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http://latoma.afrodescendientes.com/
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=845
LE MONDE DIPLOMATIQUE EN ESPAÑOL
Agosto 2010
Laurence Mazure
Enviada Especial
"¿De qué viviría Bolivia si no explotase sus recursos naturales?" se preguntaba recientemente el presidente boliviano Evo Morales. Gracias al alza actual de los precios de las materias primas, muchos Gobiernos latinoamericanos no dudan en reforzar un modelo de desarrollo a menudo criticado. El objetivo de algunos es obvio: mejorar las condiciones de vida de la población humilde. Otros Gobiernos desean sobre todo atraer a las multinacionales. Es el caso de Colombia
Alto Guayabal, en los confines de las provincias de Antioquía y Chocó, al noroeste de Colombia. El 30 de enero de 2010, antes del amanecer, las fuerzas armadas colombianas lanzaron una ofensiva contra la vivienda tradicional de una familia indígena del pueblo Embera Katio. Asesinaron a un niño de 18 meses, hirieron a otras cuatro personas, destruyeron cultivos de subsistencia y descuartizaron animales domésticos. El ejército habló inmediatamente de un "error" en la persecución de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Para las organizaciones indígenas del país, se trata de un capítulo más en la ofensiva de las transnacionales mineras en Colombia. El bombardeo afectó a una de las comunidades que rodean al cerro "Careperro", monte "sagrado", que la trasnacional estadounidense Muriel Mining Corp., atraída por la presencia de mineral aurífero, tiene en el punto de mira. ¿Puro azar?.
Los Embera Katios, deplazados en el año 2000 por el conflicto armado interno, intentan actualmente regresar a sus tierras ancestrales, como los autoriza la Constitución de 1991. Durante su ausencia, la agencia gubernamentalmente Ingeominas entregó nueve licencias de exploración y explotación a Muriel Mining, sin preocuparse por los procedimientos de consulta a las comunidades, previstos sin embargo por la ley. Según William Carupia, portavoz de la Organización Indígena de Antioquía (OIA), la comunidad indígena estaría sufriendo, desde hace dos años, un "nuevo desplazamiento forzado" (1).
En un país donde la justicia da cuenta con demasiada frecuencia de la dominación de los poderosos, la Corte Constitucional arbitró, el 29 de marzo de 2010, a favor de las comunidades indias y afrocolombianas de Chocó y Antioquía; sentó una jurisprudencia que confirmó los derechos constitucionales específicos de las comunidades, y enfatizó la obligación de todos -incluidas las transnacionales-, de respetar los procedimientos legales y los imperativos de protección de la biodiversidad (2). Un avance importante, puesto que frente a los embera katios estaban los representantes de los Ministerios del Interior y de Justicia, de Medio Ambiente, Defensa, Asuntos Sociales, de Minas y Energía, así como las Fuerzas Armadas del país. Un comité que ni el azar habría podido reunir por sí solo...
El 21 de septiembre de 1999, el presidente estadounidense William Clinton y su homólogo colombiano Andrés Pastrana lanzaron el Plan Colombia, "por la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado", asegurando que el proyecto apuntaba a la lucha contra el narcotráfico. También se propusieron ayudar al ejército colombiano a acabar con las guerrilas que ocupaban determinaas partes del territorio, mediante el desembolso de 1.600 millones de dólares en tres años (3).
Desde el 20 de octubre de 1999, una enmienda vino a subrayar la segunda función del plan: favorecer las inversiones extranjeras "insistiendo en que el gobierno colombiano complete las urgentes reformas destinadas a abrir completamente su economía a la inversión y el comercio exterior" (4). Sus creadores entendieron que ambos objetivos estaban estrechamente ligados. En particular en el campo de la minería. Cuando, años más tarde, el Plan nacional de desarrollo minero 2019 del Ministerio de Minas y Energía (publicado en 2006), señaló que "sólo el sector privado es capaz de desarrollar la industria minera en Colombia", lo hizo para identificar qué empresas tenían necesidad: de "seguridad".
