente, interesado en avanzar en un proceso de paz, con todas las limitaciones que pudo tener; en el caso del Estado colombiano, ese interés jamás ha existido. No existió en 1984, tampoco existió en 1997. Ni siquiera la represiva Turquía, que persigue y encarcela a los parlamentarios de los sucesivos partidos independentistas kurdos (los cuales son rutinariamente proscritos cada cierto tanto, solamente para reaparecer bajo un nombre nuevo al poco tiempo), ha sido capaz de cometer un exterminio selectivo de sus militantes, aún cuando la guerra con el PKK se ha reactivado en el último lustro.

Una cosa es que la izquierda que se ufana de “democrática” siga haciendo cargar a la insurgencia el bulto de su propia incapacidad de construirse en alternativa de cambio, o siquiera de plantear una manera diferente de hacer política con relación a los partidos tradicionales. Pero otra muy distinta es que el profesor Medina termine reproduciendo el discurso propio de los círculos más retrógrados de las clases dominantes y de sus ideólogos, como José Obdulio Gaviria, según el cual la insurgencia es la única y verdadera responsable, a fin de cuentas, del exterminio de la UP. Esto es inadmisible. Creemos que este acto de revisionismo histórico debe ser rechazado en los términos más enérgicos, porque constituye una apología “suave” de uno de los episodios más bárbaros de una guerra sucia y degradada, impulsada fundamentalmente desde el Estado hacia el movimiento popular.

Esta lectura unilateral y poco matizada que hace el profesor Medina desconoce la compleja historia colombiana de los últimos 30 años en la cual debe recordarse la importante movilización social y política que se desencadenó en el país desde principios de los años ‘80 y que, en términos políticos, se manifestó en la elección popular de alcaldes de la UP y de otros partidos de izquierda, hecho que conmovió el panorama de la dominación gamonal y bipartidista en las regiones y que fue respondido con el exterminio físico de todos los opositores, incluyendo alcaldes, diputados y consejales que habían llegado a las administraciones locales por la vía electoral. La respuesta que se dio a este proceso de movilización popular fue el terror de Estado y la generalización de grupos paramilitares, que no mataron solamente a miembros de la Unión Patriótica, sino a sindicalistas, dirigentes campesinos, lideres indígenas y afrodescendientes, profesores y estudiantes, intelectuales progresistas, defensores de derechos humanos, y activistas y militantes políticos de diversas fracciones de la izquierda. ¿Podemos, entonces, decir que todas estas muertes son responsabilidad del movimiento insurgente y que la oligarquía colombiana es una mansa paloma de paz? Este revisionismo histórico, verdaderamente insostenible, también tendría que aceptar en consecuencia la tesis de las clases dominantes que nos dice que, como respuesta a la guerrilla, fueron creados los grupos paramilitares, cuando eso se convirtió en un proyecto de Estado, auspiciado y propuesto por los Estados Unidos, desde 1962, cuando todavía no existían ni las FARC-EP ni el ELN.

Verdaderamente, en Colombia la violencia no puede entenderse ni explicarse a partir de la existencia del movimiento insurgente, sino que debe partir de la premisa que aquí se ha practicado una violencia de clase, consustancial al capitalismo mafioso, como se muestra hoy en las regiones en donde se ha fortalecido el paramilitarismo, que ha buscado eliminar, como lo siguen proclamando hoy los sectores más beligerantes de la extrema derecha, todo lo que huela a izquierda, sin importar si tiene vínculos o no con el movimiento insurgente. Porque las clases dominantes en Colombia, como lo diría Noam Chomsky, le tienen “miedo a la democracia”, cuando ésta es real y va más allá de los rituales electorales y formales, y cuando se basa en proyectos que tocan, así de manera indirecta, las verdaderas fibras del poder y la dominación de la cerrada oligarquía criolla. Por ese miedo a la democracia real, las clases dominantes pueden darse el lujo de aprobar textos constitucionales y leyes que en apariencia son de avanzada, pero que son admisibles siempre y cuando sean de papel. Pero cuando se tratan de aplicar de alguna forma y vienen acompañados de la movilización social y popular, inmediatamente viene la reacción violenta para impedir que se materialicen, como sucede, por ejemplo, con las incontables leyes sobre tierras y reforma agraria propuestas en Colombia desde 1936. La realidad colombiana nos demuestra de manera trágica la validez del proverbio haitiano que dice “Una Constitución es de papel; las armas son de fierro”.

