lunes, 15 de febrero de 2010

EL FUTURO DEL SAHARA EN VÍA MUERTA

PÚBLICO
15/02/2010
Trinidad Deiros
http://www.publico.es/internacional/294537/futuro/sahara/sigue/via/muerta

La negociación entre Marruecos y el Polisario continúa sin fecha tras la reunión de Nueva York
La historia de la búsqueda de una solución para el Sáhara Occidental, el último territorio no autónomo del continente africano, es la de planes de paz convertidos en papel mojado, un referéndum eternamente torpedeado por Marruecos, y reuniones que sirven para poco más que demostrar que la solución a esta descolonización inconclusa sigue aún muy lejos.
El miércoles y el jueves de la semana pasada tuvo lugar en Armonk, a 50 kilómetros de Nueva York, la última de estas reuniones entre Marruecos y el Frente Polisario. Una cita descrita como "informal", calificativo que deja claro que ni siquiera se trataba de negociar el futuro de la que fuera provincia española número 53 hasta 1975 cuando Marruecos se anexionó el territorio, sino tan sólo de lograr que las partes se pusieran de acuerdo en fijar una fecha para la quinta ronda de negociaciones del proceso de Manhasset, un diálogo que lleva en el limbo desde marzo de 2008.
Pero ni siquiera este objetivo se ha logrado. La segunda reunión informal la primera tuvo lugar en Viena en agosto ha terminado con un vago compromiso de proseguir las conversaciones auspiciadas por la ONU. Sin fecha.
"Se presentaron y discutieron de nuevo las propuestas de las dos partes. Al final de la reunión, ninguna de ellas aceptó que la propuesta de la otra fuera la única base de futuras negociaciones", hizo saber a través de un comunicado el enviado especial del secretario general de la ONU para el Sáhara, el estadounidense Christopher Ross.
Mientras que el Frente Polisario sigue insistiendo en que se respete la legalidad internacional y el derecho de autodeterminación de los saharauis, Marruecos se aferra a su plan de autonomía, rechazado por los independentistas porque excluye la mera posibilidad de la independencia. Este proyecto, presentado en 2007 a Naciones Unidas, es para muchos observadores difícilmente concebible en un Estado jacobino fuertemente centralizado como es el marroquí.
A pesar de que el diario Le Matin, portavoz oficioso del Palacio Real, aseguraba antes de la cita en Armonk que el contexto actual "es de los más favorables a la postura marroquí", acontecimientos como la enorme repercusión mediática internacional de la arbitraria expulsión de Aminatu Haidar parecen apuntar en la dirección contraria.
"La situación se ha complicado muchísimo para Marruecos en el terreno diplomático", considera Omar Bulsan, responsable de Territorios Ocupados del Frente Polisario. En su opinión, "las violaciones de derechos humanos en los territorios ocupados están poniendo a los marroquíes en una situación muy difícil".
"54 presos políticos"
La exigencia de que se respeten los derechos humanos de los saharauis y especialmente la liberación de los 54 presos políticos que según el movimiento independentista están recluidos en cárceles de Marruecos, ha sido "uno de los aspectos que la delegación del Polisario ha llevado a la reunión de Nueva York", explica Bulsan.
Ya antes del caso Haidar, Marruecos había sufrido varios reveses, agravados porque, en los últimos meses, los reproches no han venido de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, sino del Parlamento Europeo.
En enero de 2009, la Eurocámara hizo público un informe sobre la situación del Sáhara Occidental elaborado por una comisión ad hoc que había visitado tanto la zona ocupada por Marruecos como los campamentos de Tinduf (Argelia).
Aunque tras una filtración de su contenido, Marruecos consiguió pulir algunos de los términos que se recogían en el documento, Rabat no logró que se eliminara la segunda de sus recomendaciones: la ampliación del mandato de la misión de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental (MINURSO) con el fin de dotarla de competencias en la vigilancia de los derechos humanos. Marruecos se opone con todas sus fuerzas a esta posibilidad que es también una vieja reclamación del Frente Polisario.
Francia al rescate
Finalmente, en abril de 2009, Francia, el adalid de Marruecos en la ONU, logró paralizar la ampliación de las competencias de la misión en el Consejo de Seguridad, donde ocupa un asiento permanente. Tras el caso Haidar, la cuestión vuelve a estar ahora sobre la mesa cara a la renovación del mandato de MINURSO en el mes de abril.
A la cuestión de los derechos humanos, se ha sumado en enero la discusión sobre la explotación de los recursos naturales del Sáhara por parte de Marruecos. Un dictamen de los servicios legales del Parlamento Europeo criticaba el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, que incluye las aguas saharauis, por considerar que los beneficios de estas no repercuten "adecuadamente" en el pueblo saharaui.
El debate de este informe, previsto para el 28 de enero, está aplazado sine die desde entonces. "Tras este dictamen, la UE debería ser coherente y excluir las aguas saharauis del convenio pesquero", señala Javier García Lachica, del Observatorio de Recursos Naturales del Sáhara (WSRW).
Pese a lo que define como "torpezas alucinantes" del régimen marroquí, Bernabé López, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, considera que la situación diplomática de Marruecos no ha variado sustancialmente, porque "ya era complicada desde hacía años".
"La comunidad internacional no va a hacer nada; ni ampliar el mandato de MINURSO, ni cambiar el acuerdo de pesca ni nada", asegura. En opinión de este experto "la única salida para el Sáhara es hacer cambiar a Marruecos desde dentro".
La historia de un referéndum relegado al olvido
El referéndum
En la cumbre de la Organización de la Unidad Africana de Nairobi, en 1981, Hassan II acepta la idea de un "referéndum confirmativo" sobre el Sáhara Occidental.
El plan de arreglo
En mayo de 1991, Marruecos y el Frente Polisario acuerdan un alto el fuego, que entró en vigor en septiembre, y la celebración de un referéndum, que debía tener lugar en enero de 1992.
El problema del censo
En octubre de 1994, Marruecos presenta una lista con 160.000 electores, mientras que el Polisario defiende otra con unos 70.000. El movimiento saharaui exigía que el censo se basara en el elaborado por España antes de abandonar el territorio, mientras que Rabat pretendía incluir a miles de miembros de agrupaciones tribales que no cumplían los requisitos del Plan de Arreglo, como residir antes en el territorio.
Los acuerdos de Houston
En 1996, la ONU suspendió el proceso de identificación de votantes para la consulta. Un año después, gracias a James Baker, nuevo enviado especial de la ONU para el Sáhara, se reanuda el proceso de identificación tras los llamados Acuerdos de Houston.
La suspensión
En diciembre de 1999, el Consejo de Seguridad suspende el referéndum ante el alud de apelaciones al proceso de identificación -134.000- presentadas por Marruecos.
Los planes Baker
Después vino el plan Baker I, rechazado por el Frente Polisario porque no contemplaba la posibilidad de la independencia, y el Baker II, descartado por Rabat porque sí recogía esa opción. En 2004, Baker dimite.
Manhasset
Desde 2004, ninguna propuesta de arreglo ha prosperado. En junio de 2007, las partes inician en Manhasset (EEUU) un diálogo que se paraliza en 2008.

