miércoles, 31 de agosto de 2011

POR PARAPOLÍTICA, CAPTURADO EL EMPRESARIO PALMERO Y SENADOR COLOMBIANO FUAD RAPAG MATTAR


Tranquilo Fuad, "sólo" y desgraciadamente, te juzgarán por "PARAPOLÍTICA", un insignificante mal menor en comparación con lo podía, con lo que debía ser. Excelente maniobra....


Fuad Emilio Rapag Mattar


De vacaciones en Tenerife con su esposa Chayo, diminutivo cariñoso de Rosario Martínez de Rapag. Por cierto, casualmente Cónsul española en Colombia. El Estado español está sembrado: premia a Uribe, establece lazos sanguíneos interesantes....
¡¡¡Qué bueno!!!
Seguro que aquí nadie sabía nada

Con dedicatoria especial a las víctimas de este representante  de la ultraderecha colombiana y miembro del partido de la "U" (de Uribe) y una llamada de atención a quienes le ayudaron y a quienes le tapan las cosas ahora, personas y organizaciones, sólo para que se preocupen en atención a aquello que dice "cuando las barbas de tus vecinos veas cortar, pon las tuyas a remojar".

S'abrieron las puertas y sonó una voz,
ya principiaron
la publica audiencia que lo condeno.
Levanta la cara y mira mi hemano,
como lo llevan prendio los jéres y amarrá las manos.
Ya habian dao las doce cuando lo sacaron, ya no son blancas
las blancas paeres donde lo mataron.
M'amarga la boca cuando los maldigo,
como amargaba l'aceituna verde del olivarito.


Y otro cante de José Menese, de un disco suyo publicado en el año 1978 de nombre "Andalucía, 40 años" y que bien podría llamarse "Colombia, 50 años", dice como expresión de mi deseo:

"Ya se va acabando el miedo
ya la lucha no descansa
ya se funden en el aire
el temor con la esperanza.

Están cayendo uno a uno
o podríos o volando
pero no sueltan la garra
ni de la tajá y el hueso,
ni de la sartén y el mando.

Y el pueblo la arrancará
que ya no reprime al pueblo
sus ansias de libertad.

El fascismo ya no atina
lanzan sus palos de ciego
con muy poca puntería.
El pueblo se los devuelve
con pintadas y canciones
con fiestas y claveles".

Ay garrotín, ay garrotán,
con el mismo garrotito a ti te darán....
......Se ve que algo se barrunta
se ve que algo se barrunta
otras cartas se barajan
una caló recalmá termina arrancando agua....



El senador tendrá que responder por nexos con el Bloque Calima de las Auc.

Este martes fue capturado el senador por Cambio Radical Fuad Rapag. El congresista fue detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia, que lo halló responsable de tener vínculos con el Bloque Calima de las autodefensas. Rapag, congresista del Magdalena, fue trasladado al búnker de la Fiscalía General de la Nación.

El año pasado el senador también afrontó otro proceso, del cual logró salvar su investidura, por un supuesto conflicto de intereses con Agro Ingreso Seguro.

El Consejo de Estado rechazó entonces, en agosto de 2010, la demanda de pérdida de la investidura que pesaba contra el senador, quien fue blanco de la acción por presunto conflicto de intereses, al haber participado del debate en el cual fue aprobada la Ley que dio vía libre a Agro Ingreso Seguro, AIS.

La máxima instancia de lo contencioso administrativo consideró que no hubo intención alguna de favorecer los intereses de sus familiares actuando como congresista por el Magdalena, como lo sostuvo el accionante.

Ahora, podría perder una vez más su investidura por vínculos con paramilitares, razón por la cual el alto tribunal ordenó su detención.

PARA LEER Y ENCONTRAR "HECHURAS" Y "ANDANZAS" DEL TAL FUAD RAPAG Y SU FAMILIA. En los documentos aparece también el nombre de la persona autorizada en una población de un Estado extranjero, léase Colombia,  para proteger las personas e intereses de los individuos de la nación que lo nombra, es decir, España (definición de CÓNSUL recogido en el diccionario de la RAE):

Durante el tiempo que los paramilitares del Frente William Rivas de las AUC controlaron las plantaciones de banano de los Municipios de Cienaga, Zona Bananera, Aracataca y El Reten en la Provincia de Magdalena, Colombia (1999 - 2005), causaron mas de mil víctimas, asesinando, secuestrando y desapareciendo personas, principalmente lideres y activistas sindicales, a quienes sus redes de información los habían señalado como colaboradores, milicianos, informantes o cuadros de las guerrillas de las Farc y el ELN que tenían campamentos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahora han comenzado a contar no solo los crímenes, sino el universo de las empresas y civiles que les ayudaron.

El ex-comandante del Frente Williams Rivas de las AUC, José Gregorio Mangones Lugo ha confesado que una red de información integrada por propietarios, gerentes, administradores, capataces y personal de seguridad de las plantaciones y las comercializadoras internacionales de banano, especialmente “Chiquita Brands International Co” y “Dole Food International, Inc.” eran las personas que señalaban a los presuntos miembros de la guerrilla.

El complemento de esta información del Colectivo Social María Cano, la puede encontrar en los siguientes documentos:

BANANAS EN SANGRE: EL GENOCIDIO PARACORPORATIVO EN COLOMBIA, MAGDALENA 1997-2077




COLECTIVO SOCIAL MARÍA CANO: BANANAS EN SANGRE (II), LAS EMPRESAS INVOLUCRADAS

martes, 30 de agosto de 2011

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: CARTA DE JOSÉ LUÍS SAMPEDRO A DON JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ ZAPATERO, PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA Y AL RESTO DE LAS SEÑORÍAS QUE PORTAN LA REPRESENTATIVIDAD PARLAMENTARIA


YO ACUSO

Señor presidente, permitanme dirigirme a usted para comentarle mis más profundas inquietudes que, por mi honor y conciencia, me impiden quedarme al margen de los hechos relativos a nuestra Constitución amenazada por una vergonzosa e imborrable mancha.

Habéis realizado un gobierno durante sus dos legislaturas en las que, muchos podemos estar en contra o a favor de su gestión frente del ejecutivo que preside. Habéis cometido aciertos y errores, éstos últimos desgraciadamente más numerosos en su último periplo presidencial. Sus gestiones pueden ser criticadas o avaladas desde todos los frentes que los ciudadanos deseen pronunciarse.

¡Pero que mancha de cieno sobre vuestro nombre -iba a decir sobre vuestro reino- puede imprimir esta abominable reforma constitucional! Por lo pronto usted decide reformarla mediante una llamada telefónica al señor Mariano Rajoy, presidente del principal partido de la oposición, tomando ambos la representatividad parlamentaria como un absolutismo de dos dirigentes, dando bofetada suprema a toda justicia. Y no hay remedio, España conservará esa mancha sobre su carta magna y la historia consignará que semejante crimen social se cometió al amparo de vuestra presidencia.

Puesto que ha obrado tan sin razón, hablaré. Prometo decir toda la verdad y la diré si antes no lo hace el tribunal con toda claridad.

Es mi deber: no quiero ser cómplice. Todas las noches me desvelaría el espectro de la ciudadanía que expía a lo lejos cruelmente ultrajada, una reforma que no ha decidido.

Por eso me dirijo a vos gritando la verdad con toda la fuerza de mi rebelión de hombre honrado. Estoy convencido de que la ciudadanía no ignora lo que ocurre, entonces ¿a quién denunciar este afrenta malhechora de verdaderos culpables sino al primer soberano de la carta magna, al Pueblo?

Ante todo la verdad acerca de nuestra carta magna y su proceso de reformarla.

Nuestra Constitución, nacida en 1978, promulga en sus artículo primero del título preliminar

“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Agentes externos a nuestro ámbito constitucional, la señora Merkel y el señor Sarkozy han dictado los cambios que usted promulga, auspiciados aún si cabe por entidades externas y opacas a la ciudadanía, no sólo de nuestro estado, sino del resto de los ciudadanos miembros de la Unión Europea.

Señor presidente del gobierno y señor presidente del principal partido de la oposición:

No recuerdo que en ninguna de las legislaturas, en las que ustedes han sido elegidos como representantes de los ciudadanos (ni anteriormente tampoco), hubiese en algún proceso electoral papeletas para proceder a legitimar a estas personas (la señora Merkel y el señor Sarkozy) sobre nuestro ordenamiento legal, jurídico y constitucional.

Igualmente me consta, en ninguno de sus respectivos programas electorales, ninguna intención de reformar la constitución.

Ante este hecho y sus intenciones, ustedes han puesto la forma política dictada por la Constitución (representación parlamentaria) muy por encima de la soberanía establecida en la carta magna (el pueblo) documento que regula las normas y convivencia en nuestra nación.

