LA HISTORIA DE "TODO EL MUNDO", "ALGUIEN", "CUALQUIERA" Y NADIE. Existía una importante labor a realizarse y TODO EL MUNDO estaba seguro de que ALGUIEN lo haría. CUALQUIERA pudo haberlo hecho pero NADIE lo hizo. A ALGUIEN le dio coraje sobre eso, porque era trabajo de TODO EL MUNDO. TODO EL MUNDO pensó que CUALQUIERA podría hacerlo, pero NADIE se dio cuenta que TODO EL MUNDO lo haría. Todo terminó en que TODO EL MUNDO culpó a ALGUIEN cuando NADIE hizo lo que CUALQUIERA pudo haber hecho.
Cabe preguntarse sobre quién ha de caer la culpa por la pérdida de vidas como la de José Miguel Domingo, otras que se hayan perdido anteriormente, y las que, sin duda y desgraciadamente, seguirán perdiéndose ante la indiferencia de los políticos que no legislan en defensa de la ciudadanía sino de los banqueros o de unos jueces, como esa pandilla del Consejo General del Poder Judicial, encastillados en sus privilegios y de unos especuladores a los que no hay valor para poner coto.
A todo esto, sale la portavoz del único otro partido político en el Congreso que ha gobernado España aparte del PP, reconociendo en rueda de prensa que cometieron un error al no aprovechar su tiempo en el Gobierno para modificar la normativa relativa a desahucios, lo que habría podido evitar "el drama" a muchas de las personas que se están quedando sin casa. "Nos equivocamos", dice la buena mujer. Lo sienten, nos dicen ahora... como periódicamente suelen salir allá en Madrid o aquí en Sevilla a contarnos que no sabían nada y que a ellos les cogió de sorpresa. Claro que, nosotras sabemos tirar de hemeroteca para ver que el mismísimo asesor económico del anterior presidente del Gobierno ya alertaba del peligro, allá por el año 2003. ¿Qué nombre le ponemos a esto ahora? ¿qué penitencia?. ¿Les mandamos a que recen 10 Padres Nuestros y 15 Aves María o dejamos ya de creerles de una puñetera vez y nos pensamos qué hacer ante las urnas?.
Escucharemos también una séptima parte de la conferencia magistral que ofreció Marcela Lagarde en un encuentro en la localidad malagueña de Pizarra el pasado 23 de junio en el que tuve la oportunidad y la suerte de participar. Esta conferencia se titula "EL EMPODERAMIENTO: CLAVE PARA LA PLENA CIUDADANÍA DE LAS MUJERES".
Todo ello acompañado de excelente música de la que te dejo aquí los enlaces a los vídeos para que puedas escucharlas al completo.
Alejo Stivel, excomponente de Tequila, ha grabado un vídeo
reivindicativo dedicado a la cancillera alemana Angela Merkel, Se trata
de 'Ojalá', una canción original de Silvio Rodríguez, que el cantante
argentino ya había incluido en su último disco y que se ha convertido en
un himno en las manifestaciones del 15-M. Stivel grabó el vídeo en
compañía de enfermeras, maestros e inmigrantes afectados por los
recortes y frente a una imagen de Merkel. Stivel viajó hasta Berlín y
allí se personó en la casa de Gobierno de la cancillera, donde se
celebraba una recepción y le hizo entrega del vídeo a un asistente de
Merkel. "Este es un mensaje de la gente de España para la señora
Merkel", dijo entonces el cantante que ignora si ha llegado a las manos
de la poderosa Merkel y ha podido verlo.
"MILLONES". Camila Moreno
"SON TI NO VALGO NADA". El Negro Palma
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Y de cómo la Corporación Nuevo Arco Iris se hace pasar por respetable
Mencionan en algunos medios de comunicación, con evidente sorna, la desbordada profusión de lagartos de la paz, para referirse al cúmulo de personas y organizaciones que a última hora se disputan afanosamente un puesto de privilegio en el escenario de los diálogos. Es cierto que existen y se multiplican rápidamente en la medida que se acercan las conversaciones de La Habana. Pero es innegable que los mismos medios contribuyen a posicionarlos ante la opinión pública. Importantes intereses dentro del Establecimiento recomiendan impulsarlos. El dicho de los desmovilizados y renegados adquiere cierta importancia en el momento presente.
LA VOZ DE LAS GUERRILLAS es silenciada deliberadamente. Y en su lugar se difunde la opinión de contritos reinsertados de otras épocas, y hasta la de quienes sin haber sido alzados, traicionaron impunemente la lucha legal en defensa de los intereses de los trabajadores de la ciudad y el campo. Lucho Garzón, quien fue vocero del movimiento sindical en el Caguán, y ahora lo es sin el menor sonrojo del gobierno neoliberal de Santos, es uno de los bufones de paz frecuentemente consultados, como lo son Antonio Navarro, Gustavo Petro o León Valencia, para no referirnos al triste cascarón del Vicepresidente, enfermo como aquellos por figurar en la hora.
Su discurso se puede resumir de este modo: las FARC no tienen ningún futuro, son una organización descompuesta al borde del derrumbamiento, que perdió por completo cualquier respaldo popular y no tiene ni la más mínima posibilidad de triunfo. Y añaden: su sobrevivencia se explica únicamente por el narcotráfico, actividad condenada a muerte a mediano plazo. Así que lo mejor que pueden hacer es aceptar la generosa oferta del gobierno Santos y desmovilizarse cuanto antes. Con notable presunción, invitan a valorar las ventajas de ésta, la última oportunidad que obtendrán.
Y aconsejan con malicia: aún es posible conseguir algún tipo de perdón para los crímenes, ganar la oportunidad de participar en política electoral. En eso sí que podrían ayudar ellos, desde sus posiciones oficiales, sus oenegés y sus fundaciones por la paz. Habría mucho dinero de por medio, en proyectos para los desmovilizados, para las víctimas, para la asistencia social. Europa aportaría muchos euros y los Estados Unidos gran cantidad de dólares. Todos ganaríamos y nuestro país se convertiría en modelo. Si lo sabrán ellos, que empezaron a vivir de eso hace años.
La humillación total de los disidentes de ELN, encabezados por León Valencia. Éste negociaba con el gobierno de César Gaviria y pidió unos talleres y dinero en cambio a los fusiles que se llevó de ELN. La respuesta a los negociadores de los militares fueron ráfagas que mataron a dos de los negociadores de Valencia. Pero éste no quedó triste. Fundó la "corriente renovadora socialista", un grupúsculo que muy rápido desapareció y se convirtió en una ONG, llamada "la Corporación Nuevo Arco Iris", financiada desde Suecia donde llegó después los asesinatos de sus compañeros y tuvo muchas dificultades de responder políticamente el hecho que entregó las armas justo en el momento cuando César Gaviria entregó el mercado del campo colombiano a las transnacionales. Como el caso del salvadoreño Joaquín Villalobos, traidor al FMLN, Luis Valencia ahora esta al servicio a los sectores “humanos” de la oligarquía colombiana.
DE ESA MANERA SE FORTALECE la propaganda oficial, la matriz de opinión, la idea que se persigue quede flotando en la mente de todo el mundo: la terminación del conflicto significa únicamente que los rebeldes desistan de su lucha armada y acepten reincorporarse a la institucionalidad tal cual es. Contarán con garantías y por eso se apela a todos esos personajes como ejemplo. En caso de que se nieguen, estarán renunciando solitos a la forma civilizada de solucionar el problema, y condenándose por necios a que la salida no sea otra que su exterminio ejemplarizante.