GARZÓN CAZADO POR EL DEMOFASCISMO


Manuel Fernández Trillo
Historiador y Profesor de Derecho en Málaga
InSurgente
http://insurgente.org/modules.php?name=News&file=article&sid=19311

Es sabido que a Baltasar Garzón lo tienen envuelto en un asunto judicial en que se le imputa el delito de prevaricación por el que le podrían condenar a 20 años de inhabilitación. El hecho: iniciar un procedimiento para investigar los crímenes del fascismo español desde 1936 a 1952, en que imputa a 38 bandidos dirigidos por el exgeneral Francisco Franco (ver Gaceta 22 de julio de 1936) un delito imprescriptible de lesa humanidad y responsables de un delito continuado de secuestro dado que decenas de miles de republicanos aún no han aparecido después de ser detenidos y conducidos a lugares desconocidos de los que no han vuelto jamás (se hallan en las cunetas y barrancos de España).

Los acusadores contra Garzón son falangistas con mando en plaza, pues al día de hoy mantienen su partido legalizado aun a pesar de la indeseable Ley de Partidos del año 2002. Cualquiera que sea la acusación y la ideología que profese tiene ese derecho y por tanto nada se puede objetar, y si alguien considera que su ideología fascista le invalida para presentarse ante los tribunales que los legisladores “demócratas” cambien la ley (en otros países –Alemania, p.e.- no pueden actuar como tales nazis). Pero el poder, el Gran Poder, está imbuido de ideología fascista – banqueros, empresarios, políticos, gobernantes, clerigalla, jueces, fiscales, abogados, periodistas, escritorzuelos, enseñantes…- que con gran descaro han favorecido la promulgación de leyes que criminalizan a cientos de miles (millones) de personas en España. Contra estas leyes no he visto que protestaran los que ahora salen a defender al “juez estrella” del “todo es ETA”, por el que han ido a parar a la cárcel personas más dignas que él, y a quienes les han destrozado la profesión que ejercían y hasta la propia vida.

Ha sido cazado por las leyes demofascistas, las mismas –que ahora tan injustas les parecen- fueron aplicadas en sentido lato (y estricto) contra ciudadanos cuyo único “crimen” era –es- luchar contra el sistema económico y político imperante. Los seguidores del bandido Francisco Franco son más –muchos más de los que estuvieron el otro día en el cementerio acompañando a “Petón”- pues basta mirar las disposiciones legales del Gobierno actual y pasado, a los miembros de las Cortes –empezando por su presidencia- y al Tribunal Supremo, para comprender que el franquismo (el fascismo español) sigue dirigiendo la convivencia. Fascismo es la “doctrina Parot” (idea de ese juez de la AN cuya sala penal preside); fascismo es la Ley de Partidos de 2002; fascismo es la sucesiva reforma del Código Penal (léase el art. 508 y piensen los trabajadores si pueden ser condenados a prisión con ese artículo en la mano de un juez como Garzón que suponga que “todo es crimen”); fascismo es acabar con la persecución de delitos de lesa humanidad para salvar a los gobernantes del Estado Judío de Israel, fulminando de ese modo la justicia universal; fascismo es la aplicación del FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento) e igual de fascista callar ante tal ignominia sabiendo que existe (esto es para que tomen nota los de la Plataforma de Apoyo a Garzón y juristas anexos); fascismo es aceptar los presupuestos políticos de la Ley de Amnistía de 1977 donde igualaron a verdugos y víctimas como si ambos tuvieran la misma responsabilidad criminal; fascismo la aplicación retroactiva de las leyes penales perjudiciales para el justiciable; fascismo es investigar la vida de una persona y aportar como hecho criminal si estuvo en el entierro de un amigo; fascismo es esa ley de Memoria Histórica que no persigue a los criminales franquistas, vivos o muertos (a los muertos tampoco los sacaríamos de sus tumbas como al Papa Formoso después de un Sínodo Horrenda, sólo se aplicarían las disposiciones de régimen constitucional republicano perdiendo todos ellos el “grado” que usurparon durante los últimos 70 años). (Interminable sería la relación de actos, leyes, y dictados todos ellos amparados en la “democracia borbónica”).

Cazado por los fascistas es víctima de esas mismas leyes que el propició, defendió, y usó contra quienes él entiende que son sus enemigos. O participa de la misma ideología que sus perseguidores actuales –en todo o en parte- o ha sido el tonto útil haciendo el trabajo sucio aplicando las mismas leyes (el “espíritu legal” del que está informado todo el aparato legal y jurídico) mientras los más recalcitrantes se frotaban las manos sin dar la cara (“que haga, dejadlo, que haga”). Me resulta muy provechoso para la limpieza del sistema judicial, y de la legislación, que se persiga a uno de los suyos porque de ese modo, se desvelará algo que permanecía escondido: que vivimos en el demofascismo.