Al ejercer su disciplina partidista, sr. Zapatero y sr. Rajoy, en la que los señores y señoras parlamentarias únicamente promulgan el deseo de sus líderes (en el presente caso ustedes), vuestras señorías son responsables y ejecutores del crimen que les expongo.

De forma sorpresiva, en periodo estival, con un parlamento en funciones, donde las señorías preparan las maletas fuera del hemiciclo ante la próxima cita electoral, ustedes pretenden modificar la Constitución sin consultar a sus soberanos.

Ustedes sobrepasan con sus intenciones el artículo primero del título preliminar de nuestra constitución. Su reforma no es para un “Estado social” y sus formas no son, ni mucho menos, “democráticas de Derecho”.

Tal es la verdad, señores parlamentarios, verdad tan espantosa, que no dudo quede como una mancha en vuestra representatividad. Supongo que no tengáis ningún poder en este asunto, que seáis prisioneros de los mercados y de los poderes que os rodean; pero tenéis un deber de ciudadano en el cual meditaréis cumpliéndolo, aunque dudo que honorablemente. No creáis que desespero del triunfo; lo repito con una certeza que no permite la menor vacilación; la verdad avanza y nadie podrá contenerla.

Hasta hoy no perpetrabais el proceso, pues hasta hoy no han quedado deslindadas las posiciones de cada uno; a un lado los culpables, que no quieren la luz; al otro los justicieros que darán la vida porque la luz se haga. Cuanto más duramente se oprime la verdad, más fuerza toma, y la explosión será terrible. Veremos como se prepara el más ruidoso de los desastres.

Señor Presidente, concluyamos, que ya es tiempo.

Yo acuso al Banco Mundial, FMI, OCDE y demás organizaciones supranacionales y externas al gobierno europeo de ser los organizadores de este crimen. Ninguna de ellas elegidas en representatividad por el Pueblo de un estado, el nuestro, sobre el que quieren reformar la Constitución.

Acuso a la UE y al BCE de ser garantes dentro del territorio europeo este complot.

Acuso a Standard & Poor’s y a Moody’s como cómplices y beneficiarios de este acto.

Acuso al conjunto de la banca europea y nacional como lobby cómplice y beneficiarlo de esta infamia.

Acuso a la señora Merkel y al señor Sarkozy por inducir a perpetrar este vil atentado a nuestra soberanía.

Acuso a aquellas empresas, que junto a la banca, presionan a sus señorías para dejar de ejercer la representatividad de sus soberanos, ejerciéndola sobre sus intereses económicos.

Acuso a aquellos políticos cuyo máximo interés es mantenerse en el cargo que ejercen a cualquier precio, tan indignantes como el del crimen que nos ocupa.

Y por último: les acuso a ustedes por proponer esta modificación de espaldas a la ciudadanía. Ciudadanía que avala, es garante y soberana tanto del estado Español como de su carta magna. Ustedes que, mediante una simple llamada telefónica, ultrajan la inviolabilidad de una Constitución, inviolabilidad que defendieron cuando no se han atrevido a mantener su vigencia, adecuándola a las realidades sociales. Ustedes que juraron o prometieron sobre ella.

Se atreven a modificar el máximo documento del Estado en aras del “Mercado”. Mercado al que pretenden calmar mientras las voces del pueblo son ignoradas o silenciadas.

Puede que este crimen ejerzan el efecto que ustedes esperan, pero no ignoren las victimas consecuentes. Habrán convertido la Constitución en un simple panfleto al que poner a cotizar en los mercados de valores, habrán convertido el espíritu de la transición española no en un garante de paz y democracia social como fue en su día, sino en un mero informe de resultados macro-económicos. Y habrán convertido a la ciudadanía española en un pueblo sin su máximo referente de legalidad moral y convivencia al subvertir los valores representados en ella por cifras monetarias inducidas fuera del espíritu en el que se redactó.

Distinguidas señorías, en nuestro Estado, no sólo hay que ser demócrata, también hay que parecerlo y sus formas distan mucho de ello. Desde hace mucho tiempo no resuelven entre ustedes la composición del Tribunal Constitucional y resulta que si resuelven en minutos modificar el texto sobre el que basar sus juicios. Lo dicho señorías, también hay que parecerlo.

Sólo la ciudadanía tiene el derecho, tiene el deber, de mantener vigente este documento, ustedes han de darles los medios. Ustedes, la clase política, que no sólo por activa ahora perpetran este crimen que nos ocupa, sino que por pasiva en las últimas décadas no han dado un paso para mantener su vigencia, y mucho menos aún, consultar al Pueblo al respecto.

No ignoro que, al formular estas acusaciones, arrojo sobre mí el peso y decisión del máximo soberano del estado del cual ustedes se supone que representan. Y voluntariamente me pongo a disposición del Pueblo.

En cuanto a las personas a quienes acuso, debo decir que ni las conozco ni las he visto nunca, ni siento particularmente por ellas rencor ni odio. Las considero como entidades, como espíritus de maleficencia social. Y el acto que realizo aquí, no es más que un medio revolucionario de activar la explosión de la verdad y de la justicia.

Sólo un sentimiento me mueve, sólo deseo que la luz se haga, y lo imploro en nombre de la ciudadanía, que ha sufrido tanto y que tiene derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma. Que se atrevan a llevarme a los ciudadanos y que me juzguen públicamente.

Madrid a 25 de Agosto de 2011.



¡CONTRA ESTA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN! ¡REFERÉNDUM VINCULANTE!

Todos y todas a la manifestación contra la Constitución capitalista y monárquica. Manifestación. Jueves 1 de Septiembre. 19h. Desde Atocha al Congreso de los Diputados.

Video:



Manifiesto:

La reforma de la Constitución que se votará el viernes día 2 en el Congreso, a propuesta del PSOEdel PP que, textualmente, dará: "prioridad absoluta para el pago de los intereses y la deuda frente a otras partidas presupuestarias", es una vuelta de tuerca en la cadena infame de leyes contra los trabajadores y trabajadoras que se están aprobando.

Significa que por encima de todo, aunque no haya dinero para pagar el paro, la sanidad, la educación o cualquier otro servicio público, se pagará a los usureros insaciables que tienen al Estado en sus manos.

Se hace en pleno mes de agosto, sin debate público, con unas Cortes agonizantes y, sobre todo, sin convocar un Referéndum porque saben que tienen a la inmensa mayoría del pueblo en contra.

Queda así en evidencia una Constitución que impuso a un rey heredero de la Dictadura, que consagra férreamente la propiedad privada frente a las necesidades sociales, como la de la vivienda, que permite que paguen menos impuesto los que más tienen y que es papel mojado a la hora de garantizar derechos sociales y democráticos.

La "paz social" pactada por las cúpulas de CC.00 y UGT, ante la situación dramática de millones de personas desempleadas, los cientos de miles que pierden su vivienda, la extensión de la precariedad, la degradación y la privatización de empresas y servicios públicos (transportes, sanidad, enseñanza, etc) es lo que nos deja impotentes ante tanto atropello.

El pueblo debe mostrar su indignación y su voluntad de resistir ante tamaño avasallamiento por parte de unos políticos que se comportan como perros de presa al servicio de los grandes poderes económicos.

La única salida posible es que la clase obrera y los sectores populares recobren la voz y la fuerza organizada. Es lo único que puede detener la barbarie que nos preparan. La preparación de una Huelga General, contra todos estos desmanes, es ya una necesidad apremiante.

lunes, 15 de agosto de 2011

DECLARACIONES DE JOSÉ LUÍS SAMPEDRO Y LA VISITA DEL PAPA

En estas declaraciones, Jose Luis Sampedro, no sólo se refiere al signifuicado político de la “visita del Papa“, además habla del poder político y mediático de la iglesia comparada con la ínfima representación real (social) del catolicismo; de la dejación política ante los privilegios de la iglesia; de la libertad de conciencia, en especial la de los niños y niñas; se refiere a la enseñanza y a la injusta evangilización de los menores con el apoyo de las instituciones del Estado; de la democracia; del hecho ciudadanía; de la libertad de los seres humanos; de los mitos y de la sin-razón de los dogmas, … en suma, “genial”



LO REITERO, LO REAFIRMO: YO SOY CON ORGULLO MUJER

¡¡Dedicado a todas las mujeres del mundo!!
¡¡Resiste compañera!!
¡¡Abajo y a la izquierda!!

sábado, 13 de agosto de 2011

DE LA OPERACIÓN FÉNIX A LA "FARC-POLÍTICA": MEMORIAS BREVES DE UN INJUSTO ENCIERRO

A TRES AÑOS DE INJUSTO ENCIERRO LILIANY OBANDO ESCRIBE SOBRE LO QUE HA SIDO SU PROCESO

Liliany Obando
Prisionera política sobreviviente del genocidio contra la unión patriótica. Socióloga, defensora de derechos humanos, de las mujeres y laboral.



