2/12/2009
LUCHA POR EL RECONOCIMIENTO DE UN PUEBLO
La activista no tiene asegurado el regreso si acepta el documento español
Admitir que es marroquí. Este es el precio que la activista saharaui Aminatou Haidar tendría que pagar para regresar a El Aaiún si acepta la oferta que el Gobierno de Marruecos le pone sobre la mesa. Rabat está dispuesto a otorgarle un nuevo pasaporte a la mujer, que lleva más de dos semanas en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote. Sin embargo, según explicó una portavoz de la embajada marroquí a Europa Press, a Haidar no se le puede devolver su viejo pasaporte porque ella misma "renunció" a él firmando una declaración en la que "se negaba a ser marroquí", una osadía que le valió la expulsión. "No existe un Estado saharaui hasta que la ONU lo decida así", recordó la portavoz, por lo que, si la activista acepta un nuevo documento, admitirá también que es marroquí.
EL DESEO Fuentes de la embajada afirmaron que lo que Haidar desea es que en su pasaporte aparezcan las palabras "república saharaui" y afirmaron que no es posible porque solo hay "saharauis marroquíes, saharauis argelinos o saharauis libios". En el caso de que Haidar se decantara por aceptar el pasaporte español --una de las soluciones que le ofreció el ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos--, Marruecos no garantiza que la mujer pueda regresar a su país porque, tal y como recordó la portavoz de la embajada, se trata de un "Estado soberano" que tiene "derecho" a aceptar o vetar la entrada a su territorio.
Haidar está desbordando la paciencia del Ejecutivo español tras rechazar todas las opciones que le han ofrecido para que pueda volver a El Aaiún. Moratinos subrayó el lunes, con la paciencia desbordada, que ya ha ofrecido a la activista todas las alternativas posibles para solucionar el conflicto: un nuevo pasaporte, aceptar el estatuto de refugiada política o la nacionalidad española. "Los dos gobiernos, todo el mundo, espera que ella tome una elección. Le toca a ella", afirmó la portavoz de la delegación marroquí.
No obstante, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó ayer que la diplomacia española seguirá presentando "nuevas iniciativas y nuevas propuestas" a la activista. El presidente evitó responder a la pregunta de si fue un error no negarse ante Marruecos a que enviara a la fuerza a Haidar en un avión rumbo a España. Zapatero insistió en que la solución al conflicto "solo llegará de un acuerdo entre el pueblo saharaui y Marruecos" que la ONU intenta liderar desde hace años.
De hecho, el Gobierno español ha solicitado la intervención del secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, para entablar un diálogo con las autoridades marroquíes y hallar cuánto antes la fórmula que permita a Haidar regresar al Sáhara occidental.
MULTA DE 180 EUROS El juzgado de Arrecife (Lanzarote) comunicó verbalmente a la activista la sentencia que la condena a pagar 180 euros (6 euros por día durante un mes) por alterar el orden público la noche del 15 de noviembre en el aeropuerto de la isla, cuando se le informó de que debía dejar las instalaciones por ser la hora de cierre. La Guardia Civil tuvo que intervenir en el desalojo. Al parecer, la resolución fue leída a viva voz, como establece la ley, porque Haidar "no la quiso recoger".
EL DESEO Fuentes de la embajada afirmaron que lo que Haidar desea es que en su pasaporte aparezcan las palabras "república saharaui" y afirmaron que no es posible porque solo hay "saharauis marroquíes, saharauis argelinos o saharauis libios". En el caso de que Haidar se decantara por aceptar el pasaporte español --una de las soluciones que le ofreció el ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos--, Marruecos no garantiza que la mujer pueda regresar a su país porque, tal y como recordó la portavoz de la embajada, se trata de un "Estado soberano" que tiene "derecho" a aceptar o vetar la entrada a su territorio.
Haidar está desbordando la paciencia del Ejecutivo español tras rechazar todas las opciones que le han ofrecido para que pueda volver a El Aaiún. Moratinos subrayó el lunes, con la paciencia desbordada, que ya ha ofrecido a la activista todas las alternativas posibles para solucionar el conflicto: un nuevo pasaporte, aceptar el estatuto de refugiada política o la nacionalidad española. "Los dos gobiernos, todo el mundo, espera que ella tome una elección. Le toca a ella", afirmó la portavoz de la delegación marroquí.
No obstante, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó ayer que la diplomacia española seguirá presentando "nuevas iniciativas y nuevas propuestas" a la activista. El presidente evitó responder a la pregunta de si fue un error no negarse ante Marruecos a que enviara a la fuerza a Haidar en un avión rumbo a España. Zapatero insistió en que la solución al conflicto "solo llegará de un acuerdo entre el pueblo saharaui y Marruecos" que la ONU intenta liderar desde hace años.
De hecho, el Gobierno español ha solicitado la intervención del secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, para entablar un diálogo con las autoridades marroquíes y hallar cuánto antes la fórmula que permita a Haidar regresar al Sáhara occidental.
MULTA DE 180 EUROS El juzgado de Arrecife (Lanzarote) comunicó verbalmente a la activista la sentencia que la condena a pagar 180 euros (6 euros por día durante un mes) por alterar el orden público la noche del 15 de noviembre en el aeropuerto de la isla, cuando se le informó de que debía dejar las instalaciones por ser la hora de cierre. La Guardia Civil tuvo que intervenir en el desalojo. Al parecer, la resolución fue leída a viva voz, como establece la ley, porque Haidar "no la quiso recoger".
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