En solidaridad con Remedios García Albert, acusada de colaborar con la guerrilla colombiana por apoyar una solución negociada al conflicto.
Acto público
Madrid, miércoles, 12 de mayo de 2010 • 20:00 horas
Sala Clamores (calle Alburquerque, 14 •
Convoca: Plataforma de apoyo a Remedios García Albert
http://solidaridadconremedios.org
En el acto intervendrán personalidades de la política, de la cultura y del periodismo, representantes de los movimientos sociales y contaremos con la presencia de cantautores.
En septiembre del 2003, al concluir su primer año presidencial, Álvaro Uribe acusó a los defensores de los derechos humanos (durante un discurso en la Escuela Superior de Guerra) de ser "politiqueros al servicio del terrorismo que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos". Y comenzó la guerra jurídica contra la oposición interna y la solidaridad internacional.
Como dice el obispo Leonardo Gómez Serna, "si alguien busca la paz negociada, lo vinculan con la guerrilla" . Dos son los instrumentos más utilizados por la política de Uribe en su guerra de desprestigio y criminalización: los contradictorios e indocumentados testimonios de supuestos desertores de la gue rrilla y los supuestos documentos del supuesto ordenador supuestamente encontrado en el ataque de la Fuerza Aérea de Colombia y Estados Unidos contra el campamento de Raúl Reyes, comandante de las FARC, en territorio ecuatoriano.
En esas pruebas precocinadas se basan las acusaciones para el procesamiento de Remedios García Albert por “colaboración con banda armada”. La guerra jurídica le ha destrozado la vida: ha perdido su puesto de trabajo y padece la inseguridad y las peligrosas consecuencias de la imagen terrorista proyectada en los medios de comunicación.
En solidaridad con Remedios García Albert y para explicar el origen y las características de la guerra jurídica que el presidente Álvaro Uribe ha exportado desde Colombia a España, hemos convocado un acto público en la madrileña Sala Clamores que se realizará el próximo jueves, 12 de mayo, a las 20:00 horas. En el acto intervendrán personalidades de la política, de la cultura y del periodismo, representantes de los movimientos sociales y contaremos con la presencia de cantautores.
María Remedios García Albert, nacida en Ávila en 1951, fue detenida por agentes del Cuerpo Nacional de Policía español el 26 de julio del año pasado en San Lorenzo del Escorial, a las afueras de Madrid, cinco meses después de la muerte de ‘Raúl Reyes’ en Ecuador.
En su contra juega la información que fue entregada por la Policía colombiana a las autoridades de España en la que supuestamente se demuestra que ella intercambió mensajes con el jefe guerrillero con los alias de ‘ Irene’ o ‘Soraya’.
La Policía ha asegurado que ‘ Irene’ hacía parte del frente internacional de las Farc y su labor era gestionar visados para que jefes guerrilleros pudieran entrar a Europa. A su vez, se le acusa de que ha manejado recursos del las Farc y que, entre 2002 y 2006, mantuvo contacto con ese grupo y visitó sus campamentos. Incluso –según la Policía colombiana– se ha investigado si supuestamente ella era el presunto enlace de la guerrilla con Eta.
Con esta información, el juez Garzón ordenó la detención de García Albert, que en ese momento trabajaba en la reconocida Secretaría General de Iberoamérica (Segib). Al otro día de haber sido detenida, la Audiencia le dio la libertad provisional bajo fianza (tuvo que pagar 34 millones de pesos en un lapso de siete días).
La decisión del juez no sólo ha tenido repercusiones en España. En enero de este año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó su nombre junto a Ómar Arturo Zabala, alias ‘Lucas Gualdrón’, y Vlaudín Rodrigo Vega, alias ‘Carlos Vlaudín’, en la llamada ‘lista Clinton’ señalados de ser “miembros clave de la Comisión Internacional de las Farc”.
García Albert respondió a EL TIEMPO un cuestionario que envió este diario a través de su abogado y también miembro del partido Izquierda Unida (IU), Enrique Santiago Romero, siendo la primera entrevista que concede a un medio de comunicación colombiano.