Sin darle más vueltas al asunto, he allí el triste papel al que quedaron reducidos todos esos renegados del pasado. Por eso no resulta extraño que gran parte de ellos tenga serios problemas con el alcohol o las drogas, haya preferido opciones sexuales diversas y escandalicen a muchos por su vida licenciosa. Es obvio que el dinero no garantiza la felicidad, entre otras cosas porque siempre se querrá más. La traición envilece y descompone. De allí su desespero por ganarse un lugar en el seno de la alta clase social que los desprecia. Y que por sus serviles oficios les asignó el sospechoso mote de izquierda democrática.
MENCIÓN ESPECIAL MERECE la llamada Corporación Nuevo Arco Iris, una de esas oenegés puestas de moda recientemente por los monopolios informativos. Pese a que sus estudios especializados son financiados con cuantiosos recursos externos, como en el caso de la famosa investigación sobre la parapolítica que convirtiera en estrella fugaz a Claudia López, salta a la vista la pobreza científica de sus conclusiones. Tanto en ese, como en sus demás vacuos estudios, jamás se realiza un examen objetivo e imparcial sobre el papel de los intereses económicos de clase en la problemática analizada.
Es así como la parapolítica terminó siendo una especie de cáncer que afectó una porción del Estado, debido a la intromisión de la mafia narcotraficante empeñada en consolidar un poder regional con algunas redes nacionales, y a la que había que denunciar y combatir, curiosamente tras comenzar su retroceso por los virajes uribistas hacia la desmovilización. Nada tenía que ver el paramilitarismo con el Estado colombiano, ni con su modelo de democracia, ni con su tradicional política de seguridad. Tampoco con las políticas norteamericanas de dominación e intervención en América Latina y Colombia en particular. En resumen, un fenómeno accesorio y temporal de corrupción.
Luis Valencia, director de la pequeña pero lucrativa empresa Corporación Nuevo Arco Iris
COMO MIRAN TAMBIÉN AL CONFLICTO ARMADO colombiano. Una lucha entre un Estado que se excede a veces en su labor represiva, y unas guerrillas insensatas que sólo contribuyen al crecimiento de la espiral violenta. Es decir un conflicto sin raíces sociales ni políticas, un conflicto sin historia, sin vinculaciones con la lucha de los campesinos por la tierra o los trabajadores por mejores condiciones de vida. Un conflicto situado por fuera del régimen terrorista que impera en Colombia, que nada tiene que ver con la ausencia de democracia ni la persecución política. Un conflicto que puede solucionarse mediante una simple desmovilización negociada si las guerrillas acceden por fin a ella.
El dudoso prestigio que le confiere a esta corporación la gran prensa, la anima a lanzar periódicamente especies a las que otorga un certificado de veracidad, sin tener ningún tipo de comprobación real, muy al estilo de la labor de propaganda negra o guerra sicológica que emplea la inteligencia militar. No en vano León Valencia sustituyó en sus columnas en varios medios a Alfredo Rangel, probado agente pago del Ejército colombiano. La falsa versión de Arco Iris sobre el fusilamiento de Granobles a manos de las FARC por no sé cuántos pillajes, constituye apenas su más reciente infamia, la cual pone nuevamente en evidencia su papel provocador. Lástima por aquellos que alguna vez le atribuyeron seriedad.
Paradójicamente, Arco Iris enarbola la bandera de la solución política aduciendo la inviabilidad de la salida militar. No hay que llamarse a engaños. Desde ya sus responsables se saborean con los jugosos proyectos y contratos que intuyen surgirán de la promocionada reinserción de las guerrillas. Lo aprendieron desde 1994, cuando brotaron de la desmovilización de la Corriente de Renovación Socialista (de ELN). Nadie como ellos para saber de los negocios que pueden hacerse con recursos internacionales. Y de cómo sirviéndoles de modo transversal, puede obtenerse el progresivo reconocimiento de las clases dominantes. Y parecer respetables, pese a su mediocridad.
Narciso Isa Conde Político y ensayista dominicano Lahaine
Marulanda dijo que las FARC jamás iban a aceptar disolver en una mesa de diálogo el ejército popular que habían construido con enormes sacrificios
La prolongada guerra civil colombiana tiene sus causas en el violento y cruel régimen de dominación, explotación y exclusión social, económica, política, cultural… formado a lo largo de su historia, y muy especialmente en los últimos 60 años.
Es un producto del modelo agrario, el latifundio, la dependencia, las aberraciones de un capitalismo constantemente recolonizado, el sistema de represión y terror político bajo auspicio de los EEUU y sus doctrinas militares, la negación de democracia real, la cultura violenta despótica desplegada por la clase dominante-gobernante durante seis décadas, la impronta depredadora y empobrecedora del neoliberalismo a lo largo de los últimos 20 años y la intervención creciente de unidades militares especializadas y bases de operaciones estadounidense e israelí en territorio colombiano, tutelando una guerra de baja y mediana intensidad contra las fuerzas insurgentes y la población descontenta.
Esto se ha traducido en hambre, desigualdades escandalosas, profundas injusticias sociales y de todo tipo, abuso de poder, torturas, para-militarismo (perversamente aupado y sostenido desde el Estado), narco-militarismo y narco-política, asesinatos a granel (incluidos los ejecutados con motosierras, los llamados “falsos positivos”, las grandes fosas comunes encubiertas o cementerios clandestinos), crueles y masivos despojos, desplazamientos masivos forzados, restricciones a la libertades, delincuencia de Estado y corrupción del sistema tradicional de partidos…
La insurgencia armada y la rebeldía social y política no armada han sido una respuesta político-social a esa cruel realidad, a esa guerra sucia integral; guerra de Estado, de la clase dominante, del poder imperialista y las mafias asociadas a esas fuerzas.
EL PROBLEMA DE LA POSESIÓN Y USO DE LAS ARMAS
Las armas en poder de los/as revolucionarios/as civiles de las FARC-EP y del ELN, no es la causa de esa guerra, sino la respuesta obligada a la violencia social, económica, cultural, política, militar y paramilitar impuesta desde arriba; usada sistemáticamente como factor de sometimiento, opresión y represalias.
Las armas pueden poseerse sin usarse, pueden ser necesarias o innecesarias, pueden usarse y dejar de usarse, según las circunstancias. No necesariamente deben entregarse en el curso de las luchas populares, menos cuando son garantías de muchas cosas justas, incluyendo de los diálogos en busca de paz.
Los/as primeros/as en poseerlas y usarlas no fueron los/as integrantes de las fuerzas insurgentes y revolucionarias colombianas, aunque han sido los primeros en proponer un cese al fuego para crear un clima adecuado en esta segunda fase de los diálogos de paz inaugurados en Oslo-Noruega el 18 de octubre del 2012.
