FIEBRE DEL ORO EN COLOMBIA. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS INVERSORES

Imágenes:
http://latoma.afrodescendientes.com/
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=845

LE MONDE DIPLOMATIQUE EN ESPAÑOL

Agosto 2010

Laurence Mazure

Enviada Especial

"¿De qué viviría Bolivia si no explotase sus recursos naturales?" se preguntaba recientemente el presidente boliviano Evo Morales. Gracias al alza actual de los precios de las materias primas, muchos Gobiernos latinoamericanos no dudan en reforzar un modelo de desarrollo a menudo criticado. El objetivo de algunos es obvio: mejorar las condiciones de vida de la población humilde. Otros Gobiernos desean sobre todo atraer a las multinacionales. Es el caso de Colombia

Alto Guayabal, en los confines de las provincias de Antioquía y Chocó, al noroeste de Colombia. El 30 de enero de 2010, antes del amanecer, las fuerzas armadas colombianas lanzaron una ofensiva contra la vivienda tradicional de una familia indígena del pueblo Embera Katio. Asesinaron a un niño de 18 meses, hirieron a otras cuatro personas, destruyeron cultivos de subsistencia y descuartizaron animales domésticos. El ejército habló inmediatamente de un "error" en la persecución de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Para las organizaciones indígenas del país, se trata de un capítulo más en la ofensiva de las transnacionales mineras en Colombia. El bombardeo afectó a una de las comunidades que rodean al cerro "Careperro", monte "sagrado", que la trasnacional estadounidense Muriel Mining Corp., atraída por la presencia de mineral aurífero, tiene en el punto de mira. ¿Puro azar?.

Los Embera Katios, deplazados en el año 2000 por el conflicto armado interno, intentan actualmente regresar a sus tierras ancestrales, como los autoriza la Constitución de 1991. Durante su ausencia, la agencia gubernamentalmente Ingeominas entregó nueve licencias de exploración y explotación a Muriel Mining, sin preocuparse por los procedimientos de consulta a las comunidades, previstos sin embargo por la ley. Según William Carupia, portavoz de la Organización Indígena de Antioquía (OIA), la comunidad indígena estaría sufriendo, desde hace dos años, un "nuevo desplazamiento forzado" (1).

En un país donde la justicia da cuenta con demasiada frecuencia de la dominación de los poderosos, la Corte Constitucional arbitró, el 29 de marzo de 2010, a favor de las comunidades indias y afrocolombianas de Chocó y Antioquía; sentó una jurisprudencia que confirmó los derechos constitucionales específicos de las comunidades, y enfatizó la obligación de todos -incluidas las transnacionales-, de respetar los procedimientos legales y los imperativos de protección de la biodiversidad (2). Un avance importante, puesto que frente a los embera katios estaban los representantes de los Ministerios del Interior y de Justicia, de Medio Ambiente, Defensa, Asuntos Sociales, de Minas y Energía, así como las Fuerzas Armadas del país. Un comité que ni el azar habría podido reunir por sí solo...

El 21 de septiembre de 1999, el presidente estadounidense William Clinton y su homólogo colombiano Andrés Pastrana lanzaron el Plan Colombia, "por la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado", asegurando que el proyecto apuntaba a la lucha contra el narcotráfico. También se propusieron ayudar al ejército colombiano a acabar con las guerrilas que ocupaban determinaas partes del territorio, mediante el desembolso de 1.600 millones de dólares en tres años (3).

Desde el 20 de octubre de 1999, una enmienda vino a subrayar la segunda función del plan: favorecer las inversiones extranjeras "insistiendo en que el gobierno colombiano complete las urgentes reformas destinadas a abrir completamente su economía a la inversión y el comercio exterior" (4). Sus creadores entendieron que ambos objetivos estaban estrechamente ligados. En particular en el campo de la minería. Cuando, años más tarde, el Plan nacional de desarrollo minero 2019 del Ministerio de Minas y Energía (publicado en 2006), señaló que "sólo el sector privado es capaz de desarrollar la industria minera en Colombia", lo hizo para identificar qué empresas tenían necesidad: de "seguridad".

Diez años después, Arturo Quiroz, miembro de la Asociación de la industria minera colombiana (Asominas) odía alegrarse: "actualmente, tenemos un sector dinámico (...) que atrae a algunas de las más importantes empresas del mundo (5).  Con la llegada de las empresas AngloGold Ashanti (sudafricana), BHP Billinton (anglo-australiana), Greystar Resources Ltda (canadiense),Drummon Co. y Muriel Mining Company (estadounidenses), las Inversiones Directas Extranjeras (IDE) en el sector minero pasaron de 463 millones en 1999 a 3.000 millones de dólares en 2009, con un aumento del 640% (6). En 2009, esta industria registraba el mayor crecimiento de la economía colombiana, representando el 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB). ¿El objetivo para los diez próximos años?. Superar el 6% del ingreso nacional, como ocurrió en Perú o en Chile.

Para lograrlo, el gobierno acaba de gastar más de 5.000 millones de dólares en el acondicionamiento de infraestructuras vinculadas a los sectores de la minería y la energía: 2,5 veces sus gastos en infraestructuras del transporte, 10 veces más que las sumas gastadas en vivienda y 20 veces más que en la red de telecomunicaciones (7). Por otro lado, el presidente Álvaro Uribe Vélez, en el poder desde 2002, flexibilizó, en 2009, el código minero para facilitar la obtención de las concesiones de exploración y su registro. Su duración se extendió de 5 a 11 años y el impuesto por la utilización de los terrenos, que en otros tiempos podía ascender a los 2.000 dólares por hectárea, acaba de llevarse al ámbito de lo razonable: 8 dólares por hectárea y por año en cualquier parcela.

Pero para Quiroz, "el entusiasmo internacional por Colombia como gran centro de actividad para la extracción minera", se explica ante todo por la política securitaria de la Administración de Uribe. Gracias al Plan Colombia, esta última "hizo de la lucha contra los grupos insurrectos una prioridad" (8).  Que, de paso, el conflicto condujera al desplazamiento desafortunado (pero muy oportuno) de poblaciones que, al igual que los Embera Katios, tuvieron la mala idea de permitir a sus antepasados instalarse sobre unos yacimientos profusos... no fue motivo de queja para las compañías mineras.

Para medir este "entusiasmo", basta observar el mapa del Ministerio colombiano de Medio Ambiente, que delimita los territorios que han sido objeto de una solicitud de concesión (ver mapa). Estaría comprometido más del 40% del territorio, incluyendo algunas zonas supuestamente protegidas. Si se la trasladara a Francia, esta superficie correspondería a las regiones de Provenza-Alpes-Costa Azul (PACA) Languedoc-Rosellón, Pirineos Medios, Aquitania, Ródano-Alpes y Auvernia unidas.

En el centro de todas las codicias: el platino, el uranio, los metales y minerales escasos como el molibdeno o el coltán. Pero sobre todo el oro, apropósito del cual la revista digital Portafolio.com mencionaba recientemente una nueva avalancha, comparándola con un "acceso de fiebre" (9). Las cifras son elocuentes: entre 2006 y 2009, la producción de oro en Colombia se triplicó, alcanzando 1'75 millones de onzas en 2009. Esta tendencia se alimenta por la subida de las cotizaciones en los mercados mundiales, con un aumento mayor al 30% anual. Las previsiones para 2012 hablan de una producción de 3 millones de onzas.

Pero la industria minera está apenas en ciernes. Mario Ballesteros, directos del Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), estima que la superficie total actualmente explorada asciende a 1'69 millones de hectáreas. No obstante, Andrés Idarraga, especialista en asuntos mineros para el Centro Nacional de la Salud, el Medio Ambiente y el Trabajo (la ONG CENSAT) señala que "por el momento, hay muy pocos proyectos en fase de explotación". Según él, la especulación estaría fomentando la "fiebre" actual: "lo que pasa es que las compañías pequeñas realizan los trabajos de exploración con la intención de revender sus concesiones a las grandes trasnacionales, apostando a que suban los precios si confirman la presencia de minerales" (10). O sea que las 19.800 demandas de concesión ya registradas estarían destinadas al regazo de las "gigantes" ya que, si se cuentan las 5.000 compañías mineras de Colombia, en realidad sólo tres de ellas -la sudafricana AngloGold Ashanti, la canadiense Greystar y la estadounidense Muriel Mining- se reparten el sector, la mayoría de las veces a través de filiales.

