El
Estado en Colombia ha desplazado a más de
4,5millones de personas
mediante su Herramienta Paramilitar y sus militares. Hay 7.500 presos
políticos.
Martes, 22 de mayo
Azalea Robles (especial para ARGENPRESS.info)
En Colombia hay miles de hombres y mujeres condenados por el “delito de rebelión” –tipificado en el mismo código- y condenados asimismo por su extensión más arbitraria de “terrorismo” (1), una categoría conceptual en la que cabe todo lo que le moleste al estado colombiano y al gran capital de un país saqueado que busca ahogar el descontento social en el exterminio y entre rejas.
De los 9.500 presos políticos que tiene el Estado colombiano, se
estima que cerca del 90% son civiles encarcelados por su actividad
política, su pensamiento crítico, su oposición a las políticas
depredadoras del medio ambiente: sindicalistas, ambientalistas,
maestros, líderes agrarios, académicos críticos, abogados, médicos,
defensores de derechos humanos… hasta los artistas son objeto de la
persecución judicial. Los montajes judiciales con testigos pagados y
pruebas falsificadas, sacadas incluso de ‘computadores mágicos’, son
urdidos de manera sistemática contra los perseguidos políticos: los
procederes ilegales del estamento militar y sus testigos adiestrados en
las oficinas militares (2), son avalados por el aparato Fiscal de manera
escandalosa, y se articulan con leyes de criminalización de la
protesta: el aparato judicial es usado como arma de guerra contra la
población, para desarticular la organización social e impedir el
pensamiento crítico.
Por otro lado también es bien sabido que en Colombia hay un
conflicto social, político y armado, y que en ese marco, los insurgentes
apresados por el estado son presos políticos de guerra, porque su
reivindicación es eminentemente política y porque hay una guerra. Pero
el estado colombiano intenta tapar el sol con un dedo.
La existencia de miles de presos políticos es testimonio de la
guerra represiva desatada por el estado colombiano contra la
reivindicación social; por lo tanto exigir la libertad para los presos
políticos es parte medular de la construcción de una verdadera paz con
justicia social.
En Colombia el capitalismo se expresa al paroxismo: el terror
correlativo al saqueo de los recursos para beneficio del gran capital se
aplica de la manera más descarnada contra la población, con la
finalidad de desplazar ingentes cantidades de personas de las zonas
codiciadas, y de eliminar reivindicaciones. Hay más de 5,4 millones de
personas despojadas y desplazadas de sus tierras en Colombia,
multinacionales y latifundio acaparan las tierras robadas, y hoy
legalizan títulos de propiedad en base a astutos malabarismos amparados
por la Ley Santista relativa a la tierra, que como bien denuncian las
comunidades: legaliza el despojo. En tiempos en que el capitalismo
mundial profundiza al extremo las contradicciones entre acumulación
capitalista y supervivencia de la especie, las estrategias represivas
desarrolladas en Colombia son destinadas también a ser aplicadas en la
región, lo que constituye una razón más para solidarizarse con el pueblo
colombiano -además de las razones éticas.
Torturas: El asesinato de familiares como forma de tortura
Sobre las torturas hay muchísimo que denunciar, las aberraciones
cometidas contra los presos políticos se superan en horror unas a otras,
y son cometidas al amparo del ostracismo e invisibilización: por ello
la solidaridad con los presos políticos debe plantearse como una
prioridad social. Hay presos que pasan años metidos en calabozos (3),
hay golpizas, humillaciones, torturas físicas y sicológicas; hay presos
empujados a la muerte porque se les niega la asistencia médica (4),
presos ciegos y sin brazos, paralíticos, enfermos terminales que viven
una tortura permanente, al serles negados incluso los medicamentos
contra el dolor y al ser inmersos en patios llenos de paramilitares
cuando están totalmente indefensos. Un caso revelador es el caso del
preso político Oscar Elías Tordecilla, con los brazos amputados, que
además devino ciego por la negación de la debida asistencia médica, y
fue encarcelado en situación limite, situado adrede en una penitenciaría
sin presos políticos, en un pabellón lleno de paramilitares, en
violación al dictamen de Medicina legal y al DIH (5). Igualmente hay
varios presos políticos y de guerra que han sufrido el asesinato de sus
familiares porque se han negado a fungir como falsos ‘testigos’ para la
policía en los montajes judiciales contra líderes campesinos,
sindicalistas y activistas sociales. Un caso de este drama es el del
preso político Carlos Iván Peña Orjuela. Carlos Iván ha sido sometido a
presión por parte la policía judicial de la SIJIN para que atestigüe
contra líderes campesinos del Magdalena Medio. Ante su negativa de
colaborar en montajes judiciales, la policía desapareció y asesinó a su
hermano menor, luego encarceló bajo montaje judicial a la familiar que
se ocupaba de su hijo y amenazó de asesinar también al niño de 6 años.
