Vuelvo a repetir y lo haré una y otra vez siempre que pueda hasta ver si a fuerza de insistir lo llegamos a dogmatizar: el poder que tenemos la ciudadanía, es creernos que tenemos poder para hacer que nuestros responsables políticos y gobernantes hagan lo que tienen que hacer. Que a lo que le temen es al costo político y que somos los que podemos hacerles pagar esa factura sin demora, sin plazos y sin préstamos a fondo perdido. Mientras nuestros gobernantes, en cualquier nivel de la administración del estado, no sientan que podemos hacerles pagar donde más les duele, primero en la calle y después, consecuentemente en las urnas, seguirán manejándonos a su antojo y sometiéndose a intereses que en absoluto tienen que ver con los intereses del pueblo que dicen gobernar, sino a conveniencias partidistas y/o personales de quienen dirigen esos partidos, porque al fin y al cabo ¿qué son los partidos políticos sino personas con sus miserias y virtudes?.
Moratinos sólo es la cara de todo un gobierno de un signo determinado, es la cara de un cerrar filas a la orden aunque haya que tragarse el vómito y pasar vergüenza sin poder mirar de frente a la cara (o a lo mejor no) y de impedir que se trate cualquier cosa que destile "Sáhara -Pueblo Saharaui-República Árabe Saharaui Democrática-Derechos Humanos en Territorios Ocupados por Marruecos" en cualquier foro (nacional o internacional), aunque ese foro diga representar los más altos valores de solidaridad y hermandad entre pueblos. Vayamos poniendo rostro al asunto, que después de 35 años, ya es más que suficiente. ¡¡¡¡¡YA ESTÁ BIEN, QUE ESTO DUELE EN LO MÁS HONDO Y PROFUNDO DE NUESTRAS ALMAS!!!!
Editorial El País
25/11/2009
Al Gobierno español le corresponde no hacerse cómplice de un acto autoritario y arbitrario como el que ha cometido el Gobierno marroquí con Aminatou Haidar. Y no está claro que no lo haga si su actuación se limita a impedirle que intente de nuevo volver a El Aaiún, alegando que carece de pasaporte cuando esa carencia no impidió su entrada en territorio español, y a ofrecerle la posibilidad de acogerse al Estatuto del Refugiado, lo que, al margen de las buenas intenciones, haría el juego al Gobierno marroquí. La cuestión es que Haidar no desea permanecer en territorio español en contra de su voluntad, ni tampoco quiere acogerse al Estatuto del Refugiado. Y que esa situación la ha llevado a una huelga de hambre que, además de poner en riesgo su salud, agrava un problema que Marruecos ha sabido trasladar a España con una facilidad pasmosa.
La posición del Gobierno español es delicada y cada vez más incómoda. No bastan las buenas intenciones ni que el ministro Moratinos reconozca "la legítima posición" del pueblo saharaui y se defienda de ser "pro marroquí". Son los hechos los que cuentan, y en este caso lo que se echa en falta es una actuación de la diplomacia española -todo lo prudente que se quiera, pero firme-, para requerir a Marruecos que reconsidere su actitud y no supedite los derechos fundamentales de las personas a razones administrativas como las alegadas -escribir Sáhara Occidental en lugar de Marruecos en la ficha de entrada- para impedir la vuelta de Haidar a su ciudad. Si España, como la ONU, no reconoce que el Sáhara Occidental sea marroquí, no se comprende la facilidad con que ha aceptado esas razones administrativas alegadas por Marruecos al tiempo que rechaza las de la activista saharaui para intentar viajar de nuevo a El Aaiún.
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