Falta saber de forma más precisa dónde están localizadas las concesiones. Mientras el gobierno filtra minuciosamente el acceso a los catastros -aunque la ley estipula que los mapas del Ministerio de Medio Ambiente deben ser públicos-, las disposiciones que enmarcan la presentación de las solicitudes (Ley 685 de 2001) alimentan la confusión. Toda solicitud de concesión abre automáticamente la vía a los trabajos de exploración sin exigir ningún estudio medioambiental. La solicitud, facilitada al máximo, se efectúa en línea, mediante cuatro coordenadas GPS que determinan un polígono: un número de documento de identidad o pasaporte, un nombre acompañado por una dirección postal y un número de teléfono. Todo esto junto al pago de 400 dólares para el registro de la solicitud. No se efectúa ningún tipo de verificación de las garantías bancarias del demandante y menos aún de sus antecedentes judiciales. Como basta con que los polígonos no coincidan por completo, varias solicitudes pueden superponerse parcialmente. Lo cual ocurre a menudo.

La legislación, que apunta a establecer un "clima de confianza favorable a los inversores extranjeros", ignora el interés general... así como las cuestiones del medio ambiente. El 9 de febrero de 2010, se votó la Ley 1.328 para proteger los páramos (ecosistemas tropicales fríos de los Andes colombianos) así como 500.000 hectáreas de reservas forestales estratégicas amenazadas por nuevos títulos y solicitudes. Pero el texto carece de efecto retroactivo sobre las concesiones que ya se hayan obtenido... Y además, suele suceder que los tribunales sepan entender los argumentos de las trasnacionales, según los cuales una legislación demasiado coercitiva obstaculiza su desarrollo.

En mayo de 2010, la canadiense Greystar consiguió la aprobación. Obtuvo su apelación contra una denuncia del gobierno que le exigía presentar un nuevo estudio sobre el impacto medioambiental de sus futuras instalaciones en Angostura, en las montañas del departamento de Santander. Las autoridades colombianas habían evaluado inicialmente que el gigantesco proyecto de mina de oro a cielo abierto podía llegar a dañar los ecosistemas locales. Además, consideraban que las unidades de tratamientodel mineral (con cianuro), situadas en zonas muy altas de los Andes, eran una amenaza para toda la red hídrica situada río abajo de los páramos, que funcionan como gigantescas esponjas naturales que alimentan a ríos y arroyos.

Tal vez no contaron con que el proyecto permitiría a Greystar apropiarse de más de 10 millones de onzas d eoro. A más de 1.000 euros la onza en los mercados (11), semejante yacimiento merecía que la multinacional librara una batalla; que ganó cómodamente... Según su vicepresidente ejecutivo, Frederick Felder, la compañía nunca se inquietó: "En ese periodo, proseguimos nuestros estudios de factibilidad. (...) No dudábamos de que el gobierno finalmente validaría nuestro expediente" (12).

Pero las cuestiones relacionadas con la industria no son sólo de orden medioambiental. Adelso Gallo Toscano milita contra el acaparamiento de algunos grandes grupos mineros en territorio colombiano dentro de la coordinadora Red Colombia, que reúne a asociaciones, sindicatos y cooperativas agrícolas. El activista puntualiza: "nosotros no decimos que nos oponemos a la mina en sí. Podría ser una industria interesante para el desarrollo del país si el gobierno aceptara discutir los proyectos con las organizaciones sociales. Y sobre todo, si la explotación de los recursos naturales del país se hiciera en beneficio de la población". ¿Cómo? "Nacionalizando la industria o, por lo menos, garantizando una transferencia de tecnología para evitar depender, más adelante, del capital extranjero. Además, y sobre todo, habría que respetar el medio ambiente."

Gallo Toscano alude, entusiasmado, a los ejemplos de Ecuador, Venezuela  Bolivia, donde las cosas se estarían dando mejor. Colombia no es el único país que promueve la extracción minera como uno de los ejes de su desarrollo económico: Latinoamérica, que antes recibía apenas el 12% de las inversiones mundiales en el sector minero, hoy recauda un tercio de las mismas (13). Pero sería un tanto apresurado sugerir que la extracción del petroleo ecuatoriano y venezolano o del gas boliviano no encuentran ninguna resistencia en una parte de la población. Aunque se la ponga al servicio de un mejoramiento del nivel de vida general, a través del financiamiento de programas sociales -lo cual no parecer ser el propósito en Colombia-, esa explotación suscita también preocupaciones, vinculadas simultáneamente con cuestiones ecológicas y los derechos de los pueblos indígenas, pero asimismo con un modo de desarrollo que refuerza el carácter "primario" de las economías de la región. Así y todo, en estos países, el debate (a veces violento) parece "bien o mal" haberse iniciado. Colombia cuenta sus muertos.

En diciembre de 2009, en la región de Cauca, , en Suárez, donde la empresa AngloGold Ashanti tiene mucha presencia, se dirigieron amenazas al representante sindical de la Central Unitaria de los Trabajadores Colombianos (CUT), que lideró un movimiento de oposición a los trabajos de la transnacional. El 13 de febrero de 2010, llegó la noticia del asesinato, precedido de torturas, de Omar Alonso Restrepo y su hermano, José de Jesús, conocidos por su oposición a la presencia de AngloGold Ashanti en la región. Ambos eran integrantes del comité de acción comunitaria de la localidad del Dorado y militaban en una organización de mineros artesanales y agricultores que desde hace varios años denuncia los estragos medioambientales, económicos y sociales de las trasnacionales. Veintiséis organizaciones sociales que firmaron un comunicado donde se denunciaban esos asesinatos subrayaron "la macabra alianza entre el gobierno y las multinacionales del oro como AngloGold Ashanti", así como la continuidad de la "militarización de la región que hace posible la acción de los grupos paramilitares" (14).

La situación es tanto más seria en la medida que el nuevo presidente colombiano, Juan Manuel Santos, prometió el 17 de mayo de 2010: "en el sector minero, haremos todo lo posible por estimular el crecimiento, demostrando al mismo tiempo responsabilidad en lo referente al medio ambiente" (15). Teniendo en cuenta que Santos eligió a su predecesor, Uribe Vélez, como modelo, las trasnacionales mineras no deberían tener grandes motivos de quejas.

(1) Entrevista con William Carupia, 20 de febrero de 2010

(2) Fallo número T-796-32009 de la Corte Constitucional

(3) Véase Maurice Lemoine, "Plan Colombie, passeport pour la guerre", Le Monde diplomatique, París, agosto de 2000.

(4) "S.1758-Alliance with Colombia and the Andean Region (Alianza) Act of 1999 (Introduced in Senate)", Bill Text 106th Congress (1999-2000), Washington, 20 de octubre de 1999.

(5) Citado por Adam Thomson en "Mining: Vast resources remain largely untapped", The Financial Times, Londres, 23 de septiembre de 2009.

(6) Según el portal de información sobre la actividad minera en Colombia http://www.imcportal.com/. Las cifras de 2009 son todavía provisionales.

(7) Naomi Mapstone, "Infrastructure: Eager to link up disjointed land", The Financial Times, Londres, 6 de abril de 2010.

(8) Citado por Adam Thomson, op. cit.

(9) Ricardo Santamaría Daza, "Se dispara la 'fiebre' del oro en diversas regiones del país", 9 de mayo de 2010 (http://www.portafolio.com.co/).

(10) Entrevista con el autor, Bogotá, 4 de junio de 2010

(11) Cotización del 8 de junio de 2010

(12) Diana Delgado, "Greystar says Colombia accepts its gold mine appeal", 31 de mayo de 2010 (http://www.reuters.com/).

(13) Anthony Bebbington, "The New Extraction: Rewriting the Political Economy of the Andes?", Nacia Report on the Americas, Vol. 42, Nº 5, Nueva York, septiembre-octubre de 2009.

(14) "Colombia: continúa extermino contra Fedeagromisbol. Asesinan a dos agromineros en el Sur de Bolívar", 15 de febrero de 2010 (http://www.biodiversidadla.org/).

(15) Entrevista concedida a Yamid Amat, el 17 de mayo de 2010 (http://www.galeriapolitica.com/)

CONTINUIDAD A LA CABEZA DEL ESTADO

"No hay ninguna diferencia importante entre los programas de Mockus y Santos. Ambos defienden el liberalismo económico y prometen continuar la política de seguridad del presidente saliente" (1), sintetizaba El País el 26 de mayo de 2010. El diario español evaluaba así el cambio que los colombianos pueden esperar del escrutinio presidencial, cuya segunda vuelta tuvo lugar el 20 de junio de 2010. De los dos principales candidatos, Antanas Mockus -del Partido Verde, favorito de las encuestas- y Juan Manuel Santos -del Partido Social de Unión Nacional ("La U") y heredero del presidente saliente, Álvaro Uribe Vélez- el ganador fue el segundo, con el 69'05 % de los votos (y un 44'48% de participación).