“… Todo preso político debe agradecer
a sus carceleros que le confirmen,
en los hechos y sobre su persona
la validez de sus convicciones,
la razón de sus pasos.

Nunca un hombre
está más seguro de lo que hace,
que cuando un dolor prolongado
no logra quitarle el aliento
y derrotarlo…”

("Primavera con una esquina rota", Mario Benedetti).


Hoy se cumplen 36 meses desde cuando fui confinada en una prisión “detenida preventivamente” mientras se me sometía a una investigación judicial que aún no termina.

Soy una mujer más entre los más de 7.500 prisioner@s polític@s colombian@s quienes padecemos y resistimos con dignidad la dureza de un sistema judicial, penitenciario y carcelario y de un Estado que nos niega y nos descalifica tildándonos de “terroristas” y que en prisión busca anularnos como personas y quebrarnos como luchadores sociales y políticos.

El preludio de esta pesadilla personal tuvo lugar la madrugada del 1 de marzo de 2008, cuando bajo las ordenes del entonces presidente Uribe; del Ministro de Defensa Juan Manuel Santos y del generalato de la Fuerzas Armadas de Colombia se ejecutaba la Operación Fénix en territorio ecuatoriano.

La Operación Fénix: Sin verdad no hay retorno de las cenizas

La Operación Fénix en la que participaron conjuntamente fuerzas Especiales del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea Colombiana, con la posible coadyuvancia de un tercer país (2), sería desde entonces motivo de una dura polémica. Por una parte, están quienes desde el lado del Estado consideran esta operación como una proeza de los “Héroes de la patria” que arrojó como resultado la eliminación de un importante "enemigo interno" no importa los costos políticos, diplomáticos y jurídicos para el país; al fin y al cabo, -“el fin justifica los medios”-.

Por otra parte están quienes creen que la operación Fénix constituyó un exceso guerrerista que devino en la flagrante violación de una serie de principios de la legislación nacional e internacional, entre ellos el de la integridad territorial y soberanía de otro país –Ecuador-; el de la autodeterminación de los pueblos; de tratados y convenios bilaterales y multilaterales en materia de cooperación judicial y penal (3). En lo nacional dicha acción que fue contraria a lo preceptuado en la Constitución Política y en la legislación penal, pero también resultó contraria a las reglas de la guerra, si, porque hasta la guerra tiene límites y existe un código de honor del guerrero, según el cual NO TODO VALE.

El objetivo militar de la Operación Fénix

En materia militar, con la Operación Fénix se buscaba dar de baja a quien era considerado como un ´Objetivo de alto valor´. La inteligencia militar había ubicado en la frontera colombo-ecuatoriana, más exactamente en Angosturas, provincia de Sucumbíos- Ecuador un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC, en el que se encontraría dicho objetivo: el jefe insurgente e integrante del secretariado de las FARC, Raúl Reyes.

La Operación Fénix tuvo lugar entonces. Primero vino una fase de ablandamiento del terreno. No importó que ese objetivo estuviera por fuera de la frontera colombiana ni que no mediara autorización del gobierno ecuatoriano en cabeza del presidente Rafael Correa ni de las autoridades judiciales de ese país para realizar dicha incursión.

La Fuerza Aérea Colombiana bombardeó, con todo su poder de fuego, el campamento ubicado en Ecuador, luego vino el desembarco aéreo de los miembros de las fuerzas Especiales de la Policía y el ejército colombianos para inspeccionar y copar el área bombardeada, corroborar la baja de su ´objetivo de alto valor´ e incautar selectivamente, de nuevo, sin autorización de autoridad judicial competente de Ecuador ni de Colombia evidencia material, alterando la escena de los hechos.

En la Operación Fénix murieron violentamente el jefe guerrillero de las FARC, Raúl Reyes y al menos otras 24 personas entre civiles y combatientes rebeldes. Entre los civiles murieron 4 estudiantes mexicanos (4) y un ciudadano ecuatoriano (5). Entre los sobrevivientes conocidos se encontraron una estudiante mexicana y dos guerrilleras heridas (6).

Dos de los cuerpos, los de interés para las fuerzas armadas colombianas, el de Raúl Reyes y el de quien creían era el guerrillero Julián Conrado fueron sustraídos ilegalmente del lugar y transportados a Colombia sin cumplir los protocolos establecidos para el levantamiento de los occisos. Sus imágenes-el trofeo de guerra- fueron presentadas de forma grotesca en los medios de comunicación.

Aun hoy se desconoce la causa real de la muerte del jefe de las FARC, Raúl Reyes. Su cuerpo nunca fue entregado a sus familiares. Hoy se encuentra entre los más de 50.000 desaparecidos en Colombia.

El otro cuerpo, resultó ser el del ciudadano ecuatoriano Franklin Guillermo Aisalla Molina y no del guerrillero Julián Conrado. Este una vez identificado fue repatriado a Ecuador. Hoy cursa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el Estado colombiano interpuesta por el gobierno ecuatoriano por el homicidio -ejecución extrajudicial- de este ciudadano ecuatoriano (7).

La denominada "FARC-Política"

El otro componente de la Operación Fénix tomó forma en el plano político y jurídico. En el 2008 el escándalo de la PARAPOLÍTICA, que comprometía a un gran número de miembros de la clase política, en su mayoría asociados al gobierno Uribe, estaba en un punto de clímax. Para tender una cortina de humo sobre este asunto, el gobierno fabricó lo que denominaría como FARC-POLITICA, basada en la supuesta evidencia material (computadores, discos duros extraíbles y usbs) ilegalmente obtenida por miembros de las fuerzas armadas que intervinieron en la incursión en el campamento de Raúl Reyes en Ecuador.

Dicha evidencia material fue recolectada de forma arbitraria e ilegal por personal militar, y de policía, quienes, contrario a lo que afirman algunos funcionarios del anterior y actual gobierno, no contaban con funciones de policía judicial. Esta fue sustraída de facto, en territorio de otro país y sin la autorización expresa de autoridad judicial del Ecuador, afectando la escena de los hechos y violando los protocolos internacionales en materia de recolección de materiales probatorios en territorio extranjero.

Fue el entonces mayor de la policía Camilo Ernesto Álvarez ochoa (8), como comandante del Grupo Contra Objetivos de Alto Valor-comando de Operaciones especiales-COPES- uno de quienes recolectaron la evidencia material, la sustrajo ilegalmente y en calidad de primer respondiente de la “cadena de custodia” transportó dicho material hacia territorio colombiano.

Ya en Colombia, en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, el mismo 1 de marzo de 2008, el mayor Álvarez hizo entrega del material probatorio al entonces capitán de la policía (DIJIN) Ronald Hayden Coy Ortiz, quien a partir de ese momento y hasta el 3 de marzo, fungiría como el segundo respondiente de ese material informático y su ´cadena de custodia’.

El capitán Coy, sin ser perito informático, del 1 al 3 de marzo de 2008, manipulo dicha evidencia física sin cumplir con los protocolos establecidos para el tratamiento de la misma. Sin que personal especializado en informática hubiere creado la “copia espejo”, necesaria para el análisis de la información, accedió directamente a los archivos, de los cuales posteriormente en declaración juramentada dijo que no se trataban de correos electrónicos sino de archivos WORD (documento) (9), adicionalmente abrió, leyó y copio en su computador personal dichos archivos. Y no conforme con ello, entrego copias de los mismos, por considerarlos de importancia para la “Seguridad Nacional” al Ministerio de Defensa Colombiano, todo esto sin que mediara orden de autoridad competente alguna.

El Ministerio de Defensa colombiano, a su vez filtró a los medios algunos de estos documentos, escogidos selectivamente, violando así la reserva sumarial de la supuesta prueba reina que usarían en la denominada FARC-POLITICA.

Sólo hasta el 3 de marzo de 2008, el capitán Coy hizo entrega de la “evidencia”, en la ciudad de Bogotá, al mayor Freddy Bautista García, de la policía Nacional, entonces al frente del Grupo de Delitos Informáticos de la DIJIN. Fue el mayor Bautista quien después de procesar co(¡n su equipo de peritos dicha evidencia física y crear por primera vez la “copia espejo” de la misma, sugirió que la INTERPOL (10) certificara dicho procedimiento para validar esa prueba.

El inicio de una pesadilla que no termina

Todavía con el furor de la Operación Fénix que se rebelaba en sus rostros iluminados, en el mes de mayo de 2008, el entonces fiscal General de la Nación Mario Iguarán, junto al Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, aparecieron ante los medios de comunicación para anunciar públicamente la apertura de una investigación judicial contra vari@s ciudadan@s colombian@s y extranjer@s dentro de la llamada FARC-POLITICA, proceso construido sobre la base de la información supuestamente obtenida de los elementos informáticos de Raúl Reyes en la Operación Fénix.