AGENDA COMÚN E INTENCIONES DEVELADAS
El comandante Iván Márquez -a quien conozco, aprecio y admiro- hablando a nombre de la delegación de las FARC-EP en ese acto inaugural, procuró en sentido general, en forma elegante y profunda ir a la médula del problema, a las causas profundas del conflicto armado, a la identificación de la guerra con las injusticias e inequidades, al modelo agrario, al modelo minero, a la dependencia y la intervención extranjera, al tipo de sociedad, al sistema político excluyente… a la necesidad del cambio profundo e integral. Y lo hizo a tono con la agenda preliminar aprobada por las partes.
El representante del gobierno y del poder establecido en Colombia, el ex-vicepresidente Humberto De la Calle, repostó diciendo que “ni el modelo económico, ni la doctrina militar ni la inversión extranjera están en discusión. La mesa se limitará sólo a los temas que están en la agenda. Las ideas que quieran ventilar las FARC les corresponden una vez acabe el conflicto y tendrán que hacerlo sin armas”.
Pero resulta que la agenda aprobada contempla la cuestión agraria, la participación política, el narcotráfico, la situación de las víctimas, y el fin del conflicto; en ese orden y sin que en ninguna parte consigne la entrega previa y unilateral de armas por las FARC-EP.
Al señor De la Calle -personero con escasas experiencias en el andar por calles marginales- sin querer-queriendo le salió de sus entrañas las intenciones fundamentales de poderosos sectores del oficialismo pro-imperialistas en esos diálogos: cercar, presionar en grande a las Farc-EP, para que acceda a entregar unilateralmente sus armas; presentando al ejército popular construido por los/as guerrilleros/as durante décadas de sacrificios, como causa básica y cuasi única de la guerra y la violencia.
De la Calle puso temprana e imprudentemente en evidencia la pretensión gubernamental de obviar las raíces del conflicto armado, situando de nuevo las armas en manos de la insurgencia como causa, y no como consecuencia del mismo, y presionando en dirección a la rendición de las FARC; que equivale a su desarme, desmovilización y “legalización”, dejando el sistema y sus modelos sectoriales intactos o con limitadas reformas y cambios domésticos.
POR UN TRATAMIENTO ESPECIAL AL TEMA DE LAS ARMAS
El representante del presidente Manuel Santos, cuyo gobierno está montado sobre una crisis sistémica integral y embestido por un ascendente movimiento político-social (armado y no armado), ignoró que ahora más que nunca en Colombia la palabra paz significa justicia; los acuerdos entre las partes implican cambios sustanciales, y la cuestión de las armas exige un tratamiento totalmente diferente al tradicional.
Y eso es válido para la FARC-EP y el ELN y para el oprobioso régimen colombiano
Nadie debe creer tonta las guerrillas más antigua, experimentada y heroica de la historia universal moderna –y confieso que para mí sería una desconcertante y desagradable sorpresa un yerro de esa magnitud- como para repetir los costosos errores del M-19 a raíz de su desmovilización y deposición de las armas, de los acuerdos que dieron lugar a la vida legal-electoral de la Unión Patriótica, de pactado en Guatemala e incluso de lo acontecido en ese plano -aunque con consecuencias no tan graves- en El Salvador.
RECORDANDO A MARULANDA
No olvidaré jamás lo que me dijera el camarada Manuel Marulanda en el curso de una larga e íntima conversación cuando visité Colombia a raíz de los diálogos de paz del Caguán, dándome plena seguridad de que los dirigentes de las FARC jamás iban a aceptar disolver en una mesa de diálogo el ejército popular que habían construido con enormes sacrificios durante más de cuatro décadas, insistiéndome que se trataba de un patrimonio del pueblo en lucha y de la revolución pendiente, que debía ser parte y garantía de los cambios a emprender, aun en el marco de cualquier acuerdo hacia una etapa de paz y transición democrática.
Tengo confianza en que la nueva y talentosa conducción de esa fuerza insurgente seguirá siendo leal a esa concepción medular expuesta por su líder legendario, que además de defender acertadamente lo acumulado desde el esfuerzo revolucionario colectivo, persigue rechazar categóricamente la idea del desarme unilateral y del monopolio de lo militar en favor de las derechas y del bloque dominante.
El fin del actual conflicto armado en Colombia es el último punto a abordar en la agenda acordada. Su inclusión de esa manera indica que un tratamiento adecuado del mismo dependerá de los éxitos alcanzados en los puntos previos y que de ninguna manera el final del conflicto armado estará inexorablemente amarrado a la entrega de las armas por ninguna de las dos partes, aunque sí, por definición de paz, a la cesación del uso de las mismas y, en consecuencia, de los combates armados.
Soy de los piensan que en ese caso una paz con garantías duraderas, sin graves riesgos de ominosos desequilibrios y violaciones tempranas, no se logra disolviendo los ejércitos populares conformados, sino procurando formas originales de coexistencia de los mismos en el proceso de transición democrática y de creación de la nueva institucionalidad.
La FARC y el ELN son organizaciones político-militares con amplia presencia nacional. Lo militar, lo político y lo social combinado en ellas son la garantía de su existencia y su potencia duradera, del cumplimento de la agenda de cambios nacionales y de la defensa y el ascenso de los movimientos democráticos, patrióticos y revolucionarios civiles. Si se desarman unilateralmente, estarían lamentablemente decretando su exterminio progresivo y el retroceso de lo que pueda lograrse en los diálogos de paz. Ese es un dato muy fuerte de la historia colombiana y de esta fase altamente peligrosa a consecuencia de la decadencia y la agresividad del imperialismo estadounidense.
La paz nunca ha sido sinónimo obligado de desarme de una de las partes; sí de justicia, libertad, bienestar colectivo, cese de los combates armados y garantía plena de ejecución de lo acordado con amplia participación y vigilancia popular. Y esta, menos aún, podría ser la excepción.
Mire...Lea Por Gloria Gaitán, colombiana desconcertada
Sus “buenas maneras” encubren torticeras acciones soterradas. Juegan al “bridge”, donde prima el refinamiento y la aparente galantería, a diferencia del “poker”, que es el juego preferido de los casinos y las mafias. Santos juega al bridge, mientras que Uribe Vélez se apunta al poker. Todo eso me recuerda dos frases de mi padre. La primera, refiriéndose a las críticas que le hacía la oligarquía por su lenguaje radical y directo: “…esos gritos demagógicos que perturban la pesada digestión de los llamados estadistas”. Y la segunda, refiriéndose a la hipocresía de la oligarquía:“Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la bondad de las palabras la impiedad para los hombres de su pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia”. Amén, digo yo.
MALO PORLO PORQUE BOGAS Y MALQUE NO BOGAS
Se había vuelto un lugar común afirmar que ya la guerrilla no tenía ideología, que lo único que le importaba era el narcotráfico. Y ahora, cuando Iván Márquez hace una intervención integralmente ideológica, sin claudicar en los objetivos de lucha de las FARC-EP, se quejan porque fue dizque agresivo. ¿Qué esperaban? ¿Que en el inicio de los diálogos los voceros de las FARC-EP hicieran una presentación “cachaca”(1) sin exponer sus ideales? ¿Acaso, por sentarse a la mesa iban a cambiar su posición frente a la oligarquía y al sistema capitalista? ¡Por supuesto que no! Otra cosa es que en las conversaciones lleguen a acuerdos que signifiquen algo importante, que amerite la desmovilización.