Yo no apoyaré a este imputado; que con su pan se lo coma; y que reviente junto con todo el sistema político-legal que se ha montado en el post-franquismo (“todo atado, y bien atado”, dijo el gran dictador). Ahora prueba en sus propias carnes el látigo que él tantas veces usó para encarcelar a personas inocentes de todo cargo. Que el Tribunal Supremo es una caterva de trileros lo sabe quien está al tanto de sus sentencias; que el Tribunal Constitucional –al que acudirá en amparo- es un jaula de grillos en que todos cantan desde la noche del fascismo (juraron en su mayoría los Principios del Movimiento Nacional); que el Gobierno –sea quien sea quien lo presida- es el brazo armado del demofascismo no hay quien lo niegue (como dijera el gran Enrique Santos Discépolo). La indignación de algunos por esta persecución no deja de ser una indignación parcial, pues se olvidan de las víctimas de las leyes que el propio Garzón ha utilizado, cuando no propiciado de modo directo o indirecto (Ley de Partidos Políticos de 2002) favoreciendo el desarrollo y ampliación del sistema político y legal que nos toca soportar y contra el que pocos, muy pocos –aún- se alzan cada día.

sábado, 13 de febrero de 2010

RESPONDER A LA EXTORSIÓN


Juan Torres López
http://www.attac.es/responder-a-la-extorsion/
www.juantorreslopez.com

Los financieros, los bancos y las agencias de rating que trabajan para ellos provocaron una crisis gigantesca. Para poder ganar más dinero influyeron de mil modos sobre los gobiernos y consiguieron que éstos y los bancos centrales cambiaran las normas legales e hicieran la vista gorda ante la acumulación ingente de riesgo que soportaban para ampliar sin cesar sus beneficios. Impusieron un modo de producir y de repartir desequilibrado e irracional, alimentando una burbuja detrás de otra. Y terminaron por quebrar y descapitalizarse. Obligaron entonces a que los gobiernos intervinieran y pusieran a su disposición billones de euros. Gobiernos, como el español, que hasta entonces incluso habían tenido superávit presupuestarios tuvieron que endeudarse.

Los financieros y los bancos, con el apoyo de las agencias de rating que trabajaban para ellos, suscribieron esa deuda en gran parte con el dinero que los propios gobiernos y bancos centrales les daban para salvarlos de la quiebra y para lograr que así refluyera el crédito, cuya carencia había provocado la paralización de la actividad económica, el cierre de miles de negocios y el desempleo.

Pero a los financieros, a los bancos y a las agencias de rating que trabajan para ellos solo les importa recuperar sus inversiones al coste social que sea y con la mayor seguridad y rapidez posible, así que no utilizaron esos recursos para ello sino para ganar enseguida más dinero. Se dispusieron entonces a presionar a los gobiernos y a los bancos centrales para que estos actúen con el único fin de que sus inversiones en la deuda estén seguras y puedan recuperarlas lo más pronto posible sin tener que cargar con el coste de la crisis que ellos mismos habían provocado. Y como llevan haciendo todo esto desde hace mucho tiempo tienen ya el poder suficiente como para conseguir que esa sea, efectivamente, la secuencia de los hechos una vez y otra. Si el gobierno va por otro lado las presiones se desatan. Si hace lo que les conviene, la patronal o algún gran banquero le concederá algún momento de respiro.

Ésta es la historia y parece que el presidente Rodríguez Zapatero lo ha podido comprobar directa y personalmente en su inoportuna visita a la Cumbre de Davos. Hablemos claro: los financieros, los bancos y las agencias de rating que trabajan para ellos están extorsionando al gobierno de España. Lo están llevando al terreno que ellos quieren y al que les conviene: el de la improvisación, el de la renuncia a sus propuestas anteriores y a sus compromisos electorales, al que lo separa de sus socios naturales y de su base electoral, el que lo llena de contradicciones y lo deja, no hay más que verlo, como un boxeador inexperto bamboleándose de un lado a otro de la lona.

Lo que buscan es derrotarlo fuera de las urnas haciéndole que quede a la deriva y que salten por los aires sus alianzas con los sindicatos y con el electorado para poder imponerle así políticas que saben que nunca podrían aplicarse si se tuvieran que decidir mediante una confrontación electoral democrática.

Los ciudadanos deben saber que los financieros, los bancos y la gran patronal, con la ayuda de los economistas liberales y de los organismos financieros que trabajan para ellos, no le están imponiendo al gobierno de España la salida a la crisis, como todos ellos dicen, sino la respuesta a la crisis que mantiene sus privilegios, que garantiza que puedan seguir teniendo cantidades ya inmorales de beneficio y que deja que las cosas sigan como siempre han estado. Pero esa es justamente la salida de la crisis que volvería a provocarla de nuevo.

Es sencillamente falso que para crear empleo, como dicen la patronal y los economistas liberales, haya que actuar solamente en los mercados de trabajo. Sin perjuicio de que haya que procurar que haya un marco adecuado de relaciones laborales (que no puede ser simplemente el que da todo el poder a los empleadores) lo que hay que procurar para ello es recuperar la demanda y los mercados de bienes y servicios. ¿De qué les va a servir a los empresarios que los salarios sean más bajos si luego no disponen de mercados con demanda efectiva suficiente donde puedan vender las mercancías que producen? ¿O es que quieren que España se limite a competir a la baja convertida en una economía barata al servicio del capital extranjero?

Por eso, reducir los derechos sociales, precarizar aún más el empleo, disminuir los salarios, renunciar al gasto público y social que se precisa para apoyar un modelo productivo que consolide a la economía española y a una fiscalidad más justa y que generase otro tipo de incentivos a los sujetos económicos, solo dará lugar a que los más ricos lo sean cada vez más y a que la economía española se consolide como una economía de segunda, desvertebrada, dependiente y simplemente especializada en proporcionar bienes y servicios de baja calidad. Pero así nunca se podrá conseguir que la economía española despegue y se modernice definitivamente, que disponga de un mercado interior más potente (algo que en realidad no le importa a los Adolfo Domínguez y compañía que tienen a su disposición mano de obra siempre más barata y mercados selectos en cualquier otra parte del mundo), que se reindustrialice, que genere empleo de calidad y renta suficientes para todos y que no tenga que dedicarse a actividades que destrozan nuestro medio natural e hipotecan el bienestar de las generaciones futuras. Esa no es una verdadera salida de la crisis.

La situación a la que ha llegado el gobierno es difícil, sobre todo, cuando se encuentra además con las restricciones que impone nuestra presencia en la Unión Europea. Ha renunciado a tener un proyecto económico propio al convertir al partido que lo sostiene en una claque* en lugar de servirse de su organización como fuente de pensamiento y de propuestas alternativas. Y ha puesto el diseño y la ejecución de la política económica en manos de personas que explícitamente defienden y proponen las medidas que reclaman la patronal empresarial y bancaria. Así, y cediendo a la extorsión de los mercados, será muy difícil que cuente con el apoyo de los sindicatos y perderá lentamente el de todos los ciudadanos hasta el punto en que la situación puede llegar a ser insostenible.

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero necesita el apoyo de los ciudadanos que no queremos una España de resabios franquistas, incapaz de convivir plenamente con las libertades civiles y controlada por los mismos grupos oligárquicos de siempre. Pero no es lógico que reclame ese apoyo gratuitamente y mientras pone en marcha políticas que en realidad solo benefician a estos grupos.

