A raíz de la defensa a los pueblos indígenas, campesinos y
habitantes en general en el norte del departamento del Cauca, la
luchadora popular Piedad Córdoba fue hace unos días nuevamente objetivo
por un furioso ataque de varios funcionarios y ministros del Estado
colombiano.
Piedad en Miranda |
En la carta, que ANNCOL reproduce en su totalidad, la ex senadora se
defiende contra los ataques lanzados. Uno de los remitentes es el
procurador Alejandro Ordóñez, activo en Opus Dei y el mismo que
destituyó y deshabilitó a Córdoba por 18 años. La luchadora incansable
no se doblega, lo que muestra el contenido de la carta.
Carta abierta de la senadora a las
ciudadanas y ciudadanos, al Partido Liberal colombiano y a la opinión
pública nacional e internacional
Hace un mes, en mi calidad de dirigente política y social, expresé en
el municipio de Miranda, Cauca, mis puntos de vista acerca de los
derechos de la población. Hoy, me he enterado de la polémica que dicha
visita generó, debido a unas imágenes editadas y publicadas por algunos
medios de información que las recibieron de fuentes oficiales.
Conociendo las reacciones del presidente del Partido, Sr. Simón Gaviria,
en las que se refiere a mis palabras como alejadas de los postulados
ideológicos del Partido Liberal, y las del procurador Alejandro Ordóñez,
que junto con algunos otros altos funcionarios piden se me procese por
diferentes delitos, deseo manifestar que estoy dispuesta a aclarar mi
responsabilidad jurídica y política, y ante todo mi responsabilidad
moral con Colombia.
En tal sentido, es irónico que quienes han promovido de una u otra
forma decisiones políticas a espaldas de los intereses del país,
indiferentes a las injusticias, exclusiones y discriminaciones que viven
cientos de comunidades indígenas, campesinas, afro descendientes,
sectores urbanos empobrecidos, sectores medios, mujeres, y personas con
diversas opciones sexuales, y en general amplios sectores sumidos en la
desigualdad, se asuman aquellos como jueces, desbordando nuevamente sus
competencias o pretendiendo ganar legitimidades para sus intereses.
Piedad interviniendo en el Foro |
Me acusan de “instigar al delito”, “asonada”, “concierto para
delinquir” e “incitar a la violencia” por referirme básicamente al
retiro de las bases militares que ponen en peligro a la población y por
sumarme al llamado que pide la revocatoria del Congreso y que algunos
sectores plantearon al mandato del Presidente. Mis declaraciones son
legítimas, justificadas y precisas, y acuden al supremo recurso del
pensamiento y la libertad de opinión que convoca la acción civilista y
pacífica, como lo vengo sustentando sin dobleces hace muchos años,
siempre en el marco de los principios de un Estado democrático moderno.
Parte de ese legado histórico del derecho y del humanismo se
encuentra en obras y valores incluso anteriores a la Revolución Francesa
de 1789, en Tomás de Aquino, Tomas Moro, Pedro Claver. O en nuestra
historia, basta detenerse en pasajes de la vida de José Antonio Galán,
asesinado en 1782, hace 230 años, o en el pensamiento de Gaitán, Uribe
Uribe, López Pumarejo. O en una mirada universal al repasar la obra de
Henry David Thoreau sobre la desobediencia civil, o a autores como
Mahatma Gandhi o Martín Luther King.
Porque evidentemente en la modernidad, en un Estado de Derecho, se
comprende con nitidez la diferencia entre los delitos que desean se me
imputen por instigación, y la legitimidad de la actuación en libertades,
en conciencia y en Derecho. Lo que he hecho, en relación con la
situación que padece el norte del Cauca, y también otras regiones, es
recordar que hay al menos dos derechos de primer rango a los que la
población no puede ni debe renunciar:
1. El derecho humanitario, que prohíbe que las partes
contendientes, sean militares o guerrillas, se instalen entre la
población civil para convertirla en escudo, protegiéndose indebidamente,
exponiéndola o haciéndola objetivo de acciones bélicas. El derecho
internacional es claro en este aspecto, por lo tanto invito a un debate
público, pluralista y respetuoso de las diferentes posturas jurídicas y
políticas sobre esta materia. Colombia necesita un cambio en la
política, cuyo primer objetivo debe ser no acrecentar más la
militarización y el saqueo, sino abrir la puerta para un diálogo de todo
el país, de todos los sectores, de todas las regiones, porque es
necesaria la paz y el logro de la justicia social.
2. El derecho a la protesta, a la opinión, a la desobediencia civil y
a la objeción de conciencia, respaldado en el pensamiento humanista
liberal y social. Se expresa, en este caso, de dos maneras: en primer
lugar llamando a la defensa pacífica por y desde la población civil
atacada, velando por su protección, su libertad, derechos y recursos,
desde su propia cosmovisión, a favor del territorio que está siendo
militarizado y cruzado por dos modelos de desarrollo de la guerra. En
segundo lugar, adhiriéndome al torrente que muchas ciudadanas y
ciudadanos han desatado, de la necesidad de revocar el mandato de
poderes que no están salvaguardando intereses sociales o públicos sino
amparando solamente los intereses privados.
En el transcurso de mi quehacer político siempre he acompañado las
justas reclamaciones en derecho de comunidades indígenas, de campesinos,
de mujeres, de afrodescendientes; así como otras expresiones para que
los derechos de los colombianos sean una realidad.
Su solidaridad con los campesinos de Calandaima |
Mi presencia en Miranda respondió al acompañamiento solidario,
humanitario y humanista que durante años he realizado a procesos
políticos y sociales y mi compromiso con la búsqueda de la paz y la
justicia social. Es claro, y es un menosprecio a su memoria ancestral, a
su creatividad y valentía, que las comunidades indígenas, quienes
padecen, como otros sectores, el conflicto armado, claman por la
humanización y la paz, que sus movilizaciones, que han desarrollado por
sí mismos hace muchos años, sin mis expresiones de solidaridad y de
preocupación, en el Cauca y en decenas de regiones del país, son una
prueba de esa firme voluntad colectiva que busca hacer realidad el
sagrado Derecho a la Paz, que consagra el artículo 22 de la Constitución
Nacional.
Estas manifestaciones, al igual que las campesinas y
afrodescendientes, y de otros sectores de la sociedad, indican la
necesidad de dialogar, ante los costos envidas y daños irreparables para
los civiles, para los combatientes de los bandos enfrentados, para la
economía del país, por los efectos sociales y ambientales que hacen
inviable una sociedad reconciliada en una democracia profunda.
Los momentos que vivimos de crisis en diversos planos son una invitación
al país, alas colombianas y colombianos sin distinción, a decidir la
búsqueda de la pazen una democracia política y social, y no una guerra
prolongada, sin esperanza, de aniquilamiento lento, doloroso, inhumano,
destructivo.
Piedad Córdoba Ruiz
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