domingo, 23 de mayo de 2010

LAS CAUSAS DEL CONFLICTO COLOMBIANO: ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA SITUACIÓN


Asociación Universitaria Carlos Marx

1. Estado antidemocrático, terrorista, corrupto y excluyente

Desde hace 171 años los partidos liberal y conservador manejan el Estado con métodos excluyentes, gamonalistas y autoritarios en beneficio de un reducido grupo de colombianos y transnacionales y en contra de las mayorías nacionales. Los dos partidos se alternan el gobierno valiéndose de un sistema electoral corrupto y clientelista, financiado con dineros de los grupos económicos, contrabandistas, transnacionales y narcotraficantes.

Estos partidos que representan y defienden los grandes intereses económicos, están de espaldas a la realidad, al interés nacional y los sufrimientos populares; son parte de una estructura de poder que no tiene credibilidad ni representa el interés de la nación. Hoy en día pasan por una crisis irreversible, quedando reducidos a simples clubes electorales.

El Estado colombiano se representa en un régimen presidencialista antidemocrático y corrupto; en un legislativo venal que canjea decisiones por cargos burocráticas y contratos, por una parte del botín presupuestal y dineros antipatrióticos de transnacionales, grupos económicos y narcotraficantes; en un poder judicial que no falla en justicia y en derecho sino en favor de intereses particulares, que recurre al montaje de pruebas, a testigos clonados para penalizar la protesta social y las luchas populares, mientras que los grandes delincuentes que destruyen y roban la nación, les cubre el manto de la impunidad.

Este Estado que se agotó se soporta en el terrorismo y se complementa con los crímenes de los grupos paramilitares, que siempre han existido en la historia del país. Recurre a la violencia para silenciar la oposición. En 1914 asesino al general Rafael Uribe Uribe portador de ideas progresistas en ese entonces; En 1948 asesinó a Jorge Eliecer Gaitan , líder de profundo arraigo popular que propugnaba por la just! icia soc ial, la democracia, enfrentaba a la oligarquía y denunciaba la creciente intromisión del imperialismo en los asuntos del país.

En la década del 50 asesinó a 300 mil campesinos en una guerra sucia, similar a la actual, en la que fueron despojados de su tierra un millón de ellos, con el pretexto de eliminar el peligro comunista y defender la religión.

En los últimos 15 años 3.200 activistas políticos y líderes sociales fueron víctimas de desaparición forzada; miles de activistas de izquierda y luchadores sociales fueron asesinados. El partido Unión Patriótica desapareció del mapa político víctima del genocidio de 4.000 de sus militantes; en el mismo periodo fueron asesinados 2.900 dirigentes sindicales.

2. Un Estado que ha tenido como propósito concentrar la riqueza.

Un 3% de colombianos es dueño de la gran propiedad económica, mientras que el 57.0% vive en condiciones de pobreza, cifra que aumenta diariamen! te. El BID, en un estudio de 1998, afirmó que el 90% de los colombianos trabaja para que el otro 10.0% se enriquezca. 23 de los 40 millones de colombianos viven en la franja de pobreza; de éstos, 13.5 están en la miseria absoluta.

El 22.0 % de los colombianos en capacidad de laborar que viven en las siete principales ciudades del país están desempleados; si sumamos el existente en el resto de ciudades intermedias y el área rural, el desempleo pasa del 30.0%.

Las transnacionales, 15 conglomerados económicos y unas pocas familias controlan el 60.0% de toda la actividad económica del país: 4 grupos controlan el 92.0% del total de los activos financieros. 4 grupos controlan el 80.0% de los grandes medios de comunicación.

La concentración de propiedad sobre la tierra va en aumento. En 1996, el 90.0% de los campesinos era dueño del 21.0% de la tierra; mientras que un 1.3% de los propietarios tenían el 58.0% de las más productivas, cifra! que aumenta con la contrarreforma agraria que está en marcha im puesta mediante el desalojo y despojo de los campesinos por la vía de las masacres que realizan los grupos narcoparamilitares y agentes de las Fuerzas Armadas oficiales al servicio de terratenientes y agroindustriales.

El Departamento Nacional de Planeación anota que el narcotráfico compró o se apropió de tierras en el 42% de los municipios; tienen en su poder un poco más de 4 millones, de los 9 millones de hectáreas de tierra cultivable existente, además de otras ubicadas en regiones previstas para la construcción de megaproyectos y la explotación de recursos naturales. El Instituto Colombiano para la Reforma Agraria confirma que el 80.0% de las tierras con vocación agrícola definida está en manos de narcotraficantes, destinadas al engorde de ganado y funcionamiento de laboratorios donde se refina la de pasta de coca.

3. Corrupción y narcotráfico, dos virus que carcomieron el Estado y la sociedad.

Éste es el problema más g! rave de Colombia. La capacidad corruptora del narcotráfico penetró todas las instituciones de Estado y la vida social en los últimos 30 años, incrementando la descomposición moral y pérdida de valores, estimulando la criminalidad y el escalonamiento de la guerra, últimamente.

Colombia es el primer productor de cocaína en el mundo. En 1990 se calculó su producción en cerca a 300 toneladas métricas; en 1998, 450 toneladas y un año después, 550. De éstas, el 65.0% entra al mercado de EE.UU., el 30.0% al mercado europeo y el 5.0% restante a otros mercados.

La política antidrogas de EE.UU. fracasó. La producción y la exportación de droga aumentó a pesar de los miles de millones de dólares destinados a la represión. Los altos precios de la hoja de coca, la crisis de la agricultura y la corrupción del Estado, son tres factores que empujan la ampliación del área cultivada. La agricultura tradicional no es rentable, los campesinos trabajan a pérdida! por la ausencia de apoyo estatal.

La corrupción es el otro cáncer que carcome al Estado. El presupuesto de la nación es manejado como mercancía de retribución de favores y pago de deudas políticas, como botín para incrementar la riqueza personal de unos pocos que soportan económicamente a la clase política.

En el año de 1999 los robos al erario público investigados sobrepasaron los 8 billones de pesos, lo cual representa el 17.77% del presupuesto nacional del año 2000. El contralor general de la República calcula en más de 3 billones de pesos el dinero que cada año pierde la nación por robos al erario público.

4. El paramilitarismo, una política del Estado y un instrumento de la estructura de poder.

En Colombia los grupos paramilitares han existido desde que se inició la construcción de la República y a la muerte del libertador Simón Bolívar. En el siglo XIX se produjeron 57 levantamientos armados y guerras civiles, lideradas por caudillos militares, latifundistas y gamonale! s que tenían a su servicio ejércitos mercenarios.