Santos, quien resultó el gran vencedor de la primera vuelta, con 46'56% de los votos, frente al 21'49% de Mockus, multiplicó las alianzas con la derecha: con los conservadores de "Cambio radical", partido uribista rival de "La U" y tercera fuerza política del futuro Congreso, y, en menor medida, con los liberales. Por su parte, Mockus confirmó el posicionamiento de su partido a la derecha del tablero político, al rechazar una alianza con el Polo Democrático Alternativo (PDA, Izquierda), y preferir hacer de caballero solitario, apostando por los abstencionistas (51% en la primera vuelta).

Santos tiene a su favor el apoyo de una amplia coalición parlamentaria -frente a una oposición fragmentada y aislada- pero en su contra, una reputación manchada por los escándalos. Como Ministro de Defensa del presidente Uribe Vélez (de 2006 a 2009), se le considera responsable de la violación del espacio aéreo ecuatoriano en la operación Fénix, donde se abatió a Raúl Reyes, el número dos de la guerrilla de las FARC, el 1 de marzo de 2008. Esos acontecimientos desencadenaron una crisis sin precedentes entre Quito y Bogotá. Por otro lado, el nombre de Santos está vinculado al escándalo de los "falsos positivos", esos asesinatos extrajudiciales de civiles inocentes perpetrados por un ejército al que le se imponen objetivos cifrados.

Poco antes de la elección de Santos, el editorialista Miguel Ángel Bastenier (poco sospechoso de radicalidad izquierdista) señalaba, en relación a Santos: "su política social se anuncia tan sucinta como la del mandatario saliente, y el alineamiento con Washington podría batir, en su caso, el récord mundial de la genuflexión" (2).

(1) Maite Rico, "El empate entre Santos y Mockus enciende las elecciones colombianas", El País, Madrid, 26 de mayo de 2010

(2) M.A. Bastenier, "Voto al uribismo sociológico", El País, Madrid, 26 de mayo de 2010.

EN ESTOS MOMENTOS HAY UNA ACCIÓN PARAMILITAR EN CURSO CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL AFRODESCENDIENTE EN EL PACÍFICO COLOMBIANO

http://latoma.afrodescendientes.com/

LEE Y DIFUNDE, SON MOMENTOS CRUCIALES Y ES NECESARIO HACER PÚBLICO, HACER VISIBLE AL MUNDO LO QUE NOS NIEGAN Y NO QUIEREN QUE SEPAMOS

Los escuadrones de la muerte del gobierno colombiano están empadronando a la población civil. Sabemos lo que significa "empadronar" o "actualizar el padrón de habitantes" aquí en España, claro, siempre necesitamos acudir a los Negociados de Estadística o al INE (Instituto Nacional de Estadística) para saber sobre estas cosas o pedir certificados que nos exigen y nos facilita el acceso a determinados servicios o prestaciones. Pero en Colombia, cuando se utiliza esta terminología, referida al paramilitarismo, nos están queriendo decir que se trata de los retenes que hacen los paramilitares en lugares y sitios estratégicos y poblados, donde controlan todo: alimentos, medicamentos; pero además y sobre todo ubican quién es cada cual, qué hace, dónde y cómo lo hace. Es una táctica muy usada por el mosad en Palestina para detectar a los líderes y tenerlos controlados, bueno, para controlar a toda la población. Algo similar a los "check points", retienen a la gente en el camino, hacen un listado de la gente que transita con los datos de cada persona: quién vive en cada casa, nombre, edad, profesión. Las personas saben que están facilitando esos datos a los "mochacabezas". Saben que están entregando a los sicarios el listado de los nombres de sus hermanos y amigos, les están allanando la tarea posterior. Básicamente esta "tarea posterior" consiste en que los escuadrones cotejan la información con los organismos de inteligencia del estado y ejecutan a "l@s problemátic@s".

Esto está sucediendo exactamente ahora y desde ayer en todo el área de influencia de "La Salvajina".

El Gobierno Nacional violando el derecho de las Comunidades Negras a la Consulta Previa y al Consentimiento Previo e Informado, contenidos en la Constitucion Nacional, el Convenio 169 de la OIT y las Ley 70 de 1993 ha expedido titulos mineros en el Norte del Cauca e iniciado tramites con el mismo fin. En respaldo de uno de esto titulos se ha ordenado el desalojo de mineros afroclombianos del Consejo Comunitario de La Toma, municipio de Suarez en el Norte del Cauca.

Los afrocolombianos del Corregimiento de La Toma tienen una presencia ininterrumpida en este territorio desde 1636 asociada siempre a la mineria del oro, sufrieron los impactos de la construccion de la Hidroectrica de La Salvajina y del conflicto armado interno sin que el gobierno protegiera debidamente sus derechos, y son objeto ahora ademas de la orden del desalojo de amenazas de grupos armados ilegales. Esta amenazas tiene como origen la defensa que hacen de sus derechos al territorio, el desarrollo y la consullta, sus demandas al gobierno nacional para que protega sus derechos. En la actualidad el Consejo Comunitario de La Toma y otras organizaciones afrocolombianas, indigenas, sindicales y de derehos humanos han sido declaradas objetivomilitar por parte del grupo paramilitar autodenomido Las Aguilas Negras.

Ved este vídeo y quizá comprendáis el por qué de esta actuación....por esta denuncia pública

Audiencia Pública en Suárez Norte del Cauca, consecuencias de la intervención de multinacionales y paramilitarismo por captación de terrenos para abastecer sus arcas

http://www.youtube.com/watch?v=M2BmxF3upSg&feature=player_embedded

LO QUE URIBE QUERÍA OCULTAR EL DÍA QUE ARMÓ EL ESCÁNDALO CONTRA VENEZUELA

En Audiencia Pública el 22/Julio/2010, el mismo día que Colombia solicitó la convocatoria urgente de la OEA para denunciar a Venezuela y en el sitio de los hechos, una delegación extranjera compuesta por 10 dirigentes sindicales, 6 miembros del Parlamento Europeo, 3 miembros del Parlamento Británico, 3 delegados de España y 2 de Estados Unidos atestiguaron la existencia de la gigantesca fosa común en Colombia, al sur de Bogotá, Departamento del Meta, en el Pueblito de la Macarena.

En el pequeño pueblo de La Macarena, región del Meta, 200 kilómetros al sur de Bogotá, una de las zonas más calientes del conflicto colombiano, se acaba de comprobar la existencia de la mayor fosa común de la historia reciente de Latinoamérica, con una cifra de aproximadamente 2.000 cadáveres.

Se trata del mayor enterramiento de víctimas de un conflicto del que se tenga noticia en este continente (Habría que trasladarse al Holocausto nazi o a la barbarie de Pol Pot en Camboya, para encontrar algo de esta dimensión).

El secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia Jairo Ramírez, quién acompañó a una delegación de parlamentarios ingleses al lugar, hace algunas semanas, cuando empezó a descubrirse la magnitud de la fosa de La Macarena exclamó: “Lo que vimos fue escalofriante, infinidad de cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 2005 hasta hoy”.

Ramírez agregó: “El comandante del Ejército nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región afirma eran líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro”.

La localización de estos cementerios clandestinos ha sido posible gracias a las declaraciones de los mandos medios, presuntamente desmovilizados del paramilitarismo y acogidos a la controvertida Ley de Justicia y Paz que les garantiza una pena simbólica a cambio de la confesión de sus crímenes. El jefe paramilitar John Jairo Rentería, alias Betún, reveló ante el fiscal y los familiares de las víctimas que él y sus secuaces enterraron al menos a 800 personas en la finca Villa Sandra, en Puerto Asís, región del Putumayo y cínicamente agregó: "Había que desmembrar a la gente, todos en las Autodefensas tenían que aprender eso y muchas veces se hizo con gente viva”.

Reflexión:

Esa Audiencia Pública se realizó el mismo día (22-07-2010) en el cual el gobierno colombiano, sospechosamente, solicitó una reunión con carácter de urgencia a la OEA para denunciar la presencia en Venezuela, de miembros de las FARC y el ELN. Esto devela el juego malévolo y canallesco del gobierno colombiano para distraer la atención mundial de lo que la Audiencia revelaría ese día, sobre las masacres y los falsos positivos de Uribe Vélez, hechos que son considerados delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, y por los que Uribe tendrá que responder ante la Corte Penal Internacional al entregar su mandato.