¿Que el tema de la economía no estaba en discusión? Entonces ¿para qué discutir si la nuez del inicio de la lucha armada fue el enfrentamiento sangriento que protagonizó la oligarquía contra el gaitanismo, por el modelo económico capitalista que mi padre combatía? A mi progenitor, Jorge Eliécer Gaitán y a sus seguidores, de quienes son descendientes genéticos los guerrilleros, los persiguieron y asesinaron porque, entre otras cosas, mi padre presentó al Congreso de la República, en 1947, el Plan Gaitán para democratizar la economía. Esa propuesta, nugatoria de la “Ley del mercado” – sistema clave de la economía capitalista -, fue factor fundamental para que la oligarquía deseara su muerte, dando su magnicidio la estocada final al pueblo, que se vio obligado a esconderse en el monte para protegerse de la persecución que lo asediaba y que se incrementó, hasta límites inimaginables, después del magnicidio del líder popular.
Esa “huida al monte” desembocó muy rápidamente – como era natural – en la conformación de las guerrillas que, evolucionando con el tiempo y según las circunstancias, se constituyeron en las FARC-EP de hoy y en el ELN. Entonces, si no van a discutir el modelo económico ¿cómo pretenden llegar a un acuerdo para lograr la paz?
(1) “Cachaco” es un colombianismo que se refiere a la cultura de la clase alta bogotana: muy educados todos, en apariencia, pero muy hipócritas.
La lengua castellana, en ocasiones tan sutil, distingue entre profesor o profesora y maestro o maestra. El profesor y la profesora enseñan. Imparten clases. El maestro y la maestra educan. Y educar significa, etimológicamente, extraer. El maestro no mete cosas en la cabeza de los niños y las niñas, sino que les hace salir a buscarlas. Se es profesor en cuanto se es responsable de un grupo e clase. Maestro es un título que se tienen que ganar.
Una maestra, un maestro, educa cuando se rebela contra un gobierno indigno y le planta cara, asumiendo las consecuencias. Cuando le explica a sus alumnos y sus alumnas que renuncia a un día de su sueldo porque le importa en qué condiciones da las clases. Cuando van juntos a la manifestación y les muestra cómo ejerce la ciudadanía sus derechos democráticos.
Estoy orgullosa de algunos de mis compañeros y algunas de mis compañeras de la pública, desde infantil a la universidad. Y detesto solemnemente a otros mercenarios y mercenarias de la enseñanza a quienes les da igual ocho que ochenta, que con sus actitudes genufléxicas, rompen las huelgas, ya no sólo de los trabajadores y trabajadoras, sino de sus mismos alumnos y alumnas, como la convocada la semana pasada.
Escucharemos también un trozo, la sexta parte de la conferencia magristral que ofreció Marcela Lagarde en un encuentro en la localidad malagueña de Pizarra el pasado 23 de junio en el que tuve la oportunidad y la suerte de participar. Esta conferencia se titula "EL EMPODERAMIENTO: CLAVE PARA LA PLENA CIUDADANÍA DE LAS MUJERES".
Todo ello acompañado de excelente música de la que te dejo aquí los enlaces a los vídeos para que puedas escucharlas al completo
"LOS MAESTROS"-BARRICADA
"PAPÁ CUÉNTAME OTRA VEZ"-ISMAEL SERRANO
"REPUBLICANA"-LUCÍA SÓCAM
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EN LA COLUMNA DE LA DERECHA EN EL IVOOX DE CLANDESTINO
Entrevista a Fidel Castro por Ignacio Ramonet para el libro ” Cien horas con Fidel ” o “Fidel Castro: biografía a dos voces”.
El intelectual y periodista español Ignacio Ramonet, director de Le
Monde Diplomatique, fue su entrevistador y autor del libro, que a lo
largo de 100 horas de conversación intento resumir la vida y el
pensamiento de Castro en unas 715 páginas. Este libro se puede catalogar
como una biografía a dos voces. En este libro se responden a
interrogantes sobre el proceso cubano, su historia y su liderazgo.
El negociador de las FARC, Iván Márquez, insistió en su intervención que
sin justicia social, la paz sería una "quimera". Advirtió que "Una paz
que no aborde la solución de los problemas políticos y sociales (...)
equivaldría a sembrar de quimeras el suelo de Colombia".
El siguiente es el texto completo de su intervención:
Señoras y señores
Amigas y amigos de la paz de Colombia
Compatriotas
Hemos venido hasta este paralelo 60, hasta esta ciudad de Oslo desde
el trópico remoto, desde el Macondo de la injusticia, el tercer país más
desigual del mundo, con un sueño colectivo de paz, con un ramo de olivo
en nuestras manos.
Venimos a esta Noruega septentrional a buscar la paz con justicia
social para Colombia por medio del diálogo, donde el soberano, que es el
pueblo, tendrá que ser el protagonista principal. En él reposa la
fuerza irresistible de la paz. Ésta no depende de un acuerdo entre
voceros de las partes contendientes. Quien debe trazar la ruta de la
solución política es el pueblo y a él mismo le corresponderá establecer
los mecanismos que han de refrendar sus aspiraciones.
Tal emprendimiento estratégico no puede concebirse como un proceso
contra reloj. La pretendida paz exprés que algunos promocionan, por su
volátil subjetividad y por sus afanes, sólo conduciría a los precipicios
de la frustración. Una paz que no aborde la solución de los problemas
económicos, políticos y sociales generadores del conflicto, es una
veleidad y equivaldría a sembrar de quimeras el suelo de Colombia.
Necesitamos edificar la convivencia sobre bases pétreas, como los
inamovibles fiordos rocosos de estas tierras, para que la paz sea
estable y duradera.
No somos los guerreristas que han querido pintar algunos medios de
comunicación, venimos a la mesa con propuestas y proyectos para alcanzar
la paz definitiva, una paz que implique una profunda desmilitarización
del Estado y reformas socioeconómicas radicales que funden la
democracia, la justicia y la libertad verdaderas. Venimos aquí con el
acumulado de una lucha histórica por la paz, a buscar, codo a codo con
nuestro pueblo, la victoria de la solución política sobre la guerra
civil que destroza a Colombia. No obstante, nuestra determinación tiene
la fortaleza para enfrentar a los guerreristas que creen que con el
estruendo de las bombas y de los cañones pueden doblegar la voluntad de
quienes mantenemos en alto las banderas del cambio y la justicia social.
No se puede encadenar este proceso a una política enfocada
exclusivamente en la obtención desaforada de ganancias para unos pocos
capitalistas a los que no les importa para nada la pobreza que abate al
70% de la población. Ellos sólo piensan en el incremento de su botín, no
en la reducción de la miseria. Más de 30 millones de colombianos viven
en la pobreza, 12 millones en la indigencia, el 50% de la población
económicamente activa, agoniza entre el desempleo y el subempleo, casi 6
millones de campesinos deambulan por las calles víctimas del
desplazamiento forzoso. De 114 millones de hectáreas que tiene el país,
38 están asignadas a la exploración petrolera, 11 millones a la minería,
de las 750 mil hectáreas en explotación forestal se proyecta pasar a 12
millones. La ganadería extensiva ocupa 39.2 millones. El área
cultivable es de 21.5 millones de hectáreas, pero solamente 4.7 millones
de ellas están dedicadas a la agricultura, guarismo en decadencia
porque ya el país importa 10 millones de toneladas de alimentos al año.