Diez años después, Arturo Quiroz, miembro de la Asociación de la industria minera colombiana (Asominas) odía alegrarse: "actualmente, tenemos un sector dinámico (...) que atrae a algunas de las más importantes empresas del mundo (5). Con la llegada de las empresas AngloGold Ashanti (sudafricana), BHP Billinton (anglo-australiana), Greystar Resources Ltda (canadiense),Drummon Co. y Muriel Mining Company (estadounidenses), las Inversiones Directas Extranjeras (IDE) en el sector minero pasaron de 463 millones en 1999 a 3.000 millones de dólares en 2009, con un aumento del 640% (6). En 2009, esta industria registraba el mayor crecimiento de la economía colombiana, representando el 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB). ¿El objetivo para los diez próximos años?. Superar el 6% del ingreso nacional, como ocurrió en Perú o en Chile.
Para lograrlo, el gobierno acaba de gastar más de 5.000 millones de dólares en el acondicionamiento de infraestructuras vinculadas a los sectores de la minería y la energía: 2,5 veces sus gastos en infraestructuras del transporte, 10 veces más que las sumas gastadas en vivienda y 20 veces más que en la red de telecomunicaciones (7). Por otro lado, el presidente Álvaro Uribe Vélez, en el poder desde 2002, flexibilizó, en 2009, el código minero para facilitar la obtención de las concesiones de exploración y su registro. Su duración se extendió de 5 a 11 años y el impuesto por la utilización de los terrenos, que en otros tiempos podía ascender a los 2.000 dólares por hectárea, acaba de llevarse al ámbito de lo razonable: 8 dólares por hectárea y por año en cualquier parcela.
Pero para Quiroz, "el entusiasmo internacional por Colombia como gran centro de actividad para la extracción minera", se explica ante todo por la política securitaria de la Administración de Uribe. Gracias al Plan Colombia, esta última "hizo de la lucha contra los grupos insurrectos una prioridad" (8). Que, de paso, el conflicto condujera al desplazamiento desafortunado (pero muy oportuno) de poblaciones que, al igual que los Embera Katios, tuvieron la mala idea de permitir a sus antepasados instalarse sobre unos yacimientos profusos... no fue motivo de queja para las compañías mineras.
Para medir este "entusiasmo", basta observar el mapa del Ministerio colombiano de Medio Ambiente, que delimita los territorios que han sido objeto de una solicitud de concesión (ver mapa). Estaría comprometido más del 40% del territorio, incluyendo algunas zonas supuestamente protegidas. Si se la trasladara a Francia, esta superficie correspondería a las regiones de Provenza-Alpes-Costa Azul (PACA) Languedoc-Rosellón, Pirineos Medios, Aquitania, Ródano-Alpes y Auvernia unidas.
En el centro de todas las codicias: el platino, el uranio, los metales y minerales escasos como el molibdeno o el coltán. Pero sobre todo el oro, apropósito del cual la revista digital Portafolio.com mencionaba recientemente una nueva avalancha, comparándola con un "acceso de fiebre" (9). Las cifras son elocuentes: entre 2006 y 2009, la producción de oro en Colombia se triplicó, alcanzando 1'75 millones de onzas en 2009. Esta tendencia se alimenta por la subida de las cotizaciones en los mercados mundiales, con un aumento mayor al 30% anual. Las previsiones para 2012 hablan de una producción de 3 millones de onzas.