Para mi sorpresa, escuché en boca del fiscal Iguarán mi nombre, que aparecía junto al de connotadas personalidades de la vida política, académica y periodística; entre ellos se mencionaba a l@s congrsist@as del Polo Democrático Alternativo, Gloria Inés Ramírez y Wilson Borja; a la entonces senadora del Partido Liberal Piedad Córdoba; al ex ministro Álvaro Leyva Durán; a los periodistas Carlos Lozano Guillen, William Parra y Lázaro Viveros; al académico estadounidense James Jones y al parlamentario venezolano Amílcar Figueroa. Con el tiempo esta lista se iría ampliando con nuevos nombres. El factor común entre quienes fuimos incluidos en esta línea es el compromiso asumido desde los diferentes espacios de trabajo de cada un@, algún@s de nosotr@s desde la oposición política, con la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de escenarios de paz y de acuerdo humanitarios.

Después de esa alocución vinieron momentos de zozobra para mí y mi familia. Mi vida, que hasta entonces transcurría entre mi trabajo profesional como socióloga, mi compromiso con la defensa de los derechos humanos, de las mujeres y laborales, mi militancia en la izquierda como opción politica (11), mi actividad académica en la maestría en Estudios Políticos en la Universidad Nacional de Colombia (estaba preparando min tesis de grado), y la crianza de mis hij@s(4 y 15 años) como madre cabeza de familia, cambió radicalmente, aunque no en lo fundamental.

Ante el inminente proceso judicial me dispuse a buscar ayuda legal para asumir mi defensa.

El 8 de agosto de 2008, mientras leía noticias en Internet hubo una que ocupó toda mi atención, se trataba de la orden de captura en mi contra. Horas más tarde era allanada mi residencia y yo era conducida a los calabozos de la DIJIN y de ahí a la reclusión de Mujeres de Bogotá, en donde permanezco aún, 36 meses después, en calidad de SINDICADA a la espera de que se haga justicia en mi caso y en un claro abuso de la detención preventiva.

En el operativo de allanamiento participaron fuerzas policiales (DIJIN) fuertemente armados, quienes lograron intimidar a mi anciana madre y a mis pequeños hijos. En el lugar se incautaron documentos de tenencia legal, incluso algunos de mi madre e hij@s, que figuran entre las pruebas en mi contra.

Al frente del operativo de allanamiento y “captura” se encontraba el capitán de la DIJIN, Ronald Hayden Coy Ortiz, el mismo que participó en la Operación Fénix. Este me decía con sorna entre muchas otras cosas que me haría famosa, nacional e internacionalmente, mientras otro de los policías filmaba todo a mí alrededor, incluso a mi familia y a mí en todos los planos. Hubo un instante que me causó curiosidad, cuando el camarógrafo de la policía fue despachado con tono de urgencia del lugar. A los pocos minutos, aun sin que el allanamiento hubiera terminado, eran transmitidas las imágenes del operativo en televisión, mientras los policías hacían una pausa para ver el espectáculo mediático con el pecho henchido por el “positivo”.

Con mi detención se iniciaba el proceso de la FARC-POLITÌCA. Un proceso político más que jurídico, que hoy parece languidecer dada la arbitrariedad e ilegalidad sobre la que fue construido.

El 11 de agosto de 2008, estando aún aislada en los calabozos de la DIJIN, fui conducida al Bunker de la Fiscalía para rendir indagatoria ante la fiscal 19 anti-terrorismo, Nancy Esperanza Pardo Bonilla. Hasta entonces me enteraría de las razones por las que me encontraba vinculada al proceso de las FARC-POLITICA y de los cargos que se me imputaban.

Antes de regresar al Bunker de la Fiscalía algun@s periodistas trataron de obtener de mí alguna declaración. Quedó grabada en mi memoria la primera pregunta que me hacia una periodista “¿Es cierto que usted era la amante de Raúl Reyes?” la miré y le respondí “Eso no es verdad y con este tipo de calumnias mal intencionadas vulneran mi dignidad como mujer y como ser humano”. En realidad no sé qué me ofendía más, si el ser sometida públicamente a una falsedad que dejaba una marca perenne sobre mi honra, o el saber que estaba siendo usada como carne de cañón por quienes desde la `inteligencia militar` sólo querían desdibujar la imagen del jefe insurgente.

Ya en la indagatoria la Fiscal me imputó los cargos de Rebelión y Administración de Recursos con fines Terroristas, cargos soportados en la supuesta información obtenida en los dispositivos informáticos del abatido jefe de las FARC, Raúl Reyes. Cargos que no acepté, sometiéndome conscientemente a un proceso de juicio para demostrar mi inocencia. La Fiscal decidió entonces dictar medida de aseguramiento en mi contra en establecimiento carcelario. Fue la primera vez que se me negó el beneficio de la detención domiciliaria a pesar de haber demostrado plenamente mi condición de madre cabeza de familia. Luego se me negaría dicho beneficio en 9 ocasiones más por considerárseme un “peligro para la sociedad”, cosa que no ocurre con l@s delincuentes de cuello blanco, a quienes se les otorga sin ninguna traba este beneficio.

El 14 de agostos de 2008 fui entonces remitida a la reclusión de mujeres de Bogotá – “Buen Pastor” al pabellón 6, que es el pabellón en el que se encuentran, por calificación de internas la mayor parte de las mujeres presas políticas de la reclusión. Me convertí entonces en la primera colombiana y la única mujer privada de su libertad por la denominada FARC-POLíTICA.

De otras ilegalidades procesales

Desde el mismo momento en que fui vinculada con pruebas ilegales – al proceso judicial de la FARC-POÌTICA se me sometió a una exposición mediática en donde se me atribuyeron desde tener “lazos afectivos” con el abatido jefe de las FARC, Raúl Reyes, hasta de una serie de responsabilidades que nunca he tenido. Dicha situación no sólo afectó mi honra y mi buen nombre sino que además ha desencadenado un sinnúmero de tratos degradantes, ofensas e incluso amenazas de muerte en mi contra con los consecuentes problemas de seguridad para mí y mi familia.

En la reclusión l@s prisioner@s polític@s debemos cargar con el estigma del `delito` que se nos endilga: REBELIÓN y se nos hace un `perfil` de alta peligrosidad, pues seguimos siendo considerad@s el `enemigo interno`, sólo que tras las rejas. Estas circunstancias más mi continuado compromiso con la defensa de los derechos humanos, ahora de mis compañeras@s en prisión, me ha valido el señalamiento y la continuada persecución de parte del INPEC12.

Como resultado de dicho señalamiento, el pasado primero de junio de 2011 fui trasladada dentro de la misma reclusión del pabellón 6 al pabellón 7, donde me encuentro aislada del resto de mis compañeras prisioneras políticas y sometida a mayores medidas de seguridad.

Además de haber sido vinculada a un proceso judicial con fundamento en pruebas ilegales, con la consecuente detención arbitraria, el proceso en mi contra ha estado flagrado de irregularidades desde la etapa de instrucción hasta ahora:

- Fui imputada además del “delito” de rebelión, que es un delito político y de la competencia de la justicia ordinaria, con el delito de administración de recursos con fines terroristas, que es un delito no político y del resorte de la justicia especializada.

Ha sido una estrategia de l@s fiscales imputar a l@ opositores polític@s delitos asociados al terrorismo, conjuntamente al “delito” de rebelión, esto con el fin de agravar la situación jurídica con largas condenas , aumentar los tiempos requeridos para el desarrollo de los procesos y entrabar el accesos a beneficios jurídicos para imputados y condenados.

Por cuenta de esta estrategia me ha sido negada repetidamente la detención domiciliaria, se me sometió a detención preventiva que es –una medida extraordinaria-y se ha prolongado en el tiempo el desarrollo del proceso.

- Después de que la fiscal 19 profirió la resolución de acusación en mi contra y quedo en firme, el 08 de abril de 2009 se inició la audiencia pública y la audiencia preparatoria antes del juicio bajo la competencia del Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Durante la audiencia preparatoria solicitamos con mi defensa el acceso a la totalidad de la “prueba reina”, es decir, de los archivos obtenidos en la Operación Fénix, pero esta petición nos fue negada. Tanto Juez como fiscal sólo nos permitieron conocer resúmenes de los archivos que se consideraban estaban directamente relacionadas conmigo. De esta forma se rompió la unidad procesal de tod@s lo vinculad@s al proceso de la FARC-POLÍTICA, para quienes “la prueba reina” son precisamente esos archivos obtenidos en la Operación Fénix.