El imperialismo y el conflictoResulta, por decir lo menos, sorprendente que la carta del profesor Medina endilgue indirectamente a los insurgentes la responsabilidad de la creciente presencia de los Estados Unidos en Colombia. Desde luego, Medina admite que la ausencia de una política internacional independiente por parte del Estado colombiano.

martes, 26 de julio de 2011

CLANDESTINO, MI PROGRAMA DE RADIO DEL DÍA 26/07/2011: EMPLEADAS DE HOGAR, MUJERES INMIGRANTES ESCLAVAS


En el programa de hoy abordamos el tema de la situación laboral de las Empleadas de Hogar y cómo las mujeres inmigrantes padecen auténticas situaciones de precariedad laboral, extrema en muchos casos, con derechos en el trabajo completamente conculcados y sometidas casi en régimen de esclavitud.
 
PARA ESCUCHAR EL PROGRAMA DE RADIO, PINCHANDO EN ESTE ENLACE O DIRECTAMENTE EN LA COLUMNA DE LA DERECHA EN EL ivoox DE CLANDESTINO






domingo, 24 de julio de 2011

VIDEO: INVESTIGACIÓN CREATIVA Y PEDAGOGÍA NÓMADA I Y II PARTE

NO PUEDO PONEROS AQUÍ MIS OJOS COMO PLATOS, PERO ASÍ LOS TENGO. NO ME IMAGINO AL PROFESORADO DE TRABAJO SOCIAL O EDUCACIÓN SOCIAL DE ACÁ DANDO UNA CLASE ASÍ EN UNA PLAYA.......como cuando me explicaron a mí qué era un "Cuaderno o Diario de Campo", que estuvimos todo un curso renegando sobre él y pensando lo tedioso que era y total para qué.... ¡¡¡GUAU!!!

El video describe las caracteristicas generales de la INVESTIGACION CREATIVA y sus cuatro momentos metodologicos: EL IR, EL LLEGAR; EL VOLVER Y EL RETORNAR y sus procesos asociados de sentir , percibir, comprender y transformar.


Hace enfasis en abordar el proceso de investigación como un proceso rizomatico no-lineal donde la atención del investigador debe ser permanente y comprender que es la metodologia -como concepción del mundo- la que permite permanentemente afinar y re-direcccionar el metodo- el camino
 

El video describe las características generales de la INVESTIGACION CREATIVA y sus cuatro momentos metodológicos: EL IR, EL LLEGAR; EL VOLVER Y EL RETORNAR y sus procesos asociados de sentir , percibir, comprender y transformar.

Hace énfasis en abordar el proceso de investigación como un proceso rizomatico no-lineal donde la atención del investigador debe ser permanente y comprender que es la metodología -como concepción del mundo- la que permite permanentemente afinar y re-direcccionar el método- el camino-
 

viernes, 22 de julio de 2011

VIERNES 22/07/2011 A LAS 24 HORAS: COMUNICADO URGENTE DESDE EL GERNIKA A LA SOCIEDAD CIVIL- INICIATIVA RUMBO A GAZA-II FLOTILLA DE LA LIBERTAD



Kythera-Grecia

Reunidos en asamblea a día de hoy, 22 de julio de 2011, los miembros de la iniciativa Rumbo a Gaza - II Flotilla de la Libertad que permanecemos en el Gernika queremos exponeros la situación en la que se encuentra el mismo, así como nuestra propia circunstancia con el fin de pediros un esfuerzo solidario que nos permita volver a casa con dignidad. En este momento el Gernika es el único barco de la II Flotilla de la Libertad con capacidad de moverse por las aguas del Mediterráneo y se ha convertido en un símbolo de la misma. Su suerte es de alguna manera la suerte de todos.

Tras un día de navegación, llegamos al puerto de Agia Pelagia, en la isla de Kythira, donde nos encontramos atracados tras la primera etapa de nuestro viaje de vuelta en la que un temporal nos provocó desperfectos en los instrumentos de navegación, el generador y otros útiles del barco. Debido a esta realidad, estamos llevando a cabo una revisión completa de todas y cada una de las partes del barco, reparando todo aquello que necesite reparación y tratando de mejorar las condiciones de seguridad y navegabilidad del mismo.

No saldremos a navegar hasta que tengamos la certeza de poder afrontar el viaje de vuelta con todas las garantías de seguridad tanto de la nave como de la tripulación y el pasaje.