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos denuncia:
“fue presionado para que ‘colaborara’ pues de lo contrario ‘le iba a
costar muy caro’ (…)el agente de la SIJIN Juan Carlos Celis Torres
profirió amenazas de montajes judiciales en contra de su familia, y
amenazó directamente a su hijo diciendo que ‘de pronto anochecía pero no
amanecía’ el niño. Le dio un plazo para convertirse en otro de los
tantos testigos a sueldo que proliferan en el sistema judicial
colombiano.” (6). Tras las amenazas vinieron mayores crímenes: “la
desaparición forzada y homicidio del hermano menor del detenido político
(…) la captura de María Yolanda Cañón, familiar a cargo de su hijo. El
detenido político procedió a llamar al celular de María Yolanda, quien
contestó fue el agente de la SIJIN Celis Torres, quien se mofó de él
advirtiéndole que si insistía en su negativa a ‘colaborar’ seguirían (…)
En palabras textuales: ‘Yo le dije a usted que colaborara y usted no
quiso colaborar y entonces la fiscalía tenía un paquetico y me tocó ir a
capturarla y además por ahí le tengo otros paqueticos’. El CSPP
denuncia las “actuaciones ilegales y vengativas de miembros de la
policía judicial para generar ‘resultados’ que desconocen los derechos
humanos y el derecho internacional humanitario. Prácticas compatibles
con las políticas que han traído como resultado las ejecuciones
extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’ y la judicialización
masiva de población civil inocente, detenida en las famosas ‘capturas
masivas’”(Ibíd.).
Notas:
*El presente texto es un aporte breve – a petición de los lectores-
sobre la temática de los presos políticos en Colombia, recomiendo la
investigación extensa sobre el tema, que se presenta en 5 partes, de las
cuáles a 20 de mayo 2012 ya han sido publicadas 4. La quinta parte será
una investigación más extensa sobre la tortura en las cárceles
colombianas, y será publicada en junio 2012.
1) Miles de hombres y mujeres condenados por el ‘delito de
rebelión’: “(…) Existencia del delito político que además está
reconocido por la legislación penal colombiana, la Constitución Nacional
y los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano. No
entendemos cómo los representantes del establecimiento pretenden
desconocer la realidad que vive el país y la legislación nacional e
internacional que dicen
defender.”http://www.traspasalosmuros.net/node/748
Informe Perspectiva en Punto de Fuga: “La estrategia usada contra
los prisioneros políticos es juzgarlos por rebelión y agregarles los
cargos de terrorismo, narcotráfico y concierto para delinquir con fines
terroristas con el claro objetivo de quitarles el estatus político,
facilitando incluso la
extradición”http://issuu.com/traspasalosmuros/docs/traspasalosmuros
2) El abogado defensor del periodista Joaquín Pérez Becerra llama a la solidaridad, a pocos días del juicio político
“Los informantes pagados por el estado son preparados en las
oficinas de inteligencia
militar” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=144172
3) “Es de conocimiento público que los prisioneros políticos y de guerra, y en general la población reclusa, que asciende a más de 130.000 personas, vivimos en condiciones infrahumanas y constantemente se nos vulneran los derechos humanos, el debido proceso, el derecho a la salud, la dignidad humana, etc. Como práctica sistemática somos confinados en centros de reclusión alejados de la familia, nos aíslan en patios de castigo, nos condenan a una vida de tortura y en la práctica nos imponen cadenas perpetuas, es el caso del compañero Jorge Augusto BERNAL, miembro de las FARC-EP, hecho prisionero por el Estado hace 17 años, de los cuales 8 ha permanecido en calabozo, 4 de ellos en la Cárcel La Tramacúa de Valledupar, sin agua, a temperaturas superiores a los 40 grados, sin acceso a atención médica(…) Este es uno de muchos casos de prisioneros políticos que han sido condenados a verdaderas cadenas perpetuas con penas de 