Así, se nos impidió a l@s vinculad@s de dicho proceso la posibilidad de asumir colectivamente la defensa. A cada uno de nosotr@s se nos individualizo la investigación y se nos permitió conocer sólo fracciones de la “prueba reina”. De esta forma se afectó seriamente la salvaguardia al debido proceso y a un juicio justo.

- Por estar sometida a la justicia especializada, los tiempos del proceso en la fase de audiencia pública han sido largos y con interrupciones, a tal punto y cumplidos 24 meses desde el inicio de la audiencia publica y 32 meses de mi “detención preventiva”, no se ha terminado esta etapa teniendo derecho a mi libertad por vencimiento de términos.

El 11 de abril de 2011 solicitamos dicha libertad, pero el 13 de abril la Juez Novena Penal del Circuito Especializado la negó excusándose en que la audiencia pública no se ha podido terminar por “causas justas y razonables”, debido a que la defensa había solicitado la práctica de pruebas en el exterior y que por lo tanto se me estaría garantizando el debido proceso.

Ante tal absurdo jurídico, a través de la defensa interpusimos recursos de apelación y Habeas Corpus13 para pedir la libertad por vencimiento de términos, pero tanto el Tribunal Superior de Bogotá, que tuvo conocimiento de la apelación, como el juez de Habeas Corpus se negaron también a otorgarme la libertad inmediata.

- En mayo 18 de 2011, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, profirió auto inhibitorio14 en el caso del ex congresista vinculado al proceso de la llamada FARC-POLITICA. Con este auto la Corte sentenció que las evidencias físicas obtenidas en la Operación Fénix y que han sido usadas como prueba en el caso del ex congresista Wilson Borja es decir la FARC-POLITICA son ilegales y que en derecho no pueden ser usadas ni en el caso de Borja ni en ningún otro proceso pues no tienen ninguna validez jurídica.

El 1 de agosto de 2011, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de forma unánime ratifico la sentencia proferida el 18 de mayo de 2011 en la que se declara ilegal la evidencia material obtenida en la Operación Fénix y la imposibilidad de que esta sea usada en cualquier proceso judicial como prueba.

Basados en ese fallo recuperó la libertad el profesor Miguel Ángel Beltrán en junio 3 de 2011. El profesor Beltrán también había sido vinculado por el proceso de la FARC-POLITICA y permaneció 2 años privado injustamente de la libertad. También se frenó la extradición hacia Colombia del dirigente comunista Manuel Olate y se pudo esclarecer su situación jurídica en su país.

- Por su parte, mi defensor basado en el fallo de la Corte Suprema de Justicia solicitó en el mes de julio de 2011 el Control de Legalidad ante la jueza 9 Penal del Circuito Especializado, Danae Hinestroza Rengifo y la solicitud de mi libertad por haber sido detenida arbitrariamente con fundamento en pruebas ilegales. La jueza de conocimiento una vez más rechazó la solicitud de la defensa.

- El 01 de agosto de 2011 recurrimos a la acción de Habeas Corpus al considerar que no sólo fui privada de mi libertad arbitraria e ilegalmente sino porque existe una prolongación ilegal de dicha detención. Soportamos nuestra solicitud en la providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, de mayo 18 de 2011 y su ratificación del 1 de agosto de 2011 en la que se declara nula por carecer de validez jurídica la “prueba” obtenida ilegalmente en la Operación Fénix que ha sido usada en mi contra.

Inexplicablemente el juez de Habeas Corpus, el juez 30 Laboral del Circuito de Bogotá, Alfonso Mario Araujo Monroi quien niega por “improcedente” nuestra petición fundado en espurios argumentos jurídicos.

Es evidente que durante estos 36 meses mi “detención preventiva” en establecimiento carcelario ha vulnerado innumerables derechos: a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la legítima defensa, a las garantías procesales, y a mi libertad causándome daños irreparables en lo material y en lo moral. Por tal motivo a través de mi defensa hemos solicitado Medidas Cautelares de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Lo cierto es que a tres años de la cuestionada Operación Fénix, el monstruo de la FARC-POLITICA languidece. Por fortuna ya muchas de las personas injustamente vinculadas a este proceso han sido inhibidas o absueltas. Aún continuamos privados de nuestra libertad Joaquín Becerra y yo.

Entre tanto mis días siguen transcurriendo en una celda de alta seguridad aislada del resto de mis compañeras prisioneras políticas pero con la dignidad, la moral y la frente en alto.

Seguiremos luchando por la libertad de tod@s l@s prisioner@s polític@s colombian@s.

Algún día será posible y podré de nuevo en libertad continuar trabajando por una patria verdadera, democrática, con inclusión política, con justicia social y paz.

Estos 36 meses de injusto encarcelamiento han sido menos tortuosos gracias a la invaluable solidaridad y a las expresiones de cariño de muchos y muchas compañeros y de muchas otras personas, que aun sin conocerlos se han sensibilizado con mi caso y el de los más de 7500 prisioner@s polític@s colombian@s.

A tod@s ell@s, a las organizaciones sindicales, de derechos humanos, activistas por la paz y la justicia social, a los medios de comunicación alternativos, a los partidos políticos de oposición a los abogados demócratas, y a l@s parlamentarios que han confluido desde distintas latitudes del globo, en la campaña por la libertad de l@s y prisioner@s polític@s colombin@s, mi gratitud y afecto.

Quiero agradecer especialmente a l@s compañeros de la Red Internacional de Solidaridad Con los Prisioner@s politic@s colombian@s (INSPP, sigla en ingles); de la Campaña de Solidaridad por los Prisioner@s Polític@s en Canadá, de Justicia por Colombia en el Reino Unido; de los circulos de Solidaridad por Colombia y de Paz y Justica por Colombia en Australia; de la Alianza por La Justicia Global en Estados Unidos; de la Campaña de Solidaridad por l@s prisioner@s polític@s colombian@s “Creando Puentes Solidarios”, en Cuba; de la Agencia Bolivariana de Asuntos Humanitarios Patria es Solidaridad, en Venezuela; de la Campaña por la Libertad de los Prisioner@s polític@s colombian@s en Francia, de la campaña por la Libertad de los prisioner@s polític@s “Traspasa los Muros”, de la Fundación Lazos de Dignidad, de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia.

A las y los abogados que han contribuido con mi defensa Eduardo Matyas Camargo, Gustavo Gallardo, Santiago Ortiz y July Henriquez.

A mi amigo y compañero Raúl Arango, siempre solidario con las prisioneras políticas del Buen Pastor, a Niki, donde quiera que este.

A mi compañero y amigo Néstor Montilla, que siempre me acompañó mientras estuvo vivo y aun me acompaña.

A mi pequeña pero incondicional y amorosa familia.

A todas y todos muchas gracias y un abrazo fraterno.

LILIANY OBANDO
PRISIONERA POLITICA, SOBREVIVIENTE DEL GENOCIDIO CONTRA LA UNIÓN PATRIOTICA.
RECLUSIÓN DE MUJERES DE BOGOTA BUEN PASTOR. AGOSTO 8 DE 2011.

NOTAS:

1. Prisionera política sobreviviente del genocidio contra la unión patriótica. Socióloga, defensora de derechos humanos, de las mujeres y laboral.

2. “El gobierno de Ecuador… sostiene que de acuerdo a los restos de las bombas encontradas en el campamento estas requieren para ser lanzadas una tecnología avanzada que según ellos no disponen la Fuerza Aérea de Colombia”. Informe de la comisión de la OEA que visito Ecuador y Colombia. Vigésima quinta reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores, 17 de marzo de 2008, Washington pg. 7

3. Colombia es Estado parte de la Organización de Estados Americanos OEA, como tal aprobó la Convención Interamericana sobre asistencia mutua en materia penal, suscrita en Nassau, Bahamas el 23 de mayo de 1992 y el protocolo facultativo relativo a la convención interamericana sobre asistencia mutua en materia penal adoptado en Managua,Nicaragua el 11 de junio de 1998. la Ley 636 de 2001. Colombia también aprobó el convenio de cooperación judicial y de asistencia mutua en materia penal entre la república de Colombia y la república de Ecuador, suscrito en Santa Fe de Bogotá, D.C, el 18 de diciembre de 1996. Ley 519 de 1999.

4. Verónica Natalia Vázquez Ramírez, Fernando Franco Delgado, Soren Ulises Avilés, Juan Gonzales del Castillo, estudiantes de la universidad autónoma de México UNAM.

5. Franklin Guillermo Aisalla Molina.

6. Martha Pérez y Diana Gonzales, guerrilleras de las FARC y Lucia Morett Álvarez, encontradas por militares ecuatorianos.