Esta tradición se conserva y materializa en el siglo XX en los grupos paramilitares que organizaron los terratenientes en la década del 30 para obstruir la ley de tierras del 36; en la década del 50 con los llamados "pájaros" y "chulavitas" organizados por los jefes conservadores; éstos con el pretexto de limpiar el país de comunistas, impulsaron una nueva concentración de la tierra.

En la década del setenta toma nueva fuerza el paramilitarismo de manos del Ejército colombiano dentro de la concepción de la política de seguridad nacional: bananeros y terratenientes de la costa norte, Antioquia, Santanderes, Magdalena Medio, Valle del Cauca y Cauca principalmente, financian grupos para ahogar la lucha de los campesinos por recuperar la tierra que les habían robado anteriormente.

Los narcotraficantes se convirtieron en grandes propietarios rurales a partir de los años 80, en operaciones de lavado de dólares y el despojo violento de camp! esinos, le dan nuevo impulso a estos grupos para defender su negocio e imponer su propia ley. Los narcotraficantes convertidos en terratenientes y comerciantes se aliaron con las Fuerzas Armadas oficiales, siendo asumidos en la estrategia contrainsurgente como financiadores y proveedores de sicarios en operaciones encubiertas en un principio, siendo más adelante vinculados a tareas de limpieza indiscriminada en zonas campesinas y barrios populares.

Entre los años 1992 y 1999 aquellos grupos asociados con la fuerza pública ejecutaron más de 5.500 masacres, en las que perdieron la vida 19.000 civiles. En 1.998 fueron 285 masacres y 1.366 civiles los muertos; en 1.999 fueron 403, donde murieron 1.865 colombianos. En los primeros seis meses del año 2.000, hicieron 253 masacres donde murieron 1.035 civiles.

5. La derecha totalitaria, oxigenada con los dineros del narcotráfico y la corrupción, impone la dialéctica del terror, acalla l! a voz de la oposición e impide la democracia.

El conflicto que tiene su origen en causas económicas, políticas y sociales históricas, es presentado ante la opinión nacional e internacional de una manera simplificada, mostrándolo como un problema derivado del narcotráfico y del espíritu violento de los colombianos. Es una manera de esconder las causas y presentar los efectos como el origen del conflicto.

El escalonamiento de la guerra actual es el resultado, de una parte, el desarrollo adquirido por la insurgencia debido a condiciones económicas, sociales y políticas que le favorecen y de otra, el temor de los Estados Unidos a perder el control sobre el país y de quienes se han beneficiado históricamente de la riqueza colombiana.

Ese temor propicia la alianza en torno a un proyecto de ultraderecha excluyente, intolerante que a través de la guerra sucia aterroriza y elimina, pretendiendo acallar con sus métodos las expres iones de la lucha por el cambio y la construcción de un nuevo país. Es un proyecto que se inspira y alimenta del nazismo alemán, del fascismo italiano y franquismo español.

En esa alianza confluye la ultraderecha tradicional representada en sectores terratenientes, agroindustriales, comerciantes y grupos económicos principalmente, jalonan esa alianza en que narcotraficantes convertidos en terratenientes son los grandes financiadores; los políticos corruptos la potencian y tratan de legitimar; y las Fuerzas Armadas oficiales comprometidas con el narcotráfico y el fortalecimiento del paramilitarismo, que intentan ahogar las luchas populares y revolucionarios que buscan los cambios que Colombia necesita.

Conflicto armado y Paramilitarismo en Colombia.
A continuación reproducimos un documento elaborado por organizaciones de Derechos Humanos de Colombia que explica cuales son los grupos armados en Colombia y como se instrumenta la represión ilegal y arbitraria en manos de los terratenientes, narcotraficantes, grupos de ultraderecha y militares. Estos grupos tienen, en Colombia, una larga tradición de desapariciones, asesinatos, torturas, expropiaciones de tierras, etc. Han logrado incluso que se exilien dirigentes y activistas de grupos de derechos humanos a los que estos cuerpos de asesinos, acusan de terrorismo y/o de izquierdismo pretendiendo con ello no solo la deslegitimación de los derechos humanos sino, además, justificar el crimen y el terror en que tienen sumida a gran parte de la población colombiana.

1. Conflicto armado:
Los grupos guerrilleros que actualmente operan en el país Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC], Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional [UC-ELN] y Ejército Popular de Liberación [EPL] tuvieron su origen en la década de los años sesenta.

Su antecedente más inmediato, las guerrillas liberales surgidas come reacción a la persecución política iniciada por el gobierno del Partido Conservador (1946-1953), que incluyó el asesinato del candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán (abril 9/48), hecho que dio origen a una revuelta popular que se conoce como "El Bogotazo" y a un largo periodo de violencia liberal-conservadora que dejó un saldo trágico de cerca de 300 mil muertos.

Luego de un periodo de dictadura militar (1953-1957), los partidos Liberal y Conservador pactaron el llamado Frente Nacional, que inició un nuevo periodo de acuerdo político entre los partidos tradicionales, que les permitió alternarse el ejercicio del Gobierno durante 16 años. Otras fuerzas políticas fueron entonces excluidas de la contienda política.

Las FARC tuvieron su origen en 1964, como forma de autodefensa frente a la persecución desatada contra las formas de organización campesina lideradas entonces por el Partido Comunista. Luego, en la década de los años setenta construyeron una estrategia política global frente al Estado colombiano. En la actualidad está formada por cerca de 10 mil combatientes, organizados en 70 frentes distribuidos en todo el país.

La UC-ELN surgió en 1965 en el departamento de Santander, como un proceso de radicalización de algunos sectores del Movimiento Revolucionario Liberal -MRL- que lideró Alfonso López Michelsen a finales de la década de los cincuentas, planteándose la toma del poder por las armas. Se calcula que cuenta con unos 5 mil combatientes, organizados en 30 frentes. Una fracción de la UC-ELN, denominada Corriente de Renovación Socialista, firmó en 1994 un acuerdo de desmovilización con el gobierno de César Gaviria.

El EPL tuvo origen en 1968, localizado en la región occidental de la Costa Atlántica, expandiendo luego su acción hacia otras regiones, teniendo particular incidencia en la zona bananera de Urabá, donde el auge de las exportaciones de la fruta creó un fuerte conflicto social. Una fracción considerable del EPL firmó un acuerdo de paz con el gobierno de César Gaviria en marzo de 1991, y se convirtió en el movimiento Esperanza, Paz y Libertad.