Como sabéis, la Flotillla de la Libertad II ha sido saboteada primero, por personas afines al sionismo que inutilizaron dos de las embarcaciones, y seguidamente por el gobierno griego que nos ha mantenido retenidos durante más de un mes en su territorio. Nuestra idea inicial era la de llegar a Gaza a finales de junio o primeros de julio rompiendo el bloqueo, dejando nuestra suerte en manos del ejército israelí. Sin embargo nos hemos visto retenidos, podríamos decir que secuestrados, durante un lapso de tiempo tal que los recursos destinados al Gernika son a día de hoy insuficientes para hacer frente a los gastos del viaje de vuelta. Nos vemos en la disyuntiva de obtener ayuda económica urgente o de renunciar a llevar el Gernika a buen puerto. Entendemos que renunciar a llevar el Gernika a nuestras costas sería un fracaso, al menos en el terreno de lo simbólico y seguramente también en lo político teniendo en cuenta de que en breve, la Flotilla volverá a navegar y esta vez, tenemos una buena herramienta con la que poder traer la realidad palestina y las complicidades de nuestro gobierno a la primera línea.

Entre la tripulación del Gernika se encuentran dos compañeros del Audacity of Hope, la embarcación norteamericana que se encuentra bloqueada en Grecia y que han accedido a acompañarnos a un puerto español y ayudarnos en la travesía, dado que ambos tienen amplia experiencia en navegación, Jenny Linnell y David Smith.

Algunos de los compañeros y compañeras del Gernika llevamos ya fuera de nuestras casas más de dos meses, y el resto más de un mes. Sin olvidar que el compañero capitán y el compañero maquinista recién incorporados han acudido como voluntarios a rescatar el Gernika, poniendo su tiempo y su esfuerzo a nuestra disposición de manera desinteresada.

Volver a casa sin el Gernika sería un golpe duro, muy duro, para todos y cada uno de nosotras, hombres y mujeres del Gernika, miembros activos en la Flotilla de la Libertad.

Las cuentas actuales de la campaña Rumbo a Gaza impiden que podamos confrontar la vuelta con seguridad, teniendo en cuenta las reparaciones que estamos realizando así como el combustible que hemos de gastar para cubrir las 1.500 millas que nos separan de Barcelona. Necesitamos alrededor de 15.000 euros para poder confrontar la vuelta con garantías y es por lo que acudimos a vosotros para que entre todos, podamos llevar el Gernika a casa y poder prepararlo para nuevas misiones de paz y de denuncia.

Urge que todos, todas, hagamos un esfuerzo más. Por nuestra parte lo estamos haciendo, con plena conciencia de la importancia de la campaña y un firme compromiso militante con la misma. No nos vamos a rendir. Volveremos con el Gernika a casa.

Podéis hacer vuestras aportaciones en el número de cuenta de Caja Laboral
3035 0395 16 3950002133

o vía Pay Pal en nuestra página web www.rumboagaza.org

Firman:
Laura Arau
Salva Lacruz
Guillermo Toledo
María Pulido
Edorta Jiménez
Nacho Prieto
Manuel Tapial
Jenny Linnell, pasajera del “The Audacity of Hope”.
David Smith, maquinista del “The Audacity of Hope” y actualmente del
Gernika.
Kauko Tobias Ndjene, Capitan del Gernika.

miércoles, 20 de julio de 2011

"Juro por el Dios de mis padres, juro por mi patria, juro por mi honor, que no daré tranquilidad a mi alma, ni descanso a mi brazo, hasta no ver rotas las cadenas que oprimen a mi pueblo por voluntad de los poderoros."
  Simón Bolívar

martes, 19 de julio de 2011

CLANDESTINO, MI PROGRAMA DE RADIO DEL DÍA 19/07/2011: ENTREVISTA CON NÉSTOR OSORIO DEL PROYECTO "RADIOS PATIO"


 
Entrevista con Néstor Osorio de "RADIOS PATIO", un proyecto educativo mediante talleres de radio que se desarrolla en la Isla de Fuerteventura con niños y niñas en los patios de sus colegios, patrocinado en la actualidad por el Parque de la Reserva de la Biosfera de la isla.