7. El Estado ecuatoriano acuso al Estado colombiano por el homicidio “Ejecución extrajudicial” de Franklin Aisalla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según el estado ecuatoriano Aisalla fue asesinado a golpes de fusil que le destrozaron el cráneo.

8. Hoy cursa una investigación en Ecuador contra altos mandos de las Fuerzas Armadas colombianas quienes participaron en la Operación Fénix, entre ellos el entonces mayor de la policía Camilo Ernesto Alvares Ochoa, comandante del Grupo de Objetivos de Alto Valor el Comando de Operaciones Especiales –COPES-

9. El entonces capitán de la DIJIN- Policía Nacional, Ronald Hayden Coy Ortiz quien fue custodio de las evidencias físicas obtenidas en la Operación Fénix declaró bajo juramento que dichos archivos no eran correos electrónicos sino documentos Word

10. De acuerdo al informe de la INTERPOL sobre la validez de los procedimientos usados en el tratamiento de los dispositivos obtenidos en la Operación Fénix del 1 al 3 de marzo de 2008 se manipularon unos 48.000 archivos sin el lleno de los protocolos establecidos para tal fin.

11. Un Estado que como el colombiano se autoproclama democrático y de Estado Social de Derecho debe garantizar la inclusión y participación de la oposición política.

12. Instituto Penitenciario y carcelario.

13. Derecho fundamental y acción constitucional, artículo 30 de la Constitución Nacional.

14. De acuerdo al artículo 327 del código de procedimiento penal ley 600 de 2000 “… se torna imperativo emitir decisión inhibitoria, cuando el comportamiento no ha existido, es atípico, está acreditada un causal eximente de responsabilidad, o no es viable legalmente la acción penal”… pagina 3. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Bogotá, D.C. mayo 18 de 2011




viernes, 12 de agosto de 2011

MINERÍA Y RESISTENCIAS EN AMÉRICA LATINA. ¿HACIA EL POST-EXTRACTIVISMO Y EL BUEN VIVIR?

César Padilla
Coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL)
Nº 47 de PUEBLOS-Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2011
Lunes, 8 de agosto de 2011

El incremento de las actividades mineras en América Latina no ha cesado desde mediados de los 90. La región atrae cerca del 27 por ciento de las inversiones en este sector y hay muchos proyectos por comenzar. Varios países basan sus exportaciones en la minería y otros de la región intentan sumarse a esta lista.

Chile y Perú encabezan el ranking de los países mineros por excelencia, mientras Colombia intenta poner en marcha su “locomotora minera” para ser parte del club y Argentina lucha por competir por las inversiones de las grandes transnacionales del rubro. Bolivia, país tradicionalmente minero, ha logrado este año dinamizar su anquilosado sector, alcanzando cifras de exportación de minerales que comienzan a acercarse a las de exportaciones por hidrocarburos. Un esfuerzo por nacionalizar la minería y reformar leyes sectoriales intenta dar nuevos bríos a la actividad, cada vez más en manos del Estado.

La tentación minera

Lo cierto es que la minería ha ido formando parte de las estrategias extractivas de la mayoría de los países de la región, independientemente de la orientación política de sus gobiernos y de si han sido o no tradicionalmente países mineros.

El escenario económico internacional, por otro lado, ha sido propicio para el fortalecimiento de la actividad minera por la alta demanda de minerales por parte de los países asiáticos, lo que ha elevado el precio de metales no preciosos, como el cobre, a cifras históricas. Además, en tiempos de crisis el oro se convierte en valor refugio y aumenta su demanda en la medida que protege los activos en moneda frente a una crisis monetaria generalizada.

Tanto la orientación extractivista de la casi totalidad de los países de América Latina como el comportamiento de los mercados internacionales, tendientes al crecimiento de la demanda y de los precios, han ido consolidando un escenario propicio para una mayor expansión de la minería en la región.

Los diferentes países han optado por aprovechar este escenario para lograr mayores ingresos por atracción de Inversión Extranjera Directa y exportaciones de minerales, acentuando en muchos casos el rol primario exportador con escaso valor agregado.

A pesar de las señales que indican que en muchos casos el extractivismo puede provocar la llamada enfermedad holandesa [1] y que la abundancia de materias primas está asociada a una suerte de maldición que perpetúa la pobreza y la dependencia [2], la mayoría de los gobiernos están apostando por esta estrategia de crecimiento económico, ya sea para aumentar el crecimiento o para pagar deudas sociales, en el caso de los gobiernos de izquierda.

Rechazo de las comunidades y resistencias

Por otro lado, la presión sobre los territorios ha ido provocando cada vez mayores rechazos de las comunidades locales y más conflictos con las empresas mineras y los Estados. Los indudables y ya conocidos impactos provocados por la minería han permitido que cada proyecto esté siendo acompañado de un rechazo comunitario. La percepción, cada vez más generalizada, de que la minería afecta al ambiente, agota las fuentes de aguas, contamina el entorno y está llena de peligros por las sustancias tóxicas que utiliza, hace que el cuestionamiento crezca de manera constante.

Si sumamos las promesas y engaños sobre desarrollo, empleo y dinamización de las economías locales, además del atropello a los derechos humanos, la imposición de proyectos, la criminalización de la oposición a la actividad, los desplazamientos forzados o la ocupación de territorios ancestrales, la minería se torna una actividad cada vez menos aceptada por las comunidades locales. Muestra de esto ha sido la profusa proliferación de los conflictos socioambientales no bien se anuncia un proyecto futuro.

Este proceso de rechazo ha tenido como consecuencia el fortalecimiento de los movimientos antimineros, su proliferación y el incremento de diversas estrategias de lucha. En los últimos cinco años hemos visto un claro aumento en la conformación de organizaciones de resistencia a la minería, y a este proceso se han sumado importantes intelectuales y otros sectores como la iglesia católica de los países de América Latina donde subsisten movimientos ligados a la Teología de la Liberación, para los que el cuidado de la creación juega un importante rol.

La resistencia a la minería en un contexto de mayor conciencia ambiental se enfrenta a los cercos mediáticos y a descalificaciones oficiales de todo tipo, donde ni siquiera las medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) logran incidir.

Es, tal vez por esto mismo, que la resistencia a la minería se esta haciendo cada vez más “desde abajo”. Son las mismas comunidades las que han ido poniendo mayores límites a las actividades mineras. Los casos exitosos de resistencia, que dicho sea de paso aumentan con el tiempo, son aquellos sostenidos con las acciones de las mismas comunidades. La institucionalidad ha tenido que responder a las demandas comunitarias con medidas de diversa índole.

El rol jugado por los pueblos indígenas y sus organizaciones ha supuesto un papel fundamental en las estrategias de defensa del territorio. Tanto Bagua, en Perú, como la resistencia en la amazonía ecuatoriana contra los proyectos extractivos, son una clara muestra de ello. También lo son las luchas de resistencia indígena a la minería en Guatemala y, recientemente, en Panamá [3].

Estrategias

La “internacionalización” de las luchas es una expresión del avance de los movimientos de resistencia a la minería. Al provenir las inversiones y operaciones mineras de empresas transnacionales, la búsqueda de solidaridad para la denuncia de los diversos casos de amenaza o atropello a los derechos de las comunidades locales ha trascendido las fronteras. Ha trasladado aspectos legales y morales involucrados en los conflictos hacia Canadá, Europa o Estados Unidos; y en un futuro no lejano también deberán incluirse China, India, Corea y otros países considerados nuevos actores mineros transnacionales. No obstante, siempre existe un componente de resistencia local fundamental.

Las denuncias en tribunales de países de los que provienen las inversiones mineras, la visibilización de las injusticias en las asambleas de accionistas y las solicitudes de retiro de fondos de pensiones en inversiones mineras forman parte de las estrategias empleadas cada vez con mayor frecuencia. El uso de instancias internacionales como Naciones Unidas y, especialmente, la CIDH, han sido estrategias usadas de forma recurrente.

En terreno se han desarrollado las llamadas “consultas ciudadanas”, consultas comunales para demostrar el rechazo masivo a una determinada actividad minera. El resultado de dichas consultas está aún en entredicho, ya que cuando son ejercidas bajo el derecho reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) existe mayor legitimidad formal que cuando no es el caso (pese a que la OIT no ha sido suficientemente clara respecto a las decenas de consultas comunales organizadas en Guatemala ni tampoco a las de Perú y Argentina).

La resistencia pacífica pero activa se ha transformado también en un instrumento efectivo para reclamar derechos frente a una actividad minera. La ocupación pacífica de terrenos, vías o edificios forma parte de acciones directas organizadas generalmente tras la negación de los derechos reclamados a diversas instancias. Estas formas de acción se han debilitado en algunos países producto de la criminalización (promovida por parte de empresas y gobiernos) de la protesta social.