Otros grupos guerrilleros, surgidos en las décadas de los 70 y 80, firmaron acuerdos de paz con los gobiernos Barco y Gaviria, para convertirse en movimientos o partidos politices. Son éstos, el Movimiento 19 de Abril -Ml9-, el Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT- y el Movimiento Quintín Lame.

Las FARC, la UC-ELN y el EPL, no obstante sus diferencias de trayectoria, políticas e ideológicas, conforman la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.

Ante el surgimiento de las guerrillas y su pretensión de ganar influencia sobre la población campesina y sobre los movimientos populares urbanos, el Estado colombiano desarrolló desde los años sesenta, una estrategia contrainsurgente bajo la orientación de la llamada "doctrina de la seguridad nacional", que se aplicó con mayor rigor a partir del gobierno del presidente Turbay, con un saldo de graves violaciones a los derechos humanos.

No obstante que la pretensión aparente de la política contrainsurgente era la derrota de los grupos guerrilleros, ella se aplicó en forma indiscriminada contra importantes sectores de la población campesina y del movimiento popular urbano que fueron seriamente afectados.

Los propios grupos guerrilleros, si bien han sufrido serias derrotas militares, en la última década han aumentado su poder militar, hasta el punto que desde comienzos de los años ochentas se ha planteado por diferentes analistas, y por los propios actores del Conflicto armado -Gobierno y Guerrilla-, la imposibilidad de un triunfo militar de alguna de las partes, lo que invalida la salida militar.

Más de diez años de conversaciones de paz entre los sucesivos gobiernos y los grupos guerrilleros han dado lugar a algunos acuerdos de desmovilización, ya enunciados, pero no han logrado la firma de un acuerdo de paz global con las organizaciones guerrilleras más antiguas y con mayor capacidad militar.

Quizás el hecho de que los Gobiernos hayan considerado las negociaciones con los grupos guerrilleros como acuerdos de desmovilización, sin atender a la búsqueda de la solución de las causas originarias del levantamiento en armas, explique los precarios alcances de las políticas de paz hasta ahora aplicadas.

El Gobierno del presidente Samper, aparentemente con mayor realismo político que sus antecesores, ha iniciado el diseño de una nueva política de paz, cuya principal virtud parece ser el reconocimiento de que ninguna de las partes en el conflicto está en posibilidad de imponer condiciones a la otra, que por tanto los diálogos deben iniciarse para acordar una agenda en la que en principio no hay temas vedados, y que los diálogos se realizarán en medio del Conflicto.

El proceso de solución politiza al conflicto armado deberá partir del compromiso y de las acciones Concretas para dar solución al Conflicto social que subyace a aquél. Esa es la aspiración que expresan crecientemente diversos sectores de la sociedad colombiana, que reclaman la urgente necesidad de solución a un conflicto armado de tan profundas raíces y de mas de tres décadas, y que ha terminado por degradarse, lo que reclama un acuerdo urgente de humanización.

En efecto, de una parte, la estrategia estatal contrainsurgente de "quitarle el agua al pez", no ha reconocido limites a los objetivos y a los medios empleados para la guerra, afectando a la población civil y dando lugar a crímenes de tesa humanidad, cometidos en muchas ocasiones con particular sevicia.

De otra parte, aunque en proporción menor según revelan las cifras conocidas por las ONGs de derechos humanos, los grupos guerrilleros han cometido graves infracciones al derecho internacional humanitario, como homicidios deliberados, masacres y acciones que han comprometido la vida y la seguridad de la población civil.

2. El Paramilitarismo, estrategia contrainsurgente:
Desde comienzos de la década de los sesenta la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado han sido formados bajo los parámetros de la doctrina de la Seguridad Nacional y la aplicación de los fundamentos del Conflicto de baja intensidad. Dentro de tal propósito se han implementado mecanismos prestos a la eliminación del "enemigo interno", representado en la existencia del comunismo, la subversión o insurgencia.

Así, en el marco de dicha estrategia a comienzos de la misma década se recomienda por parte de asesores militares norteamericanos la conformación de organizaciones de "tipo antiterrorista" y para la "lucha anticomunista". En desarrollo de tal propósito es dietado el decreto 3398 de 196S, el cual fue convertido posteriormente en legislación permanente a través de la ley 48 de 1968, por medio de los cuales se dio el fundamento legal para la organización de la "defensa nacional", la "defensa civil" y la promoción en la organización de las "'autodefensas".

Bajo el amparo de dicha normas e inclusive desbordandolas, miembros, de la Fuerza Pública entrenaron, dotaron de armamento y adoctrinaron habitantes en zonas de Conflicto con la finalidad de involucrar de manera directa a la población dentro de la Confrontación y apoyar a los cuerpos oficiales en la lucha contrainsurgente.

Como propósito encubierto del accionar criminal de estos grupos aparece el amedrantamiento a la población con el fin de generar una atmósfera de miedo y temor que conlleve a la destrucción de las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, e impida la libre expresión de la inconformidad social.

Hasta la presente se ha constatado cómo los grupos paramilitares han sido desarrollados en diversas regiones del país con el claro propósito de actuar en la defensa y protección de intereses políticos, de proyectos económicos (explotación de recursos naturales como el petroleo y el carbón), y la defensa de sectores vinculados a la actividad agropecuaria y al narcotráfico.

2.1. Métodos de acción del Paramilitarismo:
En la geografía nacional los grupos paramilitares no han tenido un sólo modelo o método de acción, sino que este ha estado determinado por el nivel de conflicto en la región, el nivel de organización del movimiento popular y la resistencia de la población frente a este tipo de proyectos y al accionar de la Fuerza Pública.

En tal sentido son diferenciables tres (3) modelos de acción: a) El involucramiento compulsivo de la población; b) La conformación de una estructura permanente y cerrada, en la cual el tamaño depende del área de acción; c) La contratación de personas provenientes de otros lugares para que ejecuten crímenes, sin que hagan parte de fin grupo permanente.

También se ha constatado la contratación de mercenarios extranjeros por parte sectores económicos y altas autoridades del Estado, los cuales han intervenido en el entrenamiento de los grupos paramilitares y de militares en diferentes técnicas y en el empleo y manejo de sofisticado armamento.

a. El involucramiento compulsivo de la población
Ha sido habitual la intimidación a la población mediante el porte de listas donde se amenaza a los pobladores y en general se instiga a los habitantes para que se integren al proyecto paramilitar, se vayan o se enfrenten a la muerte. Estos grupos han sido justificados como "autodefensas", en donde se afirma que las patrullas de "campesinos organizados" están protegidas por el ejército y se promueve la participación en estos grupos mediante el ofrecimiento de salarios, la consecución de la libreta militar y otros beneficios.

