Manifiesto contra la impunidad por la guerra de Irak
Durante la primera mitad del año 2003 los españoles se movilizaron como nunca lo habían hecho para detener una guerra injusta, ilegal y amparada en mentiras, como se ha demostrado posteriormente. Con el apoyo del Partido Popular, José María Aznar, que entonces era Presidente del Gobierno español, decidió asumir el protagonismo a favor de esta guerra, dando la espalda a lo que exigía la ciudadanía en las calles y en las encuestas. A mediados de marzo de aquel año, José María Aznar, Tony Blair y George W. Bush fueron acogidos por José Manuel Durão Barroso en las islas Azores, desde las que lanzaron un ultimátum a Iraq con un plazo de 24 horas, durante el cual el presidente del país debería dimitir y deberían entregarse unas armas de destrucción masiva que ni existían ni había indicio real alguno de su existencia, como los inspectores de Naciones Unidas apuntaron en alguna ocasión. Transcurrido dicho plazo, y si no se llevaban a cabo las imposiciones que señalaban, los reunidos anunciaban la invasión de Iraq. Culminada la ocupación militar el 1 de mayo de 2003, Iraq entró en una situación de caos, devastación y muerte en la que diversas guerras cruzadas han impedido a los ocupantes conseguir sus propósitos.
Al no contar con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, esta guerra fue ilegal y ninguna resolución posterior de dicho organismo puede borrar este hecho. Esto significa que, según el Derecho Internacional, los efectos de esta agresión son crímenes de guerra y los ejecutores e inductores de crímenes de guerra son criminales de guerra. La participación española en la misma se realizó sin la aprobación del Congreso de los Diputados de nuestro país. Esta participación sería disfrazada de ayuda internacional, tras proclamarse un falso fin de la guerra que aún hoy no se ha producido y enmascarando como ayuda humanitaria al pueblo iraquí aquello que realmente era ayuda a los militares invasores, aliados del gobierno español de aquel momento. Tal guerra sigue provocando decenas de muertes todos los días y no es posible desvincularla de las principales causas de los atentados terroristas de Madrid del 11 de marzo de 2004 ni de los de Londres de 7 de Julio de 2005. La cantidad de muertos generada por la Guerra de Iraq, calculada en 700.000, no para de crecer ni tiene visos de detenerse.
Cuatro años después del inicio de la guerra, disponemos de la perspectiva suficiente para entender que la actuación concreta de Aznar como Presidente del Gobierno español y del Partido Popular, protagonistas activos de aquella invasión, debe ser sometida a un examen penal que determine sus posibles responsabilidades penales y anuncie para el futuro que quienes colaboren en una guerra ilegal no resultarán impunes por el mero hecho de desempeñar un puesto de prominencia política. Entendemos que éstas son las verdaderas acciones preventivas en favor de los derechos humanos.
Por ello, solicitamos a los partidos políticos que se oponen a la guerra de Iraq y a los que no quieran seguir siendo cómplices de la misma que colaboren activamente en la exigencia de responsabilidades políticas, pero también judiciales de José María Aznar. Asimismo, esperamos de las instancias judiciales que apliquen el principio de igualdad ante la ley y no amparen la impunidad de quienes hayan violado la legalidad, estatal y/o internacional, por su especial relevancia política. También llamamos a la ciudadanía a asumir el protagonismo que se ganó en las movilizaciones contra la guerra, reclamando ahora la responsabilidad de quien no quiso escuchar entonces nuestras voces.
Madrid, 31 de mayo de 2007
Durante la primera mitad del año 2003 los españoles se movilizaron como nunca lo habían hecho para detener una guerra injusta, ilegal y amparada en mentiras, como se ha demostrado posteriormente. Con el apoyo del Partido Popular, José María Aznar, que entonces era Presidente del Gobierno español, decidió asumir el protagonismo a favor de esta guerra, dando la espalda a lo que exigía la ciudadanía en las calles y en las encuestas. A mediados de marzo de aquel año, José María Aznar, Tony Blair y George W. Bush fueron acogidos por José Manuel Durão Barroso en las islas Azores, desde las que lanzaron un ultimátum a Iraq con un plazo de 24 horas, durante el cual el presidente del país debería dimitir y deberían entregarse unas armas de destrucción masiva que ni existían ni había indicio real alguno de su existencia, como los inspectores de Naciones Unidas apuntaron en alguna ocasión. Transcurrido dicho plazo, y si no se llevaban a cabo las imposiciones que señalaban, los reunidos anunciaban la invasión de Iraq. Culminada la ocupación militar el 1 de mayo de 2003, Iraq entró en una situación de caos, devastación y muerte en la que diversas guerras cruzadas han impedido a los ocupantes conseguir sus propósitos.