PARA ESCUCHAR EL PROGRAMA DE RADIO, PINCHANDO EN ESTE ENLACE O DIRECTAMENTE EN LA COLUMNA DE LA DERECHA EN EL ivoox DE CLANDESTINO

domingo, 17 de julio de 2011

DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA INTERNACIONAL: POCA VOLUNTAD POLÍTICA PARA HACER REALIDAD LA JUSTICIA INTERNACIONAL A DOCE AÑOS DE LA CONFERENCIA DE ROMA, A DOCE AÑOS DEL ESTABLECIMIENTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

 TESIS - HACIA LA JUSTICIA UNIVERSAL (PARTE 1ª)



TESIS - HACIA LA JUSTICIA UNIVERSAL (PARTE 2º)



No confundir con la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial de Naciones Unidas.

LOGO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

La Corte Penal Internacional (llamada en ocasiones Tribunal Penal Internacional) es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genodicio, de guerra y de lesa humanidad. Tiene personalidad jurídica internacional, y no forma parte de las Naciones Unidas, aunque se relaciona con ella en los términos que señala el Estatuto de Roma, su norma fundacional. Tiene su sede en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos.

HISTORIA
Los fundamentos políticos y doctrinales tras el establecimiento de un tribunal internacional para el enjuiciamiento de crímenes son de larga data en occidente. Ya en 1919, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, los países victoriosos quisieron juzgar al Káiser Guillermo II de Alemania por el crimen de agresión, pero nunca se llegó a un acuerdo sobre la materia.

Su fundamento original más directo se encuentra en los tribunales internacionales establecidos en Núremberg y Tokio para juzgar a los criminales de guerra de Alemania y Japón por los delitos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Pese a que el primero de estos ha sido objeto de graves críticas -tanto por castigar penalmente a personas jurídicas como las S.S. o la Gestapo, o por no aplicar principios de temporalidad y territorialidad de los delitos- fueron en conjunto considerados un gran avance en materia de justicia internacional.

Posteriormente, en los albores de la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad recomendó a un panel de expertos el que se explorara la posibilidad de establecer una corte permanente de justicia en materia criminal, similar o complementario a su principal órgano judicial, la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, después de largos debates académicos y políticos, la idea no prosperó hasta los graves acontecimientos del genocidio yugoslavo (1991-1995) y ruandés (1994).

En parte por estos trágicos hechos, y por el desarrollo alcanzado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y por el Derecho Penal Internacional, se celebró en la ciudad de Roma una Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, en cuya acta final, suscrita el día 17 de julio de 1998, se estableció la Corte Penal Internacional. Se trata entonces del primer organismo judicial internacional de carácter permanente encargado de perseguir y condenar los más graves crímenes, cometidos por individuos, en contra del Derecho Internacional.

Conscientes de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio común y observando con preocupación que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento,

Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad,

Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad,

Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia...

(Estatuto de Roma, Preámbulo)
 
ORGANIZACIÓN
La Corte está compuesta de cuatro órganos, dos oficinas semiautónomas y el Fondo para las Víctimas (The Trust Fund for Victims - TFV). Los órganos son: Presidencia, Divisiones Judiciales, Oficina del Fiscal y Registro.

Las oficinas semi-autónomas son la Oficina del Abogado Público para Víctimas y la Oficina del Abogado Público para la Defensa.

En 2011, la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma elegirá a seis nuevos magistrados, un nuevo Fiscal, un Presidente de la AEP, dos Vicepresidentes, una Mesa de 21 miembros y seis miembros del Comité de Presupuesto y Finanzas.

A principios de 2012 también se realizarán elecciones para elegir un nuevo Presidente y Vicepresidente de la CPI.

En consecuencia, estas elecciones representarán el cambio más significativo en el liderazgo de la CPI y el sistema del Estatuto de Roma desde sus elecciones inaugurales realizadas en el año 2003. Las elecciones coincidirán con algunos de los más importantes logros de la justicia internacional: la conclusión de los primeros juicios de la CPI y la finalización de los mandatos de los tribunales ad hoc y especiales, todos ellos con un importante impacto en la CPI.

Teniendo en cuenta estas importantes elecciones, las ONG- lideradas en este caso por la Coalición por la Corte Penal internacional- ha lanzado una Campaña sobre las Elecciones Judiciales de la Corte. El objetivo de la campaña es:

- Promover la nominación y elección de los funcionarios mejor calificados a través de procesos justos, transparentes y basados en los méritos;

- Defender los principios del Estatuto de Roma que promueven una CPI justa, efectiva e independiente, que represente a todas las regiones del mundo, a los principales sistemas legales y regiones y que mantenga una representación de género equilibrada.