¿Qué ha pasado durante este año? ¿Ha continuado con su trabajo?
Cuando fui detenida yo estaba trabajando en la Secretaría General Iberoamericana. Al día siguiente, cuando me presenté a trabajar sin haberme ausentado un solo día de mi puesto de trabajo, se mostraron “amables” conmigo, pero se me dijo que mi contrato había concluido –lo que no era cierto– y que no me lo iban a renovar.
Me dijeron que la Secretaría no quería verse “salpicada”. De hecho, es curioso que en ningún medio de comunicación apareciera el nombre de la Segib, que es la institución para la que yo estaba trabajando. No se trataba de una ONG sino de una organización de carácter internacional que está integrada por 19 países Iberoamericanos más Portugal, España y Andorra, y que tiene su sede en Madrid. Pusimos una demanda contra ellos ante los tribunales laborales por despido improcedente pues no se había respetado la presunción de inocencia. Ganamos ese juicio y se vieron obligados a indemnizarme. No quisimos solicitar la readmisión.
¿Pagó la fianza?
Por supuesto. La fianza se canceló en el plazo de 5 días, dos antes del plazo establecido por el juez, gracias a una suscripción popular que recaudó la totalidad del dinero de la fianza en un tiempo récord.
¿Por qué ha guardado silencio sobre su caso?
Guardo silencio en aquellas cuestiones relacionadas con el procedimiento judicial, que como usted sabe está bajo secreto del sumario. En todo aquello no relacionado con el procedimiento judicial siempre he contestado todas las entrevistas de los medios de comunicación imparciales y profesionales, no de aquellos que no han respetado mi derecho a la presunción de inocencia y me han condenado mediáticamente sin un juicio. Espero que el diario EL TIEMPO sepa respetar mi derecho a la presunción de inocencia.
Su abogado ha afirmado a medios españoles que el Gobierno del presidente Álvaro Uribe ha perseguido a las personas que han intentado impulsar una salida negociada al conflicto colombiano. ¿En qué sentido usted facilitó ese acercamiento? ¿Cómo fue su trabajo al respecto?
No sólo mi abogado, la Corte Suprema y la Fiscalia colombiana acaban de anular las acusaciones contra Gloria Inés Ramirez, Carlos Lozano y (Álvaro) Leyva Durán en lo relativo al trabajo de mediación y acercamiento entre las partes en conflicto en Colombia. Por mi parte, desde hace más de 15 años trabajo en materia de resolución de conflictos políticos, a cuyo efecto tengo que mantener comunicaciones con las partes enfrentadas. He trabajado sobre los conflictos del Sahara, de Palestina, de Iraq y de Colombia, entre otros. Pero únicamente al Gobierno colombiano se le ha ocurrido equipararme a una de las “partes” en el conflicto.
Se le acusa de ser ‘ Irene’ o ‘Soraya’, la representante de las Farc en España. De tramitar visas, de manejar dinero de la organización y de invitar a miembros de las Farc a España para que participaran en encuentros sobre la situación de Colombia. ¿Qué tiene que decir?
Las preguntas afectan directamente al secreto de sumario. Evidentemente no soy ni he sido nunca miembro de las Farc. Y respecto a los visados de extranjeros en España, lo único que puedo decirle es que los concede, por mandato imperativo de la ley, el Ministerio de Exterior y el Ministerio de Exteriores. Y no dudo que ambos ministerios saben a quién le conceden los visados de entrada y de estancia en España.
Lo que se encontró en los computadores de ‘Reyes’ fue auditado por la Interpol…
La misma Interpol ha señalado en el informe de auditoría de los supuestos ordenadores encontrados en el campamento de ‘Raul Reyes’ que más de 40.000 archivos de los entregados por las autoridades colombianas eran susceptibles de haber sido manipulados por las autoridades colombianas. De hecho, el informe de la Interpol que usted menciona ha sido presentado por mi abogado en el Juzgado de la Audiencia Nacional como prueba de la defensa. Curiosamente, nunca ha sido aportado por las autoridades colombianas.