En una situación tan delicada como la actual, sería necesario que los ciudadanos supieran quién ha provocado de verdad la crisis y por qué, quién ha puesto las bases para convertir a la economía española en un espacio productivo tan débil y vulnerable y por qué, y qué se logra de verdad con unas medidas políticas o con otras. Con la fuerza de su propio partido, de otros que sin duda podrían y deberían apoyarle en ese camino, de los sindicatos y del más directo de los propios ciudadanos, el Gobierno podría estar entonces en condiciones de proponer un equilibrio diferente a la sociedad española, un pacto de rentas frente a una situación excepcional, y tratar así de hacer frente de otra forma a las dificultades derivadas de la actual conformación y equilibrio de poderes en la Unión Europea, algo que nos está resultando muy desfavorable por su propia naturaleza y por nuestra falta de proyecto propio.

Hace unos meses escribía Nicolás Sartorius que lo que se necesita es “modificar la dirección de la historia de España en términos económicos” y que ello “exige un nuevo contrato y unas nuevas reglas. Un contrato donde se especifique lo que cada parte debe aportar -y no realidades frente a promesas- y nuevas reglas que impidan, en lo posible, que se repita dentro de un tiempo el mismo desastre, acrecentado”. (EL PAÍS, 28 de octubre de 2009).

En un esfuerzo de ese tipo, que naturalmente ni sería fácil ni tampoco apoyado gratuitamente por nadie, el gobierno de Rodríguez Zapatero podría encontrar un nuevo y decisivo impulso. Si no lo hace, es fácil adivinar lo que va a ocurrir.
*Claque: Grupo de personas que asisten a un espectáculo con el fin de aplaudir en momentos señalados.

Juan Torres López
Consejo Científico de ATTAC España
Catedrático de Economía Aplicada del Departamento de Teoría Económica y Economía Política de la UPO de Sevilla.

viernes, 12 de febrero de 2010

EL SÁHARA Y LA SEGURIDAD DE ESPAÑA


EL PAÍS.


La propuesta de autonomía de Marruecos significa legitimar una modificación de las fronteras heredadas de la época colonial y hacer tabla rasa del principio de autodeterminación. La vía sigue siendo el referéndum


El conflicto del Sáhara occidental causado por la ocupación marroquí es de acuciante actualidad para los países de nuestra región, para la ONU y para las grandes y medianas potencias que buscan incidir en el curso de los acontecimientos que determinarán de una forma u otra la configuración futura del Magreb.

Tras el regreso de Aminetu Haidar a El Aaiún y teniendo en mente la próxima ronda de negociaciones saharaui-marroquíes, aparecieron de forma sincronizada artículos de "opinión" en diferentes medios de prensa españoles, de los que sobresale el firmado por Máximo Cajal, (El Sáhara y la razón de Estado; El PAÍS, 11 de enero de 2010), que ofrecen al lector argumentos y profecías para justificar el intento marroquí de anexionar el Sáhara Occidental.
Llama la atención el recurso a la profecía sobre la inseguridad futura que se derivaría de la independencia saharaui. Como elemento de juicio y análisis para escudriñar el futuro en busca de la certeza, la profecía es algo que los grandes profetas han evitado, dejando sin respuesta preguntas cruciales planteadas por los fieles acerca del futuro de la humanidad.
La inseguridad es algo que ha acompañado al hombre desde sus orígenes. El hombre es un lobo para el hombre que podríamos extrapolar a las naciones. Las sociedades organizadas en un marco nacional o internacional han invertido enormes esfuerzos para lidiar con el caos creado por la inseguridad. Se han articulado sistemas nacionales -llamados Estado de derecho- e internacionales, hoy representados por la Carta de la ONU, que convergen en la idea esencial resumida por Benito Juárez cuando dijo aquello de "entre los individuos como entre las naciones, la paz es el respeto al derecho ajeno".
Marruecos se resiste a aceptar esta verdad y recurre a una táctica de diversión, al argumento de la seguridad, espoleando el temor de otros, presentándose como la garantía absoluta ante el miedo, en la esperanza de que sea considerado como factor exclusivo y determinante en la solución del conflicto del Sáhara Occidental. Marruecos, como cualquier otro país en estos tiempos, tiene problemas de seguridad, pero éstos no son evidentemente fruto o resultado de la independencia del Sáhara Occidental, ya que sigue estando bajo ocupación, ni están relacionados con dicha independencia.
Resulta obvio también que los esfuerzos que Marruecos ha venido haciendo para convencer a ciertas capitales sobre una relación entre el Frente Polisario y cualquier conato de inseguridad en la llamada región del Sahel no son creíbles. Es arar en el mar.
Debemos sin embargo ser ecuánimes. Marruecos agrava su propia inseguridad y la de la vecindad geográfica al perseverar en el prolongado y costoso intento de modificar por la fuerza las fronteras heredadas de la época colonial, que es el principio básico sobre el que descansaba la seguridad y estabilidad del conjunto regional. La propuesta de autonomía que ofrece como la "única solución" al conflicto significa legitimar esa modificación de las fronteras y hacer tabla rasa del principio de autodeterminación para una cuestión de descolonización, sin darse cuenta tal vez de que con ella no hace sino abrir una caja de Pandora dentro del propio Marruecos que haría verídico aquello de ir por lana y regresar trasquilado.
No es por tanto la vía más apropiada para resolver el conflicto actual ni para afianzar la seguridad tanto de Marruecos como de la región y por consiguiente de España. El reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) por la Unión Africana y particularmente por los países de la región -Argelia, Mauritania y Malí- no ha podido ser zarandeado por la diplomacia marroquí porque a través de ese reconocimiento el Continente y la región insisten en subrayar la íntima relación entre la seguridad, la libre autodeterminación y la intangibilidad de las fronteras que cada país heredó de la época colonial.
Es más fácil volver al compromiso inicial que Marruecos había suscrito ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas consistente en cooperar con la Comunidad Internacional en la organización de un referéndum de autodeterminación abierto a todas las opciones reconocidas por la ONU, que incluyen la independencia del Sáhara Occidental, y trabajar con los ojos puestos en el futuro para que las relaciones con la RASD sean de amistad y cooperación privilegiada, incluido el ámbito de la seguridad regional. Esto fue lo que hemos ofrecido a Marruecos a través de la propuesta de solución de la que tomó nota el Consejo de Seguridad en abril de 2007.
Marruecos finge que no ha firmado varios planes de paz, que no ha visto nada, que no ha oído nada, porque en el fondo no está interesado en una solución del conflicto. Parece insinuar que la no solución es la mejor solución ya que sus dividendos internos son por ahora tangibles, hasta el día en que el cántaro de la lechera se rompa. Es en reflejo de ello como se explica la insistencia en otra operación de diversión. La acusación a Argelia, que algunos en España asumen como propia. Tal acusación es cuanto menos infantil, poco seria, y particularmente contraproducente para Marruecos y para los intereses estratégicos de España.
De un lado, España obtiene de Argelia parte esencial de la energía que protege a millones de familias del crudo invierno. La relación de confianza existente entre los dos países se refleja en el acuerdo sobre un nuevo gasoducto que llegará a Almería. Grandes empresas españolas se benefician de suculentos contratos firmados con este país que por sus riquezas naturales tiene medios para sufragar grandes proyectos económicos. Argelia no tiene ningún contencioso territorial con España ni ha enviado, ni amenaza con hacerlo, a miles de "emigrantes" a las costas españolas. Su contribución a la seguridad regional e internacional es reconocida y apreciada por las grandes potencias. Argelia es, se quiera o no, la potencia regional indispensable sin cuyo consentimiento y aprobación nada podrá ser considerado como definitivo en la región del Magreb.
De otro, el primer gasoducto que llevó gas argelino a España pasa todavía por territorio marroquí. Fue una decisión política de amistad hacia Marruecos que le sigue permitiendo a Rabat percibir anualmente 100 millones de dólares. Fue una invitación al futuro, de apuesta concreta por el proyecto magrebino que no fue correctamente apreciada por las autoridades marroquíes.
La amistad de Argelia con la RASD no es un secreto; pero insinuar que de esa amistad y de la densidad actual de sus relaciones con Madrid emergería un peligro para Marruecos o para España cuando la Historia, los hechos y las intenciones prueban lo contrario, es una insinuación que no concuerda con la lógica.
Nadie está más interesado por la seguridad en el área que la RASD y sus amigos en la región, y tenemos experiencia y voluntad política para asumir la parte que nos corresponde para contribuir, hoy y mañana, a la seguridad de todos, en el marco de una seguridad compartida, en perfecta consonancia con el principio de legalidad internacional.
Éstos son hechos e intenciones verificables. No profecías.