Respecto de su relación con la Fuerza pública se ha determinado que llevan a cabo patrullajes conjuntos, se ha utilizado a la población civil para que les acompañe en los mismos, los dirigentes o comandantes paramilitares son transportados en helicópteros del Ejército Nacional y las bases militares han sido acondicionadas como lugar de permanencia de los integrantes de estas estructuras criminales.

El armamento con que cuentan les ha sido entregado a través de agentes e instituciones del estado, con recursos recibidos del campesinado, el cual ha sido obligado a pagar una serie de "impuestos" ilegalmente recaudados para el mantenimiento de estos grupos.

Tas es el caso de los proyectos implementados en los municipios de El Carmen y San Vicente de Chucuri (Santander), y de algunos municipios del departamento de Casanare, aledaños a la explotación petrolera de Cusiana.

b. La conformación de una estructura permanente
Para la conformación de estos grupos ha sido importante la participación de sectores del narcotráfico, esmeralderos y terratenientes en su financiamiento, los cuales han actuado de común acuerdo con la Fuerza Pública en cuanto a la dotación de armamento, entrenamiento y acciones encaminadas a ejercer control en determinadas zonas.

Desde el año 1983 el entonces Procurador General de la Nación, señaló la participación de personal de las Fuerzas Militares en la conformación de estos grupos. Además, son abundantes los testimonios de ex- integrantes de estas agrupaciones que dan cuenta de su modus operandi, estructura y papel de agentes del Estado en su promoción y protección.

Estos grupos han actuado especialmente en zonas como Urabá, Córdoba, Sucre, Meta, Norte de Santander y Sur del Cesar, entre otras. Su tipología de acción ha estado enmarcado en la realización de ejecuciones selectivas, hasta la realización de masacres indiscriminadas, tal es el caso de las masacres de Segovia, Honduras, La Negra, El Tomate y Pueblo Bello.

Pese a que frente a reconocidos dirigentes paramilitares como Fidel Castaño, alias "Rambo" han sido expedidas órdenes de captura, es claro el desinterés de las autoridades para hacerlas efectivas.

c. La contratación de personas para que realicen hechos específicos:
Esta modalidad ha venido siendo utilizada en algunos lugares de Antioquia y Norte de Santander, en donde, sectores económicos (tal es el caso de los cafeteros) e inclusive las propias Fuerzas Militares, a través de sus redes de informantes han contratado personal proveniente de otros municipios o departamentos para que realicen ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones.

Este accionar tiene como finalidad el dificultar las investigaciones en torno de estos grupos y encubrir a los responsables de la comisión de crímenes de tesa humanidad.

Se ha podido determinar cómo personal de la Fuerza Pública ha intervenido para procurar la fuga, para coordinar las acciones en cuanto al momento y lugar de ejecución, y para dotar de armamento a quienes participen en los crímenes.

Pese a que a nivel de los organismos de control y de la rama jurisdiccional ha sido ampliamente documentada la conformación de estos grupos, sus mecanismos de financiamiento, su relación con la Fuerza Pública y su responsabilidad en la ejecución de crímenes de tesa humanidad, la gran mayoría de los hechos permanecen en la impunidad, altos oficiales de la Fuerza Pública han sido ascendidos y los grupos paramilitares han extendido su accionar y poderío en el territorio nacional.

Desde el Gobierno Nacional la persecución y desestructuración de estos grupos se reduce a la expedición de una serie de decretos de Estado de excepción (anterior estado de sitio), en los cuales los ubica al margen de la ley, sin que con ello haya influido en su existencia. Por el contrario, a través de varios decretos se les ha otorgado un tratamiento benigno.

2.2. La reactivación de la acción paramilitar:
Frente a los anuncios de la administración del Presidente Samper en materia de políticas de paz y de derechos humanos, el fenómeno del Paramilitarismo, y la reactivación de sus acciones, constituye la más profunda preocupación de los organismos de derechos humanos, por cuanto las autoridades estatales se han negado de manera sistemática a reconocer su gravedad, y por sobre todo, a tomar las decisiones que se requieren para poner control a su acción criminal.

En efecto, la actitud de las autoridades de negar los diversos grados de conexidad entre los grupos de particulares armados y unidades militares, con el consentimiento o la tolerancia de los mandos de las Fuerzas Militares, las ha conducido a pretender a toda costa evitar la discusión sobre la acción paramilitar, con la consideración de que se trata de una conjura de la guerrilla colombiana para minar la legitimidad de las fuerzas armadas gubernamentales.

Durante los seis meses que trascurridos de la administración del Presidente Samper, a pesar de pregonarse la humanización del conflicto armado interno, se aprecia una reactivación del Paramilitarismo, demostrada en el surgimiento de los grupos "Muerte a Comunistas y Guerrilleros' -Macogue- y "Colombia sin Guerrilla" -Colsingue-, los cuales tienen un radio de acción nacional y quienes han dirigido sus acciones especialmente contra dirigentes políticos y sindicales.

En noviembre de 1994 se realizó la Primera cumbre de las autodefensas de Colombia , en la que, según un documento de 57 páginas que ha sido conocido por las ONGs colombianas, se aprobó "... seguir considerando como blancos militares, a los cuadros políticos y sindicales de la extrema izquierda, mientras los grupos insurgentes no humanicen la guerra y continúen asesinando militares y civiles fuera de combate, así como a los familiares de los miembros de las autodefensas".

De otra parte, constituye motivo de preocupación la aprobación del Decreto 3567 del 11 de febrero de 1994, Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, en cuyo Art. 34 se lee: "... la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá expedir licencias de funcionamiento a cooperativas, juntas de acción comunal o empresas comunitarias para operar el servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada en el área donde tienen asiento la comunidad. Podrán operar con o sin armas".

En noviembre pasado, el ministro de Defensa, Fernando Botero Zea, informó al país la puesta en ejecución del programa de cooperativas rurales de seguridad, que luego fueron denominadas "asociaciones", las cuales, a juicio de las ONGs de Derechos Humanos, tienen el serio riesgo de convertirse en formas legalizadas de los grupos paramilitares para realizar acciones armadas ofensivas contra la población civil que sea considerada "simpatizante" o "colaboradora" de los grupos guerrilleros.

Las explicaciones dadas hasta el momento por el Gobierno de Colombia para responder a las preocupaciones expresadas por diversos sectores de la sociedad colombiana en relación con las asociaciones de seguridad rural, se fundamentan en señalar que las autoridades militares y de policía ejercerán un celoso control sobre dichas asociaciones para que no desborden el marco de su acción, en apariencia circunscrito a labores de información a las autoridades y dotadas con armas de defensa personal.