La investigación deja en claro que usted conoció a ‘Reyes’. ¿Dónde y en qué tiempo lo conoció? ¿Ha viajado a Colombia?
Conocí a ‘Raúl Reyes’ en España, creo que fue en el año 2000. La ONG en la que yo trabajaba, OSPAAAL (Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, Africa y América Latina), organizó una conferencia en la Universidad de Alcalá de Henares. Era en pleno proceso de paz del Caguán. Asistió ‘Raúl Reyes’, asistió un representante del gobierno colombiano, Fabio Valencia Cossio, que hoy es ministro del gobierno de Uribe, y vinieron muchos representantes de organizaciones colombianas de la sociedad civil.
También asistió un representante de la Cruz Roja Internacional y algunos eurodiputados y, por supuesto las autoridades del Ayuntamiento y de la Universidad de Alcalá de Henares y algunos alcaldes de otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que también patrocinaban la conferencia. Tengo que decir que ‘Raúl Reyes’ estuvo custodiado permanentemente por la policía española. Todo el mundo quería hablar con él y que la prensa peleaba por entrevistarlo.
Se dice que usted conoce a Carlos Lozano, director del diario ‘Voz’, y que tiene contacto con políticos venezolanos…
Sí conozco a Carlos Lozano y a su familia. También conozco a otros colombianos, venezolanos, ecuatorianos, bolivianos, mexicanos, uruguayos, chilenos, etc… Tenga usted en cuenta que yo pasé 10 años de mi vida en América Latina. Viví en Argentina durante el proceso a las juntas militares.
Con respecto a Carlos Lozano, tengo que decir que es un hombre inteligente que está sacrificando su vida procurando la paz para su país. Vive perseguido desde hace años. Casi no puede moverse libremente en Colombia por las amenazas que sufre desde hace mucho tiempo. No merece lo que le están haciendo. De las personas que se ven obligadas a vivir en esa forma tan injusta en Colombia se habla poco.
Se ha investigado si usted es el enlace entre las Farc y Eta. ¿Qué dice sobre esto?
Ni yo ni mi abogado tenemos conocimiento de que en las actuaciones seguidas para la Audiencia Nacional contra mí aparezca la más mínima referencia ni a Eta ni a ninguna otra organización terrorista.
La Justicia colombiana acaba de archivar varios procesos contra personas que, según los ordenadores de ‘Reyes’, tenían nexos con las Farc. ¿Cree que lo que se encontró en los PC tiene suficiente validez para la Justicia?
Tengo entendido que, según los informes de expertos en informática forense, esas pruebas carecerían de validez. En última instancia creo que corresponde a los jueces pronunciarse. Insisto, tengo muchas dudas de que ‘Raúl Reyes’ pudiera disponer de una conexión a Internet en plena selva.
¿Qué cree que pasará con su caso en la Audiencia Nacional?
No sé lo que pasará con mi caso. Lo único que sé es que yo no soy una delincuente ni mucho menos una terrorista. No me gustan las armas y desearía que todas desaparecieran; que fuéramos capaces de resolver los problemas de forma civilizada. Pero parece ser que por ahora eso no es posible. Hay demasiados intereses en juego, empezando por quienes las fabrican. En cuanto a la llamada farcpolítica, esta no existe. Si no recuerdo mal, las Farc llamaron a la abstención en las elecciones, por lo tanto difícilmente alguien puede haber sido elegido con votos pagados por esa organización.
La farcpolítica es otra de las expresiones del deseo del gobierno colombiano. Les vendría muy bien su existencia para justificar, o más bien tratar de contrapesar todo el gran escándalo de lo que se ha dado en llamar parapolítica y que no es sino un gran fraude electoral que llevó a la presidencia al presidente Uribe. Pero ese escándalo ya no se puede parar. Lo asombroso es que la comunidad internacional, o una gran parte de ella, parece querer ignorarlo y seguir como si nada.