Al no contar con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, esta guerra fue ilegal y ninguna resolución posterior de dicho organismo puede borrar este hecho. Esto significa que, según el Derecho Internacional, los efectos de esta agresión son crímenes de guerra y los ejecutores e inductores de crímenes de guerra son criminales de guerra. La participación española en la misma se realizó sin la aprobación del Congreso de los Diputados de nuestro país. Esta participación sería disfrazada de ayuda internacional, tras proclamarse un falso fin de la guerra que aún hoy no se ha producido y enmascarando como ayuda humanitaria al pueblo iraquí aquello que realmente era ayuda a los militares invasores, aliados del gobierno español de aquel momento. Tal guerra sigue provocando decenas de muertes todos los días y no es posible desvincularla de las principales causas de los atentados terroristas de Madrid del 11 de marzo de 2004 ni de los de Londres de 7 de Julio de 2005. La cantidad de muertos generada por la Guerra de Iraq, calculada en 700.000, no para de crecer ni tiene visos de detenerse.
Cuatro años después del inicio de la guerra, disponemos de la perspectiva suficiente para entender que la actuación concreta de Aznar como Presidente del Gobierno español y del Partido Popular, protagonistas activos de aquella invasión, debe ser sometida a un examen penal que determine sus posibles responsabilidades penales y anuncie para el futuro que quienes colaboren en una guerra ilegal no resultarán impunes por el mero hecho de desempeñar un puesto de prominencia política. Entendemos que éstas son las verdaderas acciones preventivas en favor de los derechos humanos.
Por ello, solicitamos a los partidos políticos que se oponen a la guerra de Iraq y a los que no quieran seguir siendo cómplices de la misma que colaboren activamente en la exigencia de responsabilidades políticas, pero también judiciales de José María Aznar. Asimismo, esperamos de las instancias judiciales que apliquen el principio de igualdad ante la ley y no amparen la impunidad de quienes hayan violado la legalidad, estatal y/o internacional, por su especial relevancia política. También llamamos a la ciudadanía a asumir el protagonismo que se ganó en las movilizaciones contra la guerra, reclamando ahora la responsabilidad de quien no quiso escuchar entonces nuestras voces.
Madrid, 31 de mayo de 2007
Plataforma Juicio a Aznar
La impulsora de la iniciativa es la "Plataforma Juicio a Aznar"
La querella de la Plataforma "Juicio a Aznar" pretende la imputación del ex-presidente por tres delitos
La querella de la Plataforma "Juicio a Aznar" pretende la imputación del ex-presidente por tres delitos
Sábado, 4 de abril.
El PCE, junto a la ’Plataforma Juicio a Aznar’ presentaron ayer ante Tribunal Supremo la querella firmada formalmente por cientos de ciudadanos ante notaría el pasado 31 de marzo, que pide responsabilidad a José María Aznar, y los entonces ministros de Defensa y Exteriores, Federico Trillo y Ana Palacio, por "meter a España en la guerra de Irak". Además los querellantes acusan a los tres dirigentes populares por los 192 muertos en el 11-M como consecuencia de su apoyo a la intervención militar.
Ante la puerta del Tribunal Supremo se concentró medio centenar de simpatizantes y firmantes de la querella que portaban pancartas con la leyenda "No a la impunidad, juicio a Aznar". Asimismo, algunos de ellos portaban dibujos de manos con pintura roja que simulaba sangre junto al nombre del ex presidente del Gobierno. Entre los presentes se econtraba el secretario general del PCE, Francisco Frutos.