COLOMBIA: ACCIÓN URGENTE CONTRA EL NOMBRAMIENTO DE URIBE COMO VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL QUE INVESTIGARÁ EL ATAQUE POR PARTE DE ISRAEL A LA FLOTILLA LIBERTAD

Ante el reciente nombramiento del ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Velez como vicepresidente de la Comisión internacional que investigará el ataque por parte de Israel en aguas internacionales el pasado 31 de mayo a la Flotilla de la Libertad, que intentaba romper el bloqueo genocida que sufre la franja de Gaza, os solicitamos enviar la siguiente acción urgente al Secretario General de Naciones Unidas, para ello es necesario entrar en la página: http://www.un.org/es/contactus/index.asp?a=sg completar el formulario y pegar el mensaje en la parte reservada para el "mensaje". Colocar el el apartado asunto: "Oposición al nombramiento de Álvaro Uribe Vélez"

Sr. Ban Ki-Moon

Secretario General de Naciones Unidas

Recibo con consternación y profunda indignación la noticia del nombramiento del Sr. Álvaro Uribe Vélez como miembro y Vicepresidente del Comité Internacional que investigará el asalto a la Flotilla de la Libertad por parte del ejército Israelí.

Quiero mostrar mi total repudio y oposición ante esta decisión ya que, conociendo la trayectoria del Sr. Álvaro Uribe Vélez, considero que él carece del nivel ético y moral mínimo que el caso precisa y supondrá una humillación para todas las víctimas y para el Pueblo Colombiano.

Creo que las víctimas de la Flotilla de la Libertad, así como sus familiares, amigos/as y la Humanidad entera tenemos derecho a que se satisfagan plenamente los principios internacionales de Verdad, Justicia y Reparación con el fin de que un crimen como el que se investiga no se vuelva a repetir.

Por este motivo solicito la retirada inmediata del Sr. Uribe Vélez de dicho Comité.

Fraternalemente

Firma

COMUNICADO DEL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS EN LOS TERRITORIOS OCUPADOS DEL SAHARA OCCIDENTAL

El pasado lunes 2 de agosto de 2010, una vez más, los trabajadores y jubilados de Fosbucraa, tras haber decidido convocar una huelga general para protestar por la política de segregación marroquí y el saqueo de los recursos naturales del Sahara. En el mencionado día, cuando eran las 8:45 hs. de la mañana, estaban concentrados de forma pacífica ante la Dirección de las Minas y de Energía en El Aaiún sito en el Boulevard Smara, realizando sus justas reinvidicaciones por sus derechos laborales y de sus legítimas pensiones

Habiendo transcurrido 15 minutos, cuando eran las 9 hs. de la mañana, fueron sorprendidos y brutalmente reprimidos por las Fuerzas Represoras marroquíes, lo que tuvo como desenlace, varios heridos entre los manifestantes.

Desde este OBSERVATORIO DE DDHH PARA LOS TERRITORIOS OCUPADOS DEL SAHARA OCCIDENTAL condenamos enérgicamente estos actos de represión y sin ninguna justificación que las autoridades marroquíes aplican sistemáticamente a cuaquier protesta pacífica en el territorio, a la vez que expresamos nuestro total apoyo y solidaridad con el sindicato « Sindicato de Trabajadores Saharaui » convocante de dicha huelga, al mismo tiempo hacemos un llamamiento de apoyo y solidaridad a todas las entidades internacionales, sindicatos, partidos políticos y organizaciones de DDHH y en especial al Gobierno Español, ya que los contratos de la Empresa Fosbucraa, siguen vigentes desde la ocupación Española en el Sáhara Occidental, convocamos a presionar al gobierno marroqui para satisfacer las justas reivindicaciones de estos trabajadores y a su vez paralizar el saqueo de los recursos naturales del Sáhara Occidental, territorio en vías de descolonización, tanto tanto minerales como marítimas.

Por otra parte hacemos un llamamiento de apoyo al preso de conciencia saharaui Hassan Abdallah condenado a diez años de cárcel, por el solo hecho de reinvindicar pacíficamente la autodeterminación de su pueblo, que se en cuentra en una huelga indefinida desde el pasado dia 3 de agosto, a raíz de la brutal paliza por parte de funcionarios de la cárcel marroquí de Beni Sleimane que dista de su domicilio familiar 800km. Cabe destacar que Hassan Abdallah cumple esta dura condena desde el día 26 de febrero del año 2006.

El Aaiun (Sahara Occidental) a, 6 de agosto de 2010

EL RASTRO DEL PRESIDENTE ÁLVARO URIBE URIBE CONDUCE IDEFECTIBLEMENTE HACIA LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Por Enrique Santiago Romero*
26/07/2010

• Colombia es el país del hemisferio occidental donde mayores violaciones de los derechos humanos se cometen -cuantitativa y cualitativamente hablando- de forma sistemática y respondiendo a un plan criminal perfectamente diseñado.

• La “industria criminal”, organizada entre otros por las autoridades colombianas durante el mandato de Uribe, llegó a utilizar, emulando así la “solución final” del nazismo alemán, hornos crematorios para hacer desaparecer los cuerpos de los miles de asesinados por funcionarios del Estado y sus aliados paramilitares: tres hornos al menos descubiertos hasta ahora, uno en Arauca, otro en Antioquia y uno “móvil”, en Bogotá.

• En el improbable supuesto de que Colombia llegue a interponer la denuncia anunciada por Uribe y la Fiscalía de la CPI la llegara a admitir para sus estudio, difícilmente puede afirmarse que los crímenes de lesa humanidad o de guerra perpetrados en el conflicto interno colombiano son responsabilidad de las organizaciones insurgentes, y ello a la vista de las innumerables pruebas que ponen de manifiesto que son las autoridades colombianas -en especial en el periodo 2002 al 2010- las mayores responsables de estos crímenes.

No es exagerado decir que tras su salida de la Presidencia, el rastro del Presidente Álvaro Uribe Uribe conduce indefectiblemente hacia la Corte Penal Internacional y no precisamente como acusador, tal y como ha intentado aparecerse estos días ante la opinión pública internacional, señalando al gobierno y funcionarios venezolanos de “colaboración” en la perpetración de crímenes de lesa humanidad y de guerra y dando instrucciones al Fiscal General de Colombia para que presente tales acusaciones contra el presidente Hugo Chávez” y otros altos funcionarios venezolanos ante al Corte Penal de La Haya
La Comunidad internacional ha asistido estas semanas con estupor a los denodados esfuerzos del todavía Presidente de Colombia por complicar aún más las relaciones diplomáticas de su país con sus vecinos, especialmente con Venezuela, a quien ha hecho blanco de numerosas, graves e infundadas acusaciones políticas y jurídicas. Pareciera que tras estas acusaciones se oculta la única intención de Uribe de concluir su mandato presidencial provocando el conflicto armado con Venezuela.

Uribe ya es el pasado y probablemente ese hecho y sus consecuencias jurídicas –respecto a la perdida de cualquier inmunidad jurídica que le haya alcanzado durante el ejercicio presidencial- son perfectamente conocidas por el todavía Presidente colombiano.

Por lo que a continuación expondremos, podemos avanzar no solamente que la acusación del presidente Uribe contra Venezuela carece de fundamento jurídico alguno, sino que más bien corresponde a una estrategia desesperada para ocultar el mayor de los problemas de Uribe a partir del 8 de agosto próximo: el abultado expediente de acusaciones que, caratulado bajo su nombre, descansa en los cajones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Los obvios temores de Álvaro Uribe

Es conveniente repasar la hoja de vida del todavía presidente colombiano para comprender sus obvios temores a acabar compareciendo ante la Corte Penal Internacional.

Álvaro Uribe Vélez, el “precursor del Narco-Estado”, como ha sido denominado por uno de las más importantes centros de investigación en materia de narcotráfico internacional, “The Narco News” (http://www.narconews.com) desde que en 1997 y 1998, los agentes de aduanas de Estados Unidos en California detuvieron tres sospechosas naves con destino a Colombia que, descubrirían luego los agentes, portaban un total 50 toneladas de permanganato de potasio, un precursor químico clave, necesario en la manufactura de cocaína.

De acuerdo a un documento firmado por el jefe de la DEA Donnie R. Marshall el 3 de agosto de 2001, las naves se dirigían a Medellín, Colombia, a nombre de una empresa llamada GMP Productos Químicos. Las 50 toneladas del precursor químico destinadas a GMP eran suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor en la calle de 15 mil millones de dólares. El dueño de GMP Productos Químicos, de acuerdo al reporte de 2001 de la DEA, era Pedro Juan Moreno Villa, el jefe de campaña y ex secretario de gobierno durante el periodo de Uribe como Gobernador de Antioquia y, por mucho tiempo, mano derecha del todavía Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Moreno fue el alter ego político de Uribe durante y después de esos nerviosos meses de 1997 y 1998, cuando esperaba esos envíos de contrabando. Cuando Uribe fue gobernador del estado de Antioquia -cuya capital es Medellín- de 1995 a 1997, Moreno era el secretario de gobierno. Durante esos años, según el entonces jefe de la DEA Marshall, "entre 1994 y 1998, GMP fue el más grande importador de permanganato de potasio en Colombia".