¿Cuál cree que es el futuro de los correos de ‘Reyes’?
Yo, al igual que numerosos organismos internacionales, gobiernos, ONG y juristas de multitud de países, no tengo la certeza de que el Gobierno colombiano esté en posesión de ningún ordenador de ‘Raúl Reyes’. Lo que es evidente es que el gobierno de Uribe, a ese supuesto ordenador, le está intentando sacar más partido político que jurídico, y para ello han tenido de su lado a la gran mayoría de los grandes medios de comunicación del país y del exterior, que han publicado cualquier infundio propagado por el gobierno colombiano sin preocuparse en verificar ni una línea de las graves acusaciones vertidas por las autoridades colombianas respecto a la multitud de personas que viene trabajando por la paz y el fin del conflicto en Colombia.
Muchas de las cosas que se han dicho a partir del computador son en realidad expresiones del deseo, cosas que al Gobierno colombiano le convendría que fueran así y pretenden confirmarlas gracias al PV, pero tendrán que probarlo. No olvidemos que el propio oficial de la Policía colombiana -capitán Coy- que examinó los supuestos ordenadores declaró ante la Fiscalía colombiana y ante la Corte que no había ni un solo correo electrónico en ese ordenador. La guerra no solo se hace con las armas.
Entonces, ¿qué propone para la salida del conflicto?
Afortunadamente siempre hay quien trata de seguir adelante, buscando soluciones. En eso también los colombianos son incansables. Yo creo que con una verdadera voluntad se puede llegar a la solución en Colombia pero hay que sentarse y hablar. Y para empezar hay que quitarle los calificativos a la otra parte. Hay que ganar la confianza que está muy mal herida desde hace muchos años. Y tiene que haber verdadera voluntad de paz en todas las partes. Y si soy realista, las fuerzas que desean la paz tienen que surgir de un gran movimiento que además esté dispuesto a llevar a la práctica los cambios estructurales necesarios para acabar con la injusticia y la impunidad. La iniciativa de Piedad Córdoba y de Colombianos por la paz está logrando buenos resultados, aunque por ahora sólo parece ceder una de las partes.
ANDRÉS GARIBELLOESPECIAL PARA EL TIEMPOMADRID, ESPAÑA
ENTREVISTA PUBLICADA EN “EL TIEMPO” EDICION DEL 31 DE AGOSTO DE 2009
Carlos Tena
Incluso la propia CIA, el FBI o la Interpol, se niegan a dar credibilidad a la policía colombiana, concediendo un prestigio similar a su presidente, Álvaro Uribe, a quien la Confederación Sindical Internacional, que agrupa a cientos de organizaciones de trabajadores de medio mundo y representa a más de 178 millones de personas, acaba de solicitarle que se atreva a abrir una investigación sobre la mayor fosa común de América Latina (La Macarena), y ponga fin a la impunidad de sus responsables. No lo hará. Uribe, como buen asesino, esconde sus miles de pruebas en forma de esqueletos.
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Fosa_comun_en_La_Macarena_Colombia.pdf
El presidente colombiano goza desde hace más de 20 años de una merecida fama como narcotraficante, al igual que su no menos sospechoso ejército y policía (primos hermanos de los que han consagrado a Porfirio Lobo en Honduras), pero además, tiene el suficiente crédito como para que el juez Garzón se atreviera a procesar a la ciudadana Remedios García Albert, pacifista y defensora de los derechos humanos, cuyo trabajo por la paz en aquel castigado país, han merecido el elogio de diversos organismos internacionales, de la propia senadora Piedad Córdoba (a quien también Uribe intenta criminalizar), de Jaime Ballesteros, presidente de Ospaal (Organización Solidaria con los Pueblos de Asia, África y Latinoamérica) y de miles de colombianos que siguen combatiendo con las armas de la palabra por un estado de derecho. Y aunque el caso se halle actualmente en manos del juez Velasco, mis palabras valen para ambos ¿expertos?, porque son hermanos de la misma camada.
