Domingo, 23 de octubre de 2011
Por Carlos Victoria
Como hace cuarenta años atrás los universitarios siguen en la lucha por la financiación pública de la educación superior. La historia continúa. La idea del progreso, como unavance de la sociedad en materias sustanciales, en Colombia no se cumple. En 1971 la juventud luchaba por la gratuidad y en contra de la injerencia extranjera en las Universidades. Las limosnas que anuncia la reforma del gobierno de Santos, son las mismas migajas que cuatro décadas atrás se pagaron con muertos, heridos y encarcelados. Desde que el entonces candidato presidencial del partido de la U., pactó la “alianza para el progreso” o unidad nacional en la ciudad de Cali -el año pasado- temas como la educación, la cultura,la ciencia y la tecnología no fueron incluidos en la agenda de diez puntos.
Hagamos memoria. Nos corresponde revivir el fracaso de las políticas de Estado que no han permitido que los colombianos salgan de la pobreza, y menos aún que vivamos con dignidad. En menos de un siglo la Universidad colombiana ha crecido, pero los recursos son los mismos. Es como el niño pobre que crece y sigue usando la misma ropa: rota y con tallas pequeñas que ya no le caben en su cuerpo. No es justo que en Colombia se le dediquen más recursos a un preso o a un militar que a un estudiante. Esto refleja que la educación está lejos de ser la prioridad por parte de las élites. Veamos: antes que la Ministra radica el proyecto de reforma fue a lo que se bendijeran los bonzos de la coalición de gobierno, con el compromiso que la apoyaría en el Congreso. El 0.69 % del PIB que hoy gasta el gobierno, es el mismo indicador de 1986.
Hoy cuando la Ley 30 ha cumplido con su misión de deformar la educación superior, y cuando el gobierno se hace el de la oreja mocha frente a las exigencias del estudiantado y una que otra voz disidente del régimen, es necesario dar un repaso a los antecedentes de una crisis perpetua: hablar de universidad en Colombia es referirse a la falta de recursos, a la pauperización del profesorado, y a la respuesta represiva que el Estado ofrece ante la exigencia del cumplimiento de un derecho humano fundamental. La autonomía, por ejemplo, ha degenerado en perversidades tales como: libertad de empresa, autoritarismo, autocracia, anomia, autosuficiencia y autismo. Ante esta realidad no podemos guardar silencio diplomático, como advertía Mockus en 1998.
El programa mínimo de los estudiantes colombianos en 1971 abogaba por la reforma de los Consejos Superiores, lo que implicaba: tres estudiantes y tres profesores con voto; la conformación de una comisión que estudiase la Ley orgánica de las Universidades; el establecimiento de una sistema democrático para la elección de autoridades universitarias, y la reglamentación de las estructuras de poder en los centros educativos. En materia de presupuesto el pliego contempló “cumplimiento del 15 por ciento como mínimo total del presupuesto de educación para la Universidad Nacional y llenar los déficits actuales de todas las universidades del país”. El de hoy se acercaa los $ 700 mil millones.
Como ayer, las consignas clamaban por la calidad de la educación, el fortalecimiento de la investigación, la reapertura de facultades –caso de Sociología en la Javeriana, hoy Medicina en la Nacional- en pleno gobierno del Frente Nacional, hoy llamado de la Unidad Nacional. Y como postre: la exigencia del retiro de Alfonso Ocampo Londoño rector de la Universidad del Valle, un ilustre representante de las rancias oligarquías vallecaucanas que para la época lideraba el modelo de “modernización” de la universidad colombiana de la mano de Fundaciones y Universidades gringas. De hecho uno de los puntos ardientes del pliego consistió en la “revisión de todos los contratos y documentos celebrados con entidades extranjeras”. Los retoños de Ocampo brotan por doquier.
Como hoy también los estudiantes denunciaban “el llamado a clase por separado en cada universidad”; como ayer desde el poder se apelaba el “grotesco aparato propagandístico” para deslegitimar las peticiones de los universitarios. Como hoy, se denunciaba la injerencia de los organismos multilaterales de crédito, a los cuales históricamente las elites colombianas le han guardado obediencia, en la confección de las políticas sociales atadas a las condicionalidades de crédito externo. De hecho el actual proyecto de ley 112 que reformaría la ley 30, tiene el mismo molde que he bautizado como el paquete chileno: Transferir parcialmente el costo de las instituciones financiadas por el estado a los estudiantes y las familias, vía crédito educativo, y forzar a las universidades a diversificar sus fuentes de financiación, tal como de hecho ya sucede.
Quienes hoy están en las Universidades y en las calles clamando por una educación gratuita y de calidad, son los hijos de quienes cuarenta años atrás también dieron la pelea para que el gobierno de turno asumiera la responsabilidad histórica de privilegiar la educación, en lugar de la defensa,la seguridad y la guerra a la hora de priorizar la inversión pública. Vamos a llegar a medio siglo de bolillazos, gases, heridos y muertos, y en lugar de que evolucionemos, seguimos involucionando. El sueño de tener una Universidad pública comprometida con la solución de los problemas del país, y en particular de los más pobres y desaventajados se ha convertido en una pesadilla que no cesa.
Este 26 de octubre los estudiantes saldrán de nuevo a la calle a exigirle a Santos que retire su proyecto de reforma, y que se siente con los todos los estamentos de las Universidades a construir colectiva y democráticamente un proyecto que nos saque de la crisis y catapulte a la sociedad colombiana hacia adelante, y no hacia atrás como siempre han pretendido quienes mediocremente han dirigido los asuntos del Estado en Colombia. Y si a la Ministra le quedó grande el asunto es mucho mejor que regrese a sus lugares habituales: las ruedas de negocios, donde el lenguaje de la eficiencia y la utilidad es asimétrico al de la equidad. La misma que podríamos superar si hacemos de la educación un proyecto de Nación.
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