Ahmed Bujari es representante del Frente Polisario ante la ONU.

lunes, 8 de febrero de 2010

EL MINISTERIO DE INTERIOR DICTA ÓRDENES SECRETAS PARA LA EXPULSIÓN EXPRÉS DE INMIGRANTES


Inmigrantes subsaharianos que se encontraban en situación irregular en España llegan a Senegal tras ser repatriados desde las Islas Canarias

Da instrucciones para que los expedientes de deportación se ventilen a la «mayor brevedad y en el tiempo mínimo imprescindible»
http://www.ideal.es/almeria/v/20100208/espana/interior-dicta-ordenes-secretas-20100208.html

A partir de ahora, los inmigrantes 'sin papeles', los abogados que les defiendan de una posible expulsión, los fiscales e incluso los jueces no conocerán cómo aplica e interpreta la Policía la nueva Ley de Extranjería en sus detenciones de irregulares y en la deportación de clandestinos. El Ministerio del Interior ha dictado una circular sobre «actuaciones policiales» en materia de extranjería en la que ordena que los expedientes de expulsión se tramiten «a la mayor brevedad y en el tiempo mínimo imprescindible». Y todo el procedimiento, advierte el documento, debe ser de máximo secreto.
La apostilla sobre la confidencialidad de esta orden aparece al pie de todas y cada una de las 29 páginas de la circular y sus anexos: «Documento de uso restringido para unidades de extranjería y fronteras del Cuerpo Nacional de Policía. Prohibida su reproducción, difusión, publicación o utilización por personal ajeno a estas unidades». La polémica circular 1/2010, que se ha distribuido por las comisarias y fronteras de toda España, lleva fecha del pasado 25 de enero y la firma del máximo responsable de inmigración de la institución, el comisario general de Extranjería y Fronteras, Juan Enrique Taborda Álvarez.
El secretismo de las órdenes ha sorprendido a los propios mandos policiales. El mismo Taborda, el pasado noviembre, remitió otra circular interna sobre las actuaciones policiales en materia de asilo que no llevaba el sello de 'top secret'. El propio Defensor del Pueblo viene insistiendo en que todas las instrucciones o circulares en esta materia sean publicadas en boletines oficiales para evitar una suerte de 'infraderecho', ajeno al conocimiento de abogados y jueces.
De hecho, la circular, que ha levantado ampollas entre los letrados de inmigración, introduce varios puntos controvertidos y, en algunos aspectos, va mucho más allá de lo que establece la Ley de Extranjería, que entró en vigor el pasado 13 de diciembre, o el reglamento que desarrolla esta normativa. Un aspecto llamativo es que Interior insta sin disimulo a obviar los cambios introducidos por la reforma, que, precisamente, aporta modificaciones importantes en los procedimientos de deportación. «La reforma de la Ley de Extranjería -afirma el documento en caracteres destacados- no supone novedad alguna que implique un cambio en la actuación de las unidades de extranjería o de seguridad ciudadana en la vía pública».
Ante la duda.
En ese sentido las órdenes son claras: «detención preventiva» de cualquiera que, aún siendo regular, no pueda acreditarlo en ese momento en plena calle. «Ante cualquier identificación que se practique y se encuentre ante un ciudadano que no acredite hallarse en situación irregular, en principio, estamos ante una infracción de la ley» y procede la «detención cautelar». Esta «detención cautelar» tiene el amparo de la nueva ley, pero el legislador (en los artículos 61 y 63) sólo habla de ella como una opción («podrá»), no como una obligación. La circular, incluso, introduce una figura jurídica que no aparece por ningún lado en los 72 artículos de la Ley de Extranjería, aunque sí en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana: «la detención a efectos de identificación».
«Cautelares»
Interior ordena esas «detenciones cautelares» con carácter previo al expediente de expulsión, sin saber si hay una causa real que la justifique. Es más, ordena privar de libertad, aun sin conocer si la sanción desembocará en una orden de expulsión, ya que podría terminar en una simple multa. De hecho, el texto está plagado de la expresión «expediente de expulsión», cuando la ley aboga por habla de «expediente sancionador», ya que no todo termina en deportaciones, pues son supuestos de infracciones administrativas, en ningún caso de delitos.
La Comisaría General hace también una interpretación muy personal, que no aparece en la ley ni en el reglamento, sobre cuándo se tramitará un expediente ordinario de repatriación (norma general, según la ley) y cuándo el procedimiento será «preferente» (mucho más rápido y excepcional, según la ley). Obviamente, el documento invita a usar el preferente. Así, por ejemplo, el artículo 62.1 de la ley apunta que uno de los aspectos «a tomar en consideración» para que el juez decida el internamiento de un irregular es el «carecer de domicilio». Interior va mucho más allá y decide, por su cuenta, que hará expedientes exprés de deportación aun cuando el inmigrante tenga domicilio pero que «éste ni sea fijo ni estable, sino temporal o de tránsito».
En el tema del domicilio, para decidir su detención y deportación, el CNP se explaya, mucho más allá de cualquier normativa. Interior ordena, sin que exista referencia alguna en las leyes, considerar que hay un «riesgo de incomparecencia» del extranjero (riesgo de fuga) cuando viva con personas que, a su entender, no son muy de fiar. Esto es, son más confiables los irregulares que «convivan con familiares» con los que tengan «vínculos», que si el extracomunitario habita o ha habitado con «personas diferentes», «si son todos amigos, si algunos amigos y otros conocidos.».
Sin pausa
El espíritu de la orden de Interior queda patente en la preocupación de la Policía de que haya 24 horas al día alguien en la comisaría con potestad para iniciar «el expediente de expulsión a la mayor brevedad y en el mínimo tiempo imprescindible». Por ello, la circular ordena que en todos los puestos haya «delegación de firma», de tal modo que «en ningún caso y en ningún supuesto [esto en negrita] pueda esperarse a que llegue o se persone (el funcionario autorizado) para que dicte el acuerdo de iniciación (del expediente de expulsión)». Es más, insiste en que la «eficacia y agilidad administrativa» en las deportaciones exige que esa delegación de firma «no se efectúe en un determinado, concreto e individualizado funcionario», que quizás en ese momento se haya ausentado de la comisaría, sino que la delegación de firma se haga de manera genérica «al jefe de servicio de la dependencia», lo que garantiza que siempre haya alguien con poder para poner en marcha el procedimiento exprés de deportación.
Interior deja claro que su preocupación son los problemas que los abogados puedan plantearles en los expedientes de expulsión y que es en estos procedimientos donde los funcionarios deben centrar sus esfuerzos, porque en otras figuras (como la denegación de entrada o las devoluciones) ni los letrados con sus recursos pueden hacer casi nada. La Policía recuerda que en las denegaciones y devoluciones para que los defensores puedan «acudir a los juzgados y tribunales» a fin de solicitar la paralización de la deportación es imprescindible un recurso de alzada «y la realidad nos demuestra que en estos casos, cuando se resuelve dicho recurso, el extranjero ya se hallará en su país».
Un dato igualmente chocante, es que esta circular, a pesar de ser un documento oficial, jamás se refiere a la ley por su nombre real (Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social). Interior prefiere usar su denominación popular y policial: Ley de Extranjería.