Más de la mitad del territorio colombiano está en función de los
intereses de una economía de enclave.
En nuestra visión, colocar sobre la mesa el asunto del desarrollo
agrario integral como primer punto del acuerdo general remite a asumir
el análisis de uno de los aspectos centrales del conflicto. El problema
de la tierra es causa histórica de la confrontación de clases en
Colombia. En palabras del comandante Alfonso Cano “las FARC nacimos
resistiendo a la violencia oligárquica que utiliza sistemáticamente el
crimen político para liquidar a la oposición democrática y
revolucionaria; también como respuesta campesina y popular a la agresión
latifundista y terrateniente que inundó de sangre los campos
colombianos usurpando tierras de campesinos y colonos…”
Aquello que fue causa esencial del alzamiento armado y de una heroica
resistencia campesina, a lo largo del tiempo se ha agudizado. La
geofagia de los latifundistas acentuó la desequilibrada e injusta
estructura de la tenencia de la tierra. El coeficiente GINI en el campo
alcanza el 0,89. ¡Espantosa desigualdad! Los mismos datos oficiales dan
cuenta de que las fincas de más de 500 hectáreas corresponden al 0.4% de
los propietarios que controlan el 61.2% de la superficie agrícola. Se
trata de una acumulación por desposesión, cuya más reciente referencia
habla de 8 millones de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego a través
de masacres paramilitares, fosas comunes, desapariciones y
desplazamiento forzoso, crímenes de lesa humanidad, acentuados durante
los 8 años de gobierno de Uribe, todos ellos componentes del terrorismo
de Estado en Colombia.
Para las FARC, Ejército del Pueblo, el concepto TIERRA está
indisolublemente ligado al territorio; son un todo indivisible que va
más allá del aspecto meramente agrario y que toca intereses
estratégicos, vitales, de toda la nación. Por eso la lucha por el
territorio está en el centro de las luchas que se libran hoy en
Colombia. Hablar de tierra significa para nosotros hablar del territorio
como una categoría que además del subsuelo y el sobresuelo entraña
relaciones socio- históricas de nuestras comunidades que llevan inmerso
el sentimiento de patria, que concibe la tierra como abrigo, y el
sentido del buen vivir. Al respecto debiéramos interiorizar la profunda
definición del Libertador Simón Bolívar sobre qué es la patria, nuestro
suelo, nuestro territorio: “Primero el suelo nativo que nada -nos dice-,
él ha formado con sus elementos nuestro ser; nuestra vida no es otra
cosa que la esencia de nuestro propio país; allí se encuentran los
testigos de nuestro nacimiento, los creadores de nuestra existencia y
los que nos han dado alma por la educación; los sepulcros de nuestros
padres yacen allí y nos reclaman seguridad y reposo; todo nos recuerda
un deber, todo nos excita sentimientos tiernos y memorias deliciosas;
allí fue el teatro de nuestra inocencia, de nuestros primeros amores, de
nuestras primeras sensaciones y de cuanto nos ha formado. ¿Qué títulos
más sagrados al amor y a la consagración”?
Partimos de esta visión para alertar a Colombia toda: la titulación
de tierras, tal como la ha diseñado el actual gobierno, es una trampa;
encarna una suerte de despojo legal a través del cual se busca que el
campesino, una vez con el título de propiedad en sus manos, no tenga
otra salida que la de vender o arrendar a las trasnacionales y
conglomerados financieros, a los que sólo les interesa el saqueo
exacerbado de los recursos minero-energéticos que están debajo del
suelo. Dentro de su estrategia está la utilización del suelo para
extender las explotaciones forestales y las inmensas plantaciones, no
para resolver el grave problema alimentario que padece nuestro pueblo,
sino para producir agro-combustibles que alimentarán automóviles. En el
mejor de los casos, la gente del campo quedará con una renta miserable,
pero alejada del terruño y confinada en los cinturones de miseria de las
grandes ciudades. Al cabo de 20 o 30 años de contrato nadie se acordará
del verdadero dueño de la tierra. Lo aseguramos sin vacilación: la
bancarización de la tierra derivada de la titulación, acabará
“tumbándole” la tierra al campesino. Nos están empujando a la
extranjerización de la tierra y al desastre ambiental dinamizado
brutalmente por la explotación minero-energética y forestal.La
naturaleza como fuente de información genética no puede ser convertida
en botín de las trasnacionales. Nos oponemos a la invasión de las
semillas transgénicas y a la privatización y destrucción de nuestra
biodiversidad y a la pretensión de hacer de nuestros campesinos pieza
del engranaje de los agro-negocios y sus cadenas agroindustriales. Están
en juego la soberanía y la vida misma.
En estos términos, la titulación no es más que la legalidad que
pretende lavar el rostro ensangrentado del despojo que durante décadas
ha venido ejecutando el terrorismo de Estado. Para una trasnacional es
más presentable decir “tengo un título minero” a que se le sindique de
haber financiado grupos paramilitares y desterrado a una población para
hacer viable su proyecto extractivo. Dentro de esta dinámica en Colombia
el régimen asesina no sólo con sus planes de guerra, con sus
paramilitares y sicarios, sino también con sus políticas económicas que
matan de hambre. Hoy hemos venido a desenmascarar a ese asesino
metafísico que es el mercado, a denunciar la criminalidad del capital
financiero, a sentar al neoliberalismo en el banquillo de los acusados,
como verdugo de pueblos y fabricante de muerte.
No nos engañemos: la política agraria del régimen es retardataria y
engañosa. La verdad pura y limpia, como dice el Libertador Simón
Bolívar, es el mejor modo de persuadir. La mentira sólo conduce a la
agudización del conflicto. El fin último de tales políticas, en
detrimento de la soberanía y del bienestar común, es dar seguridad
jurídica a los inversionistas, liberalizar el mercado de tierras y
lanzar el territorio al campo de la especulación financiera y mercados
de futuro. Independientemente de que exista o no la insurgencia armada,
ésta política multiplicará los conflictos y la violencia.
Acumulación por desposesión y nueva espacialidad capitalista, eh ahí
la fórmula del proyecto político-económico de las élites neoliberales
haciendo chorrear sangre a la patria de la cabeza a los pies.
Es a esto a lo que nos resistimos. Las FARC no se oponen a una
verdadera restitución y titulación de tierras. Por años hemos luchado,
como pueblo en armas, por una reforma agraria eficaz y transparente, y
es precisamente por ello que no se puede permitir que se implemente el
despojo legal que el gobierno proyecta con su ley de tierras. Por medio
de la violencia del Plan Colombia y el proyecto paramilitar, se preparó
el territorio para el asalto de las trasnacionales. La ley general
agraria y de desarrollo rural, es esencialmente un proyecto de
reordenamiento territorial concebido para abrirle campo a la economía
extractiva en contra de la economía campesina, en desmedro de la
soberanía alimentaria y del mercado interno, al superponer el mapa
minero-energético sobre el espacio agrícola. Ni siquiera se tiene en
cuenta la promoción de una agroecología que permita una interacción
amigable con la naturaleza.
