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jueves, 22 de octubre de 2020

CLANDESTINO, MI PROGRAMA DE RADIO DEL DÍA 20/10/2020: CONVERSACIÓN CON GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS, ANTROPÓLOGO, ENSAYISTA Y POLÍTICO MEXICANO

 

Veintiséis años han pasado ya desde que se levantó un movimiento que había surgido en la Selva Lacandona, Chiapas, el Estado sureño de México. Un primero de enero de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, integrado en su mayoría por indígenas mayas de diferentes etnias, le declaró la guerra al Gobierno del país y a su ejército. Este alzamiento armado tomó por sorpresa a todo el mundo dentro y fuera de México. Esa guerra duró muy pocos días, pero la lucha se hizo más fuerte y más presente. Este movimiento social es uno de los más importantes e influyentes en México en los últimos 30 años, no solo por las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional o EZLN -trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz-, sino sobre todo, porque se convirtió en el emblema del movimiento indígena transnacional, del movimiento altermundista, del movimiento antiglobalización y del movimiento pro autonomía en muchas otras regiones del mundo.

Nuestro invitado de hoy es Antropólogo, con un gran conocimiento sobre los pueblos originarios de México y toda América Latina. Fue asesor del gobierno sandinista en Cuestión Indígena y Autonomía y asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), durante los Diálogos de San Andrés, en la Mesa de Derechos y Cultura Indígena y en la de Democracia y Justicia. Fue miembro, también, de la Cocopa (la Comisión de Concordia y Pacificación).

Entre otras muchísimas cosas, es articulista en el periódico mexicano La Jornada, y un profundo conocedor de cómo funciona la contrainsurgencia, la guerra de baja intensidad y los modos, formas y consecuencias de la militarización, temas sobre los que ha publicado varios libros. Cuando les diga su nombre, a poco que hagan una búsqueda en la Internet se encontrarán con toda su extensa bibliografía, aunque de todas formas hablaremos de alguno de ellos en un ratito.

Gilberto López y Rivas, que es como se llama, no es una persona que pase desapercibida. Alto, grande, podría parecer un señor serio, si no fuera por la permanente sonrisa que le acompaña. Esto lo sé porque me lo ha contado un pajarito que ha posibilitado esta conversación hoy. Luchador por la justicia desde muy joven, participó en el movimiento del 68 en México, quiso estudiar y ver las consecuencias del imperialismo y sus formas de expansión e imposición, de la militarización y las variadas formas en que se muestra la guerra de baja intensidad; siempre estuvo fuertemente comprometido con los pueblos originarios, un objetivo muy importante para la contrainsurgencia, y eso le llevó a profundizar en las ideas de gobierno y autonomía que estos manejan.

Camina por la vida junto a Alicia Castellanos, su compañera, experta en el tema del racismo en México y en las migraciones internas e internacionales. Pero hay algo de lo que debemos ser conscientes: el acompañamiento de ambos a los pueblos indios no la hacen desde la objetividad de la academia, sino desde la misma tierra que los pueblos pisan.

Todo ello acompañado de excelente música de la que les dejo aquí los enlaces directos a los vídeos para que puedan disfrutar de los temas al completo.


"FLORES DE COLOR DE LA MENTIRA"

(Café Tacuba)


"SOY CON ORGULLO MUJER"


"SE ACABÓ"

(José Molina)

Para escuchar el programa de radio, solo tienes que pinchar en los siguientes enlaces:

https://www.emartv.es/clandestino/#.X5HsDogzbIU

https://www.ivoox.com/conversacion-gilberto-lopez-rivas-antropologo-ensayista-audios-mp3_rf_58314207_1.html


lunes, 21 de marzo de 2011

ROGAMOS MÁXIMA DIFUSIÓN: ¿QUIÉN TEME A LUCÍA MORETT?


Fuente: Carlos Fazio (segunda parte)
Lunes, 21 de marzo de 2011

La incriminación del alto mando militar de Colombia durante el último mandato de Álvaro Uribe, incluido el ex ministro de Defensa y actual presidente de la República, Juan Manuel Santos, acusados de asesinato en Ecuador por los hechos de Sucumbíos, aunada a la admisión por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos de la querella presentada por Ecuador en contra de Colombia por la presunta ejecución extrajudicial del ciudadano ecuatoriano Franklin Aisalla, vienen a ratificar el carácter terrorista de un régimen al cual, como señalamos en nuestra entrega anterior, la propia fiscalía colombiana acaba de exhibir como genocida.