Pero la industria minera está apenas en ciernes. Mario Ballesteros, directos del Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), estima que la superficie total actualmente explorada asciende a 1'69 millones de hectáreas. No obstante, Andrés Idarraga, especialista en asuntos mineros para el Centro Nacional de la Salud, el Medio Ambiente y el Trabajo (la ONG CENSAT) señala que "por el momento, hay muy pocos proyectos en fase de explotación". Según él, la especulación estaría fomentando la "fiebre" actual: "lo que pasa es que las compañías pequeñas realizan los trabajos de exploración con la intención de revender sus concesiones a las grandes trasnacionales, apostando a que suban los precios si confirman la presencia de minerales" (10). O sea que las 19.800 demandas de concesión ya registradas estarían destinadas al regazo de las "gigantes" ya que, si se cuentan las 5.000 compañías mineras de Colombia, en realidad sólo tres de ellas -la sudafricana AngloGold Ashanti, la canadiense Greystar y la estadounidense Muriel Mining- se reparten el sector, la mayoría de las veces a través de filiales.
Falta saber de forma más precisa dónde están localizadas las concesiones. Mientras el gobierno filtra minuciosamente el acceso a los catastros -aunque la ley estipula que los mapas del Ministerio de Medio Ambiente deben ser públicos-, las disposiciones que enmarcan la presentación de las solicitudes (Ley 685 de 2001) alimentan la confusión. Toda solicitud de concesión abre automáticamente la vía a los trabajos de exploración sin exigir ningún estudio medioambiental. La solicitud, facilitada al máximo, se efectúa en línea, mediante cuatro coordenadas GPS que determinan un polígono: un número de documento de identidad o pasaporte, un nombre acompañado por una dirección postal y un número de teléfono. Todo esto junto al pago de 400 dólares para el registro de la solicitud. No se efectúa ningún tipo de verificación de las garantías bancarias del demandante y menos aún de sus antecedentes judiciales. Como basta con que los polígonos no coincidan por completo, varias solicitudes pueden superponerse parcialmente. Lo cual ocurre a menudo.
La legislación, que apunta a establecer un "clima de confianza favorable a los inversores extranjeros", ignora el interés general... así como las cuestiones del medio ambiente. El 9 de febrero de 2010, se votó la Ley 1.328 para proteger los páramos (ecosistemas tropicales fríos de los Andes colombianos) así como 500.000 hectáreas de reservas forestales estratégicas amenazadas por nuevos títulos y solicitudes. Pero el texto carece de efecto retroactivo sobre las concesiones que ya se hayan obtenido... Y además, suele suceder que los tribunales sepan entender los argumentos de las trasnacionales, según los cuales una legislación demasiado coercitiva obstaculiza su desarrollo.
En mayo de 2010, la canadiense Greystar consiguió la aprobación. Obtuvo su apelación contra una denuncia del gobierno que le exigía presentar un nuevo estudio sobre el impacto medioambiental de sus futuras instalaciones en Angostura, en las montañas del departamento de Santander. Las autoridades colombianas habían evaluado inicialmente que el gigantesco proyecto de mina de oro a cielo abierto podía llegar a dañar los ecosistemas locales. Además, consideraban que las unidades de tratamientodel mineral (con cianuro), situadas en zonas muy altas de los Andes, eran una amenaza para toda la red hídrica situada río abajo de los páramos, que funcionan como gigantescas esponjas naturales que alimentan a ríos y arroyos.
Tal vez no contaron con que el proyecto permitiría a Greystar apropiarse de más de 10 millones de onzas d eoro. A más de 1.000 euros la onza en los mercados (11), semejante yacimiento merecía que la multinacional librara una batalla; que ganó cómodamente... Según su vicepresidente ejecutivo, Frederick Felder, la compañía nunca se inquietó: "En ese periodo, proseguimos nuestros estudios de factibilidad. (...) No dudábamos de que el gobierno finalmente validaría nuestro expediente" (12).
