Y es que, desde luego, expropiar
unos kilos de alimentos de un supermercado es de los mayores y más preocupantes
problemas que afectan ahora mismo a la ciudadanía. Igualmente, tanta velocidad
en la respuesta de los mandatarios del gobierno, queda plenamente justificada
habida cuenta de la inmensa cuantía del robo cometido, que supera, y por mucho,
a otros robos menores tales como los asaltos de los políticos del PP a las
cajas de ahorro, la trama Gürtel, los ERE, o los más de 100.000 millones en
recortes al pueblo para dárselos en forma de rescate a los bancos. Cosas
menores sin importancia que para nada pueden ser comparadas con sustraer un
paquete de garbanzos de un supermercado para donarlo a los pobres. Estado de
derecho, justicia democrática, y todo eso, que lo vienen llamando...
Manuel Delgado Milán
Miércoles, 8 de agosto de 2012
Como ciudadano y jurista ayer me
vi interpelado por la sorprendente acción del SAT en Écija y Arcos de la
Frontera. Hay momentos en la historia de un país y de una sociedad en los que
se siente el vértigo de ver de cerca la llegada del caos. Entiendo por caos el
descontrol que el imperio de la ley debe evitar. Pero no todas las leyes sirven
para ese fin. Sólo las leyes justas, sentidas como tales por el conjunto de la
sociedad, asumidas como necesarias y aplicables siempre, sean cuales sean las
circunstancias de cada individuo, y que son efectivamente aplicadas, en todos
los casos, según procedimientos igualmente asumidos como justos, imparciales,
trasparentes y sin dilaciones, cumplen esa misión.
Cuando las leyes, o su aplicación
real, no garantizan la realización de los derechos básicos de los ciudadano o
el cumplimiento de sus deberes con la sociedad; cuando están en desacuerdo con
un mínimo ideal de justicia y del bien común, es que el descontrol ya está
instalado legalmente, o forma parte de los mecanismos por los que deben ser
aplicadas, o se consiente su vulneración a los que están llamados a cumplirlas
y hacerlas cumplir.
Las leyes y su aplicación
concreta deben ser el soporte, la columna vertebral, de la convivencia en paz y
justicia. ¿Lo son hoy?. Veamos:
1.- Según las estadísticas
1.700.000 familias no tienen ningún ingreso. Este dato es más importante que el
de 5.700.000 parados porque doy por hecho que ese colchón asistencial que es la
familia, afortunadamente, funciona en la mayoría de los casos. Dentro de una
semana, el 15 de agosto, muchos dejarán de recibir el sucedáneo de cartilla de
racionamiento que son los 400 euros.
Esas mismas familias, como la
inmensa mayoría de los ciudadanos, se van a ver afectadas por la práctica
desaparición de muchas de las prestaciones asistenciales, sanitarias,
educativas, propias de lo que hemos llamado Estado del Bienestar. ¿Cuantos
derechos humanos básicos garantizados por la Constitución Española, por la
Declaración de Derechos Humanos y acuerdos internacionales vinculantes, han
dejado o van ha dejar de ser efectivos?.
2.- Si pasamos de las
estadísticas a la realidad concreta de las personas, si aterrizamos en la
vivencia diaria de la justicia por los españoles, vemos que los responsables y
depositarios del dinero del pueblo, lo han usado contra el pueblo, para
encarecer sus viviendas y para especular con fraudulentos productos
financieros. Vemos que el descontrol de esa actividad esencial permite todo:
hace rehén a los Estados y a los ciudadanos, asfixia a las pequeñas y medianas
empresas y, cuando todo se descubre, cuando son evidente los resultados de la
estafa concretados por ejemplo en la pérdida de su dinero por 1.00.000 de
personas estafados por cajas y bancos en participaciones preferentes, en
cientos de miles de desahucios, en empresas cerradas y en tres millones más de
parados, no sólo no se les piden responsabilidades. Muy al contrario, se les
permiten "recompensas" millonarias y se nos obliga a todos los
ciudadanos a pagar sus desmanes de por
vida, a costa de la vida digna de varias generaciones. Bueno a todos no, porque
la injusticia fiscal y el fraude es la norma asumida e incentivada.
3.- Todos los días, durante años,
hemos vistos y vemos con normalidad incumplimientos de sus obligaciones legales
por los poderes públicos. Me refiero no sólo al impago de sus deudas a
trabajadores, a pequeñas empresas, (empresas asistenciales, clínicas de
interrupción del embarazo, constructoras, empresas de limpieza, de trasporte,
etc) con el resultado de ruina, cierre y despidos. Me refiero sobre todo, a la
dejación en el control de las entidades financieras, a la corrupción
generalizada en el uso del suelo, el tráfico de influencias y la malversación
de caudales públicos. ¿Qué consecuencias han tenido en la práctica estos
desmanes? ¿Se ha respondido con celeridad y eficacia desde la administración de
justicia?. Esa pregunta tiene una respuesta cruel con nombre propio. Se llama
Baltazar Garzón al que se ha purgado del sistema por hacer su trabajo en la
investigación del caso Gürtel.