http://www.nodo50.org/plataformabolivariana/Opinion/UnNarcotraficante.htm
¿Fue lógica, en justicia, o manifiestamente aberrante aquella decisión? Garzón, tan exquisito y preciso, tan preocupado por la señora invidente que sostiene una balanza, se encogió ante un mandatario con un curriculum impresionante, como criminal, narcotraficante y genocida, que a su vez envía pretendidas pruebas, sacadas de un ordenador manipulado mil veces, para incriminar a personas cuya actividad es la contraria de la que practica ese presidente: el cumplimiento de los derechos humanos.
¿Saben Garzón y Velasco, el significado de esos derechos? ¿Sospecharían ambos (si desde Interior les hubieran mandado las fotos) del ex presidente del Congreso, Federico Trillo, de los dirigentes de la CEOE o la entonces plana mayor de la Comunidad Valenciana, sonriendo al lado de uno de los máximos jefes de las FARC, lamentablemente asesinado, como Raúl Reyes? ¿Procesarían a alguno de ellos si les remitieran pruebas, como las que dicen incriminan a la ciudadana García Albert?
Naciones Unidas denunció hace escasas semanas, por enésima vez consecutiva, a través de su comisión de Derechos Humanos, la pésima situación en aquella nación y la falta de libertades de sus ciudadanos, en la que se incumplen diariamente, como en la propia España, prerrogativas tan elementales como el habeas corpus o el trato digno en caso de ser detenido. Colombia (y los jueces lo saben) es un país gobernado por el crimen, donde siguen muriendo asesinados miles de personas a manos de las bandas paramilitares (que forman a su vez efectivos del ejército y la policía), entre las que hay periodistas, sindicalistas, médicos, abogados y estudiantes.
¿Acaso Garzón y Velasco no dan crédito a Salvatore Mancuso, sobre la connivencia del todo el aparato gubernamental de Uribe, con el terrorismo de estado? Parece que sus colegas de EEUU sí están atentos a las revelaciones de este confidente, que ahora descubre los encantos de Juan Manuel Santos, sucesor de Uribe, otro presunto criminal de talla aznariana, a quien bendice la Iglesia Católica colombiana, sus obispos y cardenales. Faltaría más. El Dios de Benedicto XVI siempre estuvo del lado del los genocidas.
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cod=13&cat=11
Garzón presume y blasona de perseguir ese infame delito, apoyado por miles de inocentes familias de asesinados y desaparecidos en Chile, Argentina y España; parece estar dotado de una especial capacidad para desmarcarse de las condenas por tortura en su propio país, así como un muy sospechoso concepto sobre la credibilidad de un estado como el de Colombia, cosa que no es de extrañar, habida cuenta de los `procesos que ha ido abriendo contra pacíficos ciudadanos, por la simple sospecha o, en el colmo del cinismo, de su convicción moral. Sería muy oportuno que Garzón declarase dónde radicó su confianza y convicción moral: ¿en los informes de Amnistía Internacional o en los de la Policía de Uribe? Velasco no puede presumir de nada, a menos que recite de memoria las Leyes Fundamentales de Franco, que el actual rey, por cierto, juró ante un crucifijo y la Biblia.
http://www.amnesty-international-audio.fr/spip.php?article989
Una moral muy particular, la de Garzón. Para qué hablar de la carta que dirigió al magnate Emilio Botín, solicitando del Banco de Santander más de 300.000 dólares para organizar un cursillo en EEUU, que pomposamente titulaba Seguridad Jurídica y Derechos en Iberoamérica ¿Acaso no hubiera sido más correcto organizarlo en la propia Colombia, para que el jurista fuera testigo directo de lo que pretendía? ¿O es que en esa nación tal vez fuese más arriesgado? ¿Tendrá Garzón en su cartera un programa parecido, esta vez suplicando a Caja Madrid, acerca de la Inseguridad Jurídica en Europa? ¿Será capaz de liarse la toalla de la dignidad a la cabeza y montar en la UIMP un curso magistral sobre La Tortura en España, que tantas veces han denunciado los Relatores de Naciones Unidas? Puesto a dar ideas, le brindo a Velasco una estupenda, cual es organizar, junto a Buenafuente y Wyoming, un cursillo sobre el Trato Inhumano a los Televidentes, financiado en Sicilia por Esperanza Aguirre.