La importancia de ubicar al régimen de Álvaro Uribe en la categoría de terrorismo de Estado –situación que se prolonga hoy en el gobierno oligárquico de Juan Manuel Santos– radica en que, al criminalizar a Lucía Morett mediante una fabricación político-judicial-mediática, ella no sólo no puede vivir en libertad, sino que corre peligro su integridad física y existe riesgo de que, de ser capturada, sea sometida a nuevas torturas. Un dato elemental es que Lucía Morett, sobreviviente del Sucumbíos, es una testigo de cargo clave en un eventual juicio penal internacional contra Álvaro Uribe por crímenes de lesa humanidad.

De allí que adquieran carácter fundamental las revelaciones de la fiscalía colombiana que documentan las sistemáticas violaciones de derechos humanos en el régimen Uribe-Santos. Al uso de las fuerzas armadas colombianas como ejército de ocupación en su propio país, que en colusión con narcoparamilitares, parapolíticos y contratistas de megaproyectos provocaron el desplazamiento forzoso de 4.9 millones de personas, se suman los "falsos positivos", como se conoce la macabra estrategia de asesinar civiles (indigentes, drogadictos, enfermos mentales, adolescentes de barrios marginales) para luego disfrazar sus cuerpos y presentarlos mediáticamente como "guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abatidos en combate", y la aparición de sendas fosas comunes en el Meta, una en Macarena, detrás del batallón militar de zona, con 2 mil cadáveres en 2009, y otra en diciembre pasado con mil 505 personas NN. Además, en los tres años pasados se registraron 38 mil 255 desapariciones forzosas, figura que se compone de detención, secuestro, tortura, asesinato y desaparición del cadáver y se tipifica como crimen de Estado.

Conviene recordar que pese a resultar herida de gravedad en el bombardeo, después Lucía Morett fue sometida a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por militares colombianos y ecuatorianos, y que los procesos penales que enfrenta (incluido un pedido de extradición de Ecuador a México) le dificultan ejercer plenamente sus derechos y su propia representación.

En ese contexto, y con base en un conjunto de evidencias del ataque en Sucumbíos (grabaciones, fotos, investigaciones judiciales, informes periciales, testimoniales de militares, necropsias y otros), hay que destacar que su caso es esencialmente político.

No se trata de un "daño colateral", porque las autoridades de Colombia sabían que el campamento de Raúl Reyes era de naturaleza "diplomática" y podía haber civiles. Además, el ataque se dio sin que existiera una declaración formal de guerra ni justificación previa. Fue realizado con los agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, y con uso excesivo de fuerza en una acción nocturna (cuando las víctimas dormían), con equipo sofisticado (bombas de fragmentación diseñadas para causar muerte o, en su caso, el mayor daño posible, y no con la finalidad de disuadir o lograr una rendición), a lo que se sumó el asesinato de sobrevivientes, de lo que la propia Lucía fue testigo.

Malherida y esposada, tras ser identificada como mexicana (los militares colombianos se quedaron con su pasaporte), sin asistencia de un abogado ni de personal consular fue sometida a un interrogatorio ilegal y extrajudicial por oficiales ecuatorianos, quienes, según se demostró después, estaban coludidos con los atacantes.

El interrogatorio se dio en medio de la extracción sin anestesia de una esquirla de 10 centímetros de largo por tres de ancho, y cuando sufría estrés postraumático resultado del bombardeo. Como demuestra un video militar, bajo intimidación, coacción y amenazas Morett fue "atendida" al margen de todo protocolo ético, humanitario o estándar médico, y filmada desnuda, a pesar de sus protestas. La autoridad militar que la interrogó le provocó dolor y sufrimiento intencionales con la finalidad de obtener información y confesiones que la inculparan.

Con base en ello, Uribe y Santos construyeron la leyenda de que Lucía y sus cuatro compañeros mexicanos asesinados eran "contactos" de las FARC y recibían "entrenamiento" en el campamento, lo que fue desmentido por un cable de la embajada de Estados Unidos en México, fechado el 28 de marzo de 2008 y filtrado por Wikileaks a La Jornada, el cual consigna que estaban allí "de visita".