Pero las cuestiones relacionadas con la industria no son sólo de orden medioambiental. Adelso Gallo Toscano milita contra el acaparamiento de algunos grandes grupos mineros en territorio colombiano dentro de la coordinadora Red Colombia, que reúne a asociaciones, sindicatos y cooperativas agrícolas. El activista puntualiza: "nosotros no decimos que nos oponemos a la mina en sí. Podría ser una industria interesante para el desarrollo del país si el gobierno aceptara discutir los proyectos con las organizaciones sociales. Y sobre todo, si la explotación de los recursos naturales del país se hiciera en beneficio de la población". ¿Cómo? "Nacionalizando la industria o, por lo menos, garantizando una transferencia de tecnología para evitar depender, más adelante, del capital extranjero. Además, y sobre todo, habría que respetar el medio ambiente."
Gallo Toscano alude, entusiasmado, a los ejemplos de Ecuador, Venezuela Bolivia, donde las cosas se estarían dando mejor. Colombia no es el único país que promueve la extracción minera como uno de los ejes de su desarrollo económico: Latinoamérica, que antes recibía apenas el 12% de las inversiones mundiales en el sector minero, hoy recauda un tercio de las mismas (13). Pero sería un tanto apresurado sugerir que la extracción del petroleo ecuatoriano y venezolano o del gas boliviano no encuentran ninguna resistencia en una parte de la población. Aunque se la ponga al servicio de un mejoramiento del nivel de vida general, a través del financiamiento de programas sociales -lo cual no parecer ser el propósito en Colombia-, esa explotación suscita también preocupaciones, vinculadas simultáneamente con cuestiones ecológicas y los derechos de los pueblos indígenas, pero asimismo con un modo de desarrollo que refuerza el carácter "primario" de las economías de la región. Así y todo, en estos países, el debate (a veces violento) parece "bien o mal" haberse iniciado. Colombia cuenta sus muertos.
En diciembre de 2009, en la región de Cauca, , en Suárez, donde la empresa AngloGold Ashanti tiene mucha presencia, se dirigieron amenazas al representante sindical de la Central Unitaria de los Trabajadores Colombianos (CUT), que lideró un movimiento de oposición a los trabajos de la transnacional. El 13 de febrero de 2010, llegó la noticia del asesinato, precedido de torturas, de Omar Alonso Restrepo y su hermano, José de Jesús, conocidos por su oposición a la presencia de AngloGold Ashanti en la región. Ambos eran integrantes del comité de acción comunitaria de la localidad del Dorado y militaban en una organización de mineros artesanales y agricultores que desde hace varios años denuncia los estragos medioambientales, económicos y sociales de las trasnacionales. Veintiséis organizaciones sociales que firmaron un comunicado donde se denunciaban esos asesinatos subrayaron "la macabra alianza entre el gobierno y las multinacionales del oro como AngloGold Ashanti", así como la continuidad de la "militarización de la región que hace posible la acción de los grupos paramilitares" (14).
La situación es tanto más seria en la medida que el nuevo presidente colombiano, Juan Manuel Santos, prometió el 17 de mayo de 2010: "en el sector minero, haremos todo lo posible por estimular el crecimiento, demostrando al mismo tiempo responsabilidad en lo referente al medio ambiente" (15). Teniendo en cuenta que Santos eligió a su predecesor, Uribe Vélez, como modelo, las trasnacionales mineras no deberían tener grandes motivos de quejas.
(1) Entrevista con William Carupia, 20 de febrero de 2010
(2) Fallo número T-796-32009 de la Corte Constitucional
(3) Véase Maurice Lemoine, "Plan Colombie, passeport pour la guerre", Le Monde diplomatique, París, agosto de 2000.
(4) "S.1758-Alliance with Colombia and the Andean Region (Alianza) Act of 1999 (Introduced in Senate)", Bill Text 106th Congress (1999-2000), Washington, 20 de octubre de 1999.
(5) Citado por Adam Thomson en "Mining: Vast resources remain largely untapped", The Financial Times, Londres, 23 de septiembre de 2009.
(6) Según el portal de información sobre la actividad minera en Colombia http://www.imcportal.com/. Las cifras de 2009 son todavía provisionales.