Recordemos que el primer cargo público del entonces joven licenciado en derecho Álvaro Uribe, fue el de Director de la agencia de Aeronáutica Civil de Colombia entre 1980 y 1982. La ex -amante de Pablo Escobar y presentadora de televisión, Virginia Vallejo, en su libro “Amando a Pablo, Odiando a Escobar” da nuevos datos de la relación entre Uribe y Pablo Escobar: según la periodista actualmente exiliada en los EEUU, Uribe como director de la Aeronáutica Civil fue clave para el otorgamiento de licencias masivas de vuelo al cartel de Medellín sin las cuales jamás hubieran podido hacer sus inmensos envíos de la droga a los EE.UU. y acumulado sus inmensas fortunas. En una entrevista explica porqué el primo de Escobar, José Obdulio Gaviria es actualmente el asesor presidencial de Uribe. Uribe tuvo a César Villegas como su delegado cuando fue director de la Aerocivil. Este último fue sentenciado a 5 años de prisión por nexos con el Cartel de Cali y asesinado para callar su testimonio. (Diario El Tiempo de Colombia. 17/03/2002).

Esta querencia de Uribe en materia aeronáutica, quedó también de manifiesto cuando la policía y el ejército colombiano desactivaron el mayor laboratorio de transformación de cocaína encontrado hasta le fecha en Colombia, en el remoto paraje denominado eufemísticamente “Tranquilandia” (Operación Yarí). El 11 de marzo de 1983, la fuerza pública irrumpió en el laboratorio del conocido narco Gonzalo Rodríguez Gacha “El mexicano” y entre otras evidencias intervino un helicóptero Hughes 500, matrícula HK 2704 X, propiedad de Aerofotos Amortegui Ltda, empresa propiedad de la familia Uribe. Al respecto Álvaro Uribe alega que ese helicóptero había sido previamente vendido, según indicó, se le olvidó documentar dicha compraventa.

La Agencia de Inteligencia de la Defensa” de los Estados Unidos. Elaboró una ficha de Álvaro Uribe, la número 82, en esta Agencia. Veamos que dice la indicada ficha de inteligencia (puede consultarse el original en http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/index.htm:)

“Confidencial. Septiembre 1991.

Informe clasificado Confidencial. Departamento de Defensa de EE.UU. (DIA. Defense Intelligence Agency).

82. Álvaro Uribe Vélez. Político colombiano y senador dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a negocios relacionados con drogas en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia debido a sus conexiones con los traficantes de drogas. Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín y es amigo personal cercano de Pablo Escobar Gaviria. Èl (Uribe) ha participado en la campaña política de Escobar para ganar el puesto de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el Senado ha atacado todas las formas del Tratado de Extradición (de Colombia con los Estados Unidos) (…)”


Uribe ha sido señalado de participar habitualmente en el diseño y ejecución de matanzas perpetradas por los paramilitares colombianos, como el caso de la “matanza de El Aro” cometida en 1.997, en la cual, según relata el periódico de Miami, “El Nuevo Herald” en su edición del 6 de agosto de 2009, el mismísimo Álvaro Uribe, planeo la matanza con los dirigentes de las AUC (Autodefensa Unidas de Colombia) y posteriormente acudió personalmente a felicitar a los paramilitares que “brillantemente” habían asesinado, con motosierras, al menos a 15 campesinos indefensos, matanza por la que la Corte Interamerica de Derechos Humanos condenó a Colombia.

El grupo paramilitar "Los doce apóstoles" habría tenido sede en la hacienda "La Carolina", en el departamento de Antioquia, cuya propiedad comparten los hermanos Uribe Vélez. El hermano del Presidente fue interrogado por la fiscalía en 1997 respecto a delitos de secuestro, extorsión y asesinato cometidos por "Los doce apóstoles" entre 1993 y 1994. El grupo paramilitar fue acusado de asesinar 50 personas, y de haber cometido una masacre de la cual fueron hallados los cuerpos de cuatro personas y otras dos permanecen desaparecidas. Por este caso existe una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El fiscal colombiano Luís Camilo Osorio confirmó que el hermano del mandatario sí había sido objeto de una investigación oficial en 1999, pero también indicó que se había declarado "un auto inhibitorio a favor del señor Uribe Vélez y se ordenó el archivo definitivo" ese mismo año.


La red paramilitar Uribe-Vélez-Ochoa. Un Parlamento tras las rejas

El 4 de diciembre de 2006, en declaraciones a W Radio de Bogotá, el presidente Uribe Vélez debió admitir que su hermano sí fue investigado por involucramiento con el paramilitarismo. Tres parientes del Presidente colombiano, entre ellos dos primos hermanos, lideraron una banda paramilitar conocida como "Los Erre", señalada de haber asesinado a medio centenar de personas en varios municipios del departamento de Antioquia. Estos familiares fueron condenados en primera instancia y estuvieron presos cerca de un año, hasta que un juez de apelaciones los puso en libertad y archivó el caso por considerar "que no había pruebas suficientes contra los acusados". Los parientes del presidente son Carlos Alberto Vélez Ochoa, Juan Diego Vélez Ochoa y Mario Vélez Ochoa, (también son familiares del clan de los capos del narcotráfico Ochoa). (Fuente: El Nuevo Herald, Miami, 24 jun05).

El ex senador colombiano Mario Uribe, primo y colaborador cercano en la Presidencia de Álvaro Uribe, está acusado formalmente de narcoparamilitar por la justicia colombiana. No es el único parlamentario de la mayoría uribista en esa situación. Más de 70 congresistas y senadores de los partidos que apoyaban a Uribe en las cámaras legislativas hasta el pasado mes de marzo, se encontraban y encuentran procesados por la justicia colombiana por narco-paramilitares, casi el 50% de las cámaras legislativas. Actualmente, 50 congresistas o excongresistas uribistas ya cumplen condena por favorecer o pertenecer a grupos narcoparamilitares. Todos son de partidos políticos uribistas (Cambio Radical, Alas Equipo Colombia, Apertura Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Colombia Democrática y Convergencia Ciudadana). Tras las elecciones legislativas de marzo de 2010, continua habiendo procesados por narco-paramilitarismo ocupando curules en el Congreso de la república. ¿Se imagina el lector el escándalo que supondría que el 50% del parlamento venezolano estuviera procesado por narco-terrorismo?

De larga data, ya en sus tiempos de gobernador de Antioquia, viene la tendencia de Uribe a actuar como “señalador oficial” de los defensores de Derechos Humanos en Colombia, convirtiéndolos en objetivos a eliminar por los narco-paramilitares. Uno de los mas sonados “trofeos” que Uribe se cobró en esta otra actividad habitual en él, fue Jesús María Valle Jaramillo, abogado, coordinador del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos "Héctor Abad Gómez", de Antioquia, quien fue asesinado por sicarios el 27 de febrero de 1998, cuando se encontraba en su oficina ubicada en el centro de la ciudad de Medellín. Varios días antes, el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, había mencionado en una intervención pública a Jesús Maria Valle, señalándolo como “auxiliador de la guerrilla”, a pesar de que el abogado era miembro del Partido Conservador colombiano.

Uribe Vélez ha puesto en marcha durante su presidencia el mayor operativo de espionaje ilegal que recuerde la sociedad colombiana. Nombró a Jorge Noguera, su director de campaña electoral en 2002, como director del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad). Después de salvarlo de su primera detención, Uribe lo nombró cónsul en Milán. Actualmente paga condena en la cárcel por concierto para delinquir por vínculos paramilitares y permitir que la institución (El DAS, la agencia de inteligencia dependiente de la Presidencia de la República) fuera puesta al servicio de los narco paramilitares, ya con pruebas recopiladas por la Fiscalía General de Colombia, que acreditan que cientos de sindicalistas, opositores a Uribe, periodistas y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en Colombia por encargo y con medios del DAS.