4.- Todos los días se dictan
nuevas leyes para hacer efectiva la dictadura de los poderes financieros, la
pérdida de derechos, el descenso a la semiesclavitud de los que aún tienen
trabajo. Nuestros gobiernos (el central, los autonómicos y locales) obedecen a
Alemania, al Banco Central Europeo, al FMI, a REPSOL o a cualquier llamada de
la OTAN y USA, pero nunca a la soberanía popular, a la palabra dada al pueblo.
Incumplen si es preciso o dejan de lado, las normas constitucionales. Todas son
prescindibles salvo una, la única no votada por el pueblo: la obligación de
pagar el capital e intereses de una deuda externa, mayoritariamente ilegítima,
tras el golpe mortal del bipartidismo a la Constitución. Ahora justo hace un
año, nadie podrá decir que no se ha notado.
El fruto de esas normas será que
habrá niños que no tendrán una alimentación suficiente, (ya los hay) que
morirán inmigrantes por no poder pagar la atención sanitaria y por el descenso
de la que aún nos prestan al resto, (ya ocurre). Las mujeres tendrán que tener
hijos inviables, a las que nadie ayudará, quese verán desprotegidos los
dependientes, que aumentarán los suicidios, (cada uno puede seguir con la
lista)
5.- Pero, como ocurría en el
siglo XIX, y España en casi todo el XX, como ocurre en todo Estado Liberal
Totalitario, todo este descontrol motivado por la burla al Estado Social,
Democrático y de Derecho, tendrá que ser compensado y mantenido por la fuerza represiva
de los aparatos que nunca se descuidan. Ya se están fortaleciendo esos
mecanismos represores, ya se están sometiendo ferreamente a los medios de
intoxicación y adoctrinamiento, y espionaje de la sociedad; ya, paralelamente,
mueven e infiltran por doquier sus grupos, buscando coartadas para el crimen
perfecto: el asesinato de la democracia.
Ante este panorama siniestro, las
acciones del SAT, son comparativamente una anécdota. Una lógica reacción a su
vez descontrolada, que dibuja un escenario que puede ser cotidiano. Algunos
ciudadanos podrían haber visto, inicialmente, la resistencia pacífica a los
desahucios o la ocupación de viviendas, con la misma prevención. Hoy cualquier
ciudadano comprende a las familias que, por esos métodos, no hacen más que
intentar hacer real su derecho a la vivienda, un derecho que es garante de
otros como la salud, la posibilidad de cuidado de los hijos, los mayores,
sabiendo que la negación de este derecho es el mayor atentado a la familia.
Nadie escoge esos caminos por
frivolidad o insensatez, nadie busca seguirlos mañana, no estamos los
ciudadanos sedientos de aventura. Han sido otras "aventuras"
demasiado controladas las que nos han llevado a este punto. Muchos pensamos que
todo está previsto para empeorar, y que esos planes se cumplirán si una
escalada de conciencia, de unidad y de acción determinante y pacífica, no lo
impide.
La rebeldía debe ser casi
unánime, pero coordinada, pacífica y medida. Es decir controlada por todos y
por cada uno. La rebeldía tiene que tener sus leyes internas asumidas sin
necesidad de ser impuestas. Son muchas veces las mismas leyes que los poderes
públicos no quieren cumplir, que los jueces, muchas veces, no quieren, no
saben, no aciertan a aplicar, son las mismas leyes que los policías olvidan
ante la suprema ley de la obediencia. Esa obediencia que deben al soberano, que
según nuestra carta magna es el pueblo del que forman parte.
Vivimos una realidad que nos
interpela. Las tomas de fincas, las ocupaciones de viviendas, las
"recogidas" de alimentos, no son anécdota. Es la fiebre que va a ir
subiendo de una enfermedad que no tiene cura con las cirugías y quimioterapias
que nos aplican. Una terapia que únicamente afecta a la parte sana del cuerpo
social.
La salud no vendrá sin
sufrimiento, como tampoco sin sufrir nos están (o en cierta forma nos estamos)
destruyendo. Nos queda la libertad por la que cada uno debe decidir si su
sacrificio va a servir para el bien
personal y colectivo, o para su destrucción por unos cuantos ante nuestra
mayoritaria indiferencia.