Al respecto es preciso anotar que resulta difícil aceptar que el Gobierno pueda comprometerse a mantener el control sobre la acción de dichas asociaciones, para evitar que se conviertan en formas legalizadas del Paramilitarismo, si se tiene en cuenta que uno de los argumentos de las autoridades estatales para explicar la ausencia de resultados en el combate a este fenómeno es precisamente que las autoridades militares y de policía han estado imposibilitadas para controlarlo.

2.3. La urgencia de adoptar medidas:
Desmontar los grupos paramilitares, e investigados y sancionados los crímenes de tesa humanidad provenientes de estos grupos, e igualmente debe impedirse la presencia y actuación de mercenarios en el territorio nacional.

Además, hacer efectivas las ordenes de captura existentes contra miembros de grupos paramilitares

Investigar y sancionar a sus financiadores, integrantes y las autoridades que han intervenido en su promoción y/o protección.

Abstenerse de dar trato especial o benigno (amnistías, indultos, cuasi-amnistías, cuasi-indultos) en virtud de eventuales negociaciones de paz con el ejecutivo.

Derogar todas las normas o actos administrativos que autoricen, ordenen o favorezcan la creación o constitución de grupos paramilitares, así como de aquellas que posibiliten un trato benigno o favorable, en especial el Art. 34 del Decreto 3567 de febrero de 1994.

Destituir por vía administrativa, de manera inmediata, al personal de la Fuerza Pública que ha sido señalado por parte de organismos nacionales o internacionales como comprometidos en la formación, promoción o instigación de este tipo de grupos.

Campaña Derechos Humanos: ¡Ya!

Equipo Operativo: ASFADDES - CINEP - Comisión Andina de Juristas Seccional Colombiana - Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" - ILSA - SEMBRAR - CSPP

Secretaría Operativa:
Tfono: +57.1.341.5415
Fax: +57.1.334.3765
AA 22803 Santa Fe de Bogotá, DC
Colombia

¿QUIÉN ES ÁLVARO URIBE VÉLEZ?

Su formación académica

Nacido el 4 de julio de 1952, abogado, egresado de la Universidad de Antioquia, y doctorado en Derecho y Ciencias Políticas (1977). Especializado en Administración y Gerencia de la Universidad de Harvard (1993). Realizó estudios en “Negociación de Conflictos”, en la Universidad de Harvard (1993).

Su origen

Alberto Uribe Sierra, padre de Álvaro Uribe Vélez, fue un reconocido narcotraficante, vinculado con el “Clan de los Ochoa”, gestores en 1981 del grupo paramilitar conocido como Muerte a Secuestradores - MAS. Siguiendo la tradición de los narcos antioqueños, adquirió la ganadería brava "La Carolina", que heredó a su hijo Álvaro.

En 1977, Inversiones Uribe Vélez, de propiedad de AUV y su padre, adquirieron la finca La Mundial, ubicada en Maceo (Antioquia). Después de varios años de negociación con el sindicato de trabajadores de la finca, el 30 de diciembre de 1982, la finca fue entregada a los trabajadores y, a partir de ese momento fueron víctimas de todo tipo de atropellos por parte de Carabineros de la Policía, que tenían una base en la finca La Manada, de propiedad de la familia Uribe y era comandada por el Teniente Elkin Cifuentes Gómez. Los carabineros los “visitaban”, los trataban de “ladrones y guerrilleros” y los amenazaban. El 14 de julio de 1983, el trabajador Emilio de Jesús Medina fue detenido-desaparecido por el Teniente Cifuentes.

Uribe Sierra estuvo detenido en una ocasión para ser extraditado, pero Jesús Aristizabal Guevara, entonces Secretario de Gobierno de Medellín, intercedió por él y logró que lo pusieran en libertad. Uribe Sierra murió en un enfrentamiento armado entre paramilitares de su finca La Guacharaca (ubicada en San Roque, Antioquia) y guerrilleros de las FARC, el 14 de junio de 1983. A su entierro asistió el entonces presidente de la República, Belisario Betancur, y buena parte de la crema y nata de la sociedad antioqueña, que no era ajena al negocio de las drogas ilícitas.

Su nefasta vida política

PERIODO CARGO DESEMPEÑADO EJECUTORIAS EN CADA CARGO

1976-1977 Jefe de Bienes en Empresas Públicas de Medellín Desde ese cargo lideró la negociación de tierras y el traslado de la población del viejo al nuevo Peñol para la construcción de una represa en los terrenos del antiguo municipio. Este hecho generó gran inconformidad, por lo que los pobladores de las zonas afectadas realizaron varios paros cívicos, que fueron reprimidos violentamente.

1978 Secretario General del Ministerio de Trabajo Da a luz el decreto 1469 de 1978 sobre libertades sindicales, que de manera engañosa convenció a los trabajadores que el decreto era necesario para que entrara en vigencia la ratificación de los convenios de la OIT ratificados en 1976 por el gobierno colombiano, aunque el convenio reza que sin necesidad de intervención de las autoridades públicas. Además el decreto fue aprovechado por los abogados de las empresas para obtener nulidades de los avances establecidos en cuestión de libertad sindical por los convenios.


1979 Gerente Liquidador de Mineros del Chocó. Los grupos financieros Bogotá, Grancolombiano y Suramericana, fundaron Mineros Colombianos S.A., que compró parcialmente a la International Mining Corporation (saqueadora de Colombia desde 1864, que en 1979 controlaba casi el 60% de las empresas mineras del país y extraía más de la mitad del oro) dos de sus filiales, la Chocó Pacífico y la Pato. La nueva empresa, viendo que las luchas del pueblo de Condoto (Chocó) no dejaron que las dragas se comieran sus casas, requisito para evitar una catástrofe económica, trasladó la quiebra a los obreros, cambiándoles los supuestos mil millones de activos (en verdad su achatarrada maquinaria apenas valdría 80), por los 500 millones que en prestaciones les debía. En este proceso fue Gerente Liquidador Álvaro Uribe Vélez.

Marzo 1980 – Agosto 1982 Director del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil

Desde este cargo nombró como subdirector de la misma a César Villegas, quien después fue sentenciado a 5 años de prisión por vínculos con el cartel de Cali. Villegas fue asesinado el 4 de marzo del 2002, en Bogotá, luego de aportar dineros a la campaña presidencial de Uribe Vélez.

Cuando el narcotráfico estaba en auge, expidió en tiempo record, un alto número de licencias de pilotaje a empleados de los capos del narcotráfico y de permisos para la construcción de pistas. Entre estas licencias estaba la de un helicóptero de su padre, que luego caería en una importante operación antinarcóticos en el sitio conocido popularmente como tranquilandia, en la cual también cayeron tres avionetas más que tramitaron su licencia el mismo día.