Criminalización

Perú y Ecuador muestran procesos importantes de criminalización de la protesta social, con cientos de encausados, mientras que en Colombia, México y otros países de América Central se usa la violencia directa, generalmente a manos de grupos irregulares o de sicarios al servicio de intereses transnacionales o de sus aliados nacionales. La ausencia, negligencia o inoperancia del Estado también debe considerarse, en estos casos, una forma indirecta de criminalización.

Articulaciones

Los procesos de articulación han contribuido de manera fundamental a las acciones de resistencia y de organización frente a los atropellos de la minería en América Latina. La solidaridad entre las comunidades y organizaciones de apoyo, tanto técnicas como de derechos humanos y ambientales, es una expresión de estos procesos.

El intercambio de información, la elaboración de estrategias conjuntas y las campañas iniciadas de manera articulada apoyan la resistencia de las comunidades afectadas por la minería. Estas articulaciones no sólo abarcan la región de América Latina sino que incluyen también, y cada vez más, a organizaciones del hemisferio norte. Se trata de expresiones de la glocalización de las luchas antimineras en la región [4]. En la actualidad encontramos campañas contra empresas como VALE, Newmont, Barrick Gold, Godcorp; y otras, más generales, como la preparada contra el uso del cianuro en la minería de la región.

Extractivismo transversal

Tanto los países con regímenes neoliberales (como Chile, Perú y Colombia) como aquellos vinculados a la izquierda o socialismo del siglo XXI (Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, Uruguay y Paraguay) ponen sus energías en el crecimiento económico basado en las actividades extractivas.

Muchas comunidades y actores sociales críticos depositaron grandes esperanzas en gobiernos alternativos pensando que, por justicia social y ambiental, además de por soberanía y respeto a las comunidades, la minería recibiría un tratamiento cuidadoso, revisando sobre todo las actividades mineras transnacionales y sus malas prácticas.

De manera contraria a lo esperado, el extractivismo está plenamente vigente y firmemente instalado en los gobiernos alternativos, que justifican los efectos negativos de la minería bajo pretexto de pago de deudas sociales históricas (sin duda merecidas por los sectores empobrecidos y postergados de la sociedad). El concepto de “sacrificio” referido a la destrucción ambiental y social en beneficio de la minería se usa en algunos países para justificar una supuesta necesidad extractiva nacional.

Bolivia, por ejemplo, que cuenta con un amplio sector de minería artesanal o pequeña, denominada “minería cooperativizada”, no ha logrado cambiar de manera fundamental su visión de la gran minería transnacional. La renacionalización de la mina Huanuni, privatizada en tiempos de gobiernos neoliberales y revertida al Estado por el gobierno de Morales, nos muestra una visión aplicada a la operación minera, en términos socioambientales, idéntica a cualquier actividad minera transnacional.

Muestra de esto son las denuncias de comunidades de la ribera del río Huanuni o de los lagos Uru Uru y Poopo, que sufren vertidos de desechos mineros a su cauce y cuenca, vertidos que afectan la actividad agrícola tradicional o la pesca artesanal en los lagos mencionados. San Cristóbal y la disputa por el agua muestra un fenómeno similar en Potosí.

Algunos casos: la minería como estilo de vida

Se dice que la minería suele ser incompatible con otras actividades, sobre todo con actividades sustentables. También se menciona que una vez que se ha optado por la explotación minera no hay vuelta atrás. Pero, ¿en qué medida son ciertas tales afirmaciones? La experiencia muestra que la mayoría de las actividades mineras eliminan la existencia o, al menos, ponen en riesgo otras actividades.

Si miramos en un mapa las zonas mineras abandonadas vemos que, en ocasiones, sólo con gran dificultad y esfuerzo se logran desarrollar otras actividades post-minería. La contaminación, destrucción y acidificación de las fuentes de agua suele ser un aspecto que conspira para que los sitios mineros abandonados sean lugares fantasma, sin habitantes.

Esta es la enorme preocupación que aqueja a los habitantes de Challapata, en el departamento de Oruro (Bolivia), una comunidad agrícola muy productiva que abastece gran parte de las necesidades de básicos vegetales y lácteos. Este fenómeno productivo, en pleno altiplano, a casi 4.000 metros de altura y con un clima extremo, se ha logrado gracias a la construcción de un embalse y mediante un cuidadoso sistema de riesgo y distribución de aguas administrado por la comunidad. La amenaza de la instalación de una mina de oro, apoyada por el Gobierno, ha puesto en alerta a la comunidad, que se opone tenazmente a su instalación.

Los agricultores y ganaderos de Challapata saben que la minería excluye actividades agrícolas y lecheras a medio y largo plazo. Químicos como el cianuro de sodio y diversos metales que expuestos al ambiente contaminarían el entorno les han obligado a oponerse a la mina. Y, desde luego, sus aprehensiones no son inventos ni campañas del terror sopladas al oído por ecologistas intransigentes. Saben lo que significa la minería, ya que la han observado desde los inicios de la ciudad y no dudan de la legítima opción de defender un estilo de vida agrícola.

Otro interesante caso es el de Coro Coro, en La Paz. Una empresa coreana, junto con el Estado boliviano, reprocesan desechos mineros. El proyecto, reiniciado después de que la mina fuese abandonada, no cuenta con la licencia social de las comunidades aledañas.

¿Hacia el post-extractivismo?

Este caso y el anterior muestran que el extractivismo no obedece a un modelo de desarrollo ideológico dividido entre las tradicionales derechas neoliberales y lo que algunos han llamado “izquierdas neoextractivistas”. No está en la visión de esos gobiernos el concepto “post-extractivismo” y, si lo estuviese, se asocia sólo al agotamiento de los recursos naturales, específicamente a los no renovables. No obstante, el post-extractivismo comienza a instalarse en la discusión frente al fracaso del extractivismo como estrategia de desarrollo. Se transforma en exigencia de las comunidades afectadas por la minería frente a los oídos sordos de los gobernantes de la región.

Para presionar hacia el cambio de paradigma del extractivismo al postextractivismo se usan diversos argumentos que van desde el convenio 169 de la OIT hasta el colapso del planeta y el sumaj kausay (el buen vivir) originario como alternativa.

El extractivismo ilimitado ha llevado a grupos crecientes de América Latina a confrontar este estilo irracional de crecimiento económico empobrecedor con las alternativas reales pero también con las utopías reales. Los procesos de restricción e, incluso prohibición de la minería como modelo central de desarrollo han ido cobrando fuerza en la región.

La ley que prohíbe la minería en Costa Rica, el fracaso de la modificación de la ley minera en Panamá, la negativa a otorgar una indemnización en el caso Cabañas de El Salvador, la propuesta Yasuní en Ecuador y el cuestionamiento al proyecto de GreyStar en el páramo santandereano en Colombia, así como otros ejemplos, son muestras de éxitos, aunque parciales, de los movimientos críticos u opuestos a la minería en América Latina.

Las ideas sobre post-extractivismo están aún en pañales. No obstante, han ido cobrando fuerza frente a un escenario plagado de recurrentes crisis (como la última crisis financierainmobiliaria), creadas y criadas dentro del sistema capitalista.

Tal vez el fortalecimiento de las propuestas post-extractivistas disminuya el vértigo al vacío de quedar sin alternativas. Tal vez lograr entender el sumaj kausay, y atreverse a vivirlo, es parte de las claves para superar las crisis socioambientales provocadas hasta ahora por el extractivismo extremo e irracional y por un capitalismo que se niega a reconocer límites. Al menos aparece como una esperanza para los pueblos de América Latina y del mundo.

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[1] Nombre general que se le asigna a las consecuencias dañinas provocadas por un aumento significativo en los ingresos de un país logrado a través de las ganancias por la explotación de un solo recurso natural.

[2] Acosta, Alberto: La maldición de la abundancia, Abya Yala, Quito, 2009.

[3] Veánse ejemplos de estas luchas en la página web del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (www. ocmal.org).

[4] Bebbington, Anthony, et al.: La glocalización de la gobernanza ambiental, Universidad de Manchester, 2007. (Documento de trabajo que forma parte de la investigación Civil society and the political ecology of rural development in the Andean Region).

martes, 9 de agosto de 2011

CLANDESTINO, MI PROGRAMA DE RADIO DEL DÍA 09/08/2011:(2ª PARTE) EMPLEADAS DE HOGAR, MUJERES INMIGRANTES ESCLAVAS



En el programa de hoy, vísperas de Feria,  abordamos de nuevo el tema de la situación laboral de las Empleadas de Hogar y cómo las mujeres inmigrantes padecen auténticas situaciones de precariedad laboral, extrema en muchos casos, con derechos en el trabajo completamente conculcados y sometidas casi en régimen de esclavitud. Desmenuzamos las medidas aprobadas por el Gobierno el pasado 21 de junio que establece el paso al Régimen General de la Seguridad Social de este colectivo. Comprobaremos cómo hay cuestiones que han quedado igual o incluso van a empeorar.
 