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/16/espana/1260993454.html
Garzón, al que apoyan esos miles de dolientes familiares de victimas del terrorismo de Estado, se dedicaba, mucho antes de preparar el estreno de su obra Franco y sus crímenes, a conceder crédito a un delincuente tan peligroso como a Álvaro Uribe. Y es que el pánico del PSOE ante las próximas elecciones es tan cerval, que han tirado de él para que le siguiera toda la izquierda oficial, en un patético intento por responsabilizar del neo franquismo reinante, únicamente al PP. Pero los socialistas tienen también su cuota de responsabilidad. Han estado remisos, desde que Felipe González afirmara que “Franco no fue un dictador, sino un militar autoritario”, no sólo a devolver la dignidad a las víctimas de la dictadura, sino a negarse en redondo a denunciar como ilícita la Ley de Amnistía de 1979, o a solicitar del monarca, como sí hizo ERC en Catalunya, a que condenara el genocidio de Franco. Velasco, mejor no opina sobre esas cuestiones.
¿Daria Garzón el mismo crédito a la justicia cubana, si esta demandara la extradición de los delincuentes Carlos Alberto Montaner y Armando Valladares, que se pasean tranquilamente por medio mundo, o del terrorista Luis Posada Carriles en Florida? ¿Atendería las demandas de la familia del periodista español José Couso, asesinado impunemente en Irak por los criminales mercenarios del ejército yanqui? En el primero de los supuestos, tengo la convicción intelectual de que Velasco llamaría de inmediato a Yoani Sánchez, a Fariñas, a las Damas del Cheque en Blanco y a Gloria Estefan.
Qué coherencia la del ciudadano Garzón, con varios sumarios abiertos por colegas de su misma ideología. Qué eficacia profesional la suya, que no logró el procesamiento (sabiéndolo de antemano) de Pinochet y Videla. Qué deontología tan especial la de Velasco, qué sentido tan elevado de su ética profesional, equiparables sólo a las de aquellos sus colegas del Tribunal de Orden Público (hoy Audiencia Nacional), que firmaron sentencias tan aberrantes como la que pende hoy sobre la ciudadana Remedios García Albert.
Albergo la sospecha razonable de que ambos jueces se hallan, profesional, humana y éticamente en las antípodas de un experto con sentido de la responsabilidad y verdadero talante democrático. Dotes y virtudes que distinguieron a juristas desgraciadamente desaparecidos, como el juez Joaquín Navarro Esteban o el fiscal Jesús Chamorro. Ninguno de ellos, en su caso, hubiera aceptado como válidas las informaciones manipuladas mil veces por un gobierno como el de Uribe.
¿Qué justicia es entonces la que se defiende? ¿La que exige un asesino como Uribe? ¿La que demanda una policía corrupta y criminal? ¿La que debería anular todas las sentencias del franquismo? ¿O la que criminaliza falsamente a los ciudadanos que anhelan la paz?
Garzón, Velasco, Grande Marlaska, Del Olmo, Murillo, Varela, y hasta un estudiante de primer curso en una facultad de derecho, saben que el terrorismo de Estado, las detenciones ilegales, las leyes ilícitas, se oponen frontalmente a eso que llaman justicia.
Y si un profesional del derecho da credibilidad a un gobierno que consiente y promueve, alienta y practica ese tipo de barbaridades, como es el colombiano, es porque actúa bajo la presión de una dictadura, por miedo, por cobardía o por la infame y jamás justificable obediencia debida, o por inconfesables razones de esconde bajo la toga.