sábado, 6 de febrero de 2010

AMINETU HAIDAR: UN TESTIMONIO DE DIGNIDAD Y DE LUCHA POR LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SÁHARA OCCIDENTAL


CANARIAS 7
Carmelo Ramírez
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=156588

La huelga de hambre llevada a cabo por Aminetu Haidar en el aeropuerto de Guacimeta, en la isla canaria de Lanzarote, durante 32 días, después de su expulsión ilegal por el Gobierno de Marruecos desde el Aaiun el pasado 14 de Noviembre de 2009, ha puesto en el candelero a nivel internacional el conflicto del Sáhara Occidental, la última de las colonias africanas pendiente de descolonización.

A lo largo de los 32 días de huelga los diferentes medios de comunicación han sacado a la luz la dramática situación que sufre este pueblo desde hace 34 años, fecha en que se firmó el Acuerdo Tripartito de Madrid y el Gobierno de España, traicionando al Pueblo Saharaui, permitió la ilegal ocupación militar del Sahara Occidental por los ejércitos de Marruecos y Mauritania.

Los medios de comunicación, durante estos 32 días, han evidenciado lo siguiente:

- El Gobierno de Marruecos impone sus criterios sus caprichos en el Sáhara Occidental, con la permisividad de los organismos internacionales (ONU y UE) y de las grandes potencias (Francia, EE.UU., España …). Un claro ejemplo ha sido la ilegal expulsión de Aminetu Haidar del Aeropuerto del Aaiun a Lanzarote, contraviniendo las Leyes Internacionales de Libertad de movimiento de las personas y confiscando su pasaporte, lo cual es inadmisible en un Estado de Derecho.
- El Gobierno de Marruecos viola sistemáticamente y de manera permanente los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, reprimiendo a la población Saharaui e imponiendo un clima de miedo y de terror. Estas violaciones, denunciadas por organismos internacionales y organizaciones defensoras de los DD.HH., se materializan en encarcelamientos a los activistas saharauis, torturas, amenazas y allanamiento y destrucción de viviendas y enseres, violaciones a hombres y mujeres, palizas y abandono en lugares deshabitados o basureros, presión sobre los niños y jóvenes y un largo etc.
- Actualmente Marruecos tiene encarcelados a unos 60 defensores saharauis de Derechos Humanos y ha aplicado a 7 de ellos la jurisdicción militar, pudiendo ser condenados a muerte o a largas condenas, sin haber cometido delito alguno.
- El Gobierno de Marruecos impide el acceso a los Territorios Ocupados a observadores internacionales para verificar las violaciones de los DD.HH. y obstaculiza el trabajo de las delegaciones oficiales, como es el caso de la Comisión Ad Hoc del Parlamento Europeo, cuyo informe aún no se ha publicado a pesar de que la visita se produjo en los primeros meses del año 2009.
- El expolio de las riquezas naturales del Sáhara Occidental como los recursos pesqueros, los fosfatos, la arena o los minerales, es una constante que realiza el Gobierno de Marruecos desde hace décadas, vulnerando con ello los derechos del pueblo saharaui, al que pertenecen estos recursos, según el informe Corell de las Naciones Unidas de 2002.
- En definitiva, el Gobierno de Marruecos impide la celebración de Referéndum de Autodeterminación, con todas las opciones, burlándose de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU e imponiendo una situación de ocupación de facto, absolutamente ilegítima e ilegal.

