AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE LEY PARA DEFINIR LA SITUACIÓN DE 17 MIL DESMOVILIZADOS
Una poderosa Comisión de la Verdad, integrada por cinco colombianos "de las más altas calidades éticas, intelectuales y humanas", escogidos por el Presidente de la República, estarán al frente de la estrategia jurídica y política con la que el Gobierno busca desactivar, definitivamente, el riesgo de que cerca de 17 mil desmovilizados terminen en la cárcel o volviendo o la clandestinidad y a las bandas criminales.
Esa Comisión, que será independiente del Ejecutivo y no tendrá funciones judiciales más allá de reportar a la Fiscalía los delitos que descubra, es el centro del proyecto de ley que mañana llegará al Congreso con mensaje de urgencia y deberá estar aprobado antes de que termine el periodo legislativo, en semanas.
Ese organismo validará los 'Acuerdos por la Verdad' que serán firmados entre el Gobierno y cada uno de los desmovilizados.
Ellos se comprometen a no cometer nuevos delitos, a colaborar con la reconstrucción de la memoria histórica y a reparar a sus víctimas con trabajo comunitario y, a cambio, reciben beneficios jurídicos como la suspensión de órdenes de captura y suspensión condicional de condenas. La misma figura se usó para darles libertad a voceros guerrilleros como 'Francisco Galán' y 'Felipe Torres' durante los fallidos diálogos con el Eln.
El pasado sábado el Gobierno y la Fiscalía le daban los últimos retoques al texto conocido por EL TIEMPO.
Después de tres años del 'limbo jurídico' en el que quedaron unos 17 mil ex Auc rasos, por un fallo de la Corte Suprema que ordenó investigarlos por concierto para delinquir, ahora se plantea una salida que echa mano de las leyes de Orden Público y Justicia y Paz y que les impondrá a los desmovilizados la obligación de decir la verdad sobre su paso por los grupos ilegales, so pena de terminar enfrentados a la Fiscalía y a las penas de la justicia ordinaria.
Esa ley debe surtir el trámite que tuvo la que les daba a los ex Auc el beneficio del principio de oportunidad (suspensión de procesos penales a cambio de colaboración) y que se cayó esta semana en la Corte Constitucional.
Ese tribunal determinó que los integrantes de todos los grupos que han cometido delitos graves deben cumplir con las obligaciones de verdad, justicia y reparación. Es un pronunciamiento que, según la interpretación del Gobierno y la Fiscalía, no solo deja en el 'limbo' a los ex 'paras' sino a unos 14 mil ex guerrilleros de las Farc y el Eln que se han desmovilizado individualmente y que hoy están en el Programa de Reinserción.
La salida que se llevará al Congreso pasa por imponerles a esos ex combatientes la obligación de decir toda la verdad que, hasta ahora, no pesaba sobre ellos. Se harán audiencias colectivas a las que serán convocadas las víctimas y a las que todo aquel que sea citado tendrá obligación de comparecer.
La Comisión de la Verdad hará seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. Tendrá la facultad de contar con investigadores propios, de acceder a cualquier documento público sin reserva alguna, y las autoridades civiles, militares y judiciales deberán colaborar con ella de forma "preferencial y directa".
El proyecto prevé que organismos internacionales como la ONU, la OEA y la Cruz Roja acompañen el proceso. Sus conclusiones se entregarán periódicamente al Gobierno y serán publicados en los medios masivos.
Y en cinco años, cuando se supone terminará la vigencia de esta suerte de 'clon' de la jurisdicción de Justicia y Paz, que hoy procesa a unos tres mil ex jefes de las Auc y responsables de crímenes atroces, habrá un informe final que también será público.
Lío jurídico y jaque a la reinserción
El problema
La Reinserción se basa en la oferta del Estado de recibir a los ex ilegales con la garantía de no procesarlos si no tienen delitos graves. Hoy, se expondrían a mínimo 8 años de cárcel por la sola pertenencia a un grupo armado irregular.
El riesgo
En este momento, unas 30 mil personas, entre ex Auc y ex guerrilleros, podrían decidir que vuelven a la clandestinidad antes que ir a la cárcel. El riesgo más grave es que entren de nuevo a la delincuencia, especialmente a las nuevas bandas.
El origen
En julio del 2007, la Corte Suprema advirtió que ser 'para' no equivalía a ser guerrillero, porque las Auc nunca estuvieron contra el Estado. En tres años no se ha encontrado una salida jurídica para esa posición, validada por la Corte Constitucional.
La verdad
Las dos decisiones de las Cortes incidirán en que el país sabrá nuevas verdades de lo que pasó en la guerra, pues estas eran tan solo obligatorias para los 3.000 'paras' y guerrilleros en Justicia y Paz. Habrá más justicia y más verdad.
El reto
Los 'Acuerdos por la Verdad' no sustituyen los procesos judiciales. Solo meten al congelador las capturas y condenas. Las investigaciones deben seguir y la Fiscalía enfrenta el reto de sacar adelante más de 30 mil procesos.
Experto en arte del nudo fue presentado con honor a Hillary Clinton
Una prima embarazada de César hizo parte de los brutales asesinatos que conoció por parte del Eln. Por ello, se enfiló en las Auc y, en el 2006, cuando los jefes se lo "permitieron", se desmovilizó. Saltó de ser miembro del frente Héroes de los Andaquíes, en Caquetá, a un importante artista del macramé. Estudió bachillerato y se graduó de comercio internacional. Ahora tiene una microempresa que da empleo a decenas de desmovilizados. Fue presentado ante la secretaria de Estado de EE. UU., Hillary Clinton, como ejemplo de éxito y fue llevado a México a contar su experiencia. "Nunca me imaginé entrando al Palacio presidencial", dice.
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