Por supuesto nos acompañamos de música preciosa de Silvio Rodríguez, del Folklore venezonalo y de una sevillanita para andar calentando motores en vísperas de la Feria de Agosto..., eso sí, unas sevillanas nada comerciales y con enjundia, como diría Scotta, "el poeta pafletario" de nuestro pueblo.


PARA ESCUCHAR EL PROGRAMA DE RADIO, PINCHANDO EN ESTE ENLACE O DIRECTAMENTE EN LA COLUMNA DE LA DERECHA EN EL ivoox DE CLANDESTINO




sábado, 6 de agosto de 2011

ANGUITA, EL ÚLTIMO POLÍTICO


Por casualidad he dado con esta conferencia de Julio Anguita que creo que todo el mundo debería escuchar, especialmente aquellas personas que aún piensan ingenuamente que vivimos en una verdadera democracia. Se puede estar de acuerdo o no con lo que dice Anguita, pero sin duda él ha sido el último político merecedor de tal nombre: un hombre íntegro y honesto, fiel a sus ideales, su proyecto y sus votantes por encima de todo y de todos, a años luz de los gestores y los lacayos de la oligarquía financiera que desde hace ya muchos años se han dedicado a vender el estado y socavar la democracia. Me gusta particularmente la dura crítica que hace de tod@s nosotr@s, l@s ciudadan@s que por activa o por pasiva hemos permitido que se llegue a esta situación.

"LA CRISIS DE LA CIVILIZACIÓN, ¿POR QUÉ UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA?"
Coín (Málaga), mayo de 2011

Parte 1

Parte 2

Parte 3

Parte 4

Parte 5

Parte 6

Parte 7

Parte 8

Si queréis oírla del tirón, en un solo vídeo, os dejo esta otra que es muy parecida e igual de interesante, pero más centrada en la crisis económica, poniendo el dedo en la llaga al hablar del verdadero problema: la sobre-producción, aunque yo diría que es la falta de control de los medios de producción por los estados y lo que él llama la “crisis de civilización”.

Conferencia "La Crisis de la Civilizacion" a cargo de Julio Anguita, la cual tuvo lugar el pasado dia 11 de marzo de 2011 en Carmona (Sevilla).



Y para terminar el post, os dejo un documento llamado "PROPUESTAS CLARAS PARA UNA DEMOCRACIA CON CONTENIDO" del año 1998.

Estas medidas fueron algunas de las propuestas que Julio Anguita planteó a la dirección del PSOE en mayo de 1998 como base para presentar una alternativa conjunta contra el gobierno de Aznar. Desgraciadamente, visto cómo nos encontramos ahora -trece años después-, no le hicieron caso.

Aún a la fecha de hoy -agosto de 2011-, incomprensíblemente tertulianos y similares de algunos medios se empeñan en criticar la falta de propuestas concretas por parte de los indignados[1]. Simplemente, no quieren escuchar ninguna propuesta, cómodamente instalados en el negacionismo a la espera de que el movimiento 15M se desinfle con el paso del tiempo.

Los establishments políticos y mediáticos españoles jamás se han caracterizado por escuchar a los ciudadanos, a quienes vendieron una idea incompleta de democracia, reducida al mero hecho de depositar una papeleta en una urna cada cuatro años para elegir a uno de los dos partidos urgidos por la gracia del bipartidismo, cuyo reclamo de voto queda más a merced de estrategias de mercadotecnia que de programas electorales propiamente dichos.

Es por ello la necesidad de que cualquier propuesta nacida con la intencionalidad de dar contenido a esta democracia sea difundida entre los ciudadanos, quienes por suerte disponemos de herramientas alternativas a los medios tradicionales. Si la prensa no quiere divulgar propuestas, si algunos medios insisten en negar la existencia de aquellas, hagamos uso de nuestros blogs.

He aquí una serie de propuestas que en su día, por desgracia, no tuvieron tampoco repercusión mediática:

Reforma de la ley electoral:
La ley electoral actual está diseñada para fomentar el bipartidismo, un turnismo de facto que no permite elección real a los ciudadanos de sus representantes; factor que desanima a muchos a ejercer su derecho al voto o, quizás lo que es peor, a limitar sus opciones al mal llamado "voto útil".

Transformar el actual referéndum consultivo en vinculante:
No tiene sentido un estado democrático donde la última palabra ante el resultado de un referéndum la tenga el propio gobierno. En democracia lo lógico sería que las decisiones que se consulten al pueblo fuesen vinculantes.

Reforma de la Ley sobre la Iniciativa Legislativa Popular:
Es decir, que se facilite el proceso y mecanismos por el cual los ciudadanos pueden presentar propuestas para ser debatidas, a nivel local, en los plenos o, a nivel nacional, en el Congreso o convocar un referéndum.

La elección del Fiscal General del Estado ha de recaer sobre el Parlamento:
Actualmente es el Gobierno quien nombra al Fiscal General del Estado. Con esta propuesta se garantizaría su imparcialidad.

Reforma de la moción de censura:
El modelo de moción de censura constructiva que se contempla en España, en la práctica blinda a los gobernantes en su cargo, pues es harto difícil que grupos políticos dispares no sólo lleguen a un acuerdo para forzar la sustitución de un cargo, sino que también lo alcancen para plantear a un sustituto.

Revocación de los ministros en el Parlamento:
En España sólo puede ser revocado un ministro bajo la orden del presidente quien, evidentemente, fue quien decidió ponerlo en su cargo. Es deseable que la revocación de un ministro pueda ser decidida en el Parlamento, como ya contemplaba la Constitución de la II República.

Reforma de la financiación de los partidos políticos, sindicatos y patronal:
Quien paga manda, así que la financiación de estos entes -tanto con dinero público como privado- es un asunto fundamental para asegurar que sus funciones son llevadas a cabo por el interés de sus representados y no de quienes les pagan.

Transparencia en el Gasto Fiscal:
Es decir, acceso para todos los ciudadanos de los gastos que realizan todas las instituciones incluidas dentro del sector fiscal entre las cuales se encuentran el Gobierno y todas aquellas entidades que producen bienes y servicios públicos. Es un sinsentido que las administraciones se escuden en la Ley de Protección de Datos para no facilitar datos que son del interés de todos.

Código ético para el cargo público:
El cargo público tendrá que prometer que su desempeño será honrado, que está al servicio de los ciudadanos. En consecuencia, cualquier acto de enriquecimiento ilícito tendría que suponer duras sanciones tanto para el cargo corrupto como para sus cómplices.

Elaboración de ley de incompatibilidades:
Quienes detenten cargos públicos tendrán que renunciar a puestos en empresas privadas que puedan generarles conflictos de intereses. A esto habría que añadir que ese estatus de incompatibilidad tendría que prolongarse por muchos años después de su paso por la política[2].

Ley expropiadora de los bienes adquiridos mediante prácticas corruptas:
No ha de bastar con la cárcel para los corruptos. Cualquier enriquecimiento ilícito ha de ser investigado y los bienes revertidos a las arcas públicas de donde salieron. La Agencia Tributaria tiene profesionales y herramientas suficientes para investigar a los corruptos, sus entornos y detectar movimientos sospechosos de capital.

Regulación de los casos de transfuguismo:
No tiene sentido en democracia que el escaño pertenezca al diputado, es de recibo que éste sea propiedad del partido político, pues a este último es a quien han votado los electores.

Derecho a los medios de comunicación de titularidad pública:
Los ciudadanos, representados por asociaciones de vecinos, ONGs, han de tener derecho a acceder a estos medios con objeto de fomentar la participación ciudadana y la información.

Ley anti-trust de medios de comunicación :
Es necesario que se impida que un mismo propietario tenga varias cadenas, periódicos, pues se pone en riesgo la neutralidad informativa y la pluralidad ideológica. Actualmente se vive en pleno proceso de concentración de medios, cuya primera víctima fue la cadena CNN+.

Ley de participación de los ciudadanos en las instituciones democráticas:
La ciudadanía ha de avanzar hacia la democracia participativa. El estado y las administraciones han de articular los medios necesarios para implicar a la ciudadanía a participar en las tomas de decisiones de sus gobernantes. Es necesario para ello transparencia e información. Los ciudadanos tienen el deber de saber cómo se administran los impuestos que pagan, sin duda el mejor y más eficaz mecanismo anticorrupción.

Notas:
[1] Las primeras propuestas del movimiento 15M fueron publicadas el 20 de mayo, apenas cinco días del nacimiento del movimiento.

[2] Se recomienda el artículo Reflexiones sobre los salarios de los políticos.