La política de “Seguridad Democrática” de Álvaro Uribe ha dado lugar al escándalo conocido como “falsos positivos”, el asesinato de al menos 2.500 civiles inocentes por la fuerza pública colombiana -bajo el mandato de Uribe como presidente y siendo Juan Manuel Santos el Ministro de Defensa-, presentados como “guerrilleros dados de baja en combate” con la única intención de cobrar las recompensas que el Estado colombiano paga por “dar de baja a guerrilleros. Tras ser denunciado por una Misión Internacional de Observación sobre Derechos Humanos en Colombia en Octubre de 2007 y negado y descalificado por Uribe, tuvo que ser reconocido por el propio Presidente cuando la OEA hizo suyas las conclusiones del informe de la Misión Internacional. El relator de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales no solo ha dado por validas estas acusaciones, sino que tras hablar de un plan sistemático criminal, ha exigido su esclarecimiento y castigo a los culpables.

La “industria criminal” organizada y el hallazgo macabro de “La Macarena”

Colombia es el país del hemisferio occidental donde mayores violaciones de los derechos humanos se acometen- cuantitativa y cualitativamente hablando- de forma sistemática y respondiendo a un plan criminal perfectamente diseñado que tiene como finalidad el despojo de la tierra a los campesinos y su apropiación por las oligarquías terratenientes en alianza con narcotraficantes y organizaciones paramilitares. De los mas de 4 millones de desplazados internos ocasionados en Colombia por el conflicto armado interno, la inmensa mayoría han sido provocados para consolidar la apropiación ilegitima de tierras de los campesinos. De estos desplazamientos, al menos 2 millones se han producido durante los 8 años de mandato del Presidente Uribe.

En la actualidad las organizaciones de victimas y de defensores de los derechos humanos en Colombia intentan preservar la que sin duda es la mayor fosa común descubierta en América latina con cadáveres “NN”. Más de 2.500, según las primeras estimaciones, en la fosa denominada de “La Macarena”, que escondería victimas campesinas de ejecuciones extrajudiciales realizadas por destacamentos del Ejército colombiano y organizaciones paramilitares. La “industria criminal”, organizada entre otros por las autoridades colombianas durante el mandato de Uribe, llegó a utilizar, emulando así la “solución final” del nazismo alemán, hornos crematorios para hacer desaparecer los cuerpos de los miles de asesinados por funcionarios del estado y sus aliados paramilitares: tres hornos al menos descubiertos hasta ahora, uno en Arauca, otro en Antioquia y uno “móvil”, en Bogotá.

En mayo de 2010, el diario The Washington Post, daba cuenta de la confesión del oficial de la policía nacional colombiana Juan Carlos Meneses, quien sostuvo haber participado en complicidad con operaciones paramilitares del grupo denominado “Los 12 apóstoles”, de los que formaba parte Santiago Uribe, hermano del Presidente.


Viabilidad jurídica de una posible denuncia contra Hugo Chávez en la Corte Penal Internacional, como lo anunciara recientemente Álvaro Uribe

Tras conocerse el anuncio de Venezuela de romper relaciones diplomáticas con Colombia, el pasado 22 de julio, Uribe convocó al Fiscal General de Colombia, Guillermo Mendoza, para instarle a que iniciara el proceso necesario para llevar ante la Corte Penal Internacional a altos funcionarios venezolanos, incluido el presidente Hugo Chávez Frías. Algunos periódicos colombianos informaron días después que fueron los máximos jefes militares de ese país quienes en presencia de Álvaro Uribe entregaron al Fiscal General documentación sobre acciones de organizaciones insurgentes colombianas que habrían utilizado suelo venezolano.

El Fiscal General anunció a la prensa que el encargo recibido era: “estudiar la posibilidad de llevar ante la Corte Penal internacional a autoridades venezolanas por proteger, ayudar o auxiliar a grupos que cometen crímenes de guerra o de lesa humanidad en la zona fronteriza colombiana”.

Al margen de que Colombia, incapaz de controlar más de 50 frentes de organizaciones insurgentes dentro de su territorio, exija a Venezuela una diligencia de imposible cumplimiento en fronteras selváticas o montañosas, lo cierto es que desde que se realizaron las primeras acusaciones del presidente Uribe respecto a que Venezuela albergaba bases guerrilleras colombianas en su territorio, ni una sola prueba rigurosa ha sido presentada al respecto.

Para discernir si la iniciativa del presidente Uribe busca realmente conseguir una condena de la CPI al Presidente Chávez, nada más y nada menos que por “crímenes de lesa humanidad y de guerra”, o simplemente es la ultima “pataleta” política del presidente latinoamericano con la mayor carpeta abierta en la Corte de La Haya, debemos examinar lo establecido en el Estatuto de la CPI, íntegramente en vigor para Colombia y Venezuela.

La Corte Penal Internacional únicamente es competente para conocer denuncias penales contra personas individualizadas –no contra Estados o gobiernos- y con carácter complementario con las jurisdicciones penales de los países donde hayan ocurrido los hechos. Así se establece en el artículo 1 del Estatuto de la CPI.:

“(…)La Corte (…) estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.

Los “crímenes más graves de trascendencia internacional” sobre los cuales tendría competencia la Corte, se indican en el artículo 5 del Estatuto y son:

“(…) a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra; (…)”.

Conforme a lo anterior, la iniciativa del Presidente Uribe, en caso de llegar a concretarse mediante la interposición de una acción penal contra funcionarios venezolanos ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional conforme a lo establecido en los artículos 13:

“Ejercicio de la competencia
La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:
a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; (…)”

y 14 del estatuto:

“ Remisión de una situación por un Estado Parte
1. Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas.”

necesariamente debería fundamentar racionalmente, al menos indiciariamente, que funcionarios venezolanos auxiliaron a las FARC de forma continuada y sistemática, que por ello pudieron cometer un crimen de lesa humanidad, y que el asunto nunca ha sido investigado por las autoridades venezolanas. Esto último, en términos jurídicos, hace referencia a la denominada “concurrencia de jurisdicciones” –entre la de la C.P.I. y las nacionales del país donde hayan ocurrido los hechos- supuesto en el que como establece el artículo 1º del estatuto, la jurisdicción de la C.P.I. “tendera carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales”

El artículo 15 del Estatuto de Roma regula el procedimiento que deberá seguir el Fiscal y la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal, una vez recibida la información remitida por el Estado Parte, para iniciar una investigación respecto a los hechos denunciados, siendo imprescindible que el Fiscal analice “la veracidad de la información recibida.” (art 15.2)

A la vista de lo anterior, no cabe duda alguna de que los Estados Parte en el Convenio de Roma de constitución de la C.P.I. -como es Colombia- pueden remitir información –equivalente a una denuncia- al Fiscal del Tribunal para que este y la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal estudien si la misma amerita el inicio de un procedimiento judicial ante este Corte o en su caso el inicio de una investigación preliminar, siempre y cuando dicha denuncia tuviera un mínimo de veracidad a juicio del Fiscal de la C.P.I., lo que en el contexto que analizamos y a la vista de las pruebas -escasas e inconcretas- aportadas por el gobierno colombiano, no parece que sea el caso.

En todo caso, el procedimiento podría ser puesto en marcha por Colombia mediante presentación de denuncia ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional, quien en virtud del artículo 18 del estatuto, si hubiera “determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, (…) lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerían normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate.”

De forma que el estado notificado –en este hipotético caso Venezuela- podrá informar a la Corte que está llevando o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.”

“A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia en favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal autorizar la investigación.

Es decir, antes de iniciarse cualquier investigación o al menos simultáneamente al inicio, el Fiscal de la Corte Penal debería dirigirse a Venezuela para comunicarle la interposición de dicha denuncia y esperar una contestación de Venezuela, siendo posible que la contestación de Venezuela sea precisamente la más evidente: que todo lo relativo a la presencia de la insurgencia colombiana en su territorio es algo que las autoridades y la justicia de Venezuela investigan y persiguen desde, al menos, el inicio del mandato del actual Presidente venezolano, en cuyo caso la Fiscalía de la C.P.I. debería inhibirse a favor de la justicia venezolana.
En este supuesto analizado, parece evidente que la denuncia con la que ha amenazado el todavía presidente Uribe, tendría poco recorrido jurídico.
Entrando aunque sea brevemente en un somero análisis jurídico sobre si los hechos imputados por Uribe a las autoridades venezolanas -la actuación de la insurgencia colombiana en territorio venezolano- podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad (art 7 del Estatuto):

“(...) se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. “,

o crímenes de guerra (art. 8 del Estatuto), es decir, violaciones de las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, lo primero que resulta destacable para cualquier observador es que los hechos criminales incluidos en la definición del tipo penal “crimen de lesa humanidad” antes indicado presentan bastante coincidencia con las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que ocurren en Colombia de forma habitual, violaciones imputadas mayoritariamente -por organismos internacionales, observatorios y organismos de derechos humanos- a las autoridades colombianas y sus agentes. Nunca ningún organismo internacional o de derechos humanos mínimamente prestigioso ha relatado crímenes con apariencia de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.