Por otro lado, la restitución de tierras tiene que aludir a las
tierras que les arrebataron violentamente a los campesinos, indígenas y
afro descendientes, y no a baldíos distantes de sus sitios raizales de
existencia, también codiciados hoy por las multinacionales. Pero resulta
que este es un problema que tiene que ver con todo el pueblo colombiano
y que de hecho está salpicando de conflictos todo el territorio. Hay
una profunda inconformidad del país nacional con el hampa financiera que
se está apropiando de la Orinoquía. Ahora han aparecido unos tales
“nuevos llaneros” que de llaneros no tienen nada, como los magnates
Sarmiento Angulo y Julio Mario Santodomingo (hijo), los terratenientes
Eder del Valle del Cauca, el señor Efromovich, el ex vicepresidente
Francisco Santos (gestor del paramilitar Bloque Capital), los hijos de
Uribe Vélez, entre otros filibusteros, que ningún derecho tienen sobre
esas tierras y que sólo quieren clavar sus garras en el petróleo, el
oro, el coltán, el litio, explotar grandes proyectos agroindustriales y
la biodiversidad de la altillanura. Abordar el asunto agrario es
discutir con el país sobre estos problemas. Que hablen los verdaderos
llaneros, esos de piel tostada por el sol de los bancos de sabana; esos
que por siglos han convivido en armonía con los morichales y el vuelo de
las garzas y de los alcaravanes; esos de pies descalzos que con su
histórica bravura empuñaron las lanzas para darnos la libertad.
El pueblo tiene la palabra: Ahí está la patriótica resistencia de los
trabajadores petroleros contra la canadiense Pacific-Rubiales en Puerto
Gaitán, cuyo escenario de saqueo fue preparado con sangre por los
paramilitares de Víctor Carranza. Diariamente el vampiro trasnacional se
lleva más de 250 mil barriles de petróleo, mientras le succiona la
sangre a más de 12 mil 500 trabajadores tercerizados que como esclavos
tienen que trabajar 16 horas diarias por 21 días continuos por una
semana de descanso. Su situación laboral es más atroz que la impuesta
por los enclaves bananeros de los años 20.
Ahí está la resistencia de los pobladores del Quimbo, donde el
gobierno pretende sacar a patadas a la gente que ha vivido allá más de
un siglo, destruyendo así sus trayectorias culturales, de vida, y su
entorno ambiental. ¿Vamos a dejar acaso que se hiera de muerte al río de
la patria que es el Río Grande de la Magdalena, sólo para construir una
represa que generará energía para la exportación y no para resolver la
demanda interna de millones de colombianos que no tienen acceso a la
energía eléctrica? Para el gobierno están primero las ganancias de la
trasnacional EMGESA que la suerte de las familias que quedarán
desarraigadas.
Ahí está la resistencia de los pobladores de Marmato (Caldas), gente
humilde que siempre ha vivido de la explotación artesanal aurífera y que
ahora la trasnacional MEDORO RESOURCES quiere borrar del mapa para
convertir esa aldea en la mina de oro a cielo abierto más grande del
continente. Recordemos aquí, que hasta la iglesia colombiana ha
acompañado esa justa lucha en la que el " target="_blank">sacerdote
José Idárraga, líder del Comité Cívico Pro defensa de Marmato, fue
acribillado por los esbirros de las trasnacionales.
Ahí está la formidable resistencia indígena y campesina en el Cauca
en defensa de su territorio y de sus culturas ancestrales, y la de sus
hermanos afrocolombianos, guardianes patrióticos de la soberanía del
pueblo sobre el Pacífico y nuestras selvas.
Insisten las castas dominantes en destrozar el páramo de Santurbán,
riqueza de biodiversidad y de aguas que sacian la sed de ciudades
importantes como Bucaramanga y Cúcuta. Por la codicia del oro pretenden
destruir la alta montaña y la pureza de las aguas del río Suratá. La
dignidad de los hijos de José Antonio Galán, el comunero, ha movilizado
la resistencia, unificando incluso al pueblo llano con el empresariado
local, que ha comenzado a entender, que esta es una lucha de toda
Colombia.
¿Cómo vamos a permitir que por complacer la voracidad por el oro de
la ANGLO GOLD ASHANTI se le entregue a esta multinacional el 5% de
nuestro territorio? El proyecto extractivo de esa empresa en La Colosa
(Cajamarca) dejará una gran devastación ecológica y privará de agua a 4
millones de colombianos que dependen de sus fuentes hídricas.
La locomotora minera es como un demonio de destrucción
socio-ambiental que si el pueblo no la detiene, en menos de una década
convertirá a Colombia en un país inviable. Frenemos ya las locomotoras
físicas del Cerrejón y de la Drummond que durante las 24 horas del día
saquean nuestro carbón, asperjan polución al paso de sus interminables
vagones, dejándonos, como dice el cantautor vallenato, Hernando Marín,
sólo socavón y miseria. Frenemos a la BHP BILLITON, a XSTRATA y la ANGLO
AMERICAN, que para extraer 600 millones de toneladas de carbón que
yacen bajo el lecho del río Ranchería, pretenden desviar su curso, lo
que disminuirá el caudal de sus aguas en un 40% generando devastación
ambiental y destrucción irreparable al tejido social de los pueblos
Wayúu.
Hay que poner fin a esa monstruosidad que son los contratos a 20 y 30
años que privilegian los derechos del capital en menoscabo del interés
común.
Y claro, se escuchan a los portavoces del gobierno y la oligarquía
proclamando el crecimiento de la economía nacional y sus exportaciones.
Pero no, en Colombia no hay economía nacional. Quienes exportan el
petróleo, el carbón, el ferroníquel, el oro y se benefician con ello,
son las multinacionales. La prosperidad, entonces es de éstas y de los
gobernantes vendidos, no del país.
Este no es un espacio para resolver los problemas particulares de los
guerrilleros, sino los problemas del conjunto de la sociedad; y dado
que uno de los factores que más impacta negativamente a la población es
la subscripción de los Tratados de Libre Comercio, éste es un tema que
tendrá que abordarse indefectiblemente. Pobre Colombia obligada a
competir con las trasnacionales con una infraestructura arruinada por la
corrupción y la desidia.
Entonces la paz… sí. Sinceramente queremos la paz y nos identificamos
con el clamor mayoritario de la nación por encontrarle una salida
dialogada al conflicto abriendo espacios para la plena participación
ciudadana en los debates y decisiones.
Pero la paz no significa el silencio de los fusiles, sino que abarca
la transformación de la estructura del Estado y el cambio de las formas
políticas, económicas y militares. Sí, la paz no es la simple
desmovilización. Decía el comandante Alfonso Cano: “Desmovilizarse es
sinónimo de inercia, es entrega cobarde, es rendición y traición a la
causa popular y al ideario revolucionario que cultivamos y luchamos por
las transformaciones sociales, es una indignidad que lleva implícito un
mensaje de desesperanza al pueblo que confía en nuestro compromiso y
propuesta bolivariana”. Necesariamente tendremos que abocar las causas
generadoras del conflicto y sanear primero el cangro de la
institucionalidad. Claro, desde el punto de vista estrictamente
económico, para una trasnacional es más fácil saquear los recursos
naturales del país sin la resistencia popular y guerrillera. Apoyados en
ejercicios sencillos de matemática, podemos afirmar que la guerra es
insostenible para el Estado, por las siguientes consideraciones:
El gasto militar en Colombia es de los más altos del mundo en
proporción a su Producto Interno Bruto. Este alcanza el 6.4% cuando hace
20 años estaba por el orden del 2.4%; es decir, se ha triplicado, y eso
es relevante. El gasto militar actualmente oscila entre 23 y 27
billones de pesos al año, descontando que Colombia es el tercer receptor
de “ayuda” militar estadounidense en el mundo y que por cuenta del Plan
Colombia recibe una financiación equivalente a 700 millones de dólares
al año.