A la fabulación colombiana se sumó el presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, José Troya, quien con inexplicable afán persecutorio insiste en solicitar a México la extradición de Lucía Morett, bajo la acusación de que cometió un delito contra la seguridad interior del Estado, previsto en el artículo 147 del Código Penal. Su único argumento es que se encontraba en un "campamento militar de grupos irregulares". Pero no puede acreditar que las FARC y Lucía buscaban subvertir el orden público, o sustituir o atacar a la fuerza pública de Ecuador. Su presencia allí no prueba nada ni constituye delito alguno, mucho menos contra el Estado ecuatoriano. Por ello México debe declarar improcedente la solicitud de extradición y reclamar el castigo de los culpables del asesinato a mansalva de los cuatro intelectuales mexicanos en plena formación.

viernes, 24 de diciembre de 2010

FAVOR DE AYUDAR A DIVULGAR PARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES: EL MOVIMIENTO MEXICANO POR LA PAZ SE ADHIERE A LA SIGUIENTE DECLARACIÓN EN SOLIDARIDAD CON LOS ESTUDIANTES DE PUERTO RICO

PETICIÓN DE LA ASAMBLEA UNIVERSAL DE LAS ASOCIACIONES:

Favor de ayudarnos a divulgar para las acciones correspondientes. Gracias. MR

Desde Puerto Rico
Un llamado a la solidaridad internacional

La juventud puertorriqueña hace un llamado a la comunidad internacional a que continúe solidarizándose con las luchas por la educación pública que se han desatado tanto en nuestro país como a través de todo el globo. La educación, al igual que la mayoría de los servicios públicos, se encuentra bajo el ataque de gobiernos que se deben primero a los bancos y a las grandes empresas antes que al pueblo. En medio de su crisis económica, éstos buscan que sean las clases oprimidas las que sigan pagando por su avaricia, sacrificando el acceso de las personas de escasos recursos a una educación pública y de excelencia, así como el derecho de docentes, empleados y empleadas a condiciones laborales dignas. Este saqueo, que busca achicar y privatizar nuestras universidades, debe ser denunciado contundentemente alrededor del mundo como uno que pone en grave peligro el progreso y la posibilidad de construir una sociedad cada vez más justa y equitativa.

Actualmente, la exigencia principal de la comunidad universitaria puertorriqueña a los administradores es que escuchen nuestras propuestas, las cuales, de ser implementadas, no sólo harían innecesario un aumento al costo de la matrícula, sino que restaurarían las finanzas de la Universidad de Puerto Rico y permitirían ofrecer los servicios de calidad que hemos estado exigiendo durante décadas. Como respuesta y a falta de argumentos o de disposición al diálogo, el gobierno de Luis Fortuño ordenó la ocupación de los once recintos por cuerpos policiales militarizados y la represión de cualquier manifestación de protesta dentro o fuera del campus universitario a fuerza de amenazas, macanas y gases lacrimógenos. El intento de acallar cualquier voz disidente ha escalado a un nivel tal que se han producido decenas de arrestos ilegales y selectivos, acompañados de palizas a los detenidos y fabricaciones de cargos.

El movimiento estudiantil en Puerto Rico ha respondido fielmente a la consigna "a mayor represión, mayor combatividad" y se ha mantenido ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y de asociación en un claro reto a las restricciones impuestas por los gobernantes, administradores universitarios y la Policía de Puerto Rico. Le hemos demostrado al país que nos asiste tanto la razón como el compromiso con su bienestar social. Por tal razón, la lucha por la Universidad del Pueblo ha trascendido a la comunidad universitaria y su rescate se encuentra ahora en manos de un pueblo que no se resignará a verla secuestrada por la Policía o por los grandes intereses económicos. Del mismo modo, se encuentra en manos de la comunidad internacional exigirle al gobierno de Puerto Rico y a sus fuerzas represivas que cesen la agresión a nuestros derechos civiles y humanos y así eviten que una tragedia mayor a la que vivimos manche las calles con la sangre de nuestra juventud en pie de lucha.

Desde esta isla del Caribe en Nuestra América, solicitamos solidaridad.

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN LUCHA POR LA EDUCACIÓN
SAN JUAN, PUERTO RICO, 23 DE DICIEMBRE DE 2010

Contactos:

Nicole M. Díaz, estudiante de la Facultad de Derecho de la UPR y de la Red de Comunicadores Sociales Socialistas,

Milagros Rivera, ex alumna de la UPR y de la Red de Comunicadores Sociales Socialista,