Status del conflicto colombiano a la luz del Derecho Internacional Humanitario

Para nadie es un secreto que en Colombia existe un conflicto armado que encuadra en los parámetros legales establecidos en las Convenciones de Ginebra de 1949 y respecto al cual las partes implicadas tienen la obligación de reconocer y aplicar las previsiones legales contenidas en las mencionadas 4 Convenciones de Ginebra así como en los II Protocolos Adicionales de 1977.

Al respecto, establece el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas
de los conflictos armados sin carácter internacional:

“TITULO I: AMBITO DEL PRESENTE PROTOCOLO
ARTICULO I Ambito de aplicación material.
1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo I del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I ) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.
2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados.

Es una evidencia que dicho conflicto armado –que de una forma u otra ha venido manifestándose de forma ininterrumpida en el país desde finales del Siglo XIX hasta nuestros días, ya sea mediante la forma de guerras civiles o de guerra del estado contra fuerzas irregulares- es de enorme complejidad a la vista de los numerosos actores armados implicados – diversas organizaciones armadas ilegales como las FARC y el ELN, fuerzas del estado, ejércitos paramilitares diversos- existiendo en la actualidad al menos dos bandos enfrentados – el estado colombiano, con la evidente connivencia de los ejércitos ilegales paramilitares correspondientes a organizaciones incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, como es el caso de las AUC y las AUCC- y organizaciones armadas insurgentes de carácter ilegal, también incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, como es el caso de las FARC y el ELN.

En lo referido al objeto del análisis que nos ocupa – la posible comisión de delitos de lesa humanidad por la insurgencia colombiana y la hipotética responsabilidad en los mismos de autoridades venezolanas- es conveniente recordar que la aparición de las FARC en el escenario colombiano se remonta a los años 60, cuando los restos de las antiguas guerrillas liberales campesinas se organizan como fuerzas de autodefensa para hacer frente a los escuadrones de la muerte, “los pájaros”, puestos en marcha por los terratenientes conservadores para exterminar a los dirigentes sociales campesinos simpatizantes del partido liberal.

Las FARC-EP inician sus actividades armadas, de manera ininterrumpida desde el 27 de mayo de 1964, iniciada por 48 campesinos - 46 hombres y 2 mujeres -, en Marquetalia (Tolima), ante lo que consideraban una agresión del estado y de los grandes propietarios latifundistas. Las FARC-EP manifiestan en ese momento que
“están ejerciendo los legítimos derechos de rebelión y autodeterminación de los pueblos, luchan por la construcción de una nueva Colombia, sin explotados ni explotadores, en paz, con dignidad y soberanía y por los derechos fundamentales de la mayoría de los colombianos.”
En el posterior devenir histórico, las FARC-EP se han desarrollado y expandido por toda Colombia, consolidándose como una organización ilegal armada con más de 60 “frentes” que tiene presencia en toda la geografía nacional, por lo que pareciera se dan las premisas previstas en el antes citado artículo I del Protocolo II de 1977 para la aplicación al conflicto colombiano de las previsiones previstas en las Convenciones de Ginebra de 1949.
Las fuerzas beligerantes en el conflicto colombiano –FARC incluidas- sin duda han incurrido e incurren en numerosas violaciones del Derecho Internacional Humanitario contenido en las 4 Convenciones de Ginebra, provocando con ello numerosas víctimas entre la población civil. Para los organismos de derechos humanos colombianos más reputados, la responsabilidad de las violaciones graves del D.I.H. ocurridas en Colombia en 2007 se reparten de la siguiente forma, según el Informe “Noche y Niebla” del CINEP, organismo de derechos humanos colombiano dependiente de la Compañía de Jesús: del total de 1.670 violaciones del D.I.H. reportadas en 2.007, 858 se imputan a organismos oficiales dependientes del estado colombiano (fuerzas armadas y cuerpos policiales), 5 a agentes extranjeros, 39 a combatientes sin identificar, 580 a paramilitares, 8 al ELN, 176 a las FARC y 4 a “guerrilla” sin especificar.
Violación sistemática de los DDHH en Colombia verificada por organismos internacionales y ONG´s
La situación de los derechos humanos en Colombia es sumamente grave. Estos son vulnerados sistemáticamente por todas las partes en conflicto a la vez que incumplen sistemáticamente el D.I.H., no resultando un hecho objetivo ni verificable, por carente de sustento probatorio alguno, la afirmación de las autoridades colombianas de que las FARC o el ELN cometen sistemáticos crímenes de lesa humanidad o de guerra.
De los datos anteriores, se verifica que con mucho el mayor violador del D.I.H. en Colombia es el propio estado, seguido de organizaciones paramilitares de extrema derecha y seguido por las FARC y el ELN. Desgraciadamente, todos los actores del conflicto colombiano –empezando por el propio estado- vienen utilizando métodos terroristas contrarios al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, como lo sustentan los siguientes documentos de organismos internacionales: el Informe anual de Amnistía Internacional 2008, relata claros indicios de que los grupos paramilitares tradicionales siguen operando en la actualidad en muchas partes de Colombia con nombres nuevos, como los «Águilas Negras», manteniéndose los informes que señalan la connivencia entre paramilitares y fuerzas de seguridad. El Departamento de Estado norteamericano, a pesar de su apoyo incondicional al Presidente colombiano Álvaro Uribe al que pretende exculpar de su responsabilidad, señala en la sección 1, apartado a) de su informe anual fechado el 11 de marzo de 2008 las evidentes conexiones entre los paramilitares y la fuerza pública, así como el mantenimiento de elevados grados de impunidad.
El grado de esta vinculación entre los grupos paramilitares y el Estado colombiano lo muestra el escándalo de la parapolítica, reflejado en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, de 28 de febrero de 2008:
La Corte Suprema de Justicia inició investigaciones por presuntos nexos con grupos paramilitares contra 45 Congresistas de 16 departamentos, de los cuales 18 están en prisión. También se iniciaron investigaciones contra cuatro ex Gobernadores y 18 ex Alcaldes. En noviembre, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 18 años al ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por haber colaborado con grupos paramilitares y por actos de corrupción. Todas estas investigaciones han revelado el alto grado de infiltración paramilitar en el Estado a través de alianzas con políticos y con el sostén de algunas empresas privadas.

Informes de la OEA y de la CIDH
Las consecuencias de este tipo de vínculos pudieron ser constatadas por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de los Estados Americanos, en su octavo informe trimestral publicado en febrero de 2008, al identificar 22 nuevas estructuras compuestas por aproximadamente 3.000 integrantes; en el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007, al menos 230 homicidios de civiles se atribuyeron a los paramilitares, ya fuera actuando por su cuenta o en connivencia con fuerzas de seguridad
En el mismo informe de la OEA se destaca como la impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos de abusos contra los derechos humanos. Aunque se registraron algunos progresos en varios casos emblemáticos, en otros muchos no hubo avance alguno en la determinación de responsabilidades en la cadena de mando.
En el mismo sentido, según el informe 2007 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pese a la desmovilización de las AUC persiste la violencia derivada del conflicto armado. La CIDH continúa recibiendo denuncias que indican que grupos armados al margen de la ley (paramilitares y guerrilla) y miembros de la fuerza pública continúan involucrados en la comisión de crímenes, violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario contra la población civil que se traducen en violaciones del derecho a la vida, la integridad personal y la libertad:

El "Observatorio de derechos humanos y del derecho internacional humanitario" de la Vicepresidencia de la República (conforme a su metodología) señala que los primeros nueve meses de 2007 se habrían producido 13.023 homicidios. Asimismo, indica que durante el mismo período se habrían producido 21 casos de masacre con 98 víctimas. Por su parte, el CINEP (siguiendo su propia metodología de compilación y presentación de cifras) indica que en el primer semestre de 2007 se habrían producido 243 ejecuciones extrajudiciales; 231 homicidios intencionales de personas protegidas y 31 desapariciones forzadas. La CIDH estima pertinente citar en su informe a ambas fuentes a pesar de las amplias discrepancias metodológicas entre ellas, a fin de dar cuenta del panorama presentado tanto por fuentes oficiales como de la sociedad civil, como es su práctica consistente.