"Era absolutamente necesario, esto es una querella que no debe prescribir, es la querella de los derechos humanos frente al crimen cometido en este caso con lesa humanidad del cual es responsable Aznar", aseguró Frutos en declaraciones a los medios una vez presentada en la querella. "Confió en que el Tribunal Supremo sabrá leer lo que ocurre en el mundo, sabrá mirar a los ojos al 80 por ciento de los ciudadanos españoles , que en aquel momento estaba contra la guerra por encima incluso de ideologías", dijo.
Otra de las firmantes de la querella que acudió hoy al TS fue Isabel Casanova, madre de uno de los fallecidos del 11-M. "Para mi es uno de los días desde hace cinco años en el que estoy sonriendo, nos merecemos que esto se admita a trámite, porque los muertos los hemos puesto nosotros", aseguró visiblemente emocionada. "Espero que el tribunal sepa mirar a los hijos como el de esta mujer que fue asesinado como responsabilidad directa de la actuacion de Aznar y su Gobierno en la guerra de Irak", insistió Frutos.
El texto de la querella que presentada ante el Tribunal Supremo dice literalmente que la implicación de España fue "total y absoluta" en la tragedia de la guerra de Irak. No sólo por el apoyo militar en la guerra, sino también por el político y el logístico, como lo prueban, según los precursores de la iniciativa, las reuniones entre Aznar y Bush en Crawford y en las Azores antes de la invasión.
"11-M, UNA CONSECUENCIA DE LA GUERRA"
La querella también asegura que los atentados del 11 de marzo fueron consecuencia directa de la participación de España en la guerra. Concretamente, uno de los letrados Agustín Morán explicó que "seis años después" la querella persigue "la defensa de la paz y de la democracia". Según dijo, su acción pretende la imputación de Aznar "por tres delitos".
"El primero tiene que ver con la declaración de guerra al margen de lo que la Constitucion establece y que contempla el delito de alta traición, un segundo delito por toda la muerte y devastación orignida por las decisiones de la invasión de Irak, miles y miles de muertes y de destrucción de bienes y por último también se le acusa por los 192 muertos y los 2000 heridos que hubo como consecuencia de los atentados del 11-M porque se ha acreditado que hay una relación causa efecto entre ese atentado y la participación del Estado español en la invasión de Irak", explicó el abogada.
El artículo 588 del Código Penal establece una pena de prisión de 15 a 20 años para los miembros del Gobierno que, sin cumplir con lo dispuesto en la Constitucion, declararán la guerra o firmarán la paz.
El respaldo a esta querella se concretó recientemente con firmas -que ya suman más de 20.000- ante un notario de Madrid. Cualquier ciudadano puede suscribir la iniciativa acudiendo a un notario para dar poderes a los procuradores. También existe la posibilidad de adherirse a la querella una vez presentada, acudiendo a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo el día que se habilitará para ello.
La impulsora de la iniciativa es la ’Plataforma Juicio a Aznar’, que engloba a diferentes colectivos sociales y en la que se encuentra también el ex coordinador general de IU y ex secretario general del PCE, Julio Anguita, así como muchos otros políticos y personas públicas de izquierdas.
La citada plataforma ha venido desarrollando sus trabajos de una forma discreta desde mayo de 2007, y en la misma se encuentran integrados diversos colectivos, entre los que se encuentran diversos abogados. De hecho, los querellantes anunciaron hoy la presencia de Anguita en la presentación de la querella, aunque finalmente ésta no se produjo por problemas personales.
Si queréis leer el texto completo de la querella, podréis descargarlo en este enlace:
El PCE, junto a la ’Plataforma Juicio a Aznar’ presentaron ayer ante Tribunal Supremo la querella firmada formalmente por cientos de ciudadanos ante notaría el pasado 31 de marzo, que pide responsabilidad a José María Aznar, y los entonces ministros de Defensa y Exteriores, Federico Trillo y Ana Palacio, por "meter a España en la guerra de Irak". Además los querellantes acusan a los tres dirigentes populares por los 192 muertos en el 11-M como consecuencia de su apoyo a la intervención militar.
Ante la puerta del Tribunal Supremo se concentró medio centenar de simpatizantes y firmantes de la querella que portaban pancartas con la leyenda "No a la impunidad, juicio a Aznar". Asimismo, algunos de ellos portaban dibujos de manos con pintura roja que simulaba sangre junto al nombre del ex presidente del Gobierno. Entre los presentes se econtraba el secretario general del PCE, Francisco Frutos.