En Colombia hay un régimen jurídico que se acompaña con la protección
militar de las inversiones. De unos 330.000 efectivos de las Fuerzas
Militares, 90 mil soldados son utilizados para cuidar la infraestructura
y las ganancias de las multinacionales. El enorme gasto que esto
representa, aunado al costo de la tecnología empleada, pone en evidencia
los límites de la sostenibilidad de la guerra. Nosotros hacemos un
llamado sincero a los soldados de Colombia, a los oficiales y sub
oficiales, a los altos mandos que aun sientan en su pecho el latir de la
patria, a recobrar el decoro y la herencia del ideario bolivariano, que
reclama a los militares emplear su espada en defensa de la soberanía y
las garantías sociales. Qué bueno sería protagonizar el surgimiento de
unas nuevas Fuerzas Armadas. No más sumisión a Washington, no más
subordinación al Comando Sur y no más complacencia con la expansión de
bases militares extranjeras en nuestro territorio.
Esa es la hoguera que arde en nuestro corazón; por eso no pueden ser
más que un agravio los llamados instrumentos jurídicos de justicia
transicional que apuntan a convertir a las víctimas en victimarios. Que
se tenga presente, que el alzamiento armado contra la opresión es un
derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo, que ha sido
consagrado en el preámbulo de la declaración de los derechos humanos
aprobada por la ONU en 1948, y que además es un derecho consignado en
muchas constituciones de las naciones del mundo. No somos causa sino
respuesta a la violencia del Estado, que es quien debe someterse a un
marco jurídico para que responda por sus atrocidades y crímenes de lesa
humanidad como los 300 mil muertos de la denominada época de la
violencia en los años 50, que responda por los 5 mil militantes y
dirigentes de la Unión Patriótica asesinados, por el paramilitarismo
como estrategia contrainsurgente del Estado, por el desplazamiento de
cerca de 6 millones de campesinos, por los más de 50 mil casos de
desaparición forzada, por las masacres y los falsos positivos, por las
torturas, por los abusos de poder que significan las detenciones
masivas, por la dramática crisis social y humanitaria; en síntesis que
responda por el terrorismo de Estado. Quien debe confesar la verdad y
reparar a las víctimas son sus victimarios atrincherados en la espuria
institucionalidad.
Somos una fuerza beligerante, una organización política
revolucionaria con un proyecto de país esbozado en la Plataforma
Bolivariana por la Nueva Colombia, y nos anima la convicción de que
nuestro puerto es la paz, pero no la paz de los vencidos, sino la paz
con justicia social.
La insurgencia armada motivada en una lucha justa no podrá ser
derrotada con bombarderos ni tecnologías, ni planes por muy sonoros y
variados que sean sus denominaciones. La guerra de guerrillas móviles es
una táctica invencible. Se equivocan aquellos que embriagados de
triunfalismo hablan del fin del fin de la guerrilla, de puntos de
inflexión y de derrotas estratégicas, y confunden nuestra disposición al
diálogo por la paz con una inexistente manifestación de debilidad. Nos
han golpeado y hemos golpeado, sí. Pero con el romancero español podemos
decir: “por fortuna os vanagloriáis porque vuestras armas están
bruñidas; en cambio mirad las mías, qué amelladas están, porque hieren y
han sido heridas”. Así son los avatares de la guerra. El Plan Patriota
del Comando Sur de los Estados Unidos ha sido derrotado y la
confrontación bélica se extiende hoy con intensidad por todo el
territorio nacional. No obstante en nosotros palpita un sentimiento de
paz fundado en el convencimiento de que la victoria siempre estará en
manos de la voluntad y la movilización de nuestro pueblo. “Este es un
mensaje de decisión, decía hace poco Alfonso Cano: aquí en las FARC
nadie está amilanado, ¡estamos absolutamente llenos de moral, de moral
de combate!”.
Presidente Santos, fundemos la paz tomando como base los anhelos de la nación.
Convocamos a todos los sectores sociales del país, al Ejército de
Liberación Nacional, ELN, a los Directorios de los partidos políticos, a
Colombianas y Colombianos por la Paz, organización que liderada por
Piedad Córdoba trabajó denodadamente por abrir esta senda, a la
Conferencia Episcopal y a las iglesias, a la Mesa Amplia Nacional
Estudiantil (MANE), a la Coordinadora de Movimientos Sociales de
Colombia (COMOSOCOL), a los promotores del Encuentro por la Paz de
Barranca, a los indígenas, a los afro-descendientes, a los campesinos, a
las organizaciones de desplazados, a la ACVC, a la Asociación Nacional
de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), a las centrales obreras, a las
mujeres, al movimiento juvenil colombiano, a la población LGTBI, a los
académicos, a los artistas y cultores, a los comunicadores alternativos,
al pueblo en general, a los migrados y exiliados, a la Marcha
Patriótica, al Polo Democrático, al Congreso de los Pueblos, al Partido
Comunista, al MOIR, a la Minga Indígena, a los amantes de la paz en el
mundo, para que llenen de esperanza este intento de solución diplomática
del conflicto.
Simón Trinidad ya manifestó desde la cárcel imperial de Florence
(Colorado), donde está condenado injustamente a 60 años de presidio, su
total disposición para participar en los diálogos por la paz de
Colombia. En un acto de sensatez la Fiscalía colombiana ha dicho que él
tiene todo el derecho a hacer parte de la delegación de las FARC en la
mesa de conversaciones y el Consejo Superior de la Judicatura ofreció la
tecnología y la logística para que eso sea posible. El gobierno de los
Estados Unidos haría un gran aporte a la reconciliación de la familia
colombiana, facilitando la participación de Simón, de cuerpo presente en
esta mesa.
Finalmente queremos expresar nuestra eterna gratitud a los gobiernos y
pueblos de Noruega, Cuba, Venezuela y Chile, que desplegaron sus
esfuerzos mancomunados desde Escandinavia, desde el Caribe, desde la
cuna de Simón Bolívar y desde el indómito Arauco de Neruda y Allende,
para que el mundo pueda contemplar el prodigio de la nueva aurora boreal
de la paz. También resaltamos la contribución del CICR como garante del
traslado de voceros de las FARC desde agrestes regiones colombianas
bajo el fuego.
Rendimos homenaje a nuestros caídos, a nuestros prisioneros de
guerra, a nuestros lisiados, a la abnegación de las Milicias
Bolivarianas, al Partido Comunista Clandestino y al Movimiento
Bolivariano por la Nueva Colombia, y junto a ellos al pueblo fiel que
nutre y acompaña nuestra lucha.
