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miércoles, 20 de mayo de 2020

MEMORIA, OLVIDO Y TERGIVERSACIÓN


Isabel Galeote Marhuenda

Un 19 de mayo de 1979, quedó legalizada la Masonería, otra vez, en España. Este hecho es importante traerlo a colación y recordarlo porque esos vientos huracanados de intransigencia, intolerancia y odio que recorren, de nuevo, la vieja Europa, no es baladí. Esta mala galerna hay que tomársela en serio y no mirarla desde una posición lejana y distante, como si la cosa no fuera con nosotras y nosotros. Mucho menos con una postura mística desde la cúspide de un palco o, incluso, el pináculo de un púlpito.

El premio Nobel de Literatura José Saramago defendió en una de sus conferencias magistrales, en el marco de la jornada sobre la recuperación de la memoria histórica “De la sombra a la luz” desarrollada en Jaén en octubre de 2005, la necesidad de "recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica" porque de lo contrario "se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia". En la misma conferencia también afirmó que “no tener memoria es olvidarnos de nosotros mismos". Y de olvido, indiferencia o incluso tergiversaciones históricas, va la cosa.

Una frase muy conocida y que desde mi punto de vista tiene mucho de sentido común y de razón, es la que pronunciara el escritor George Orwell, autor del magnífico libro 1984: “La historia la escriben los vencedores”. Y siempre ha sido así, aunque bien es cierto que el paso del tiempo también da voz a los vencidos y, afortunadamente, eso es lo que se pretende desde los grupos memorialistas con su trabajo. Solo se trata de poner las cosas en su sitio. Los vencidos, las vencidas, también están/estamos poniendo las cosas en su sitio. Y para poner las cosas en el lugar que corresponde, hay que recurrir a la Historia -con mayúsculas-, esa disciplina de las Ciencias Sociales especializada en el pasado y que tiene por norte la investigación, estudio, análisis, interpretación y DOCUMENTACIÓN de los diferentes hechos acaecidos en el relato y cronología. El método de investigación es importante tenerlo en cuenta porque depende de los registros sobre hechos históricos que se puedan encontrar. La excelencia en un buen trabajo histórico, más allá de las conclusiones finales, radica en la búsqueda de evidencias sólidas y fuentes confiables, porque aun sabiendo que ciertas dosis de subjetividad son inevitables, estas han de ser tan imperceptibles que no influyan en la inclinación de la balanza. La romana ha de estar volcada completamente sobre la parte de la objetividad.


La historiografía oficial dice que el gobierno de Adolfo Suárez legalizó en 1979 la Masonería, prohibida en España durante 40 años por la dictadura franquista. 

Las Masonas y los Masones también sufrieron persecución, asesinato y represión durante la dictadura fascista. De hecho, en su exposición de motivos, la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, aún se puede leer -digo aún porque el gobierno de coalición del PP con Cs recibió el apoyo de Vox a cambio, entre otras cosas, de eliminar dicha Ley-, “En este sentido, el Parlamento de Andalucía, mediante la Proposición no de ley relativa a la conmemoración del 125 aniversario del nacimiento de Blas Infante, acordó «estudiar las vías y posibilidades jurídicas y políticas que permitan materialmente el reconocimiento y restitución de la dignidad y el honor del Padre de la Patria Andaluza, vulnerados por la sentencia de 4 de mayo de 1940, dictada por el Tribunal de Responsabilidades Políticas cuatro años después de su asesinato». Reconocimiento y restitución que esta ley reclama para todos los andaluces que sufrieron la ilegitimidad de los Consejos de Guerra, Tribunales de Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial de represión de la Masonería y el Comunismo y Tribunal de Orden Público (TOP).” También, en su Disposición adicional cuarta dice “Reconocimiento y restitución personal como consecuencia de la ilegitimidad de los tribunales y otros órganos. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía instará al Gobierno del Estado a la adopción de medidas de todo orden que procedan para hacer efectiva la reparación y reconocimiento personal a quienes padecieron condenas o sanciones de carácter personal por tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos, civiles o militares, como las sentencias de los Consejos de Guerra, Tribunales de Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial de represión de la Masonería y el Comunismo o del Tribunal del Orden Público (TOP), por causa de la lucha en defensa de los derechos y libertades del pueblo andaluz, durante la Dictadura franquista o la Transición hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, que permitan satisfacer los derechos enumerados en el artículo 3 de esta ley.”

Pues bien, apelando a la necesidad, como derecho humano, de recuperar la memoria histórica y haciendo honor al derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, no es de recibo, como tampoco es objetivamente cierto decir que “el gobierno de Adolfo Suárez legalizó, en 1979, la Masonería”. Porque sí, fue legalizada en esa fecha siendo presidente del gobierno el Sr. Suárez, pero él -su ejecutivo- lo hizo en estricto cumplimiento de una sentencia de la Sala de los Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ya que inicialmente la Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior de su gabinete, NEGÓ EL DERECHO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES al Gran Oriente Español, quien se vio obligado a acudir a los tribunales para reclamar su derecho a constituirse legalmente en el Estado español.


En este caso no se dieron las circunstancias que ocurrieron con la legalización del Partido Comunista de España o los sindicatos.


Enlace al Artículo del periódico impreso “El País” publicado el 20/05/1979 y que hace mención a lo expuesto: https://cutt.ly/VyY8z4N

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