Las actividades planeadas incluyen una campaña de apoyo global que involucra miembros de la sociedad civil de todo el mundo, gobiernos e instituciones internacionales/regionales y acciones mediáticas para promover elecciones independientes, transparentes, justas y basadas en los méritos de los candidatos.

La Coalición se opone firmemente a los acuerdos políticos recíprocos (“intercambio de votos”) en las elecciones de la CPI. Y como siempre, la Coalición en su conjunto no apoya ni se opone a ningún candidato individual pero promueve la integridad del proceso de nominación y elección.

El 13 de junio se abre el período de nominación para la Corte Penal Internacional


Asamblea de los Estados Parte
La Asamblea de los Estados Partes es la de supervisión de la gestión y el órgano legislativo de la Corte Penal Internacional. Está compuesto por representantes de los Estados que han ratificado y adherido al Estatuto de Roma. Por principio de independencia de la Corte, y para garantizar su imparcialidad política, la Asamblea de los Estados Partes no es un órgano de la CPI. La ASP funciona en vez como el brazo legislativo de la Corte que igualmente garantiza su financiamiento. Según la Corte Penal Internacional, en su página web, actualizada hasta diciembre de 2009, 110 países han firmado el Estatuto De Roma de la Corte Criminal Internacional, quedando dividido por zonas geográficas, así: países africanos, países asiáticos, Europa del Este, Latinoamérica y el Caribe y Europa del Oeste y otros países.


Una de las ideas que dirigió aquella asamblea era de convertir a la Corte en un organismo realmente internacional. Pese a las críticas que suscitaron en su momento las reglas de ratificación que no permiten reservas, se estableció un alto número de quórum para que ésta entrara en funciones (60 ratificaciones). Las ratificaciones fueron logradas en cuatro años, entrando en vigor el Estatuto el 1 de julio de 2002.

CRÍTICAS AL SISTEMA DE JUSTICIA INTERNACIONAL
El Estatuto de la Corte no ha sido firmado ni ratificado, entre otros países, por Estados Unidos, lo que denota la política de evitar someter a organismos supranacionales este tipo de casos.


El caso particular de Estados Unidos es el más polémico. El 2 de agosto de 2002, el Congreso de ese país aprobó la American Servicemembers' Protection Act (Ley para la protección del personal de los servicios exteriores norteamericanos o ASPA) con el claro objetivo de debilitar a la Corte. Esta ley prohíbe a los gobiernos y a los organismos federales, estatales y locales estadounidenses (incluidos los tribunales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley) la asistencia a la Corte. En consecuencia, se prohíbe la extradición de cualquier persona de los Estados Unidos a la Corte y se prohíbe a los agentes del Tribunal llevar a cabo investigaciones en los Estados Unidos. La ley también prohíbe ayuda militar de Estados Unidos a los países que son parte en la Corte. Además, se autoriza al presidente de los Estados Unidos a utilizar "todos los medios necesarios y adecuados para lograr la liberación de cualquier [personal estadounidense o aliado] detenido o encarcelado, en nombre de, o a solicitud de la Corte Penal Internacional".

Aunque con motivo del DÍA DE LA JUSTICIA INTERNACIONAL y la conmemoración del decimotercer aniversario de la adopción del Estatuto de Roma, Amnistía Internacional vuelve a insistir en la necesidad de que todos los Estados cooperen con la Corte Penal Internacional (CPI) para reforzar el sistema de justicia internacional.
“A pesar de los avances que hemos vivido desde la creación de la Corte Penal Internacional, resulta preocupante que muchos Estados rehúsen cooperar con el Tribunal. Algunos países como Estados Unidos, China o la Federación Rusa, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, todavía no han ratificado el Estatuto de Roma”, ha lamentado Eva Suarez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional España.

Desde la creación de la CPI, 116 Estados han ratificado el Estatuto de Roma. En el último año se han adherido 5 países, el último en hacerlo ha sido Túnez, el pasado mes de junio.

Sin embargo, hay todavía preocupantes ausencias, como Israel, Irán o India, además de los países ya citados. Un mayor número de adhesiones al Estatuto de Roma garantizaría una justicia internacional más efectiva y reduciría la impunidad.

Asimismo, la jurisdicción universal, ejercitada por los Estados, debe ser puesta en práctica por las autoridades de cada país, para asegurar que los Estados no sean refugios seguros para las personas responsables de cometer esos crímenes.