La huelga de hambre de Aminetu Haidar ha tenido la virtud de movilizar a la opinión pública internacional, a instituciones como la ONU o la Unión Europea, a Gobiernos, a organizaciones políticas y sindicales, a instituciones Locales y Regionales, a colectivos de todo tipo, a personalidades como premios Nóbel, a actores y actrices, cantantes, escritores e intelectuales de todo el mundo, alarmados por su estado de salud y por la situación de la población saharaui que sufre directamente la represión del Gobierno de Marruecos.

Lo extraordinario de esta acción ha sido convertir un hecho puntual de dimensiones reducidas, como ha sido la ilegal expulsión del Aaiun, en un hecho de dimensión internacional, con un impacto mediático inimaginable, que ha situado el dossier del Sahara Occidental en primera línea durante los 32 días de huelga de hambre, desenmascarando la verdadera naturaleza del régimen marroquí, absolutamente antidemocrático, de corte medieval, y que no duda en aplicar la violencia y el terror sobre una población civil indefensa y aislada.

¿Cuál ha sido el contexto en que se ha desarrollado esta huelga de hambre?

- En primer lugar, en un contexto de escalada brutal en la represión de los Derechos Humanos sobre la población saharaui por parte del Gobierno de Marruecos, esto se manifiesta en hechos como:

- Los recientes y reiterados discursos del Rey Mohamed VI, llamando traidores a “los que no defiendan la integridad territorial”.
- La aplicación de la Jurisdicción Militar a los 7 activistas saharauis detenidos en Casablanca, acusados de traición y que pueden ser condenados a muerte, sin haber cometido delito alguno.
- La confiscación de documentos de viaje, pasaportes, a los activistas saharauis para impedir su libertad de movimientos y que no pueden salir al exterior.
- El incremento de la represión en los territorios ocupados con encarcelamientos, torturas, palizas y detenciones arbitrarias de activistas saharuis.

- En segundo lugar, en el bloqueo de la celebración del Referéndum de Autodeterminación que posibilite al Pueblo Saharaui decidir su futuro libremente y con todas las garantías democráticas. Este incumplimiento por parte del Gobierno de Marruecos de las resoluciones de la ONU de manera reiterada y permanente sitúa a la región del Magreb en una peligrosa encrucijada si la Comunidad Internacional no presiona al Gobierno Marroquí y le impone el cumplimiento de la celebración del Referéndum de Autodeterminación y el cese de la represión de los DD.HH.

- En tercer lugar, el Gobierno de Marruecos trata de imponer como “única salida posible” un estatuto de Autonomía para el Sahara Occidental. Esta fórmula altera la naturaleza del conflicto ya que se trata de un asunto de descolonización e implica la aceptación de antemano de la soberanía marroquí del territorio. Esta propuesta no ha sido aceptada por la ONU ni la Comunidad Internacional, salvo Francia. A pesar de ello, el Gobierno de Marruecos ha movilizado a sus lobbistas para hacer propaganda de la misma, como “la única solución real al conflicto”. Las opiniones y artículos de gente como Felipe González, Moratinos, Duran i LLeida, Olarte, Máximo Cajal o Arístegui se enmarcan en esta estrategia marroquí de justificar la anexión unilateral e ilegal del territorio del Sáhara Occidental.

- En cuarto lugar, el Gobierno de Marruecos utiliza temas sensibles como el terrorismo, la inmigración irregular o el tráfico de drogas para venderse a los países de Europa y Estados Unidos como el guardián del Norte de África y el garante de la seguridad. A cambio pide apoyo en la ocupación del Sáhara, acuerdos económicos y “homologación democrática y progresista” de su acción de gobierno.

Toda esta estrategia medida, calculada, planificada por el régimen marroquí ha quedado cuestionada con la Huelga de Hambre de Aminetu Haidar. El triunfo de la huelga, con su regreso al Aaiun sin condiciones, acaba con el mito de la impunidad del rey marroquí y de su autoritarismo.

El papel que ha jugado España en este conflicto ha sido contradictorio:

- Por un lado, ha sido ejemplar la reacción de la sociedad española, sus organizaciones sociales, de solidaridad, partidos políticos, sindicatos, instituciones locales y regionales, personalidades del mundo del cine, de la cultura, del arte, de la música, de la información y un largo etc. que han apoyado a Aminetu Haidar en sus 32 días de huelga, se han desplazado a Lanzarote y han impulsado movilizaciones de todo tipo en toda la geografía española.

- Por otro lado, ha sido lamentable el papel jugado por el Gobierno, al servicio de la estrategia marroquí, colaborando en la expulsión de Marruecos, ofreciendo fórmulas como la nacionalidad o el status de refugiada política que condenaba a Aminetu a no regresar al Aaiun nunca más, permitiendo que los ministros marroquíes lanzaran amenazas contra la sociedad española en nuestro propio territorio y evitando en todo momento condenar la violación de los Derechos Humanos por el Gobierno de Marruecos.

El Gobierno de Francia ha justificado y defendido las acciones de Marruecos sin importarles nada la violación de los Derechos Humanos o el incumplimiento de los acuerdos de la ONU. Además ha reiterado su posición de defensa de la autonomía marroquí del Sáhara Occidental vulnerando los acuerdos internacionales y los derechos del Pueblo Saharaui.

El regreso de Aminetu a su casa supone el triunfo de la dignidad, de la tenacidad de esta mujer, sobre la manipulación, la violencia y la intolerancia del régimen marroquí.
¿Cómo ha sido posible este triunfo? ¿Cómo una mujer sola e indefensa ha podido doblegar a una dictadura tan feroz como la que representa el Gobierno de Marruecos y su Rey?

Hay que considerar algunas cuestiones:

1) Tanto el Gobierno de Marruecos como el de España no calcularon la entereza y la capacidad de lucha de Aminetu Haidar, una mujer de fuerte personalidad, de sólidos principios, forjada en la adversidad, que ha sufrido la cárcel, las torturas y las humillaciones, pero que jamás se ha doblegado a la tiranía que representa el Rey de Marruecos.