Sin aún comenzar la discusión, no coloquemos como espada de Damocles,
a pender amenazas sobre la existencia de esta mesa. Sometamos las
razones de cada una de las partes contendientes al veredicto de la
nación, a la veeduría ciudadana. No permitamos que los manipuladores de
opinión, desvíen el rumbo de esta causa necesaria que es la
reconciliación y la paz de los colombianos en condiciones de justicia y
dignidad. La gran prensa no puede seguir actuando como juez inicuo
frente al conflicto, porque como decía Cicerón, “un juez inicuo es peor
que un verdugo”. De los esfuerzos de todos y de la solidaridad del
mundo, depende el destino de Colombia. Que la oración por la paz de
Jorge Eliécer Gaitán ilumine nuestro camino:“Bienaventurados los que
entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para
ocultar sentimientos de rencor y exterminio. ¡Malaventurados los que en
el gobierno ocultan tras la bondad de las palabras la impiedad para los
hombres del pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la
ignominia en las páginas de la historia!”.
Damos la bienvenida a este nuevo emprendimiento por la paz con
justicia social. Todos, por la solución incruenta del conflicto
colombiano.
¡Viva Colombia/ Viva Manuel Marulanda Vélez/ Viva la paz!
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Informe pormenorizado de las agresiones y la brutalidad policial en Bogotá el 12 de octubre. Los manifestantes fueron emboscados por la polícía ESMAD
13 de octubre.- El vandalismo es un espíritu de destrucción que no respeta cosa alguna, sagrada ni profana, según consta en el diccionario de la academia de la lengua. El vandalismo también designa la hostilidad adquirida hacia las artes, la literatura o la propiedad privada. Un vándalo es un hombre que comete acciones propias de gente salvaje y desalmada.
La administración de Bogotá, sus funcionarios y Petro como alcalde han usado los términos vandalismo y vándalos para referirse a las protestas y a los sujetos que han protagonizado las manifestaciones sociales y ciudadanas de los últimos meses en la capital.
La administración actual de Bogotá fue elegida por una mayoría electoral que cree que se puede construir una Bogotá más humana donde se garantice el goce de todos los derechos humanos.
El alcalde, como cabeza de la policía distrital, debe revisar las actuaciones policiales arbitrarias que en algunos casos se han saldado con el asesinato de ciudadanos inermes.
Las manifestaciones de ayer en Bogotá y en todo el país, que movilizaron a más de 300 mil personas que reclamaron la paz, la justicia, el acceso a los derechos civiles y políticos, como lo son precisamente la participación política y la protesta, así como el goce de los derechos económicos y sociales que debe garatizar el Estado para todas y todos, deben ser un motivo de reflexión hacia la construcción de la paz y no la ocasión para el hostigamiento, el señalamiento y la represión.
El alcalde Petro y sus funcionarios deben reflexionar y ejercer una praxis de la defensa de los derechos humanos, consecuente con la retórica de su programa de gobierno.
ESMAD arremete brutalmente contra movilizaciones estudiantiles en Bogotá
La Comisión de Derechos Humanos Distrital de Bogotá del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica DENUNCIA incumplimientos y agresiones brutales por parte del ESMAD contra las movilizaciones estudiantiles de las universidades públicas y privadas de Bogotá convocadas por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE en desarrollo de la semana nacional de la Indignación:
HECHOS
1. Desde las 11:15 a.m., en los puntos de la carrera 7ª con calle 32 y carrera 7ª con calle 26, cuando se desarrollaban las múltiples movilizaciones estudiantiles hacia la Plaza de Bolívar, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) agredió brutalmente a los estudiantes, dispersando la movilización, cercando y generando terror entre los manifestantes.
2. Alrededor de la 1:30 p.m., en la plaza de Bolívar, miembros del ESMAD y Fuerza Disponible la Policía Nacional que no portaban identificación visible, en una actitud salvaje, desalojaron a los estudiantes, lanzándoles centenares de gases, decenas de granadas de dispersión y bombas de aturdimiento, causando heridas a más de 18 estudiantes mientras otros fueron encerrados en varios puntos de la carrera 7.
3. En los hechos de agresión y cercamiento en el trayecto de la calle 19 con carrera 7ª y la plaza de Bolívar (carrera 7ª con calle 11), se registraron más de 20 tanquetas, mas de 100 motos con personal de policía del ESMAD y MEBOG que desataron una persecución contra los marchantes, así como agentes de civil infiltrados en la movilización que desarrollaron acciones para justificar agresiones contra los manifestantes.
4. Personas que transitaban por este lugar han sido gravemente afectadas, puesto que se reportado casos como un Bebé menor de un mes en grave estado de asfixia debido a la cantidad de gases que fueron lanzados por miembros del ESMAD, un hombre de más de 60 años que transitaba por el lugar quien sufrió una herida abierta en la cabeza y asfixia por inhalación de gases, producto de los múltiples golpes propinados por esta fuerza policial. (hechos reportados al PMU).
5. Posteriormente a un grupo de estudiantes que se protegía de las agresiones refugiándose en la Plaza de Bolívar, fueron encerrados y hostigados en el lugar por el ESMAD.
6. A las 3:00 pm, se reportaron un total de 18 personas heridas y más de 78 capturadas en el marco de las distintas movilizaciones desarrolladas el día de hoy, de las cuales 7 debieron ser trasladadas a hospitales debido a las graves lesiones propinadas por la fuerza pública.
7. La BRUTALIDAD POLICÍA llego al extremo que también resultaron heridos un camarógrafo de la Secretaría de Gobierno (agredido por la espalda con una granada de aturdimiento lanzada por el ESMAD), un funcionario de Transmilenio (agredido en el pecho con granada de aturdimiento) y un periodista de RCN.
Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que las AUTORIDADES DISTRITALES Y POLICIALES INCUMPLIERON LOS ACUERDOS DE DESARROLLAR UNA JORNADA DE MOVILIZACIÓN PACIFICA al bloquear vías, impedir el paso y más grave aún la evacuación de los manifestantes, extralimitarse en sus funciones, la utilización de una fuerza desproporcionada, grabaciones a los manifestantes, brutales agresiones a los marchantes y la infiltración de miembros de las fuerza policial a las manifestaciones.
Responsabilizamos a las autoridades distritales en cabeza del ALCALDE GUSTAVO PETRO, al comandante de la policía Metropolitana de Bogotá GENERAL MARTÍNEZ y al MAYOR BENÍTEZ quien estuvo encargado de coordinar el PMU (puesto de mando unificado) y a quien fueron informadas oportunamente todas las irregularidades presentadas en las movilizaciones, por las violaciones de Derechos Humanos y al DIH cometidas contra los manifestantes, en desarrollo de la extralimitación de la fuerza pública y abuso de poder, quienes actuaron con una clara intencionalidad de la administración distrital y nacional de limitar el ejercicio del derecho a la protesta.
Hacemos un LLAMADO A LA SOCIEDAD COLOMBIANA A RECHAZAR ESTOS HECHOS, a que las autoridades competentes adelanten las investigaciones pertinentes ante los hechos aquí denunciados y a unir un clamor nacional en CONTRA DEL ABUSO Y LA BRUTALIDAD POLICIAL, a favor de las movilizaciones del pueblo colombiano y a fortalecer los distintos escenarios de organización y movilización del pueblo colombiano que hoy día se alzan en un clamor unánime de reclamo por sus derechos y una paz con justicia social.
Lo que sucedió el día de hoy en Bogotá es una prueba más de que el gobierno de Juan Manuel Santos no garantiza el derecho a la protesta social y el ejercicio de la oposición política en Colombia.