La lucha contra la impunidad de los perpetradores se debe intensificar y fortalecer

La CPI emitió en marzo de 2009 una orden de detención contra el presidente de Sudán, Omar Al-Bashir, por su presunta responsabilidad en crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio y, más recientemente, ha hecho lo propio contra Muamar al-Gadafi, jefe de Estado de Libia, bajo cargos de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Sin embargo, sin la imprescindible cooperación del resto de Estados tales órdenes de detención no tendrán efectos prácticos.

Por otro lado, la detención el pasado 26 de mayo de Ratko Mladic y su puesta a disposición del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia ha significado un nuevo paso positivo en la lucha por garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la guerra en los Balcanes.

Hacer realidad la justicia internacional

En la actualidad, los 6 procesos abiertos en la CPI se refieren en exclusiva a países africanos: Uganda, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Kenia, Sudán y Libia.

Sin embargo, existen numerosos Estados sobre los que aún no ha recaído la acción de la justicia internacional y que preocupan de forma especial a Amnistía Internacional. Las graves violaciones de derechos humanos que se han producido y se siguen produciendo en países como Sri Lanka, Israel y los Territorios Ocupados de Palestina o Colombia deben ser investigadas cuanto antes, sea ante tribunales nacionales, sea ante instancias internacionales, en el caso de que las autoridades nacionales sean incapaces o no estén dispuestas a llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos por estos crímenes.

Para conseguirlo, y en base a los fundamentos de la justicia internacional, los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales deben ofrecer toda su cooperación y apoyo a la CPI o a los tribunales nacionales que estén investigando y juzgando a personas acusadas de cometer crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio.

Todos los Estados están autorizados y, en algunos casos, obligados a investigar y a juzgar a los presuntos responsables, con independencia del lugar donde se haya cometido el crimen, la nacionalidad del autor o de la víctima, y de los intereses particulares de un Estado, esto es, a ejercer la jurisdicción universal.

Hace algo más de un año se celebró la primera Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma en Kampala, Uganda. En ella quedaron al descubierto algunos de los peligros a los que se enfrenta la CPI desde su creación, tales como la decisión de tener que autorizar el Consejo de Seguridad de la ONU, un órgano político, el control de los casos que investigaría y enjuiciaría la Corte sobre delitos de agresión. En ese marco, también se evidenció la negativa a eliminar el artículo 124 del Estatuto de Roma, que permite a un Estado declarar que la Corte no podrá investigar ni enjuiciar crímenes de guerra cometidos en su territorio o por sus nacionales durante los siete años siguientes a su adhesión al Tratado.

El paso atrás de España debe ser rectificado

La reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se produjo en 2009 estableció límites irrazonables al ejercicio de la jurisdicción universal.

La reforma desvirtuó el principio de jurisdicción universal. A partir de la misma, sólo podrá perseguirse a los presuntos delincuentes si estos se encontraran presentes en España, si las víctimas fueran españolas o si concurriera algún vínculo de conexión relevante con España, y siempre que un tribunal internacional u otro “tribunal competente” no haya abierto una investigación sobre el asunto. España, que venía siendo un faro para la justicia internacional, viene así a sumarse a las tendencias más restrictivas en la aplicación de tan eficaz instrumento para luchar contra la impunidad. La reforma ya ha tenido consecuencias (inadmisión de la querella sobre crímenes internacionales en Myanmar o archivo de uno de los procesos sobre crímenes en Tibet).

Actualmente hay 13 casos en trámite antes los tribunales españoles.

El pasado 11 de julio, la Audiencia Nacional dictó un auto ordenando investigar a tres altos mandos del Ejército de Irak por su presunta responsabilidad en la comisión de crímenes de derecho internacional. Ello, en base a las acciones militares que las fuerzas de ese país llevaron a cabo el 8 de abril en un campo para exiliados iraníes en el norte de Bagdad, donde 34 residentes fueron muertos.

Amnistía Internacional valora positivamente la decisión de la Audiencia Nacional de llevar a cabo tal investigación, aunque lamenta que el auto haya concedido erróneamente inmunidad a Nuri al-Maliki, merced su posición de el Jefe de Gobierno.

Información adicional

Jurisdicción Universal: Es la potestad o, en algunos casos, la obligación de los tribunales de justicia de cualquier Estado de investigar a las personas responsables de delitos o crímenes de derecho internacional cometidos fuera de su territorio, por extranjeros, contra víctimas que no tengan la nacionalidad del Estado y aún cuando no haya circunstancias que vinculen de otro modo a ese Estado. La jurisdicción universal es de origen consuetudinario y se halla reflejada también, bajo diversas formas, en numerosas convenciones.