Privatizó el recaudo de la tasa aeroportuaria y el impuesto de salida del país.

1982 Alcalde de Medellín Este cargo tuvo que abandonarlo sin cumplir los 5 meses, del período de 2 años, por presión del presidente Belisario Betancur Cuartas, al enterarse de una reunión clandestina de éste con los capos de la mafia Pablo Escobar Gavira, los Ochoa Vázquez, Carlos Ledher Rivas y Gonzalo Rodríguez Gacha.

Uribe presidió personalmente la ceremonia de cortar el listón en la inauguración del barrio “Medellín sin Tugurios” construido al oriente de Medellín por Pablo Escobar Gaviria. También lanzó públicamente este plan de vivienda en Bogotá, siendo Alcalde de Medellín.

Así mismo adelantó el programa “Medellín Cívico”, en el que Pablo Escobar donó miles de arbustos para ser plantados en los antejardines y los parques de la ciudad.

Creó Metroseguridad, una Empresa Industrial y Comercial del Estado, prestadora de servicios tecnológicos, logísticos, de capacitación y de asesoría, dirigidos tanto al sector público como al privado, a través de un sistema integral de seguridad. Metroseguridad ha sido denunciada por vincular a sus programas de seguridad a miembros de grupos paramilitares en Medellín.

Privatizó el manejo de las basuras entregando el relleno sanitario de la Curva de Rodas al sector privado.

1984-1986 Concejal de Medellín Ponente del acuerdo de exención tributaria a las cooperativas. Figura que desde entonces empezó a ser utilizada por los empresarios como una forma de eludir el pago de impuestos.

Durante este tiempo en su finca Guacharacas, ubicada en San Roque (Antioquia), él y su familia tenían una base paramilitar, que operaba con el apoyo de miembros de los Batallones Palagua y Bomboná. Este grupo asesinó e hirió a varios trabajadores de La Finca La Mundial, que había sido entregada por la familia Uribe a los trabajadores para cancelar las deudas que tenían con ellos. Atropellos que continuaron hasta diciembre de 1992, en que tropas de la XIV Brigada bombardearon la finca, destruyeron los cultivos e hicieron huir a los trabajadores que aún permanecían allí.

1986-1990 y 1990-1994 Senador de la República Intentó evitar la extradición de narcotraficantes cuando la reforma constitucional del gobierno de Virgilio Barco Vargas.

Fue ponente entusiasta de la Ley 50 de 1990, aprobada con el pretexto de acabar el desempleo pero que en realidad lo agudizó, pues lo que buscaba era la flexibilización laboral para acomodarse a las necesidades del mercado global, sacrificando las conquistas que durante años de lucha habían logrado los trabajadores organizados.

Se encontraba en Estados Unidos, cuando la Asamblea Nacional Constituyente revocó el Congreso en 1991. Fue elegido nuevamente.

Enero de 1995 – Diciembre 1997 Gobernador de Antioquia Nombró como Secretario de Gobierno Departamental a Pedro Juan Moreno Villa, próximo a la mafia y sindicado por la DEA en 1997 y 1998 de importar desde Asia con destino Colombia, sin reportarlo, 50 toneladas de permanganato de potasio, un químico controlado, a nombre de su empresa 'GMP Productos Químicos S.A.', y de efectuar sus registros y comercialización de manera fraudulenta, destinado a la producción de cocaína en Córdoba.

Promovió la creación de las Cooperativas de Seguridad Privada CONVIVIR, iniciativa destinada a legalizar el paramilitarismo. En el Congreso de Ganaderos, en 1996, se aprobó extender esa iniciativa de Uribe Vélez a nivel nacional y además promover su candidatura presidencial. El diario El País, de la ciudad de Calí, del 3 de agosto de 1998, dio cuenta de la fusión de CONVIVIR con los paramilitares: “Representantes de más de 2.000 cooperativas de seguridad privadas han anunciado que se armarán y unirán al movimiento paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia-AUC-. El movimiento fue formado en 1996 por más de 16 agrupaciones paramilitares de todo el país y están lideradas por Carlos Castaño, jefe de la principal organización de extrema derecha de todo el país.”

El 22 de abril de 1996, durante una acción coordinada por miembros de la Brigada XIV, el Batallón Bomboná, la Policía y paramilitares, fueron asesinados 17 pobladores en el municipio de Segovia (Antioquia). La respuesta que dio el Gobernador Uribe Vélez fue la expedición, el 10 de mayo de 1996, del decreto 2035, que declaraba los municipios de Segovia y Remedios como “Zona Especial de Orden Público”, dando mayores facultades a la Fuerza Pública para controlar y amedrentar a los pobladores de la zona.

En octubre de 1996, 1.500 campesinos de Remedios y Yondó (Antioquia) y del sur del departamento de Bolívar, marcharon hacia Barrancabermeja reclamando por el abandono estatal y la violencia que se vivía en la región. El éxodo terminó con la firma de unos acuerdos con el gobierno nacional que se comprometía a garantizarles la vida y desarrollar proyectos de inversión social en la región. Pero, la respuesta real que recibieron los campesinos fue más represión. Entre el 21 y el 27 de diciembre del mismo año, las veredas Puerto Nuevo Ité, La Congoja y La Troja, de Yondó, fueron arrasadas por tierra por paramilitares, mientras eran bombardeadas por aviones militares. Esa fue la respuesta del gobierno de Antioquia, en cabeza de Uribe, a las exigencias de los campesinos.

Entre el 25 y el 29 de octubre de 1997, el corregimiento El Aro de Ituango (Antioquia), fue prácticamente destruido y varios pobladores fueron asesinados durante una operación conjunta entre tropas de la Cuarta Brigada y paramilitares de las ACCU. Uribe Vélez como Gobernador y el General Carlos Alberto Ospina Ovalle como Comandante de la IV Brigada facilitaron que los militares que participaron directamente en los hechos pudieran “escapar” de la justicia.

Pronunció el discurso principal en el “homenaje de desagravio” a los generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán (jefes de las guarniciones de Urabá y César respectivamente), después de que fueron retirados del servicio por las múltiples denuncias que los vinculaban con las AUC y con la participación en masacres y otros crímenes ocurridos entre 1996 y 1997.