(7) Naomi Mapstone, "Infrastructure: Eager to link up disjointed land", The Financial Times, Londres, 6 de abril de 2010.
(8) Citado por Adam Thomson, op. cit.
(9) Ricardo Santamaría Daza, "Se dispara la 'fiebre' del oro en diversas regiones del país", 9 de mayo de 2010 (http://www.portafolio.com.co/).
(10) Entrevista con el autor, Bogotá, 4 de junio de 2010
(11) Cotización del 8 de junio de 2010
(12) Diana Delgado, "Greystar says Colombia accepts its gold mine appeal", 31 de mayo de 2010 (http://www.reuters.com/).
(13) Anthony Bebbington, "The New Extraction: Rewriting the Political Economy of the Andes?", Nacia Report on the Americas, Vol. 42, Nº 5, Nueva York, septiembre-octubre de 2009.
(14) "Colombia: continúa extermino contra Fedeagromisbol. Asesinan a dos agromineros en el Sur de Bolívar", 15 de febrero de 2010 (http://www.biodiversidadla.org/).
(15) Entrevista concedida a Yamid Amat, el 17 de mayo de 2010 (http://www.galeriapolitica.com/)
CONTINUIDAD A LA CABEZA DEL ESTADO
"No hay ninguna diferencia importante entre los programas de Mockus y Santos. Ambos defienden el liberalismo económico y prometen continuar la política de seguridad del presidente saliente" (1), sintetizaba El País el 26 de mayo de 2010. El diario español evaluaba así el cambio que los colombianos pueden esperar del escrutinio presidencial, cuya segunda vuelta tuvo lugar el 20 de junio de 2010. De los dos principales candidatos, Antanas Mockus -del Partido Verde, favorito de las encuestas- y Juan Manuel Santos -del Partido Social de Unión Nacional ("La U") y heredero del presidente saliente, Álvaro Uribe Vélez- el ganador fue el segundo, con el 69'05 % de los votos (y un 44'48% de participación).
Santos, quien resultó el gran vencedor de la primera vuelta, con 46'56% de los votos, frente al 21'49% de Mockus, multiplicó las alianzas con la derecha: con los conservadores de "Cambio radical", partido uribista rival de "La U" y tercera fuerza política del futuro Congreso, y, en menor medida, con los liberales. Por su parte, Mockus confirmó el posicionamiento de su partido a la derecha del tablero político, al rechazar una alianza con el Polo Democrático Alternativo (PDA, Izquierda), y preferir hacer de caballero solitario, apostando por los abstencionistas (51% en la primera vuelta).
Santos tiene a su favor el apoyo de una amplia coalición parlamentaria -frente a una oposición fragmentada y aislada- pero en su contra, una reputación manchada por los escándalos. Como Ministro de Defensa del presidente Uribe Vélez (de 2006 a 2009), se le considera responsable de la violación del espacio aéreo ecuatoriano en la operación Fénix, donde se abatió a Raúl Reyes, el número dos de la guerrilla de las FARC, el 1 de marzo de 2008. Esos acontecimientos desencadenaron una crisis sin precedentes entre Quito y Bogotá. Por otro lado, el nombre de Santos está vinculado al escándalo de los "falsos positivos", esos asesinatos extrajudiciales de civiles inocentes perpetrados por un ejército al que le se imponen objetivos cifrados.
Poco antes de la elección de Santos, el editorialista Miguel Ángel Bastenier (poco sospechoso de radicalidad izquierdista) señalaba, en relación a Santos: "su política social se anuncia tan sucinta como la del mandatario saliente, y el alineamiento con Washington podría batir, en su caso, el récord mundial de la genuflexión" (2).
(1) Maite Rico, "El empate entre Santos y Mockus enciende las elecciones colombianas", El País, Madrid, 26 de mayo de 2010
(2) M.A. Bastenier, "Voto al uribismo sociológico", El País, Madrid, 26 de mayo de 2010.
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