Corte Penal Internacional: Creada en 1998 merced la adopción del Estatuto de Roma. Entró en vigor el 1 de julio de 2002. Es un órgano judicial permanente encargado de investigar y enjuiciar los crímenes más graves de derecho internacional: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión, cometidos en el territorio de un Estado parte en el Tratado o por nacionales de ese Estado. También puede abrir investigaciones sobre situaciones que hayan tenido lugar en cualquier Estado –parte o no en el Estatuto–, siempre que el Consejo de Seguridad de la ONU le refiera la situación.

FUNCIONAMIENTO
(Sobre el papel, claro)
Se dice que la Corte funciona como un organismo autónomo de cualquier otro poder o estado. Sin embargo, esto no obsta a que, en el cumplimiento de su deber, cuente con la colaboración de los poderes.

La CPI entró en vigencia el 1º de julio de 2002 tras la ratificación del tratado por parte de 66 países miembros. Era necesaria la firma de por lo menos 60 estados para aprobar el tratado. Sin embargo, varios países de peso no lo han hecho todavía, incluyendo China, Rusia y Estados Unidos. Este último incluso retiró su firma del Estatuto de Roma y ha establecido una campaña en contra de la CPI, argumentando que sus nacionales podrían ser objeto de persecuciones por motivos políticos.

La Corte Penal es un organismo complementario de las jurisdicciones nacionales, y solamente es competente en caso de que el Estado no pueda o no quiera juzgar a personas acusadas de crímenes. El Estatuto de Roma establece la responsabilidad penal de tropas o dirigentes de países que hayan cometido crímenes contra la humanidad o genocidio, incluyendo militares o líderes de guerrillas o grupos informales que ataquen a poblaciones civiles en conflictos que no sean internacionales.

Crímenes
Los crímenes que puede conocer la Corte se encuentran limitados a los señalados en el artículo 5 del Estatuto de Roma, que son:


El genocidio (art. 6);
Los crímenes de lesa humanidad (art. 7);
Los crímenes de guerra (art. 8); y
El Crimen de agresión (art. 8 bis, según Resolución 6 del 11/06/2010 de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma).


Principios aplicables
El funcionamiento de la Corte se rige por una serie de normas y principios que lo transforman en un tribunal especial, sólo para conocer casos realmente particulares. Los principios aplicables son:

Complementariedad: la Corte funciona solo cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal;

Nullum crime sine lege: el crimen debe estar definido al momento de la comisión y que sea competencia de la Corte;

Nulla poena sine lege: un condenado por la Corte sólo puede ser penado como ordena el Estatuto;

Irretroactividad ratione personae: nadie puede ser perseguido por la Corte por hechos o delitos cometidos con anterioridad a su entrada en vigencia;

Responsabilidad penal individual: no serán objeto de la pretensión punitiva las personas jurídicas, salvo como hecho agravante por asociación ilícita;

La Corte no es competente para juzgar a quienes eran menores de 18 años en el momento de comisión del presunto crimen;

Improcedencia de cargo oficial: todos son iguales ante la Corte, aunque el acusado sea, por ejemplo, jefe de Estado;

Responsabilidad por el cargo;


Responsabilidad por cumplimiento de cargo: no es eximente de responsabilidad penal.

Investigación y enjuiciamiento
La investigación de los hechos que fueran constitutivos de delitos se puede iniciar por tres formas (art. 13):

Por remisión de un Estado Parte a la Corte de una situación particular;

Por solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (donde se aplica el veto invertido); y

De oficio por el Fiscal de la Corte.

Una vez que el Fiscal maneje estos antecedentes, puede o archivarlos o presentar una acusación que es revisada por la Cámara de Asuntos Preliminares, que revisa los antecedentes hechos valer por el Fiscal. Si es procedente se acoge la acusación que pasa a ser conocida por la Cámara de Primera Instancia, donde se realiza el juicio. Una vez absuelto o condenado, tanto el Fiscal como el condenado en su caso, pueden apelar o casar ante la Cámara de Apelaciones.

Penas y cumplimiento
Las penas que puede establecer la sentencia puede ser de prisión por un plazo no mayor de 30 años, o (por la gravedad de los crímenes) cadena perpetua, además de una multa y el decomiso de las especies que sean de propiedad del condenado (art. 77).