Igualmente, durante el 2007 la CIDH constató el alto número de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública, tal y como ya hemos relatado en este articulo, destacando ahora lo que nos interesa: “los más de 2.500 casos constatados muestran lo que se denomina en Derecho Internacional como ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, acciones que, aunque se presentan en diferentes modalidades, corresponden a patrones comunes de actuación diseñados y realizados, al menos, por las autoridades civiles del Ministerio de defensa y los funcionarios militares del Ejército Nacional de Colombia, práctica que se ha mantenido en el tiempo y se ha producido en un gran número de departamentos de Colombia"
Podemos concluir que aún en el improbable supuesto de que Colombia llegue a interponer la denuncia anunciada por Uribe Vélez y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional llegara a admitir la misma para sus estudio, difícilmente puede afirmarse que los crímenes de lesa humanidad o de guerra perpetrados en el conflicto interno colombiano son responsabilidad de las organizaciones insurgentes, y ello a la vista de las innumerables pruebas -asumidas como propias por organismos internacionales multilaterales y de derechos humanos- que ponen de manifiesto que son las autoridades colombianas -en especial en el periodo 2002 al 2010- las mayores responsables de estos crímenes.
No se pierda de vista en el análisis de la realidad colombiana la “hoja de vida” arriba relatada del presidente Uribe y sus más que probables nexos con las mafias del narcotráfico y el paramilitarismo. Por menos, el ex-presidente peruano Alberto Fujimori fue condenado por un tribunal de su país por delitos de lesa humanidad. La carpeta caratulada con el nombre de Álvaro Uribe ya existe en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y su grosor es sustancialmente mayor que cualquiera otra relativa a América Latina.


*Enrique Santiago Romero
Abogado español, experto en derecho internacional. Responsable de los servicios jurídicos del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA)
Formó parte del equipo jurídico que impulsó la querella que el 13 de octubre de 1998, condujo a la Audiencia Española a solicitar la detención, en Londres, del exdictador chileno Augusto Pinochet y de otros exmilitares chilenos y argentinos responsables de la llamada “Operación Cóndor”.
Miembro de la Misión Internacional de Observación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la RED CIFCA, sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras tras el golpe de estado. Julio 2009.
Ha sido Secretario de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. Asistió en calidad de observador al referédum presidencial en Venezuela, en agosto de 2004, en representación de ONG´s y organizaciones sociales de España.

¡LA FOSA COMÚN MÁS GRANDE!

Viernes, 23 de julio
insurgente.org

ESTÁ EN COLOMBIA/FALSOS POSITIVOS: Una delegación de Europa y Estados Unidos, encabezada por seis eurodiputados, certificó este viernes tras una audiencia pública en la localidad de Macarena (suroriente) Colombia, la existencia de una fosa común con dos mil cadáveres.

La delegación estuvo presente en una audiencia pública en la localidad del suroriente de Colombia, donde conocieron la fosa común con dos mil cadáveres no identificados.

El representante del Centro de Investigación y Educación Popular y Programa por la Paz (Cinep-PPP) Colombia, Javier Giraldo, señaló que se entregaron 52 declaraciones por parte de familiares de las víctimas.

"Habían seis desapariciones forzadas cometidas por paramilitares y siete por el Ejército y de la Fuerza Pública", indicó.

Agregó que existen denuncias también por "22 falsos positivos y la mayoría de los cuerpos de las víctimas fatales están en el cementerio de La Macarena".

"Existen casos de amenaza de muerte, de torturas, asesinatos (Â…) La delegación internacional pudo ver todo el área de las tumbas anónimas identificadas por un número consecutivo por años", subrayó el investigador.

Anunció que para el próximo mes de septiembre se presentarán otros casos documentados sobre situaciones de desapariciones forzadas y asesinatos en otras regiones del país suramericano.

Por su parte, la senadora colombiana Piedad Córdoba informó que dentro de un mes tendrá todo listo para presentar un informe oficial, resultado de las audiencias públicas efectuadas en torno al tema.

La senadora lamentó que esta situación "sea objeto noticioso y un hecho generalizado en el país".

La corresponsal de teleSUR, Angie Camacho, reportó que los pobladores campesinos de La Macarena decidieron romper el silencio y hablaron con los eurodiputados sobre el uso que el Ejército colombiano hacía de sus helicópteros para dejar los cuerpos sin vida y luego se retiraban.

"De esa manera empezó a ampliarse el cementerio clandestino, ahora fosa común más grande de América Latina, donde los pobladores pidieron ayuda internacional debido a la magnitud sin precedentes" de este hallazgo.

La corresponsal de teleSUR en Colombia, Tatiana Pérez, informó desde La Macarena que la delegación llegó hasta el cementerio para verificar el lugar donde se encuentran los cadáveres. Según cifras de la comunidad podrían ser unos dos mil muertos, mientras que el Gobierno colombiano asegura que son 450.

En la audiencia pública asistieron unos 800 campesinos de las regiones de Guayabero, Ariari, Güéjar, Guaviare y el departamento del Caquetá, acompañados por la numerosa delegación extranjera, congresistas de la oposición y la senadora colombiana Piedad Córdoba.

En está audiencia también se conoció la grave crisis humanitaria en los llanos orientales de Colombia, como consecuencia del Plan Colombia, promovido por Estados Unidos para "luchar" contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La eurodiputada de la Comisión de Derechos Humanos Ana Gómez manifestó "que el Ejército asesine a su pueblo es una aberración, no lo puedo entender, el Ejército está para cuidar a su pueblo".

"No tienen que estar para matar al pueblo, hay una horrible perversión en estos hechos en que jóvenes inocentes, hombres y mujeres, son cogidos por miembros de las Fuerzas Armadas por una recompensa humanitaria para transformarlos en falsos positivos, en falsos guerrilleros", enfatizó.

Por su parte, la senadora colombiana Piedad Córdoba condenó el hallazgo de la fosa común.

"Aquí fue donde comenzó de verdad la política que se conoce como falsos positivos, los asesinatos a sangre fría para reclamar recompensas, para tener ascensos, para pedir vacaciones, es algo tan vergonzoso, que no se explica uno como es que el país vuelve y elige en cuerpo ajeno una política tan horrorosa de violación de los DD.HH.", manifestó la senadora.

Agregó que "cuando nosotros nos oponemos a la aprobación del tratados de libre comercio untados de sangre, la sangre de un pueblo colombiano decimos con dignidad que Europa no puede hacer prolongar en América y en Colombia lo que ellos hace muchos años trataron de erradicar: la guerra, la guerra es un negocio, su patente de corso es la política de seguridad democrática".

Los campesinos de la zona exigieron que "respeten nuevas vidas (...) estamos llenos de necesidades, pero lo único que queremos es seguir siendo campesinos, esta es nuestra tierra".

Los campesinos de Macarena han padecido el estigma de vivir en una zona marcada por la guerra, agudizada desde 2003 con la llegada del Plan Colombia promovido por Estados Unidos para "luchar" contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La existencia de una fosa común con restos de al menos dos mil personas fue denunciada en diferentes oportunidades por los habitantes de la comunidad sureña de Macarena.

La fosa más grande de Latinoamérica

Esta fosa se tratá de la más "grande de América Latina". Tatiana Pérez indicó que los cadáveres estarían enterrados cerca de un batallón del Ejército colombiano y no se descarta que esos cuerpos sean productos de los llamados "falsos positivos", como lo señaló la eurodiputada Ana Gómez.

En el encuentro se rindió homenaje a las víctimas de las desapariciones forzadas, los habitantes denunciaron violación de derechos humanos, mientras la Cancillería colombiana insiste en negar la denuncia.

Organizaciones no Gubernamentales (ONG) de Colombia exigieron el pasado mes de abril a la Corte Constitucional la eliminación de dos leyes de 1997 y 2002 porque no incluyen de manera expresa a las desapariciones forzadas o "falsos positivos" dentro de la categoría de víctimas de la violencia política.

En Colombia se denomina ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos a civiles que son presentados como guerrilleros muertos en combate.

El pasado 11 de marzo la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, presentó informe que denuncia varios tipos de violaciones a los Derechos Humanos en Colombia de sindicalistas, periodistas, abogados, comunidades indígenas, afro-colombianos, entre otros.

Entre los delitos de lesa humanidad, la Alta Comisionada de la ONU mencionó asesinatos, algunos de ellos con torturas, amenazas y seguimientos. Las llamadas chuzadas o espionaje contra periodistas y opositores al Gobierno de Álvaro Uribe están también incluidas en la lista.

Funcionarios del Ejército colombiano han incurrido en el delito de falsos positivos como parte del programa gubernamental de seguridad, basado en darle bajas a la guerrilla y a grupos armados ilegales de la nación.

Para julio de 2009, la totalidad de los expedientes abiertos por casos de falsos positivos sumaban 686 en la Procuraduría colombiana.Telesur/InSurGente