2) Aminetu Haidar es una militante, activista por el respeto a los Derechos Humanos de su pueblo, luchadora por el Derecho de Autodeterminación del Pueblo Saharaui, que ha decidido consagrar su vida a la lucha por estos principios, que ama profundamente a su pueblo y que sufre en carne propia el oprobio, las humillaciones y los abusos que el Gobierno de Marruecos realiza en el Sáhara Occidental. Arriesgar su vida con la huelga de hambre es un acto de valentía y de determinación ante la intransigencia marroquí y la permisividad de la ONU y de la Unión Europea.

3) Los 34 años de lucha del pueblo saharaui, de la RASD, del Frente Polisario y del Movimiento de Solidaridad han creado un estado de opinión latente que se ha movilizado con la huelga de hambre y se ha mantenido durante los 32 días que ha durado con iniciativas, acciones, movilizaciones y declaraciones en todos los lugares y ámbitos sociales, territoriales e institucionales. Es lo que se volvería a crear si Marruecos continúa con la política de hechos consumados.

4) La plataforma de apoyo a Aminetu Haidar, que acompañó los 32 días de huelga, jugó también un papel muy importante para movilizar la opinión pública y llevar mediáticamente el tema a todos los rincones del planeta.
El grupo de medios de comunicación y de periodistas ha jugado un papel clave en este conflicto y ha contrarrestado las campañas de intoxicación del Rey de Marruecos y sus Ministros.

5) La causa saharaui es la causa de la justicia, de la defensa de los intereses de un pueblo indefenso, que sufre desde hace 34 años la represión marroquí. Es la causa de los débiles, de la defensa de los Derechos Humanos, de la legalidad internacional y de la aspiración de este pueblo a vivir libremente en un territorio que le pertenece y que se le ha arrebatado violentamente. Estos principios éticos han logrado convencer a la opinión pública mundial al encarnarse en Aminetu Haidar con su huelga de hambre.
Este es el triunfo de la ética y de la razón sobre la hipocresía y la mentira.

6) También la imagen de una mujer, débil e indefensa, víctima de la brutalidad del Estado Marroquí, que a través de métodos pacíficos como la huelga de hambre, reivindica su derecho a regresar a su casa y a reunirse con sus hijos ha impactado extraordinariamente en la conciencia social, en la opinión pública, y ha contribuido decisivamente a su movilización. Esto, unido además a la dimensión internacional de Aminetu, reiteradamente galardonada por su defensa de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental.

Transcurrido más de un mes desde la finalización de la huelga de hambre y el regreso de Aminetu al Aaiun el Gobierno de Marruecos sigue empecinado en su estrategia fracasada:

- La policía ha sitiado la casa de Aminetu, impidiendo su libertad de movimiento y el acceso de los saharauis para saludarla.
- Continúa el comportamiento brutal del Gobierno de Marruecos: represión, palizas, encarcelamientos y torturas a la población civil saharaui.
- Impide la celebración del Referéndum de Autodeterminación y continua con su trasnochado estatuto de autonomía para la región.
- Confisca los documentos de viaje y los pasaportes a los activistas de Derechos Humanos, así como la no renovación de los mismos, para impedir su salida del territorio.
- Amenaza con aplicar con dureza máxima la legislación militar a los 7 encarcelados en Casablanca.
- Impide el acceso al territorio a observadores internacionales y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
- Trata de conseguir contrapartidas políticas y económicas con la Unión Europea y Estados Unidos.

Ante todo esto, después de 34 años, hay que seguir reiterando que la única solución estable, duradera y pacífica pasa por dos cuestiones absolutamente innegociables e irrenunciables:

1) El ejercicio por el Pueblo Saharaui del Referéndum de Autodeterminación, libre y democrático, que posibilite la opción a conseguir un Estado libre e independiente.

2) El cese inmediato de la violación de los Derechos Humanos por parte del Gobierno de Marruecos en el Sáhara Occidental con la libertad para todos los presos políticos saharauis y el esclarecimiento de los desaparecidos, así como el cese del expolio de las riquezas naturales del territorio.

Cualquier otra fórmula que se aleje de estos planteamientos se sitúa al margen de la legalidad internacional y estará condenada al fracaso.
El triunfo de Aminetu Haidar es el triunfo de todo el pueblo saharaui, es el homenaje a los mártires que han desaparecido luchando por estas ideas, es la convicción de que con militantes de la talla moral de Aminetu y de los activistas que están en las cárceles de Marruecos, el Pueblo Saharaui, el Frente Polisario, alcanzará su independencia y su libertad más antes que tarde. El regreso de Aminetu Haidar al Aaiun ha llevado la esperanza a todo el pueblo saharaui y ha redoblado la convicción de que hay un antes y un después de esta extraordinaria victoria de la justicia, de la ética y de los inalienables derechos de la población saharaui.

Cinco de Febrero de 2010
Carmelo Ramírez Marrero
Presidente de la Federación Estatal de Instituciones
Solidarias con el Sáhara (FEDISSAH)

martes, 2 de febrero de 2010

POSICIONAMIENTO MARROQUÍ SOBRE LA TORTURA EN BOCA DE MUSTAPHA EL HOR, VICECÓNSUL DE MARRUECOS: "LA TORTURA ES UNA EVOLUCIÓN"

http://www.youtube.com/watch?v=TiA3gMGzeF4

La Plataforma de Apoyo Político al Pueblo Saharaui acudió el día 11 de noviembre de 2009 a la casa árabe a la mesa redonda “Magreb, mar y fronteras”, organizada con ocasión de la presentación de tres libros sobre la materia.
De esta intervención política lo más interesante que se extrae es la opinión de Mustapha El Hor, coordinador junto a Claude Faye, de Actas del coloquio sobre España, Marruecos y la mar, y vicecónsul de Marruecos.
La postura de este diplomático se resume en una negación de cualquier tipo de injusticia cometida sobre el pueblo saharaui. Afirma que los que desean un estado saharaui son un “grupúsculo, una oligarquía”, que la cárcel negra de El Aaiun no existe, que “Marruecos ha hecho en el Sáhara lo que los españoles no han hecho en un siglo”…etc.
Cuando se le enseñaron imágenes de saharauis torturados hizo su declaración más alarmante.
A la pregunta de si en Marruecos se tortura respondió: “Así se solucionan las cosas. La evolución se consigue de esta manera”.
Según la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares, -que entró en vigor el 19 de Marzo de 1967-, en su artículo 5, dedicado a la Funciones Consulares, y apartado a) establece que un vicecónsul es el encargado de “proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional”. Se podría entonces deducir que las declaraciones de Mustapha El Hor son declaraciones oficiales del Estado de Marruecos