Néstor Cohan
La Haine
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Ojalá... |
Guerra,
drogas y prostitución constituyen fuentes estructurales y centrales de
acumulación capitalista. Por eso no van a desaparecer con un anuncio de la
UNICEF
Nos piden una opinión sobre el
proceso de paz en Colombia. Resulta difícil desde tan lejos. Siempre recordamos
aquella lúcida advertencia del viejo historiador argentino Rodolfo Puiggrós,
quien se reía de la petulancia porteña afirmando que como los revolucionarios
argentinos no hemos podido tomar el poder ni hacer nuestra propia revolución
socialista andamos por el mundo inspeccionando revoluciones ajenas. Hecha esta
salvedad, creemos que como integrantes de la Patria Grande latinoamericana,
aunque no seamos colombianos, podemos al menos opinar o dar nuestro punto de
vista.
En Colombia hay guerra social.
Este es el punto de partida. Una guerra de larga data, no sólo coyuntural sino
estructural.
- No hay un grupito de
delincuentes que alguna vez fueron rebeldes idealistas y hoy están sedientos de
sangre y enloquecidos por la cocaína, como han querido pintar a la insurgencia
desde el poder.
- Tampoco existe un elenco de
políticos prolijos y honestos y empresarios emprendedores que tienen
dificultades para desarrollar un capitalismo serio porque los terroristas no quieren
vivir en paz y armonía, como han querido dibujar los grandes monopolios de
comunicación a la clase dominante colombiana, tanto en el plano político como
en la esfera económica.
- De igual modo, los militares
oficiales de Colombia (al menos sus cuadros dirigentes y altos oficiales) no
son gente patriota, apegados a la ley, defensores del mundo libre, la libertad
del pensamiento y las tradiciones altruistas y pluralistas de occidente.
- Finalmente, los asesores
norteamericanos e israelíes, el personal yanqui en las bases militares, los
aviadores que bombardean población civil, los espías que hablan inglés (o
hebreo) y los señores del Pentágono que diseñan los planes de guerra
contrainsurgente no son gente buena, dulce y pacífica, excelentes padres de
familia, como aparecen en las películas de Hollywood de un sábado a la tarde.
No. Las cosas por su nombre. Al
pan, pan; al vino, vino.
En Colombia hay guerra social.
Comenzó en 1948 con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán por parte de la clase
dominante local y con intervención de la inteligencia yanqui, aunque las
matanzas y genocidios contra el pueblo son muy anteriores (basta recordar la
masacre de las bananeras en 1928 a manos de la empresa tristemente célebre
United Fruit). Esa guerra enfrenta desde hace más de 60 años al campo popular
en sus diferentes expresiones (civiles y político-militares) contra la clase
dominante nativa y extranjera.
Las Fuerzas Armadas oficiales,
las más belicosas y sangrientas de Nuestra América, están dirigidas directamente
por el Pentágono y el Comando Sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Sus
jefes hablan inglés, no español. En ese conflicto social de más de seis
décadas, ha habido una cantidad enorme de desaparecidos (muchísimo mayor que en
las dictaduras militares genocidas del cono sur), de torturados, de mutilados
con la motosierra. No los asesinó la insurgencia sino los militares y
paramilitares al servicio del empresariado (como sus propios jefes han
declarado públicamente cuando la desagradecida clase dominante colombiana
pretendió desembarazarse de sus sicarios y matones). No hay equidistancia
posible entre opresores y oprimidos, entre bases militares yanquis e
insurgencia, entre el terrorismo de estado y la respuesta popular de la
rebeldía insurgente.
La “seguridad democrática” no es
más que la vieja y podrida doctrina (norteamericana) de la Seguridad Nacional,
reciclada ahora con parlamento y títeres civiles.
Eso existe en Colombia. Puede
parecer obvio, pero no lo es. Insistimos: las cosas por su nombre.
En ese contexto histórico y en
una correlación de fuerzas internacionales donde el gobierno colombiano se
encuentra aislado dentro de Unasur y en toda América Latina aparecen estos
diálogos de paz. ¿Son los primeros? No. Hubo muchos antes. ¿Cómo terminaron
todos? Con el bombardeo sistemático por parte del terrorismo de estado. Porque
el mantenimiento de la guerra permite a la burguesía lumpen que gobierna
Colombia mantener y reproducir sus negocios lúmpenes. La guerra es un buen
negocio para los millonarios. En la guerra mueren los indígenas, los morenos,
la gente pobre de piel oscura, los hijos del pueblo. Los ricos hacen dinero en
nombre de “la libertad” y de la “seguridad”.
El complejo militar-industrial de
Estados Unidos (y sus serviles peones colombianos) necesita recrear la guerra
periódicamente. El capitalismo parasitario de nuestra época ha transformado las
actividades anteriormente marginales y nocturnas en su quehacer central y en su
modus vivendi a plena luz del día. Guerra, drogas y prostitución constituyen
fuentes estructurales y centrales de acumulación capitalista en el mundo
contemporáneo. Por eso no van a desaparecer con un tímido e inoperante afiche
de la UNESCO o una propaganda televisiva de la UNICEF.
¿Tendrá futuro la paz en Colombia
a partir de estos diálogos? Por parte del gobierno y el estado colombiano…
definitivamente NO. Sería tonto y hasta perverso depositar esperanzas en gente
que tiene no sólo las manos manchadas de sangre sino también sus abultadas
cuentas bancarias, sus fincas, sus firmas y empresas. La insurgencia sólo podrá
imponer la paz (sí, porque la paz con justicia social nunca llegará alegremente
y solita, se la debe imponer, como antaño hicieron los vietnamitas o los
argelinos) si el conjunto del campo popular se moviliza, descoloca y hace
tambalear las estructuras de dominación político-mediáticas del estado
terrorista colombiano.
Imponer la paz a la burguesía
colombiana, obligarla a aceptar que a largo plazo es inviable el mantenimiento
de la guerra es una tarea dura, un desafío casi imposible, dificilísimo. Pero
la insurgencia colombiana tiene un apoyo popular indudable. El sólo hecho de
haber obligado al gobierno a aceptar las mesas de diálogo —con lo cual el
estado reconoce que la insurgencia no constituye “un grupo de facinerosos,
bandoleros y narcotraficantes sin ideología”, sino una fuerza beligerante,
político-militar— ya es un avance notable.
Las dos violencias (estatal e
insurgente) no son equiparables, no son homologables. En la medida en que los
movimientos sociales logren eludir y superar esas falsas dicotomías que
responden a la cooptación de las tramposas y envenenadas ONGs (que reciben
cuantiosas sumas de euros y dólares a condición de que condenen por igual
“ambas violencias, vengan de donde vengan”, igualando falsamente al terrorismo
del estado con la rebeldía popular organizada) podrán sumarse al proceso de
paz.
El futuro de este proceso de paz
no se resolverá en la televisión, ya de por sí a favor del régimen terrorista
como columna vertebral de la guerra psicológica contrainsurgente. La
posibilidad de imponer el fin de la guerra y la conquista de la paz dependerá
de la capacidad de los movimientos sociales para desafiar la “seguridad
democrática”, para enfrentar la represión estatal (disfrazada de “democracia”)
y las manipulaciones del gobierno de Santos. El futuro de una nueva Colombia
plenamente integrada a América Latina y ya sin burguesía dominante vendrá, no
hay duda, de la unidad de la insurgencia y los movimientos sociales.
República Socialista y
Multicultural de Miserere, 11 de diciembre de 2012
Resumen Latinoamericano
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