"Era absolutamente necesario, esto es una querella que no debe prescribir, es la querella de los derechos humanos frente al crimen cometido en este caso con lesa humanidad del cual es responsable Aznar", aseguró Frutos en declaraciones a los medios una vez presentada en la querella. "Confió en que el Tribunal Supremo sabrá leer lo que ocurre en el mundo, sabrá mirar a los ojos al 80 por ciento de los ciudadanos españoles , que en aquel momento estaba contra la guerra por encima incluso de ideologías", dijo.
Otra de las firmantes de la querella que acudió hoy al TS fue Isabel Casanova, madre de uno de los fallecidos del 11-M. "Para mi es uno de los días desde hace cinco años en el que estoy sonriendo, nos merecemos que esto se admita a trámite, porque los muertos los hemos puesto nosotros", aseguró visiblemente emocionada. "Espero que el tribunal sepa mirar a los hijos como el de esta mujer que fue asesinado como responsabilidad directa de la actuacion de Aznar y su Gobierno en la guerra de Irak", insistió Frutos.
El texto de la querella que presentada ante el Tribunal Supremo dice literalmente que la implicación de España fue "total y absoluta" en la tragedia de la guerra de Irak. No sólo por el apoyo militar en la guerra, sino también por el político y el logístico, como lo prueban, según los precursores de la iniciativa, las reuniones entre Aznar y Bush en Crawford y en las Azores antes de la invasión.
"11-M, UNA CONSECUENCIA DE LA GUERRA"
La querella también asegura que los atentados del 11 de marzo fueron consecuencia directa de la participación de España en la guerra. Concretamente, uno de los letrados Agustín Morán explicó que "seis años después" la querella persigue "la defensa de la paz y de la democracia". Según dijo, su acción pretende la imputación de Aznar "por tres delitos".
"El primero tiene que ver con la declaración de guerra al margen de lo que la Constitucion establece y que contempla el delito de alta traición, un segundo delito por toda la muerte y devastación orignida por las decisiones de la invasión de Irak, miles y miles de muertes y de destrucción de bienes y por último también se le acusa por los 192 muertos y los 2000 heridos que hubo como consecuencia de los atentados del 11-M porque se ha acreditado que hay una relación causa efecto entre ese atentado y la participación del Estado español en la invasión de Irak", explicó el abogada.
El artículo 588 del Código Penal establece una pena de prisión de 15 a 20 años para los miembros del Gobierno que, sin cumplir con lo dispuesto en la Constitucion, declararán la guerra o firmarán la paz.
El respaldo a esta querella se concretó recientemente con firmas -que ya suman más de 20.000- ante un notario de Madrid. Cualquier ciudadano puede suscribir la iniciativa acudiendo a un notario para dar poderes a los procuradores. También existe la posibilidad de adherirse a la querella una vez presentada, acudiendo a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo el día que se habilitará para ello.
La impulsora de la iniciativa es la ’Plataforma Juicio a Aznar’, que engloba a diferentes colectivos sociales y en la que se encuentra también el ex coordinador general de IU y ex secretario general del PCE, Julio Anguita, así como muchos otros políticos y personas públicas de izquierdas.
La citada plataforma ha venido desarrollando sus trabajos de una forma discreta desde mayo de 2007, y en la misma se encuentran integrados diversos colectivos, entre los que se encuentran diversos abogados. De hecho, los querellantes anunciaron hoy la presencia de Anguita en la presentación de la querella, aunque finalmente ésta no se produjo por problemas personales.
Si queréis leer el texto completo de la querella, podréis descargarlo en este enlace:
Si queréis leer el llamado "Estatuto de Roma", documento de la Corte Penal Internacional (CPI) de 17 de julio de 1998, que define los crímenes de guerra y contra la humanidad y que fue firmado por España en esa fecha y ratificado posteriormente el 25 de octubre de 2000, curiosamente cuando nos "gobernaba" Aznar, clickead aquí. Tendréis la oportunidad de comprobar cuántos artículos se saltó él mismo.
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