40, 60 y más años. También se presentan casos de tortura, como el del compañero Diomedes Meneses CARVAJALINO, en silla de ruedas, parapléjico por torturas, y quien aun cumpliendo los requisitos para la libertad condicional, le ha sido ilegalmente negada. (…) Ante el aislamiento y castigo, y luego de procesos de ablandamiento moral, se instiga a desmovilizarnos y a renegar de nuestros principios y de nuestra organización, como ocurre con el compañero Bernardo Mosquera MACHADO, prisionero en un calabozo, con problemas respiratorios y del corazón, de 67 años, y ante sus problemas la única respuesta dada por el INPEC y el gobierno es una visita en la cual delegados gubernamentales lo invitan a desmovilizarse y traicionar su causa, a cambio de algunos beneficios jurídicos (…) Estos entre muchos casos, deben ser investigados por las autoridades responsables de la protección de los derechos humanos y organizaciones de la comunidad nacional e internacional.”
4) Cárceles en las que fallecen con escandalosa frecuencia los presos políticos y de guerra. Negación de asistencia médica como tortura. Marzo 2012: Presos Políticos diagnosticados con cáncer continúan sin recibir atención médica: http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=681:fcspp&catid=32:acciones-urgentes&Itemid=68
Testimonio de la hija de Arcesio Lemus, prisionero político
asesinado por el Estado en 2010; Los presos políticos son torturados y
condenados a muerte de facto, por negación de asistencia médica
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=145983
Enero 2012 : “Están aumentando los casos de prisioneros políticos asesinados”
“La pena de muerte no está aprobada para que nos la esté aplicando
el INPEC, tan lenta y dolorosamente” Fallece otro preso en una cárcel
colombiana por negación de asistencia médica, enero 2012:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=142756
Abril 2011: Presos políticos muertos por negación de asistencia médica: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=127100
VIDEO testimonio de tortura, Diomedes Meneses: http://blip.tv/cocalo/diomedes-3393961
5) Preso político Oscar Elías Tordecilla, con los brazos amputados, que además devino ciego por negación de la debida asistencia médica, y fue encarcelado en situación limite, situado adrede en una penitenciaría sin presos políticos, con paramilitares, en violación al dictamen de Medicina legal y al DIH. Aunque un juez determinó prisión domiciliaria, el preso político Oscar Elías Tordecilla invidente y con los brazos amputados, sigue encarcelado en situación limite. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=105346
6) Los crímenes de estado contra los familiares son utilizados como medida de tortura y chantaje contra los presos políticos, si los presos no acceden a convertirse en informantes, o para callar las denuncias. Asesinan al hermano del preso político Carlos Iván Peña Orjuela y la policía amenaza a su hijo de 6 años http://www.rebelion.org/noticia.php?id=102342
“El agente de la SIJIN Juan Carlos Celis Torres profirió amenazas
de montajes judiciales en contra de su familia, y amenazó directamente a
su hijo (…) Le dio un plazo para convertirse en otro de los tantos
testigos a sueldo que proliferan en el sistema judicial colombiano.”
Tras las amenazas: “la desaparición forzada y homicidio del hermano
menor del detenido político (…) la captura de María Yolanda Cañón,
familiar a cargo de su hijo.”
La niña Alida Teresa, hija de preso político, violada y asesinada por paramilitares, en impunidad 2012
En
libertad cinco campesinos de Santander y la familiar de Carlos Iván
Peña Orjuela, Yolanda Cañón, víctimas de montaje judicial: pasaron 7
meses presos con testigos falsos, unos por su actividad en la
organización campesina, y Yolanda Cañón como medida de represalia contra
el preso político Peña Orjuela por su negación a fungir como testigo
falso en los montajes judiciales de la policía SIJIN.
http://www.conapcolombia.org/?p=338