El 7 de octubre de 1996, se dictó resolución de acusación por conformación de grupos paramilitares (del grupo conocido como "la banda de los Erres") y participación en asesinatos, torturas y otros crímenes de lesa humanidad, a los hermanos Carlos Alberto y Juan Diego Vélez Ochoa, primos tanto de Uribe Vélez como de los confesos narcotraficantes del “Clan Ochoa”. Los hermanos Vélez Ochoa fueron detenidos y, según figura en el proceso, el entonces Gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe Vélez, intercedió por su libertad, y en la segunda instancia del proceso fueron absueltos de toda responsabilidad.
También se han conocido denuncias que en la década de los 90 el centro de operaciones del grupo paramilitar 'Los Doce Apóstoles' estructura integrante de las AUC, es la finca de Alvaro Uribe Vélez conocida como La Carolina. Varios testimonios señalan a Santiago Uribe Vélez como el líder de Los Doces Apóstoles, grupo responsable de más de 50 asesinatos cometidos en los municipios de Santa Rosa de Osos y Yarumal.
La política económica y social de Álvaro Uribe Vélez - cuando fue gobernador en Antioquia - fue decididamente neoliberal, impuesta a la fuerza. Su objetivo principal fue la "desburocratización", Uribe se jactó de haber eliminado a dos tercios de los empleados, haciendo pasar su número de 14.000 a 5.500. ¿Su método? El desprecio por los derechos de los trabajadores, las presiones sobre los sindicalistas y la ayuda de los paramilitares, para lograr sus propósitos.

En un primer momento Uribe utilizó la forma suave, proponiendo jubilaciones anticipadas y dimisiones. Los trabajadores no aceptaron, y jubiló a la fuerza a algunos trabajadores; algunos de ellos tenían 36 años. El método fue ilegal, para el gobernador no fue su primer abuso, como prueban los recursos a la justicia y denuncias contra su administración, un tercio de las 3100 sentencias por denuncias contra las instituciones públicas durante 1997 en Antioquia fueron contra la Administración.

Mientras tanto, por todas partes en el departamento, los paramilitares salieron contra las luchas de los obreros. En Salgar, entre el Urabá y el Magdalena Medio llegaron hasta amenazar a los empleados y sus familias para que aceptaran "las propuestas del Gobernador"." No los queremos ver más aquí", decían los paramilitares.

Propició que los ganaderos entregaran a grupos paramilitares 650 hectáreas en Urabá y 900 hectáreas en el Magdalena Medio, lo que ayudó a consolidar el control paramilitar en estas regiones.

La política del gobernador Uribe Vélez tuvo muchos opositores entre ellos el jurista JESÚS MARIA VALLE JARAMILLO, presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia quien denunció días antes de ser asesinado: "Estamos exportando a través de una concepción equivocada del orden público, violencia para departamentos pacíficos como la costa y el Choco. Estamos exportando violencia, a través de las Convivir, para todo el país (...) y los militares y las Convivir se confunden en los uniformes, en las sedes, en los vehículos que utilizan...". VALLE JARAMILLO fue asesinado en su oficina, el 27 de Febrero de 1998.

La mejor síntesis de lo que fue la gobernación de Uribe Vélez en Antioquia se presenta a continuación: La periodista del Espectador María Teresa Herrán, con ocasión de un homenaje nacional que se le brindó al gobernador URIBE en Bogotá, decía que "no sabía si el homenaje era por su apoyo a ultranza a las Convivir o porque su Departamento estaba bañado de sangre".

http://www.patrialibre.org/

URIBE: UN GOBIERNO NEFASTO Y CRIMINAL

SODEPAZ

http://www.sodepaz.net/modules.php?name=News&file=article&sid=3571

El 7 de agosto de 2006 se posesiona Alvaro Uribe Vélez para su segundo mandato, obtenido bajo el ejercicio de la más profunda corrupción de todos los niveles estatales. Los ocho años del gobierno narco-paramilitar de Alvaro Uribe Vélez deja un país en crisis total. Lo aberrante es que el miniführer se hizo re-elegir con la ayuda de las huestes narco-paracas y la venia del imperio estadounidense y continuará den la Casa de Nariño durante cuatro años más.

Los ocho años del gobierno narco-paramilitar de Alvaro Uribe Vélez deja un país en crisis total. Lo aberrante es que el miniführer se hizo re-elegir con la ayuda de las huestes narco-paracas y la venia del imperio estadounidense y continuará den la Casa de Nariño durante cuatro años más. La derecha, sus voceros políticos (la pelambre de narco-paracos y corruptos que acompañan a Uribe en sus tropelías), la iglesia católica (su jerarquía), los medios de alienación burgueses (la casa editorial El Tiempo, Caracol, RCN, etc, etc) que fabrican la alta ‘pupularidad’ de Uribe, las bandas de narco-paramilitares, la oligarquía financiera y económica, todos juntos celebran ‘jubilosos’ la iniciación del segundo ‘mandato’ del ‘Mesías’ o el ‘Ubérrimo’.

Las ‘realizaciones’ de este gobierno oligárquico-mafioso no pueden ser más nefastas para el pueblo colombiano. Pero el pueblo se levanta y enfrenta estas políticas. En la calle, en las avenidas, en las carreteras, en las universidades, en el campo y también con la lucha insurgente armada de la guerrilla que no ha sido vencida y enfrenta los planes militares del imperio estadounidense.

Repasemos a vuelo de pájaro estas cifras, que han pretendido ser ‘revisadas’ para mostrar éxitos en donde sólo hay fracasos:

1. Educativa: 2'500.000 de niños no tienen acceso a la educación. Hay una alta tasa de deserción estudiantil a nivel de primaria y bachillerato. 35% de los estudiantes universitarios no terminan sus estudios. Las Universidades viven en permanente crisis económica, ejemplo la Universidad del Atlántico.

2. Comercio exterior: Negociación del TLC con E.U., y firma de éste a pesar de que E.U., modificó unilateralmente lo discutido y presentó otro texto, lesivo para los intereses nacionales y que favorecen totalmente los intereses estadounidenses. Sus primeros efectos ya están a la vista: lesión de los productores de papa y a los avicultores.

3. Hacienda: ‘Nueva Reforma Tributaria’ que grava a los de más escasos recursos económicos (clase media y pobres), en tanto declara exentos de impuestos a los ricos. Ampliación del IVA a los productos de la canasta básica, esquilmando aún más los famélicos bolsillos de los trabajadores colombianos. Su mayor inversión es en la Guerra.

4. Comunicaciones: Liquidó Telecom, Inravisión y Audiovisuales. La venta de Telecom se realizó por debajo de la oferta previa que había recibido, en clara muestra de su política anti-nacional.