El cumplimiento de la pena se puede llevar a cabo en el país sede de la Corte (Holanda) o en otro de acuerdo con los convenios que se puedan establecer entre la Corte y otros países.

RELACIÓN CON LOS ESTADOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES
La Corte, en virtud de las normas del Estatuto que la autorizan, podrá pactar con diferentes Estados diversas formas de cooperación, de investigación o de cumplimiento de condenas. Estos pactos suelen ser considerados complementarios al Estatuto para quienes los firman. Por ejemplo, el año 2005, Austria firmó un acuerdo de cooperación y de apoyo a las investigaciones que realiza la Corte. Otro ejemplo es la decisión tomada por el Consejo de la Unión Europea relativa a la Corte Penal Internacional y que deroga la posición común

En cuanto a las Naciones Unidas, el Estatuto en su artículo 2 señala que: la Corte estará vinculada con las Naciones Unidas por un acuerdo que deberá aprobar la Asamblea de los Estados Partes en el presente Estatuto y concluir luego el Presidente de la Corte en nombre de ésta. En este sentido, es importante destacar la situación del "veto invertido", establecido en el Estatuto. Esta modificación cambia el efecto que tiene la aplicación por alguno de los países que cuentan con un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, de su derecho a veto. Esto se traduce en que al momento de utilizar este derecho, sólo tendrá el efecto de evitar que el Consejo haga aplicación del derecho que tiene a solicitar a la Corte la no iniciación o suspensión de una investigación en curso ante la Corte.

El caso del Art. 98
El caso del artículo 98El artículo 98 del Estatuto señala:


1. La Corte podrá negarse a dar curso a una solicitud de entrega o de asistencia en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga el derecho internacional con respecto a la inmunidad de un Estado o la inmunidad diplomática de una persona o un bien de un tercer Estado, salvo que obtenga la cooperación de ese tercer Estado para la renuncia a la inmunidad.

2. La Corte no dará curso a una solicitud de entrega en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga un acuerdo internacional conforme al cual se requiera el consentimiento del Estado que envíe para entregar a la Corte a una persona sujeta a la jurisdicción de ese Estado, a menos que ésta obtenga primero la cooperación del Estado que envíe para que dé su consentimiento a la entrega

Estas normas establecen una forma de evitar el cumplimiento de las resoluciones de la Corte cuando exista un tratado internacional que proteja al nacional de otro estado que no sea parte del Estatuto. En términos prácticos, los Estados Unidos han hecho uso de esta situación que se preveía excepcional en los casos, estableciendo tratados de cooperación con diversos países en los términos que señala el artículo antes mencionado.

A partir del año 2003, Estados Unidos decidió poner término a la ayuda militar a los países que decidieran no acceder a convenir un tratado de exclusión en base al artículo 98. Este medio de presión, con el cual en junio de 2005 ya había logrado convenir acuerdos con cerca de 100 países, no fue aceptado por varios Estados que vieron afectados sus aportes militares por parte de los Estados Unidos. Entre estos últimos se encuentran Brasil, Costa Rica, Ecuador, Perú, Sudáfrica, Venezuela y otros países de África y América Latina.

La oposición de Washington
El gobierno estadounidense a menudo viola la soberanía de otros países con el argumento de que están ocurriendo violaciones a los derechos humanos en los mismos. A su vez, con frecuencia apoya los procesamientos de líderes de otros países acusados de cometer crímenes de guerra.


Washington pugna por inmunizar del procesamiento por crímenes de guerra a ciudadanos estadounidenses. El expresidente George W. Bush rechazó firmar cualquier tratado relacionado al tema; también recientemente, en el mes de julio, retiró la firma del Estatuto de Roma.

Washington ha firmado acuerdos bilaterales de inmunidad con 60 países, en su mayoría países pequeños, con democracias frágiles y economías débiles entre los que se encuentran Bhután, El Salvador, India, Nepal y Sri Lanka. A los países que se negaron a firmar estos tratados, el gobierno estadounidense les retiró la ayuda militar, así ocurrió con Brasil, Colombia, Uruguay, Croacia, Lituania y Malawi, por nombrar algunos.

Conforme al estatuto, la CPI puede asumir la jurisdicción nacional de un país para juzgar crímenes. Estados Unidos se opone a esto. Los crímenes procesados por la CPI son crímenes de jurisdicción universal. A su vez, el estatuto de la CPI protege el principio de jurisdicción universal. Sólo procesará cuando el país del cual sea ciudadano el agresor no pueda o no deseé hacerlo.