5. Transporte: Los huecos pululan en todas las ciudades y en las carreteras del país. El proceso para entregar en concesión el aeropuerto Eldorado ha estado plagado de ‘irregularidades’ y corrupción. Los puertos están rezagados y no hay solución a la vista.

6. Salud: La cobertura universal en salud cada día baja y cada día los muertos aumentan en los ‘paseos de la muerte’. La reforma de la Ley 100 fracasó en el Congreso favoreciendo a los grandes conglomerados que se han apropiado de la salud de los colombianos y la miran como una mercancía. Su plan para salvar el Seguro Social fracasó y hoy anuncia su privatización ‘como Telecom’. Ha cerrado los hospitales de ‘La Hortúa’, Materno-Infantil, el González Valencia de Bucaramanga, el Universitario de Caldas, el Universitario de Barranquilla, el de Santa Marta, todos propiedad del estado. La crisis económica de los hospitales es crónica y sin solución.

7.- Energía: Regaló el 30% del pozo Caño Limón a la OXY (que le significaba a la Nación 28 mil millones de dólares), y no se incorporaron mil millones de barriles de nuevas reservas petroleras para no perder la autosuficiencia petrolera. La gasolina sufrió dramáticos ascensos. Ofreció la soberanía nacional a las multinacionales petroleras entregándoles contratos de 'Concesión' contra los contratos de 'Asociación' que eran un avance minúsculo respecto del primero.

8. Seguridad: Fracaso total. El gasto de 17,5 millones de dólares diarios en la guerra y el aumento del pie de fuerza no han significado mayores éxitos sobre la guerrilla. El ‘Plan Patriota’ que movilizó 18 mil soldados ha sido un estruendoso fracaso y ya hoy no aparece en las informaciones retóricas del gobierno. Extraditó a Simón Trinidad y a Sonia, convirtiéndose en el único presidente colombiano que extradita por motivos políticos. Secuestró en Venezuela a Rodrigo Granda, hecho por el que pagaron millones de dólares, cometiendo un delito terrorista internacional y enturbió las relaciones con el hermano país. Además ha participado en la elaboración de planes de invasión narco-paramilitar y de magnicidios de altas dignidades gubernamentales de la República Bolivariana de Venezuela, incluido el asesinato del presidente Hugo Chávez Frías, planes que se concretaron en el asesinato del Fiscal Danilo Anderson y la introducción de narco-paramilitares pertenecientes a la banda de ‘Jorge 40’. La fuerza pública (militares y de policía) está profundamente corrompida y actúan como fuerza de seguridad de los grandes jefes del narcotráfico y el paramilitarismo. Casos como el de Guaitarilla y Jamundí son muestra de esta corrupción.

9. Derechos Humanos: Aplicación del Terrorismo de Estado, variante naco-para-fascista, en cumplimiento de los planes estadounidenses. 10 mil colombianos del pueblo han sido víctimas de desaparición forzada, masacres y asesinatos selectivos, ejecutados por las fuerzas militares-narcoparamilitares. El develamiento de los sitios en donde se encuentran las fosas comunes de los desparecidos son una muestra patética y desgarradora de estas políticas. Durante tres años de esta administración han sido desplazadas 805.000 campesinos e indígenas, lo cual nos arroja un consolidado de 3’500.000. (Ver los informes de ACNUR, Amnistía Internacional, CPDH, y otras ONG defensoras de derechos humanos). Favoreció por acción y omisión el asesinato de Liliana Gaviria Trujillo (hermana del ex-presidente César Gaviria), al ordenar relajar su seguridad (muestra como culpables a personas que pueden que sean o no de la guerrilla de las FARC, pero que nada han tenido que ver con este asesinato, favoreciendo así a sus verdaderos culpables, materiales e intelectuales). Torpedeó el Intercambio Humanitario y se niega a despejar los municipios de Pradera y Florida para concretar el Canje y tiene oídos sordos al clamor de los familiares de los prisioneros de guerra de parte y parte, especialmente se muestra dolorosamente indiferente al clamor de los familiares de agentes de policía y militares en poder de las FARC, muchos de los cuales tienen hasta 7 años en poder de esa organización insurgente.

10. Agenda política: Fracasó en el Referendo, los colombianos le dijeron NO! Violentó la Constitución Nacional e hizo aprobar –mediante corrupción, compra de conciencias y amenazas- la reelección presidencial (que de nuevo pretende violentar al proponer extender el período presidencial a 6 años), ‘reformas’ que tienen un claro tinte clientelista de favorecimiento personal. Adelantó los ‘Sainetes de Ralito’ con sus socios narco-paramilitares, legalizando e institucionalizando el narco-paramilitarismo, legalizando las fortunas de los capos derivados de la ilícita actividad del narcotráfico y robo del erario público. Además de arropar con un manto de impunidad sus crímenes de Lesa Humanidad con la Ley de Garantías y la Ley de Justicia y Paz. Su primera elección fue cuestionada por las denuncias de fraude adelantadas por su director del DAS, Jorge Noguera Cote, en los departamentos de la Costa Atlántica. Su segunda elección ha sido cuestionada por irregularidades en la Registraduría que permitió el voto de personas muertas y la corrupción de jurados de votación.

11. Ambiente: Fracasó la erradicación manual de hoja de coca en La Macarena, la cual produjo miles de desplazados y tuvo que volver a la fumigación. Propuso la compra de las cosechas ilegales de hoja de coca a los campesinos. Se autorizó el ingreso de desechos peligrosos al país, convirtiendo al país en un ‘basurero de desechos tóxicos’. Adelantó la fumigación de los campos con Glifosato enriquecido, con impredecibles efectos ecológicos.

12. Corrupción: Una de las 'banderas' de Alvaro Uribe Vélez fue su combate a la corrupción. Su administración está caracterizada por la más profunda corrupción de todos los niveles estatales. Escándalos en Findeter, Incoder, Supervigilancia Privada, el DAS, estamento militar y policía (Guaitarilla, Jamundí, corrupción de generales y oficiales, agentes y soldados participando de delitos comunes como secuestros, extorsiones, asesinatos, etc), son apenas la punta del iceberg. Todo el estado está corrompido y responde al proyecto de narco-paramilitarización de la vida nacional.

¿A ALGUIEN LE QUEDA ALGUNA DUDA SOBRE LO QUE HACE LA "U" Y LO QUE HARÁ SU SUCESOR-MARIONETA JUAN MANUEL SANTOS?

1 comentario:

Anónimo dijo...

me gusta esta pagina esta muy completa felicitaciones, sabes lo unico que falta, esrepresentar las zonas de conflicto y desplazamiento en el mapa de colombia, pero de resto muy bien, deberian haber muchas mas paginas como estas, adio y gracias